El reinado de Alfonso XII de España se inició tras el triunfo del Pronunciamiento de Sagunto del 29 de diciembre de 1874, que puso fin a la Primera República Española y finalizó con la muerte del rey Alfonso el 25 de noviembre de 1885, dando paso a la Regencia de su esposa, María Cristina de Habsburgo . Durante el reinado se creó el régimen político de la Restauración , que se basó en la Constitución Española de 1876 , vigente hasta 1923. [1] [2] Se trataba de una monarquía constitucional , pero ni democrática ni parlamentaria , [3] «aunque alejada del exclusivismo partidista de la época isabelina ». «Fue definida como liberal por sus partidarios y como oligárquica por sus críticos, particularmente los regeneracionistas . Sus fundamentos teóricos hay que buscarlos en los principios del liberalismo doctrinario », ha señalado Ramón Villares. [4]
Según Carlos Dardé, fue "un reinado breve ―algo menos de once años― pero importante. Al final, la situación de España en todos los ámbitos era mucho mejor que cuando empezó. Y, a pesar de la incertidumbre que provocó la desaparición del monarca ―sobre todo por lo desconocido de la sucesión― la mejora continuó durante la regencia de María Cristina de Austria , durante la minoría de edad de su hijo póstumo, Alfonso XIII . Las bases sentadas resultaron suficientemente sólidas. Aquel reinado había supuesto un nuevo punto de partida del régimen liberal en España". [5] [6]
Los casi once años que duró el reinado fueron años de crecimiento económico basado en la continuación de la red ferroviaria, las inversiones extranjeras, el auge minero y el crecimiento de las exportaciones agrícolas, especialmente vitivinícolas, aprovechando la gran plaga de filoxera que asolaba los viñedos franceses. [7] Los grandes beneficiarios de este auge económico fueron la nobleza y la alta burguesía, cada vez más entrelazadas por vínculos matrimoniales, personales y económicos, constituyendo así el «bloque de poder» de la Restauración, íntimamente conectado con la élite política, plenamente identificada con sus intereses. [8] [9] [10] En el extremo opuesto, en una sociedad que seguía siendo agraria (dos tercios de la población trabajadora pertenecía al sector primario) y en la que las clases medias constituían sólo entre el 5 y el 10% de la población, [11] había millones de jornaleros pobres en la mitad sur del país. [12]
La Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 puso fin al reinado de Isabel II e inició el Sexenio Democrático . [13] [14] La reina , que se encontraba en San Sebastián , tuvo que abandonar España y exiliarse en Francia, bajo la protección del emperador Napoleón III . La acompañaron sus hijas y el príncipe de Asturias, Alfonso , que estaba a punto de cumplir 11 años. Fijaron su residencia en París en el «bello» Palacio Basilewsky [15] que la exreina rebautizó como Palacio de Castilla. [16] [17] [18] El príncipe Alfonso fue matriculado en la elitista y privada Escuela Stanislas y su formación política estuvo bajo la guía de su preceptor Guillermo Morphy . [19]
A finales de febrero de 1870 el príncipe viajó a Roma para recibir la primera comunión de manos de Pío IX , pero sin conseguir, como pretendía la exreina, que el papa reconociera públicamente a la dinastía borbónica como legítima depositaria de los derechos al trono español y que condenara el «régimen revolucionario» instaurado en España. [20] [21] [22] Lo que sí ocurrió fue que de los cuarenta y tres miembros del episcopado español que se encontraban en Roma con motivo de la celebración del Concilio Vaticano I , treinta y nueve visitaron al príncipe, y uno de ellos, el prestigioso arzobispo de Valladolid, el cardenal Juan Ignacio Moreno y Maisonave, le preparó para recibir la eucaristía . [23] [24]
Mientras tanto en Madrid se había constituido un Gobierno Provisional , presidido por el general Serrano , que convocó elecciones a Cortes Constituyentes, que fueron las que elaboraron y aprobaron en junio de 1869 la nueva Constitución que instauraba una Monarquía «democrática» . La Regencia fue asumida por el general Serrano mientras que el general Prim ocupó la presidencia del gobierno y fue el encargado de recorrer las Cortes europeas para buscar un candidato a la Corona española. [25] [26]
Para liderar la causa isabelina en el interior de España y trabajar por su restauración en el trono, que no creía lejana, la exreina nombró al tradicionalista moderado Juan de la Pezuela, conde de Cheste , pero éste tuvo que dimitir poco después, sintiéndose desautorizado por la carta enviada a la exreina en abril de 1869 por miembros de la dirección del Partido Moderado ―el partido que había ostentado el poder casi en exclusiva durante su reinado― en la que le reprochaban que siguiera rodeada de las mismas personas que fueron responsables de haberle hecho perder la Corona. [27] Por otra parte, entre los partidarios de los Borbones se extendía la idea de que la restauración de la dinastía sólo sería posible si Isabel II abdicaba en el príncipe Alfonso de Asturias. La reina inició una serie de consultas sobre la cuestión, y salvo el estrecho grupo de allegados encabezado por Carlos Marfori y los sectores neocatólicos ―que consideraban que la unidad católica podía peligrar―, todos los demás, una parte de los moderados y todos los unionistas que no se habían sumado a la «revolución», se mostraron partidarios de la abdicación. El marqués de Molins expresó su deseo de que el príncipe venidero trajera «más esperanzas que recuerdos». [28] [29] [30] [31] Entre los partidarios de la abdicación había también un pequeño grupo de diputados de las Cortes Constituyentes autodefinidos como «oposición liberal-conservadora» liderados por el ex unionista Antonio Cánovas del Castillo ―que sería el núcleo en torno al cual se formaría el Partido Conservador de la Restauración― . [32] [33] Cánovas indicó en una carta a la ex reina lo conveniente que sería para su dinastía "estar representada por un nuevo príncipe, bien instruido y totalmente ajeno a los complicados acontecimientos contemporáneos". [34]
He venido a abdicar libre y espontáneamente, sin ninguna clase de coacción ni violencia, movido únicamente por Mi amor a España y a su fortuna e independencia, de la autoridad real que ejercía por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española promulgada en el año 1845 , y a abdicar también todos Mis derechos meramente políticos, transmitiéndolos con todos los que corresponden a la sucesión de la Corona de España a Mi amado Hijo Don Alfonso, Príncipe de Asturias. [25]
Isabel II tardó un año en decidirse y durante ese tiempo no cedió a las presiones que recibió. [35] [36] Abdicó la Corona en su hijo Alfonso, de doce años, el 20 de junio de 1870 en un acto «apresurado e improvisado», según Isabel Burdiel, o «con extraordinaria solemnidad», según Carlos Seco Serrano , celebrado en el Palacio de Castilla . [37] [38] [39] La razón por la que lo hizo entonces fue porque el príncipe prusiano Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen había mostrado su disposición a aceptar la propuesta que le hizo el presidente del gobierno español, el general Prim , para ocupar el trono de España. [40] Pero la causa inmediata fue la amenaza de Napoleón III de que si no abdicaba tendría que abandonar París. El emperador francés se opuso a la candidatura del duque de Montpensier por ser miembro de la Casa de Orleans y sobre todo se opuso a la candidatura del príncipe prusiano, lo que acabaría provocando la guerra franco-prusiana y, tras la derrota francesa en septiembre de 1870, la caída del Segundo Imperio . [37] [38] [41] Al proclamarse la República en Francia , Isabel II, el príncipe Alfonso y las infantas abandonaron París y se fueron a vivir a Ginebra, donde residirían hasta agosto de 1871, cuando regresaron a la capital francesa. El militar Tomás O'Ryan se encargó de la educación del príncipe. En diciembre de 1871 sería sustituido por Morphy como tutor del príncipe. [42]
Descartada la opción del príncipe Hohenzollern, el 16 de noviembre de 1870 las Cortes votaron como rey de España al nuevo candidato propuesto por el general Prim: el segundo hijo del rey de Italia Víctor Manuel II , el príncipe Amadeo de Saboya , que reinaría bajo el título de Amadeo I. [43] [44] Respecto a la nueva monarquía, mientras el Partido Moderado seguía defendiendo a capa y espada la vuelta a la situación anterior a 1868, el pequeño grupo de Cánovas mantenía una posición «expectante», pero cuando aquello fracasó y, sobre todo, cuando en febrero de 1873 se proclamó la República , el grupo canovista se sumó decididamente a la defensa de la causa del príncipe Alfonso , al que Cánovas conocía desde niño y con el que simpatizaba. [45] [46] [ 47] [48] [49 ] [50] [51] A partir de esa fecha se convirtió en el portavoz más destacado del « alfonsismo ». [52]
