[cita requerida] La crisis generó duros cuestionamientos al rol del Gobierno durante la emergencia, como también a la industria salmonera por su rol en la emergencia y el impacto de su operación en el medioambiente.
Todos los casos producto del consumo de cholgas o choritos que estaban contaminados con la toxina paralizante.
[17][18] Como resultado, por lo menos hubo nueve personas afectadas y una fallecida,[19][20] y las comunas de Quellón, Queilen, Dalcahue y Ancud fueron declaradas en «Estado de Catástrofe», debido a los perjuicios económicos en la pesca artesanal que dejó la prohibición de extraer mariscos en las zonas afectadas.
La autoridad marítima, con el visto bueno de Sernapesca, aceptó la solicitud al día siguiente y otorgó una autorización para verter hasta nueve mil toneladas en un punto localizado a 75 mn (139 km) al oeste de la costa de Chiloé, a la misma latitud que el faro Punta Corona, zona designada según la autoridad por ser segura para el medio ambiente y actividades humanas.
[31] Quince días después, la zona de exclusión se extendió hasta la isla Lemuy.
[35][36] En consecuencia, los mariscadores quedaron sin poder ejercer su labor, lo que implicó una repercusión en sus ingresos económicos, al no contar con seguros de por medio en muchos casos y depender de esta actividad independiente.
El lunes 25 de abril más de mil personas —entre pescadores artesanales y vecinos—realizaron en Ancud la primera marcha para exigir al Estado una solución ante la inminente crisis económica y social que iba a vivir la comuna.
Se estimaba que existían siete mil familias afectadas y que emplearían 5000 millones de pesos del presupuesto regional procedentes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
[39] La presidenta Michelle Bachelet declaró en ese momento que el intendente regional sería el encargado de coordinar las medidas de mitigación del daño y que a través del BancoEstado se entregaría un subsidio para que las familias más afectadas, 500 en principio, pudieran comprar alimentos.
[45] En principio, el Gobierno de Chile ofreció como única medida asistencial un bono de cien mil pesos mensuales (150 USD aproximadamente), siendo esta ayuda considerada por los afectados como «insuficiente» e incluso «indignante».
[46][47][48] En los primeros días, pescadores artesanales acusaron que lo que ocurría no era tan solo marea roja, sino también el resultado del vertido de salmones muertos con alto contenido de químicos peligrosos, realizado en marzo.
[51] Durante el transcurso de los días, se enviaron fuerzas especiales de Carabineros a la Isla Grande para que estuviesen listos para actuar si se les ordenara controlar la situación.
[61] El 14 de mayo la presidenta Bachelet designó a Luis Felipe Céspedes como ministro coordinador, para encabezar las acciones gubernamentales destinadas a resolver la crisis y coordinar las acciones que tomaran los diferentes ministerios para enfrentar el problema de marea roja y sus consecuencias para los habitantes de la región.
[66] Durante la tarde del 5 de mayo en la capital del país, Santiago de Chile, un grupo, conformado principalmente por chilotes residentes en la ciudad, se manifestó con lienzos y pancartas alusivos a la causa en la plaza Baquedano.
[67] El 6 de mayo se realizaron manifestaciones en Santiago, Valparaíso, Concepción, Valdivia y Coyhaique.
[72] Al día siguiente, otra encuesta a nivel nacional, esta vez realizada por Radio Cooperativa e Imaginacción, mostró que el 77,8 % de los entrevistados evaluaba como «mala o muy mala» la conducción del conflicto que tenía el gobierno, mientras que el 75,8 % responsabilizaba a la industria salmonera de la extensión y gravedad de la marea roja.
[78] En noviembre de 2016 la comisión científica entregó su informe final —sus resultados preliminares había dado a conocer en agosto—, el cual descartó una relación entre el vertimiento de salmones y la marea roja.