[7]​ En 2024 la Sala Constitucional emitió un total de 38.484 resoluciones, la mayor cantidad en la historia del tribunal.

[10]​ La iniciativa fue suscrita por los diputados Johnny Ramírez Azofeifa, Etelberto Jiménez Piedra, José Alberto Aguilar Sevilla, Luis Fishman Zonzinski, José María Borbón Arias, Humberto Elías Vargas Carbonel, Carlos Eduardo Araya Guillén, José Miguel Corrales Bolaños, Carlos Manuel Monge Rodríguez, Allen Ramón Arias Angulo, Juan Guillermo Brenes Castillo y Marcel Taylor Brown.

[10]​ Sin embargo, fue hasta dos meses después que la Asamblea Legislativa promulgó la Ley de la Jurisdicción Constitucional, necesaria para la entrada en funcionamiento del tribunal.

[18]​ Para ser electo magistrado se requiere obtener el voto favorable de al menos 38 diputados.

[5]​ La jurisprudencia y los precedentes de la Sala Constitucional son vinculantes erga omnes (para todos), salvo para sí misma.

[3]​ La Sala sesiona tres días a la semana para resolver los temas que fueron puestos en su conocimiento.

Aunque concurran con el criterio de mayoría, los jueces pueden acoger los recursos planteados por razones diferentes, las cuales también deben consignar; o colocar notas separadas para profundizar en sus argumentos para adoptar determinada resolución.

También cabe el recurso contra los actos dictados sin fundamento legal alguno, actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas y por su naturaleza, es el recurso que en mayor cantidad ingresa al tribunal cada año.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional establece en su artículo 30[3]​ que no procede el amparo:

El amparo puede presentarse en cualquier momento siempre y cuando la violación, amenaza, perturbación o restricción cometida aún persista.

También puede presentarse hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente los efectos directos respecto del perjudicado.

[3]​ Si la Sala admite para estudio un recurso de amparo, dará audiencia escrita por tres días hábiles a la persona o entidad demandada para que pueda defenderse.

Los informes que sean rendidos en ese proceso se tienen por dados bajo la fe y la gravedad del juramento, por lo que cualquier falsedad o inexactitud haría incurrir al responsable en la comisión de los delitos de perjurio o falso testimonio, sancionados por el ordenamiento penal costarricense.

No responder a la audiencia conferida por la Sala tiene como consecuencia que los hechos denunciados sean dados por ciertos; lo mismo ocurre si en la contestación la parte demandada omite contradecir alguno de los alegatos de la parte denunciante.

Si lo impugnado fue la denegación de un acto o una omisión, la sentencia ordenará realizarlo en un plazo "prudencial perentorio".

[3]​ Cuando una sentencia por recurso de amparo queda en firme, el órgano o funcionario responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.

Si no lo hace dentro del plazo de 48 siguientes a la firmeza, la Sala se comunicará con el superior del responsable y le requerirá que lo haga cumplir y que abra un procedimiento disciplinario contra el infractor.

[3]​ Las sentencias por recursos de amparo se ejecutan en la Sala Constitucional, excepto la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, ya que ello corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo o a la vía civil, según lo determinen los magistrados.

Sin embargo, cuando en el recurso se aleguen otras violaciones que tengan relación con la libertad personal y los hechos tengan conexidad con el acto atribuido como ilegítimo, la Sala deberá resolver también sobre esas violaciones.

Las sentencias que declaren con lugar el recurso de habeas corpus condenarán siempre al Estado al pago de los daños y perjuicios y costas del recurso, lo cual permite que el particular afectado pueda resarcirse.

Este último requisito no procede cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto.

Además, debe exponer los fundamentos de forma clara y precisa, citando expresamente las normas o principios que se consideran infringidos.

[3]​ La ley señala que el derecho a pedir la declaración de inconstitucionalidad en casos determinados, se extingue por caducidad cuando ese derecho no se ejerce antes de que el respectivo proceso judicial quede resuelto por sentencia firme.

Sin embargo, la Sala puede dimensionar los efectos de su sentencia en el tiempo, espacio y materia, para evitar graves dislocaciones en la seguridad, justicia o la paz social.

[23]​ Este tipo de consulta debe ser evacuada por la Sala dentro del mes siguiente a su recibo.

Al responder debe pronunciarse sobre los aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional.

Tras la huelga sindical en Costa Rica de 2018 que se prolongó durante 93 días, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para el rebajo de salarios a los funcionarios que se fueran a una huelga, aun si esta fuera declarada legal.