La ex reina Isabel II había abdicado en junio de 1870 sin haber designado a nadie para asumir la tutela del príncipe Alfonso (por lo que fue ella quien siguió ostentándola) y también para dirigir el proceso de su restauración. Un año y medio después, en enero de 1872, ese cargo lo ocupó su cuñado, el duque de Montpensier, tras haber negociado las condiciones en Cannes, donde residía entonces, con la ex reina madre María Cristina, en quien Isabel II había delegado en septiembre «la dirección de los asuntos familiares». [37] [38] [53] [54] La estrategia de Montpensier se redujo casi exclusivamente a buscar el apoyo de los altos mandos del Ejército, especialmente el del general Serrano, y al no lograrlo dimitió en enero de 1873, con lo que Isabel II recuperó la tutela sobre el príncipe Alfonso. Este último, como parte del «acuerdo de Cannes» firmado por Montpensier y María Cristina, había sido enviado en febrero de 1872 a estudiar a la reconocida Real e Imperial Academia Teresiana de Viena o Theresianum . [55] [56] [57] Durante una visita que realizó con su madre al castillo que la familia Montpensier tenía en Randan durante la Navidad de 1872, conoció a la hija de ambos, María de las Mercedes , de doce años ―él tenía quince―, con quien se casaría por amor en 1878. [58]
Lo que sería un paso decisivo en la restauración alfonsina se produjo el 22 de agosto de 1873 ―en plena rebelión cantonal tras la proclamación de la República Federal y sólo un mes después de que el pretendiente Carlos VII hubiera regresado a España, dando así un gran impulso a la tercera guerra carlista― cuando Isabel II dio su pleno apoyo a Cánovas, a pesar de su antipatía hacia él, [59] y le confió la dirección de la causa dinástica borbónica . [45] [46] [47] [48] [49] [60] Como ha señalado Carlos Dardé, "la carta en la que se informaba a Cánovas de su nombramiento ―firmada por Isabel y por Alfonso, de acuerdo con la condición impuesta por el político malagueño―... implicaba la aprobación explícita de la conducta seguida por Cánovas en el período revolucionario". [61] Cánovas se opuso a cualquier política revanchista y se mostró "resuelto a no excluir". «No preguntaré al que venga [a nuestro lado] lo que ha sido; me bastará con saber lo que pretende ser. Si alguna vez logramos colocar al príncipe Alfonso en el trono, haremos uso de todo lo que sea aprovechable en el movimiento que derrocó a la reina Isabel. Insistir en restablecer lo sucedido sería una falta grave y sus desastrosas consecuencias las sentirían primero la Monarquía y nosotros», escribió Cánovas. [62] «Para Cánovas la conciliación era la victoria; la venganza, su derrota política y personal», añadió José Varela Ortega. [63]
La reina le concedió también plenos poderes para ocuparse de la educación del príncipe, y Cánovas decidió que ya era hora de que iniciase su formación militar, y "dejase de ser un colegial", [64] con el objetivo de convertirle en un "Rey-soldado" porque como decía en una carta a la ex reina Isabel "hay que dar a todos los militares honestos la esperanza de que desde ahora y tan pronto como don Alfonso esté en España, tendrán en él un verdadero jefe y que bajo él servirán a la Patria...". [65] Aunque tardó un año en conseguir su objetivo por la oposición que encontró por parte del preceptor del príncipe Guillermo Morphy , que quería que permaneciera un año más en el Theresianum de Viena para que terminase su formación «moral y física», [66] en octubre de 1874 Cánovas envió al príncipe, con su conformidad ―aunque Alfonso hubiera preferido ir a una universidad para conocer mejor los asuntos de gobierno como futuro rey constitucional― [67] y a su madre, a la Real Academia Militar británica de Sandhurst porque, según explicó en una carta, «D. Alfonso lleva ya demasiado tiempo en Austria como para que no fuese conveniente cuanto antes... trasladarle a un país... donde haya más tradiciones constitucionales». [68] [69] Por otra parte, la exreina parecía asumir el proyecto canovista de que la restauración sólo sería posible con el apoyo de todos los grupos liberales, sin exclusiones, a diferencia de lo que había ocurrido durante su reinado. Ella le aseguró en una carta: «Tu idea es mi idea y sin esta unión de todos los partidos a la sombra de la bandera de mi hijo, que es la única salvadora de la patria, conservando cada uno sus aspiraciones políticas, no hay futuro posible y la ruina de España es inevitable». [70] De hecho, como ha señalado Isabel Burdiel, «su intervención fue decisiva para conseguir que los moderados aceptaran el liderazgo canovista». [71]
Al grupo canovista original se sumaron antiguos unionistas e incluso antiguos «revolucionarios» de 1868 «arrepentidos», como Francisco Romero Robledo . [72] [73] Todos ellos recibieron el apoyo de las élites sociales y económicas ―sobre todo del empresariado catalán y madrileño, en particular el relacionado con las colonias― lo que fue decisivo en la consolidación de los « alfonsinos ». [74] Manuel Suárez Cortina ha señalado que «la identificación entre revolución y democracia, el temor irradiado por la Comuna parisina y el hecho decisivo de que el Sexenio no hubiera alterado sustancialmente las bases del poder habían estimulado la reorganización de los sectores más proclives a liquidar la experiencia democrática. Así, el Ejército, la Iglesia y las clases medias y altas vieron en la figura de Alfonso XII y la Restauración de la monarquía un nuevo orden, más adecuado a la nueva realidad internacional y a las expectativas de las clases conservadoras». [75]
Cánovas no quería que la restauración borbónica se produjera mediante el recurso clásico del pronunciamiento —«no quisiera que la Restauración de la legítima Monarquía constitucional se debiera a un golpe de fuerza», escribió a un amigo—, [76] aunque no dejaba de lado en absoluto los contactos con los mandos militares, [77] sino que debía ser fruto de un amplio movimiento de opinión. [45] Como ha señalado Suárez Cortina, «Cánovas comprendió que la monarquía no podía llegar sólo por la acción militar, sino que debía madurar por la acción política, y sólo de forma subsidiaria debía intervenir el Ejército, cuando la obra política ya se hubiera desarrollado». [78]
Así lo explicó el propio Cánovas a la ex reina Isabel y al príncipe Alfonso en dos cartas de enero de 1874, escritas tras el triunfo del golpe de Estado de Pavía que habían querido aprovechar algunos generales vinculados al Partido Moderado para « pronunciarse » a favor del príncipe Alfonso y a los que el propio Cánovas consiguió disuadir, [79] [80] en las que les decía que era necesario crear «mucha opinión a favor de Alfonso» con «calma, serenidad, paciencia, así como perseverancia y energía». [46] En abril volvía a insistir en otra carta enviada a la ex reina en que «lo que hay que hacer es preparar ampliamente la opinión y luego esperar con paciencia y previsión una sorpresa, un estallido de la propia opinión, un golpe quizá impensado, que habrá que aprovechar con prontitud para que no se desperdicie». [81]
Para conquistar a la «opinión», Cánovas alentó la creación de círculos alfonsinos, que se extendieron por todo el país, y de una prensa afín —poco a poco fueron comprando periódicos tanto en la capital, donde destacaba La Época , como en las «provincias»—. [82] [83] Como ha señalado Manuel Suárez Cortina, «pronto se puso de moda ser alfonsino: el clero, las mujeres de la alta sociedad y la burguesía, y amplios sectores del Ejército difundieron de forma particularmente eficaz el ideal de la Restauración. Como había señalado el embajador inglés, The Ladies Revolution , la presencia de mujeres de clase media y alta, y la labor de las tertulias y los salones fueron fundamentales en la difusión y triunfo del movimiento alfonsino ». [84] [85] Entre los partidarios del proyecto canovista —algunos historiadores, como Manuel Espadas Burgos, lo consideran decisivo—, [86] el grupo de presión hispano-cubano, el lobby esclavista encabezado por el marqués de Manzanedo y del que formaba parte la reina madre María Cristina de Borbón —propietaria de un ingenio azucarero en la isla—, [87] muy preocupado por el proyecto de abolición de la esclavitud y que contaba con una amplia red de Círculos Hispano-Ultramarinos en España y casinos españoles en Cuba y que contaba especialmente con importantes vínculos en el Ejército (de hecho este grupo, con el conde de Valmaseda , antiguo capitán general de Cuba al frente, estará detrás de la conspiración que desembocó en el pronunciamiento de Sagunto que posibilitó la restauración). [88] [89]
Con la instauración de la República unitaria presidida por el general Serrano —tras el triunfo del golpe de Estado de Pavía el 2 de enero de 1874— las iniciativas conspirativas a favor de la restauración borbónica se aceleraron y multiplicaron. Como ha señalado Feliciano Montero, «el problema para Cánovas no era tanto impedir la intervención militar como controlarla y someterla a su amplio proyecto restauracionista, conciliador, no revanchista». [90] Para ello contó con el general Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen , militar no vinculado al Partido Moderado, y que estaba al mando del Ejército del Norte desplegado en el País Vasco y Navarra, los bastiones del carlismo. El proyecto de Cánovas y Concha era aprovechar el fin de la guerra que hubiera supuesto la toma de Estella , capital del Estado carlista —el primer paso ya se había dado con la toma de Bilbao en mayo de 1874—, para proclamar al príncipe Alfonso como rey de España, pero el general Cocha murió en el asedio de Estella, que no llegó a caer, frustrándose así todo el plan. [91] [92] [93] [94] Por otra parte, Cánovas no confiaba en el general Martínez Campos , que finalmente lideraría el pronunciamiento de Sagunto, debido a sus vínculos con el Partido Moderado , cuyo proyecto no era el mismo que el canovista, como se demostraría al comienzo de la Restauración. [90] Por otra parte, cuando Cánovas fue a ver a la exreina en París los días 8 y 14 de agosto, reiteró su idea de que la restauración del príncipe Alfonso debía venir como resultado de un amplio movimiento de opinión. [48] [95]
