[5] La AVL tiene como funciones determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano, así como velar por el valenciano partiendo de la tradición lexicográfica, literaria, y la realidad lingüística genuina valenciana, así como, la normativización consolidada, a partir de las llamadas Normas de Castellón.[10] La ley introdujo una disposición transitoria que fijaba desde la entrada en vigor de la ley un plazo máximo de un mes para que las Cortes Valencianas eligieran a los primeros veintiún académicos, lo cual no sucedió, ya que los grupos parlamentarios del momento no llegaron a un acuerdo.[15][16] Pese a que el dictamen parecía dejar claro cuál era el referente normativo oficial del valenciano, el Consejo de la Generalidad envió a la AVL un listado de palabras genuinas valencianas para que realizara un informe sobre su validez, y así fueran añadidas a las declaradas como oficiales por esta institución.[19][20] La AVL también perseguía acabar con las polémicas sobre el nombre de la lengua y su identidad,[nota 5] por ello constituyó una ponencia para proponer el nombre de la lengua autóctona y su pertenencia a un sistema lingüístico.[24] Debido a esta polémica el Consejo de la Generalidad solicitó un informe al Consejo Jurídico Consultivo (CJC) sobre si la AVL tenía competencia para acordar o emitir un dictamen sobre la denominación y entidad del valenciano.Incluso el consejero Alejandro Font de Mora, tan crítico en otros momentos con la postura de la institución, se comprometió a apoyar a este texto, haciendo que todas las instituciones públicas lo siguieran.[41][42] Entre la publicación del DOPV y de la GNV, hubo nuevas elecciones para elegir al presidente de la Academia, a la cual se presentaron la presidenta en funciones y el académico Emili Casanova, aunque finalmente salió reelegida Ascensió Figueres.[47] Por otro lado, subrayó su intención de mantener un contacto cordial con el Instituto de Estudios Catalanes (IEC), remarcando que ya había hablado personalmente con su presidente y que la voluntad, por una parte y por otra, era que las relaciones fueran cada vez más fluidas y productivas.El diccionario fue aprobado por una amplia mayoría de los académicos, ya que dieciséis votaron a favor del texto, dos en contra y dos se abstuvieron.[71][72] Al día siguiente, la junta de gobierno de la AVL respondió al dictamen del CJC mediante un comunicado en el que defendía su autoridad normativa: «El dictamen del CJC ha dejado rotundamente claro que el valenciano es lo que la Academia diga que es, en ejercicio de su función de determinar la normativa oficial del valenciano».[92] Mediante esta ley se subvencionaría a la Real Academia de Cultura Valenciana y a Lo Rat Penat,[93] asociaciones privadas contrarias a la Academia Valenciana de la Lengua, ya que a diferencia de esta, ambas consideran que el valenciano es una lengua independiente y distinta del catalán, la cual se debe regir por las normas del Puig.[nota 6] Además de esto, el grupo parlamentario popular de las Cortes Valencianas pretendía ir más allá, ya que presentó varias enmiendas al anteproyecto, en las que se pedía que los títulos de valenciano emitidos por estas instituciones así como las normas del Puig se consideraran oficiales.Y en ese cupo de consenso, según el PSPV, figuraban Orts y Ascensión Figueres, otra vacante que estaba sin cubrir desde el año 2011, por lo que se acusó al PP de intentar engañar a la oposición para imponer un candidato que, según el acuerdo alcanzado hace catorce años, debía ser de consenso.[101] En esta nueva etapa, el presidente de la Generalidad, Ximo Puig, aseguró que pretendía normalizar la relación con la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) ya que "está haciendo bien su trabajo y va a contar con toda la colaboración y con toda la lealtad desde la presidencia de la Generalitat".Este documento generó una fractura dentro de la AVL al haber varios académicos que ejercieron un voto particular en contra del acuerdo.g) Elaborar y elevar al Consejo de la Generalidad y a las Cortes Valencianas una Memoria Anual en la cual, además de exponer sus actividades durante el ejercicio, se recojan las observaciones y consejos pertinentes para el uso normal del valenciano en cualquiera de sus manifestaciones.