La huelga sindical en Costa Rica de 2018 fue un conflicto de índole civil que aconteció en el país centroamericano durante 93 días,[1]​ luego que los gremios sindicales se declararon en huelga indefinida en contra del proyecto de reforma fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa.

La huelga se constituyó como el conflicto social más largo de la historia de Costa Rica, superando la huelga general del año 2000 contra el "Combo del ICE".

La magnitud y duración del movimiento produjo una contracción en el crecimiento del PIB nominal del país de 0,4 puntos porcentuales, generó 138.700 millones de colones en pérdidas[2]​ y desató un debate nacional sobre los alcances y limitaciones al derecho de huelga, debido a que los tribunales de justicia tardaron considerablemente en emitir las sentencias que calificaban como legal o ilegal las distintas protestas en las diferentes instituciones estatales.

[6]​ El 23 de noviembre del 2018, tras la sesión más larga de la historia de la Sala Constitucional, los magistrados determinaron por unanimidad que el proyecto fiscal no tenía errores de procedimiento, disposiciones que violentaran la Constitución ni que afectara la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, por lo que no se requerían los 38 votos mínimos para la aprobación del proyecto.

Testigos expertos aportados por el Estado afirmaron que el hecho delictivo pudo haber generado una explosión equivalente a una pequeña bomba atómica, cuya onda expansiva habría llegado a la localidad de Matina, ubicada a 30 kilómetros de las instalaciones de RECOPE.

Debido a que en Costa Rica las penas inferiores a cuatro años no suelen ser privativas de libertad, agrupaciones sindicales consideraron que el fallo fue excesivo, violatorio de los derechos humanos, del Estado de Derecho y calificaron a Pérez como un "preso político".

Su jerarca, Michael Soto, calificó el hecho como "un acto cobarde de una persona con rasgos psicopáticos".