El 1 de diciembre de 1874, tres días después de que el príncipe Alfonso hubiera cumplido diecisiete años, Cánovas del Castillo tomó la iniciativa con la publicación de lo que sería conocido como el Manifiesto de Sandhurst , cuidadosamente redactado por él y firmado por el príncipe. [96] [97] [98] [99] Formalmente, se trataba de una carta enviada desde la Real Academia Militar Británica de Sandhurst , donde el príncipe Alfonso había ingresado a principios de octubre por iniciativa de Cánovas con el objetivo de realzar su imagen constitucional, [100] [101] [102] en respuesta a las numerosas felicitaciones que había recibido de España con motivo de su decimoséptimo cumpleaños. [103]
La carta-manifiesto, aunque de Cánovas, pasó por varias manos, entre ellas la ex reina Isabel II, quien, según Cánovas, la discutió "largamente". Fue enviada a varios periódicos europeos, pero no a ningún soberano. [104] [105] [106] El objetivo de Cánovas era "que se entienda ya que España tiene un rey, capaz de cetrar el poder en cuanto sea llamado", según escribió a la ex reina Isabel II. [106]
En el Manifiesto el príncipe Alfonso ofrecía la restauración de la «monarquía hereditaria y representativa» en su persona («único representante del derecho monárquico en España») como «lo único que inspira ya confianza en España» puesto que «la nación está hoy huérfana de todo derecho público y privada indefinidamente de sus libertades». El Manifiesto concluía: «Cualquiera que sea mi propio destino, no dejaré de ser un buen español, ni, como todos mis antepasados, un buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal». [101] Existe un amplio consenso historiográfico en considerar que el Manifiesto es una síntesis de los principios en los que debía basarse el régimen político de la Restauración. [107] [108] [109] [110]
Según Ramón Villares, "su contenido debe entenderse como la expresión del pacto político alcanzado por las distintas facciones internas del alfonsismo a finales de 1874 para legitimar la alternativa borbónica y lanzar un programa de acción para el joven príncipe... Su objetivo era presentar tanto en España como en el exterior las líneas generales de la operación política que se estaba gestando". [104]
Aunque Cánovas no quería que fuese obra de un pronunciamiento militar , [111] en la madrugada del 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de la restauración de la monarquía borbónica en la persona de don Alfonso de Borbón . Allí lo proclamó como nuevo rey de España. [47] [103] [112] «Era el «acontecimiento» que se esperaba en los salones de banderas y en los salones aristocráticos adornados con la flor de lis », comentó Ramón Villares. [47]
Detrás del pronunciamiento estaban los generales vinculados al Partido Moderado , encabezados por el conde de Valmaseda , a quienes no les había gustado el Manifiesto de Sandhurst porque Cánovas había puesto sus propios pensamientos en las palabras del príncipe, y su publicación aceleró los preparativos del golpe militar. Valmaseda, que había sido capitán general de Cuba y durante su mandato Martínez Campos había sido su jefe de Estado Mayor, contaba con el apoyo del grupo de presión hispanocubano, interesado en mantener el statu quo de la colonia ―es decir, el sistema esclavista― y preocupado porque la guerra en Cuba no desembocara en «un segundo Haití , del que la humanidad horrorizada aparta sus ojos», como se decía en un manifiesto de la nobleza española. [113]
Dada la escasez de las tropas que había reunido Martínez Campos (unos 1800 hombres), «al no estar comprometida formalmente otra fuerza», [114] el éxito del pronunciamiento se debió al apoyo que le prestó el general « septiembre » Joaquín Jovellar , comandante en jefe del Ejército del Centro desplegado para combatir a los carlistas . [115] [116] Jovellar envió un telegrama al ministro de la Guerra en el que le decía «que un sentimiento de elevado patriotismo, inspirado en el bien público y en la necesidad de mantener unido al Ejército para afrontar la guerra civil e impedir la reproducción de la anarquía, le impulsaba a aceptar el movimiento y a ponerse a su cabeza». [117] Martínez Campos telegrafió también al ministro de la Guerra y al presidente del Gobierno pidiéndoles que aceptaran la nueva situación única capaz de «liberar al país de la anarquía y de la guerra civil». [118]
El gobierno presidido por el constitucionalista Práxedes Mateo Sagasta se mostró dispuesto a hacer frente a los «rebeldes» y en la noche del día 30 se puso en contacto telegráfico con el presidente del Poder Ejecutivo de la República , el general Serrano , que se encontraba en Tudela —o en Miranda de Ebro —, [119] al frente del Ejército del Norte que iba a lanzar una gran ofensiva contra los carlistas. Pero Serrano le comunicó que contaba con muy pocas fuerzas leales dispuestas a acudir a Madrid, una vez conocida la decisión del general Jovellar de apoyar el pronunciamiento. En el último telegrama —el intercambio de mensajes había durado una hora y media— el general Serrano le dijo: «El patriotismo me prohíbe tener tres gobiernos en España [el suyo, el alfonsino y el carlista]». A continuación cruzó la frontera hispano-francesa. [119] [120] [121]
Casi al mismo tiempo, el capitán general de Madrid, Fernando Primo de Rivera , otro general « septembrino » que inicialmente se había mostrado leal al gobierno, comunicaba a Sagasta que «me veo en la sensible necesidad de manifestarle que la guarnición de Madrid se asocia al movimiento del Ejército del Centro, y que va a constituirse un nuevo gobierno» —en ese momento las tropas ya habían ocupado los puntos estratégicos de la capital y cercado la sede del Ministerio de la Guerra donde se encontraba reunido el gabinete—. La respuesta del presidente del gobierno fue entregarle el poder. Eran las once de la noche del 30 de diciembre de 1874. El pronunciamiento iniciado en Sagunto había triunfado. [119] [122] [121]
El 31 de diciembre se formó un Ministerio-Regencia presidido por Cánovas del Castillo, que durante el pronunciamiento había permanecido "detenido" en el gobierno civil de Madrid junto a otros alfonsinos destacados y donde había recibido la visita del general Primo de Rivera poniéndose "incondicionalmente a sus órdenes". [123] [124] "Yo he deseado la Restauración de otra manera, pero a la vista de la actitud del Ejército y de la opinión unánime del país, acepto y asumo el procedimiento; no puedo oponerme a él; es mi deber; la Restauración es un hecho", declaró Cánovas. [125] [126] Inmediatamente enviaron un telegrama a la ex reina Isabel II para comunicar a "su augusto hijo" que había sido proclamado Rey de España "sin lucha ni derramamiento de sangre": [127]
Los Ejércitos del Centro, del Norte, guarniciones de Madrid y provincias han proclamado a don Alfonso XII Rey de España. Madrid y todas las provincias responden con entusiasmo a esta aclamación. Os rogamos que lo comuniquéis a vuestro augusto hijo, cuyo paradero se ignora en este momento, y os felicitamos de corazón por este triunfo conseguido sin lucha ni derramamiento de sangre.
El Ministerio-Regencia asumió el poder en nombre del rey hasta que éste llegó a España procedente de París, donde pasaba el Año Nuevo con su madre y hermanas ―había llegado de Londres el 30 de diciembre por la tarde― [128] y sin tener conocimiento alguno de lo que se estaba preparando, pues en una carta había asegurado a Isabel II que volvería a Sandhurst «después de la Epifanía con usted». [98] [129] La exreina le entregó el telegrama de Cánovas (y de Primo de Rivera) que había recibido a primera hora de la mañana del día 31 ―aunque el príncipe ya sabía lo ocurrido por una nota anónima escrita en francés que había recibido la noche anterior mientras asistía a la representación de una opereta en el Théâtre de la Gaîté― , [130] pero el príncipe Alfonso tardó cinco días en contestar ―según Seco Serrano, porque «prefirió esperar a que se confirmase la nueva situación»―. [131] El telegrama, cuyo contenido sería publicado en la Gaceta de Madrid el 6 de enero, decía lo siguiente ―la alusión a que su reinado sería de «verdadera libertad» no gustó nada al Partido Moderado― : [132] [133] [134]
Excelentísimo señor don Antonio Cánovas del Castillo: Vuestra Excelencia, a quien conferí mis poderes el 22 de agosto de 1873, me informa que por el valeroso Ejército y heroico pueblo español he sido unánimemente aclamado para ocupar el trono de mis mayores. Nadie como Vuestra Excelencia, a quien tanto debo y agradezco sus relevantes servicios, así como el Ministerio de Regencia que ha nombrado, usando de los poderes que le conferí y hoy confirmo, puede interpretar mis sentimientos de gratitud y amor a la patria, ratificando las opiniones consignadas en el manifiesto del 1 de diciembre último y afirmando mi lealtad para cumplirlas y mis muy vivos deseos de que el acto solemne de mi entrada en mi amada patria sea prenda de paz, de unión y de olvido de las discordias pasadas, y, como consecuencia de todo ello, la inauguración de una verdadera libertad y que sumando nuestros esfuerzos y con la protección del cielo, podamos alcanzar para España nuevos días de prosperidad y grandeza. – Alfonso.