[3] Los académicos son nombrados por las Cortes Valencianas por un período de quince años.[3] Pese a esto, tal y como recoge la normativa que regula la AVL, además de estos órganos la AVL debe estructurarse en comisiones y secciones, que son órganos de trabajo, a la vez que también debe contar con un vicepresidente y con un secretario, los cuales son considerados como otros órganos unipersonales.[116] La Secretaría, puesto ocupado por Verònica Cantó Doménech,[116] se encarga de los trámites administrativos e información general sobre los servicios que realiza la AVL, como puede ser el preparar y cursar el orden del día de las sesiones de la Academia, o el redactar y autorizar las actas, así como las otras funciones que se determinan en la Ley 7/1998 y en el Decreto 158/2002.En una primera fase se elegirá la presidencia, para lo cual los académicos candidatos deberán ser avalados por un tercio de los miembros del Pleno.Del mismo modo, recae en la Junta de Gobierno el proponer al Pleno la creación, modificación y supresión de secciones y comisiones que se considere conveniente para el cumplimiento de las tareas atribuidas a la AVL, así como cualquier otra atribución que le atribuya la Ley 7/1998 o el Decreto 158/2002.[3] Las secciones son órganos colegiados estables creados por el Pleno, que atienden con carácter general las competencias básicas atribuidas a la Academia Valenciana de la Lengua.[119] En el año 2014, tras la publicación del Diccionari normatiu valencià (DNV) se reorganizó la estructura de la Academia Valenciana de la Lengua, por lo que en la actualidad las secciones con las que cuenta la AVL son:[120] Las comisiones son órganos de carácter eventual que puede crear el Pleno con una finalidad concreta, y una vez cumplido su objetivo se extinguirán.Sobre el nombre de la lengua, la AVL ha declarado en el dictamen sobre los principios y criterios para la defensa de la denominación y la entidad del valenciano que «la denominación de valenciano es la tradicional, histórica, legal, estatutaria y, por lo tanto, la más adecuada al marco institucional.»[30] y pide además que la dualidad onomástica no se utilice para ofrecer una visión fragmentada de la lengua valenciana-catalana.[30] La Academia Valenciana de la Lengua ha sido desde su creación objeto de críticas por sectores diversos y opuestos, debidas en su gran mayoría al conflicto lingüístico valenciano,[123][124][125][126] del cual derivan otras polémicas como la publicación del Diccionari normatiu valencià,[127][124] así como también por el coste económico que supone su mantenimiento.[123][124][125][126] El GAV llegó a realizar varios actos vandálicos contra la Academia, como la concentración en 2001 en la que se increpó a Xavier Casp después que este anunciara su participación como miembro en la AVL,[134] o las pintadas insultantes en la vivienda de Ramon Ferrer, presidente de la Academia, en 2013[125] y 2014.[135] Otras acciones del GAV contra la Academia incluyen el boicot al acto en homenaje al poeta Vicent Andrés Estellés que estaba realizando la AVL en Burjasot en 2013, así como también la quema de banderas catalanas en 2014.[77] Varios Consejeros de la Generalidad Valenciana (Serafín Castellano, Isabel Bonig, María José Català, José Císcar, Luis Santamaría...) también realizaron declaraciones muy críticas con la institución, amenazándola, entre otras cosas, con retirarle el presupuesto u obligarla mediante un decreto a modificar la definición de valenciano de este diccionario.[146] La publicación del Diccionari normatiu valencià también ha recibido críticas desde los sectores conocidos como catalanistas.[151] Otras personalidades relacionadas con este sector como Toni Cucarella (escritor y político) o Francesc Esteve (técnico lingüístico de la Universidad de Valencia), también crtitican a la institución por haber incorporado palabras propias del registro coloquial al diccionario,[152] así como también por el carácter dialectizador que le han otorgado al multiplicar las variantes, lo cual supone para ellos que esta herramienta no sea capaz de mantener un criterio de coherencia,[153] suponiendo esto el fin de la unidad del catalán.
Alejandro Font de Mora, Consejero que obstaculizó la aprobación de los dictámenes de la AVL.