Durante la administración Chinchilla el presidente del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís Fallas, negoció un plan fiscal que fue respaldado por la mandataria.[5] En cualquier caso, ambos proyectos fueron traídos abajo por la Sala Constitucional cuando ésta encontró vicios de procedimiento en el trámite legislativo.Sin embargo, la última legislatura saliente no pudo discutirlo cuando los plazos para debate se vencieron gracias a las múltiples mociones interpuestas por el entonces diputado libertario, y posterior candidato presidencial, Otto Guevara Guth en la Comisión de Control y Gasto Público.[7] El tema fue tocado durante la campaña electoral 2017-2018 con casi todos los candidatos presidenciales manifestando la necesidad de la reforma fiscal, excepto Guevara.[13] Ya en esta época el Parlamento se había dividido en bloques a favor y en contra del proyecto de ley.En cambio las bancadas del partido evangélico Restauración Nacional (que luego se dividiría en dos tras la separación de la mitad de la fracción, pero que mantendría su oposición), Integración Nacional, Republicano Social Cristiano y el único diputado del Frente Amplio en esta legislatura José María Villalta Flórez-Estrada se opusieron.Los medios de comunicación recordaron como previas leyes en discusión se habían descartado al expedirse a dicha instancia judicial.La Iglesia Católica se ofreció como mediadora entre ambas partes, pero tras varias sesiones de negociación no se llegó a un acuerdo y toda resolución previa fue rechazada por las bases sindicales, salvo en el caso de los gremios del sector salud que lograron un acuerdo con el gobierno.[20] Tras el voto del proyecto en segundo debate la ANEP comunicó que depondría la huelga, ANDE y APSE lo harían pocos días después para permitir a sus agremiados disfrutar de las vacaciones.