Cánovas escribió al rey que debía regresar solo a España, en referencia a que su madre no lo acompañaría (ni tampoco el duque de Montpensier ). [131] [135] En una carta posterior Cánovas explicó a la ex reina, «con una dureza que Isabel II probablemente no había oído de nadie», [136] por qué debía permanecer en París: «VM no es una persona, es un reinado, es una época histórica, y lo que necesita el país es otro reinado y otra época distinta a las anteriores». [136] El nuevo rey Alfonso XII llegó a Barcelona el sábado 9 de enero de 1875, procedente de Marsella, adonde había viajado desde París el día 6 ―antes de partir, se había reunido con el personal de la embajada española, asegurándoles que su intención era «ser rey de todos los españoles»―. [137] El general Martínez Campos ―el militar que había encabezado el pronunciamiento de Sagunto y que acababa de ser nombrado capitán general de Cataluña―, subió a bordo de la fragata Navas de Tolosa que lo había traído desde Marsella para saludarlo y luego caminó por las calles de Barcelona, siendo aclamado por la multitud. En respuesta al discurso de bienvenida del alcalde de la ciudad, el marqués de Sentmenat y Ciutadilla, el nuevo rey dijo que consideraba «como una de mis mejores glorias el título de conde de Barcelona : de este noble y trabajador país que tanto amo desde que conocí su historia». A esto le siguió un solemne Te Deum en la catedral y por la noche una función de gala en el Gran Teatro del Liceo . El rey telegrafió a su madre: «Madre mía: el recibimiento que me ha dispensado Barcelona excede mis esperanzas, excedería tus deseos...». A última hora del domingo 10 de enero partió hacia Valencia en la misma fragata Navas de Tolosa que le había traído desde Marsella, y desde allí, tras una breve estancia en la que de nuevo «se reprodujo el entusiasmo popular», se dirigió en tren a Madrid donde llegó el día 14. [138] Su entrada en la capital fue «apoteósica», según las crónicas de la época. [139] [140] Sin embargo, Carlos Dardé ha señalado que «la Restauración, sin embargo, estuvo lejos de despertar un gran entusiasmo. Lo que más destacaron varios observadores imparciales fue precisamente lo contrario, la indiferencia con que la mayoría de los españoles acogieron tanto la caída de las instituciones anteriores como la instauración del nuevo régimen». [141]
Nada más llegar a Madrid, Alfonso XII confirmó el 31 de diciembre el gobierno que Cánovas había formado en su nombre. Se había ocupado de integrar en él no sólo a sus partidarios, como Pedro Salaverría en Hacienda o el marqués de Molins en Marina, sino también a dos políticos significativos del Sexenio , Francisco Romero Robledo , ministro de Gobernación, y Adelardo López de Ayala , ministro de Territorios de Ultramar, así como a un militar que representaba a los generales, el « septembrista » general Jovellar , que ocupaba la cartera de Guerra. Su objetivo era hacer «política liberal, pero conservadora» y evitar ceder a los «principios democráticos», pero no dejarse dominar por la «reacción», que ya representaban los carlistas, todavía en guerra . También incluía a un miembro del Partido Moderado , el marqués de Orovio, que estaba al frente del Ministerio de Fomento. [142] [143] [144] Cánovas no ofreció ningún ministerio al general Martínez Campos, ni a su principal valedor, el conde de Valmaseda , ambos vinculados al Partido Moderado. Nombró al primero capitán general de Cataluña y al segundo capitán general de Cuba, distanciándolos así de Madrid. [144] [145] [146] [147] Muchos moderados rechazaron la oferta de unirse a su gobierno cuando supieron que iban a formar parte del mismo los conocidos como « septembrinos » y cuando Cánovas les confirmó que no tenía intención de restablecer la Constitución de 1845. Uno de los moderados más destacados, Claudio Moyano, le dijo que consideraba imposible la colaboración «dado el camino que presumo que pretende seguir». [148] [149]
A los pocos días de su entrada en Madrid, Alfonso XII marchó al frente norte , asumiendo el papel de «rey-soldado» que le había asignado Cánovas. En Peralta (Navarra) hizo un llamamiento a los carlistas en favor de la paz («Antes de desplegar mi bandera en la batalla, quiero presentarme ante vosotros con una rama de olivo en la mano»), pero también les aseguró que no iba a «tolerar ni siquiera una guerra inútil como la que sostenéis contra el resto de la nación» y «que no tenían por qué continuarla» («si tomasteis las armas movidos por la fe monárquica, ved en mí al legítimo representante de una dinastía que os fue leal hasta su pasajera caída. Si fue la fe religiosa la que puso las armas en vuestras manos, en mí tenéis ya un rey católico como sus antepasados. Yo sí soy también, y seré, un rey constitucional, pero vosotros, que tenéis tan gran amor a vuestras veneradas libertades, ¿podéis albergar el malvado deseo de privar a los demás españoles de sus legítimas y ya acostumbradas libertades?»). Pero la «proclama de Peralta» no tuvo eco entre las filas carlistas [150] ―la guerra aún duraría un año más― y antes de regresar a la capital pasó por Logroño donde saludó al general progresista Baldomero Espartero , símbolo de apertura a todas las familias liberales de la nueva monarquía. [151] [152] El Rey ya lo había dejado claro cuando, nada más llegar a España, respondió con tono firme al discurso del arzobispo de Valencia que le había advertido de que ascendía «al trono augusto de los Recaredos y de los Fernandos »: «Mi deseo es dar paz, justicia, verdadera libertad a todos, absolutamente a todos los españoles, porque no vengo a ser rey de un partido sino de toda España». [153] Precisamente sobre su papel de monarca constitucional Cánovas comentó en privado: [154]
Estoy entusiasmado con el Rey. Nos hemos entendido: es franco, noble y leal, y pese a su juventud lleva en el alma la amarga experiencia de la emigración. Los que fuimos ministros con su madre podemos apreciar la diferencia. En este reinado no habrá camarillas ni favoritismos, y si el país sabe elegir un Parlamento digno, ejercerá su soberanía sin trabas.
El Rey estuvo dos semanas en el frente, corriendo en una ocasión grave peligro su vida, y a su regreso a Madrid, donde hizo su entrada el 13 de febrero, tuvo algunos gestos con los «revolucionarios de septiembre», como la condecoración que entregó al doctor Pedro González de Velasco ―conocido hombre de izquierdas―, la entrevista que mantuvo con el general Serrano , último Jefe de Estado de la República , o el banquete que ofreció en Palacio al que invitó a los dirigentes del Partido Constitucional , entre ellos su líder Práxedes Mateo Sagasta , último Presidente del Gobierno durante la República. [155] Tanto Serrano como Sagasta eran partidarios de colaborar especialmente para «derrotar al enemigo de la libertad», el carlismo. [156] De hecho, el 5 de enero, sólo unos días después del triunfo del pronunciamiento de Martínez Campos, un editorial de La Iberia , el periódico de los constitucionalistas, había dicho que el Partido Constitucional, «la más genuina representación de la Revolución de Septiembre », «mantiene la defensa de la Constitución española de 1869 , pero se muestra dispuesto a colaborar con el nuevo régimen para derrotar al carlismo y poner fin a la insurrección cubana ». [157] En un discurso pronunciado un año después ante las Cortes, Alfonso XII reconoció la labor realizada por los constitucionalistas «antes de mi acceso al trono para reorganizar el país, dotándolo de medios para dominar la guerra civil carlista , el filibusterismo cubano y la anarquía interior ». [158]
Sin embargo, el líder del Partido Republicano Radical Manuel Ruiz Zorrilla mantuvo su rechazo al nuevo régimen y ese mismo mes de febrero fue expulsado de España acusado de mantener contactos con militares con fines conspirativos. [159] También fue desterrado el periodista Ángel Fernández de los Ríos , a pesar de haber sido amigo de Cánovas. [156]
El Partido Liberal-Conservador gobernó entre 1875 y 1881 con Antonio Cánovas del Castillo como presidente del ejecutivo salvo dos breves periodos en los que el político malagueño dimitió por razones tácticas. El primero fue entre septiembre y diciembre de 1875, cuando Cánovas entregó la presidencia del gobierno al general Jovellar para que recayera en otro la responsabilidad de convocar elecciones generales por sufragio universal, ya que era contrario a ese procedimiento. El otro breve periodo fue de marzo a diciembre de 1879, cuando el general Martínez Campos sustituyó a Cánovas al frente del ejecutivo porque este no quería presidir dos veces seguidas un proceso electoral ―y también porque no quería hacerse cargo de la difícil aplicación de la paz del Zanjón que Martínez Campos había pactado con los insurgentes cubanos―. Cánovas regresó al poder cuando Martínez Campos dimitió debido a los obstáculos puestos por las Cortes resultantes de las elecciones generales españolas de 1879 a las reformas coloniales y militares que quería implantar. [160] [161] [162]
Para la oposición liberal, encabezada por Práxedes Mateo Sagasta , el gobierno conservador se había extendido demasiado, y lo denunciaron como «un autoritarismo rayano en la dictadura». [161] Lo cierto fue que entre enero de 1875 y enero de 1877 Cánovas del Castillo gobernó bajo un régimen de excepción , con libertades públicas muy limitadas, por lo que este periodo también es conocido como la «dictadura de Cánovas». Este régimen de excepción perduró más allá de la promulgación de la Constitución en junio de 1876 , ya que solo se le puso fin con la aprobación de la Ley de enero de 1877, que regulaba, aunque restrictivamente, las libertades, además de justificar el periodo de excepción. [163]
El objetivo fundamental del proyecto político de Antonio Cánovas del Castillo ―que se preciaba de «rendir el debido homenaje a la prudencia, al espíritu de compromiso, a la ley de la realidad»― [164] era conseguir, por fin, la consolidación y estabilidad del Estado liberal, sobre la base de la Monarquía Constitucional definida en el Manifiesto de Sandhurst . [165] Y para ello, pensaba Cánovas, era imprescindible no repetir el error que llevó al fracaso de la Monarquía de Isabel II : la vinculación exclusiva de la Corona a una de las corrientes del liberalismo ( el moderantismo ), que obligaba a la otra ( el progresismo ) a recurrir a la fuerza (el pronunciamiento y el juntismo ) para acceder al poder. Así pues, tenía que ser posible, pensaba Cánovas, que las diversas facciones liberales pudieran alternarse en el ejercicio del poder sin poner en peligro el propio sistema. [166] [167] Además, si el “juego político” se basaba en el “ giro ” pacífico en el acceso al poder de las dos grandes corrientes del liberalismo, lo militar quedaría relegado a su esfera específica y la sociedad civil recuperaría el papel protagonista. Era pues necesario desmilitarizar ( civilizar ) la vida política y despolitizar el Ejército. [166]
Para llevar a cabo su proyecto político, Cánovas contaba con la absoluta confianza del rey Alfonso XII, quien en una conversación con el embajador británico Austen Henry Layard le había manifestado su deseo de «introducir en España el sistema constitucional al que Inglaterra debía sus libertades y su grandeza». [168] Por ello, Cánovas se mostraba complacido con el rey al que consideraba «franco, noble y leal». [169]
El principal obstáculo con el que se encontró Cánovas del Castillo no vino de la izquierda, sino del Partido Moderado ―«la sección reaccionaria del partido alfonsino», como lo llamó el embajador inglés Layard― [170] que quería volver a la situación anterior a la Revolución Gloriosa de 1868 , como si nada hubiera ocurrido desde entonces. [164] [171] [172] [173] Aunque el fin último perseguido por Cánovas era dividirlos y atraerlos a su proyecto, [174] [175] [176] al principio hizo concesiones a los moderados y las primeras medidas acordadas por el nuevo gobierno supusieron una revisión de lo realizado durante el Sexenio , además de construir una imagen muy negativa del periodo y especialmente del primer año de la Primera República Española , calificado por el tradicionalista Marcelino Menéndez y Pelayo como «tiempos de desolación apocalíptica». [177] [178]
La sintonía de Cánovas con los moderados se hizo especialmente patente en tres ámbitos: las relaciones con la Iglesia católica, los derechos fundamentales y la libertad académica. En el primero, el gobierno acordó el restablecimiento del Concordato de 1851 —que supuso la restitución del presupuesto de Culto y Clero para sufragar los gastos de la Iglesia— y la derogación de las leyes del Sexenio más combatidas por los católicos, entre las que destacaba el matrimonio civil , establecido por primera vez en España por la Ley Provisional de Matrimonio Civil de 1870 —reintroduciendo así el matrimonio canónico como obligatorio—. Además, el gobierno ordenó el cierre de algunos templos, periódicos y escuelas protestantes, [164] [178 ] [ 179] [180] [181] y toleró la publicación de artículos injuriosos contra las creencias no católicas. [182] También se iniciaron contactos para restablecer relaciones con la Santa Sede y se devolvieron a la Iglesia archivos, bibliotecas y objetos artísticos. [181] En el decreto de reglamentación de la prensa del 29 de enero de 1875 se incluyó el delito de injuria a la Iglesia. [181]
En el segundo ámbito, el de los derechos fundamentales, su ejercicio fue muy limitado, como las libertades de expresión, reunión y asociación ―de ahí que se utilizara el término «dictadura de Cánovas» para referirse a sus dos primeros años de gobierno, ya que durante ese tiempo gobernó bajo un régimen de excepción― . [163] [183] [184] [185] [186] Algunos periódicos de oposición fueron clausurados ―los republicanos casi desaparecieron― [187] y el resto fueron sometidos al régimen de censura previa . Un decreto emitido nada más formarse el gobierno estableció lo que la prensa podía y no podía publicar, prohibiendo expresamente «los ataques directos o indirectos, ni mediante alegorías, metáforas o dibujos, al sistema monárquico-constitucional» (aunque se admitían críticas al gobierno y sus políticas). También se suspendió la ley del jurado. [188] [189] Cuatro años después, en 1879, se promulgó una ley de imprenta muy restrictiva por iniciativa del ministro de la Gobernación, Romero Robledo, en la que se consideraba delito «proclamar máximas contrarias al sistema monárquico-constitucional» o «poner en tela de juicio la legitimidad de una elección general». [190] [191] En junio de 1880 una ley sobre el derecho de reunión , también muy restrictiva ―diferenciaba entre partidos legales e ilegales―, confirmaba «el componente autoritario, casi dictatorial, que movió buena parte de la legislación y la acción política del canovismo en esta primera etapa». [192] Por otra parte, la ley de 16 de diciembre de 1876 establecía que los alcaldes de los pueblos de más de 30.000 habitantes serían nombrados por el rey, es decir, por el gobierno, y que los presupuestos municipales debían contar con la aprobación del gobernador civil de cada provincia, designado por el gobierno. [193]
En el tercer ámbito, el de la libertad académica , el Decreto Orovio, firmado por el reaccionario ministro de Obras Públicas Manuel Orovio Echagüe y promulgado en febrero de 1875, prohibía a los profesores universitarios enseñar ideas contrarias a la ortodoxia católica y a la monarquía constitucional, lo que dio origen a la segunda cuestión universitaria. [164] [194] [195] [196] En la circular que acompañaba al decreto dirigida a los rectores de las universidades y firmada por el ministro Orovio, se invitaba a estos últimos "a no consentir que en las cátedras sostenidas por el Estado se expliquen contra el dogma católico que es la verdad social en nuestro país" y se advertía además que sería sancionado todo profesor que "no reconociera el régimen establecido o enseñara contra él". [194] [197] El primer conflicto provocado por la circular de Orovio tuvo lugar en la Universidad de Santiago de Compostela , donde los profesores Laureano Calderón (Farmacia) y Augusto González de Linares (Medicina), ambos discípulos del krausista Francisco Giner de los Ríos , fueron apartados de sus cátedras y encarcelados en una prisión militar por explicar doctrinas darwinistas . Calderón declaró: «No he sido nombrado profesor para formar catecúmenos de ninguna religión ni partidarios de ningún sistema político, sino para enseñar ciencias». Inmediatamente se desató una ola de solidaridad por parte de unos cuarenta profesores universitarios y de bachillerato, encabezados por Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón , este último expresidente del poder ejecutivo de la República , a los que se sumaron destacados políticos y académicos liberales y republicanos, entre ellos Emilio Castelar , que ya había sido protagonista de la primera cuestión universitaria de 1866. Todos ellos fueron apartados de sus cátedras o dimitieron de ellas. Muchos de estos profesores expulsados de la Universidad fundaron al año siguiente la Institución Libre de Enseñanza , una organización docente ―una «contrauniversidad»― [198] que ejercería una enorme influencia en la vida cultural y científica española, especialmente durante el primer tercio del siglo XX. [199] [200] [201]
Según José Varela Ortega, "lo ocurrido reflejaba, en realidad, las fricciones entre las dos facciones del canovismo, entre los políticos de origen moderado y los de origen setiembre; y, en definitiva, era un episodio más de la ofensiva del Partido Moderado contra el canovismo". [202] Feliciano Montero ha suscrito la interpretación que Varela Ortega hace del episodio en la medida en que éste formaría efectivamente parte de "la pugna moderado-canovista por la definición del nuevo régimen. El decreto Orovio... sería una maniobra de los moderados para sabotear la presunta apertura del canovismo hacia los unionistas y los constitucionalistas , así como para afirmar sus posiciones intransigentes en defensa de la unidad católica. Cánovas, pese a sus esfuerzos por llegar a un acuerdo de facto con los krausistas para no hacer efectivo el castigo, se habría visto obligado a aceptar por el momento esta situación tan contraria a sus proyectos". [203] De hecho, Cánovas consideró el decreto de Orovio «una barbaridad» —como también lo consideró el rey— [204] y trató de mediar, sin éxito, con los catedráticos universitarios que se negaron a obedecerlo y abandonaron la Universidad. [164] [205] A la primera oportunidad, Cánovas destituyó a Orovio y su sustituto, el « septembrino » Cristóbal Martín de Herrera, derogó inmediatamente las medidas de Osorio (aunque los catedráticos no recuperarían sus cátedras hasta la llegada de los liberales al poder en febrero de 1881). [164] [206] Por otra parte, los krausistas no encontraron ningún obstáculo para poner en marcha la Institución Libre de Enseñanza y desarrollar sus actividades. [203] [207] Pero, «el episodio agrió las relaciones entre el Gobierno y los políticos radicales y constitucionalistas ». [204]
Manuel Suárez Cortina, por su parte, considera que Cánovas permitió el "decreto Orovio" para facilitar la entrada de los moderados en el nuevo orden ―y en el nuevo partido liberal-conservador que quería liderar―. Con el mismo propósito ―"dar confianza a los sectores moderados y neutralizar cualquier intento de acabar con el régimen"― también "procuró el restablecimiento de las relaciones con el Vaticano, restableció el presupuesto para el culto y el clero [la dotación económica que el Estado daba a la Iglesia católica] y reintrodujo la obligatoriedad del matrimonio canónico ". [200] Según Carlos Seco Serrano , la presencia de Orovio en el gobierno ―y su polémico decreto― se debía a que «el hecho de que la guerra civil aún no hubiera sido derrotada exigía, en todo caso, la adopción de medidas políticas que pudieran suponer un «gesto» más o menos homólogo con la concepción monárquica y religiosa que animaba al bando carlista ―con el fin de desarmarlo ideológicamente »―. [208] Once años después, al inicio de la Regencia de María Cristina de Habsburgo , Cánovas defendería esta política en el Parlamento frente a los ataques lanzados contra él por el republicano Nicolás Salmerón , una de las víctimas del «decreto Orovio», que lo calificó de Torquemada . En esa ocasión Cánovas respondió: [209]
¿Qué quería el señor Salmerón? ¿Quería que cuando el país estaba en guerra civil... yo no utilizara también esa dictadura para reprimir aquellos acontecimientos que me parecían comprometer la unidad de fuerza y mando y el vigor que necesitaba el Gobierno frente al enemigo común de todos, que era la causa carlista? ¿Quién ignora que una de las causas de la guerra carlista, causa reconocida por todo el mundo, fueron los ataques más o menos exagerados, muchos de ellos muy ciertos, que en todas las plazas públicas se dirigieron contra la religión profesada por la inmensa mayoría de los españoles?
Pero Cánovas no transigió con las tres reivindicaciones de los moderados, en las que contaba con el pleno respaldo del rey Alfonso XII: [210] [211] el restablecimiento de la Constitución española de 1845 ―que había regido la Monarquía de Isabel II― , la restitución de la «unidad católica» ―con la consiguiente prohibición de todo culto no católico y el monopolio de la Iglesia en las actividades sociales primordiales (nacimiento, matrimonio, entierro) y en la educación― [212] y el retorno inmediato de la reina Isabel II de su exilio en París ―aunque Cánovas sí consideró «imprescindible» que la hermana mayor del rey, Isabel de Borbón y Borbón , conocida popularmente como La Chata , regresara sola a España , pues era la siguiente en la sucesión al trono, mientras que Alfonso XII no tenía descendencia, y por tanto ostentaba el título de Princesa de Asturias; y autorizó también el regreso del general Serrano , último presidente del Poder Ejecutivo de la República―. [203] [213] [214] [215] [216] [217] El propio general Martínez Campos amenazó con un segundo pronunciamiento si no se reconocía la unidad católica y no se restablecía la Constitución de 1845. [218] Solo la intervención personal del rey y la promesa de enviarlo a Cuba lograron disuadirlo, [219] aunque otros generales, como el conde de Cheste y el conde de Valmaseda , siguieron presionando para el regreso de la exreina Isabel II a España. [216]
Los moderados montaron una impresionante campaña de opinión exigiendo el retorno a la prohibición del culto no católico. Exigían devolver «a España su dichosa unidad católica [porque], poseedora de la única verdad en religión, era absurdo que una nación católica concediera igual respeto y derechos a un error que a la verdad [católica], símbolo de la grandeza de otros tiempos, emblema de nuestras antiguas glorias y flor más brillante y espléndida de la Corona de dos mundos». [220] Se recogieron tantas firmas que las hojas fueron llevadas en carros a la sede del gobierno. [221] La Santa Sede también presionó con firmeza por el restablecimiento de la unidad católica, amenazando incluso con no enviar un nuevo nuncio. Contaba con el apoyo de los obispos españoles —uno de ellos proclamó: «¡la inmensa mayoría de la nación quiere la religión católica apostólica romana sola! ¡sola! »— [222] y de un amplio sector de la población, especialmente de los vinculados a los moderados y a los carlistas, para quienes esta cuestión era innegociable. [216] [223] [224] Una dama de la alta sociedad madrileña amenazó con «hacer rey a don Carlos» si el rey y el gobierno toleraban «misioneros y propaganda protestante en España». [225] Pero Cánovas se negó en redondo a restablecer la unidad católica porque consideraba que impediría a los «revolucionarios del 68» apoyar a la nueva monarquía, lo que la haría inviable a largo plazo, y también porque la aislaría internacionalmente —la tolerancia religiosa era la «vía para convencer a Europa de que la Restauración no suponía una reacción», afirmaba Cánovas—. [226] [227] El rey la apoyó sin vacilar, pese al «asedio sistemático» al que fue sometido «por políticos moderados, gran parte de la nobleza y el alto clero, e incluso por la princesa de Asturias, favorable de cuore, a juicio del representante pontificio, a la causa católica». [222] Al obispo de Salamanca, Alfonso XII le dijo en una recepción pública: «Soy rey católico pero, sin embargo, haré todo lo que esté a mi alcance para que en mis dominios se pueda practicar con libertad cualquier religión; además es inútil discutir esta cuestión porque Europa ya la ha decidido». [228] [229]
En cuanto a la ex reina Isabel II , que no estaba dispuesta "a desempeñar papeles decorativos", [230] Cánovas le envió una carta a París en abril de 1875 explicándole por qué no debía venir a España: [231] [232]
Quien venga a Madrid, la opinión permanecerá tranquila, a no ser que usted, VM, que entonces una docena de ilusiones, movidas por intereses particulares, pensarán ver en usted, Majestad, un estandarte de agravios y tal vez de venganza, que satisfaga sus malas pasiones; otros temerán el comienzo de una reacción que apartará del poder a todos los que más o menos han figurado en los últimos seis años y, antes de ser echados, se marcharán voluntariamente, creando un vacío alrededor del Trono... Y todo porque usted, Majestad, no es una persona, sino un reinado, una época histórica, y lo que necesita hoy el país es otro reinado y otra época, distinta a las anteriores.
No sólo Cánovas, sino también su propio hijo le instaron a no viajar a España, alegando que «nadie puede imponer su voluntad al Rey». [233] A Isabel II sólo se le permitió venir a España tras la aprobación de la Constitución y no se le autorizó a fijar residencia permanente en el país ni a vivir en Madrid. [234] [235] Como ha señalado Isabel Burdiel, «cuando regresó brevemente a España lo hizo sintiéndose, como ella misma dijo, una especie de vagabunda: residió algún tiempo en Sevilla, pasó temporadas en los balnearios del Norte o en los palacios reales de los alrededores de Madrid. Con el tiempo, sus estancias en la capital fueron toleradas, pero siempre se procuró que sus visitas fueran lo más breves y discretas posibles». [236] Su mayor humillación fue no ser informado de la decisión de su hijo de casarse con su sobrina, María de las Mercedes de Orleans , hija del duque de Montpensier y de su hermana María Luisa Fernanda de Borbón . [237] De hecho intentó hacer pública su oposición al matrimonio, pero Cánovas se lo impidió. [238] «No asistió a la boda [celebrada en Madrid el 23 de enero de 1878]. Su regreso a París se consideró definitivo. Vivió allí hasta su muerte [en 1904], aunque regresó a España en varias ocasiones», ha señalado Isabel Burdiel. [239]
Ante la determinación de Cánovas de aprobar una nueva Constitución, que quedó patente en mayo de 1875 cuando los parlamentarios de las dos monarquías anteriores, la isabelina y la amadeísta, se reunieron y formaron la comisión de notables para redactarla, muchos moderados se pasaron al canovismo y fueron recompensados con puestos de gobierno. Según Fidel Gómez Ochoa, «en ese acto tomó su primera forma el Partido Liberal-Conservador ». [240] El golpe definitivo al Partido Moderado lo asestó Francisco Romero Robledo , ministro de Gobernación, cuando en las elecciones generales españolas de 1876 , celebradas en enero, solo le permitió obtener un número muy limitado de escaños (12), frente a los 333 de los canovistas —el Partido Moderado se disolvería siete años después—. [164] [241] [242] Según Feliciano Montero, la negativa de Cánovas a restablecer la unidad católica "se convirtió precisamente en la clave de la disolución de los moderados como grupo, y de la configuración definitiva de su partido político, el liberal-conservador ". [243] Lo mismo afirma Fidel Gómez Ochoa —la negación de la unidad católica fue "motivo para que los moderados consideraran amputada la Restauración y violada la confianza"—, pero añade además la convocatoria de las primeras elecciones por sufragio universal, que un destacado moderado rechazó en una carta dirigida al rey porque "ponía en cuestión el legítimo derecho de VM al trono". [244]
Ante las pretensiones del Partido Moderado de restablecer la Constitución Española de 1845 , Cánovas impuso su criterio de redactar y aprobar una nueva Constitución. Para ello atrajo al sector del Partido Constitucional encabezado por Manuel Alonso Martínez , quien formó un nuevo grupo político llamado Centro Parlamentario. [144] [245] [246] [247] [248] El 20 de mayo de 1875, por iniciativa de los «centralistas» apoyados por el gobierno, se reunió una Asamblea de Notables, integrada por 341 exdiputados y exsenadores monárquicos de la época isabelina y del Sexenio . [183] [243] [249] Alonso Martínez estableció los límites de la reunión (no se podía cuestionar la Monarquía de Alfonso XII) y su finalidad (el establecimiento de bases constitucionales para consolidar el trono). [243]
Como en la Asamblea de Notables los moderados tenían mayoría, Cánovas maniobró para que la elaboración de las bases constitucionales se encomendase a una comisión de 39 de ellos, en la que estarían representados por igual moderados, canovistas y centralistas , encargando la redacción de las bases a una subcomisión formada por nueve personas, entre ellas Alonso Martínez. La principal dificultad en el trabajo de la comisión y de la subcomisión fue la cuestión de la unidad católica, que finalmente no quedaría incluida en la base 11. Los moderados manifestaron públicamente su desacuerdo en un manifiesto del 3 de agosto en el que llamaban a la protesta de los católicos. [245] [246] [250] [251] [252] Por otra parte, en torno al núcleo canovista, al que se sumaron antiguos moderados, surgiría el Partido Liberal-Conservador , encabezado por el propio Cánovas, y cuyo nacimiento algunos historiadores consideran que se produjo precisamente en la Asamblea de Notables. [183] [253] [254]
El gobierno convocó entonces elecciones , abriéndose un debate en consejo de ministros sobre si debía mantenerse el sufragio universal (masculino) de acuerdo con la Ley Electoral de 1869, una legislación de la «época revolucionaria». A propuesta del propio Cánovas, se acordó que se convocaran por sufragio universal «por esta única vez», una concesión a los constitucionalistas para que se integraran en la nueva monarquía y esto indignó a los moderados. [255] [256] [257] [258] Cánovas presentó entonces su dimisión para ser coherente con sus propias convicciones contra el sufragio universal y sustituir en la misma operación a los tres ministros más derechistas, todos ellos de origen moderado, uno de ellos el marqués de Orovio. Fue sustituido por el general Joaquín Jovellar , que ocuparía la presidencia del Gobierno exclusivamente durante el periodo de preparación de las listas electorales, aunque en realidad «el jefe era Cánovas y la política se hacía desde su residencia particular», como comentó un embajador extranjero. [259] [260] La oposición de Cánovas al sufragio universal no variaría y cuando éste fue finalmente aprobado en junio de 1890 a propuesta del gobierno liberal de Sagasta , afirmó durante el debate de la ley que su «sincera» aplicación, «si da voto real en el gobierno del país a la muchedumbre, no sólo inculta, que sería la de menos, sino [a] la muchedumbre miserable y mendiga», «sería el triunfo del comunismo y la ruina del principio de propiedad». [261]
En vísperas de la celebración de las elecciones, celebradas los días 20 al 24 de enero de 1876, [262] mientras la jerarquía eclesiástica desplegaba una campaña prohibiendo a los católicos votar a los propagadores de «esa libertad de perdición», en referencia a la tolerancia religiosa propugnada por los canovistas y los centralistas , [263] la Comisión de Notables publicó el Manifiesto de los Notables en el que justificaba las bases constitucionales que había elaborado con una visión del gran objetivo de «fortalecer... las conquistas del espíritu moderno, establecer el orden público sobre bases sólidas y proteger los principios fundamentales de la monarquía española de contingencias peligrosas». [264] [265]
Como resultado de las "maniobras" del ministro de Gobernación Francisco Romero Robledo , [266] las elecciones, en las que hubo una abstención que, según cifras oficiales, [267] superó el 45% —el 65% en las grandes ciudades— [268] se saldaron con una mayoría aplastante para Cánovas en las Cortes (333 diputados de 391) [262] [268] [269] y los moderados sólo obtuvieron doce escaños —"se les destrozó en las urnas"— [270] de modo que muchos miembros del viejo partido de la época isabelina se afiliaron al partido de Cánovas. [200] [271] La gota que colmó el vaso a los moderados la dio Cánovas cuando, con ocasión de la discusión del artículo 11 de la Constitución, que no reconocía la unidad católica propugnada por los moderados, les obligó a pronunciarse planteando una cuestión de gabinete. La "agonía" del Partido Moderado, "sin embargo, duró hasta 1882. La absorción total del moderantismo por el Partido Liberal Conservador sólo se completó cuando, en 1884, la Unión Católica, fundada por Pidal en 1881, se unió al partido". [272]
Por el contrario, a los constitucionalistas de Sagasta, tras un pacto previo, [273] Romero Robledo les "concedió" veintisiete escaños [262] ―uno de ellos para el propio Sagasta por Zamora, que disfrutaría casi de forma permanente― como premio al reconocimiento que habían hecho en noviembre de 1875 de la nueva monarquía al declarar públicamente su pretensión de "ser hoy el partido más liberal del Gobierno dentro de la Monarquía constitucional de Alfonso XII". [274] [275]
Las Cortes surgidas de las elecciones, bautizadas por algunos críticos como Las Cortes de los Milagros en referencia al masivo fraude electoral, [276] fueron las que desde el 15 de febrero de 1876, día en que el rey inauguró solemnemente la legislatura, [277] discutieron el proyecto de Constitución en muy pocas sesiones ―los títulos relativos a la Corona y sus poderes no fueron debatidos a propuesta de Cánovas, pese a las protestas de los escasos diputados republicanos, como Emilio Castelar― y finalmente lo aprobaron el 24 de mayo en el Congreso ―por 276 votos contra 40― y el 22 de junio en el Senado ―por 130 contra 11―. [278] [279] [280] [281] "Las Cortes se encontraron ante la realidad de que su trabajo no era propiamente constituyente. Se limitaron a aceptar el texto de la Comisión y a aprobar su contenido... El último día de junio la Constitución estaba lista para su promulgación". [249]
La Constitución, un texto breve (89 artículos más un artículo adicional), [282] fue una suerte de síntesis de las Constituciones de 1845 ―moderada― y de 1869 ―democrática―, [283] pero con un fuerte predominio de la primera, pues recogía su principio doctrinal fundamental : la soberanía compartida de las Cortes con el rey, en detrimento del principio de soberanía nacional en el que se basaba la Constitución de 1869. [245] [284] [285] [286] [287] [288] Esta última conservaba la amplia declaración de derechos individuales, pero los reconocía con restricciones al abrir la posibilidad de que leyes ordinarias los limitaran, restringieran su ejercicio o incluso los suspendieran. [245] [284] [285] [286] [289] [290]
En cuanto a las cuestiones conflictivas, se optó por una redacción ambigua, que sería determinada por las leyes que la desarrollarían, posibilitando así que cada partido, conservador o liberal, gobernara con sus propios principios, sin necesidad de alterar la Constitución. [245] [284] [285] [286] [289] [290] Este fue el caso del sufragio , pues se dejó a la ley electoral determinar si sería restringido ―como defendían los moderados y los canovistas― o universal ―como defendían los "revolucionarios" constitucionalistas de Sagasta― . Sin embargo, con una u otra ley ―la de 1878 que determinó el retorno al sufragio restringido, con el que sólo 850.000 personas tenían derecho a votar; o la ley de 1890 que estableció definitivamente el sufragio universal (masculino), con la que entre cuatro y medio y cinco millones de personas tenían derecho a votar― [190] [291] [292] [293] [294] el fraude fue lo que caracterizó las elecciones de la Restauración. Los gobiernos se formaban antes de las elecciones y luego se convocaban y siempre obtenían una amplia mayoría en el Congreso. [295] [296]
En cuanto a la cuestión más controvertida, que sin duda era la religiosa, [297] se abolió la libertad de culto reconocida en la Constitución española de 1869 , [282] pero Cánovas tuvo que usar toda su autoridad para impedir la reintroducción de la unidad católica (como en la Constitución de 1845 ). [245] [271] [282] [298] La alternativa de Cánovas afirmaba el carácter confesional (católico) del Estado, pero al mismo tiempo establecía la tolerancia para otras religiones a las que se permitía el culto privado. [271] [282] [299] El conflictivo artículo 11 de la Constitución, redactado personalmente por el propio Cánovas, [271] quedó finalmente como sigue: [271]
Art. 11. La religión católica, apostólica y romana es la del Estado. La Nación está obligada a mantener el culto y a sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio del culto respectivo, salvo el respeto debido a la moral cristiana. Sin embargo, no se permitirán ceremonias ni manifestaciones públicas distintas de las de la religión del Estado.
La Iglesia católica acabaría aceptando la nueva situación, pues confiaba en que las leyes orgánicas posteriores respetarían sus intereses, lo que en efecto ocurrió, como reconoció años más tarde el cardenal primado español: «el artículo 11 de la Constitución ha protegido los intereses católicos con mayor eficacia que una disposición prohibitiva». [271]
Para los redactores de la Constitución, con Cánovas del Castillo al frente, «la Monarquía en España no era meramente una forma de gobierno, sino el núcleo mismo del Estado español. Por eso Cánovas sugirió a la Comisión de Notables que en su dictamen propusiera la exclusión del examen y debate de las Cortes de los títulos y artículos referentes a la Monarquía. La Monarquía estaba así por encima de las determinaciones legislativas, tanto de carácter ordinario como constitucional». [300] [301] «En el pensamiento de Cánovas, la Monarquía era la representación por excelencia de la soberanía, pero también el símbolo de la legalidad y la permanencia, por encima de la lucha de los partidos», afirmaba Manuel Suárez Cortina. [302]
Para Cánovas del Castillo, lo ocurrido durante la Monarquía de Isabel II y durante el Sexenio Democrático demostró que no era la opinión de la sociedad civil la que determinaba qué opción política ocuparía el poder, pues eran los gobiernos los que "hacían" las mayorías parlamentarias que necesitaban para gobernar, y no las elecciones las que "hacían" a los gobiernos. La prueba fue que los gobiernos siempre ganaban elecciones, fueran del partido que fueran. "Si hay algo en lo que tenemos una evidente inferioridad respecto a todas las demás naciones constitucionales, ese algo es la fuerza, la independencia, la iniciativa del cuerpo electoral", afirmó Cánovas. "Aquí el gobierno ha sido el gran corruptor. El cuerpo electoral, en gran parte,... no es más que una masa que se mueve al empuje y a la voluntad de los gobiernos", añadió. Opinión que compartían otros políticos, como Manuel Alonso Martínez : «El cuerpo electoral está hoy completamente falto en España (...) Nada hay en España más desigual que la lucha del elector con el gobierno; el poder, que tiene en sus manos inmensos medios, es generalmente pródigo y generoso con el elector amigo, mientras que es injusto y hasta cruel con el elector adversario...». [303] También por los constitucionalistas de Sagasta. Su periódico La Iberia publicaba en marzo de 1877: «¿Puede negarse que nuestras costumbres son malas?... ¿Qué gobierno ha sido derrotado en la lucha electoral?... Ninguno. Esto prueba que nos faltan... las buenas prácticas y la moderación, templanza e imparcialidad de los gobernantes». [304]
Así, sería necesario recurrir a algún otro instrumento para garantizar la alternancia de las dos grandes opciones políticas liberales, y para Cánovas del Castillo, ese “otro” instrumento era la Corona. [305] La Corona se convertía así en el “poder moderador”, el garante de que los gobiernos no se perpetuaran en el poder, aunque hubieran perdido la confianza de la “opinión” ―de la opinión pública, de los electores― gracias a los mecanismos que poseían para manipular las elecciones. La Corona, pues, será la que determine los cambios de gobierno en función de la interpretación que haga de los cambios que detecte en la “opinión”. En definitiva, para Cánovas, la Corona era el único garante posible de la “soberanía nacional” dada la falta de independencia política de la “sociedad civil” en su conjunto. [306] [307] "El rey no se atiene, para designar un gobierno, a la opinión del cuerpo electoral expresada en mayorías parlamentarias. Era al contrario: el rey nombra un jefe de gobierno que propone ministros al rey, que recibe un decreto de disolución [de las Cortes], y que convoca nuevas elecciones, pactando los resultados con las diversas fuerzas políticas (" encasillado ") capaces de movilizar a sus respectivas clientelas; de esta manera "se celebran elecciones" que, indefectiblemente, proporcionan mayorías cómodas al gobierno que las convoca", afirmaba José María Jover . [308]
En consecuencia, como ha señalado Carlos Dardé, «en el rey se depositaba el ejercicio práctico de la soberanía, pues era él quien otorgaba el poder a un partido que luego convocaba elecciones, en las que siempre obtenía la victoria. Esta atribución real ―la tarea de formar el gobierno, que conllevaba el decreto de disolución de las Cortes existentes y la convocatoria de nuevas elecciones― se llamaba «la prerrogativa real» por excelencia. Y en efecto lo era». [5] «Dada la práctica gubernamental de utilizar todos los recursos del poder para lograr la victoria en las elecciones, el monarca se convirtió en la piedra angular del sistema». [309] El embajador británico en España, Robert Morier, lo expresó así en 1882 a su gobierno: [310]
En este país, el último recurso, la decisión final sobre los destinos políticos de la nación, no descansa en los distritos electorales ni en el voto popular, sino en otro lugar no definido en la Constitución. De iure , y según la letra de la ley, esto es así, porque, si bien el rey puede llamar a quien quiera, la persona llamada no puede gobernar sin una mayoría parlamentaria. Pero esta mayoría no es el resultado del voto popular sino de manipulaciones dirigidas desde el Ministerio del Interior, ya que la máquina electoral pertenece por completo a este departamento. [...] Siendo esta la particularidad constitucional de este país parlamentario, el objetivo de cada partido es necesariamente obtener la posesión del Ministerio del Interior y de la máquina electoral, y como la Corona puede constitucionalmente, en cualquier momento, poner esta máquina en las manos que quiera, el papel muy importante asignado a la prerrogativa real es inmediatamente evidente.
Sin embargo, como ha señalado Ramón Villares, el ejercicio del «poder moderador» por parte del rey estará «plagado de dificultades hasta el punto de que la función del monarca podría definirse como la de un «piloto sin brújula», es decir, una figura dotada de enormes poderes pero carente de los instrumentos necesarios para desempeñarlos adecuadamente». [311] José María Jover ha planteado el mismo problema: «A falta del indicador de unas elecciones auténticas, ¿a qué indicador se atiene el rey para dar el poder a uno u otro dirigente, a uno u otro partido político?» Jover responde siguiendo a José Varela Ortega: a «su capacidad para mantener la «unidad del partido», su capacidad para aglutinar su propio hemisferio político, dentro del bipartidismo que impone la práctica constitucional». [312]
El principio de “soberanía compartida” rey/cortes sancionado en la Constitución ―en su artículo 18 se dice que “la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey”― [313] era la cobertura legal de la función de la Corona de distribuir el poder entre los partidos. Esto suponía, sin duda, otorgar a la Corona un poder personal y extraordinario ―no absoluto, pues estaba limitado por la Constitución y las demás convenciones políticas―, pero se justificaba, según Cánovas, por la falta de un electorado independiente de los gobiernos. “La Monarquía entre nosotros tiene que ser una fuerza real y eficaz, decisiva, moderadora y directora, porque no hay otra en el país”, afirmaba Cánovas. «Es necesario que el poder moderador [la Corona] suplante algunas de las funciones que en un régimen representativo normal y perfecto deben desempeñar las del cuerpo electoral», afirmaba el político liberal Manuel Alonso Martínez, gran aliado de Cánovas en la redacción de la Constitución de 1876. [302] [314] En definitiva, como ha señalado el historiador Ramón Villares, «el monarca tenía en sus manos todas las llaves del sistema político de la Restauración». Así, los gobiernos debían gozar de la «doble confianza» de las Cortes y del Rey para poder ejercer como tales. [311] «Según el artículo 49, ningún mandato del rey podía llevarse a cabo sin el refrendo de un ministro. Cuando el rey discrepaba de sus ministros, no quedaba otra fórmula que destituir al Gobierno o transigir y someterse a su criterio». [300]
Así, la figura del rey constituyó el eje básico del régimen de la Restauración, pues en torno a él giraba la vida política. La llamada «prerrogativa regia» consistía precisamente en la capacidad de la Corona para arbitrar sobre ella. Como ha señalado Manuel Suárez Cortina, «Cánovas consiguió un viejo propósito, que la Monarquía fuese real y eficaz, moderadora y directora de la vida política mientras no existiese un cuerpo electoral estable y maduro que determinase los cauces por los que debía discurrir la acción del Gobierno». [302] Sin embargo, advierte Suárez Cortina, el precio fue «el fraude permanente con que se desarrollaron las elecciones en la España de la Restauración... La vida política representaba una ficción, donde los actores reales, los electores, eran sustituidos por la voluntad regia, propiciando un viraje político que daba estabilidad al sistema, pero que a su vez se hacía de espaldas a la voluntad nacional. Fue el medio empleado por las burguesías conservadoras, tras el marasmo político representado por el Sexenio democrático ». [315]
Carlos Dardé coincide: “Al decidir que fuera el rey quien distribuyera alternativamente el poder, los pronunciamientos como medio para conseguirlo perdieron sentido, pero también desincentivaron la lucha electoral… No anularon por completo la competencia entre los partidos ―porque el rey, en el ejercicio de su función, debía tener en cuenta el componente social de cada uno―, pero tendieron a debilitarla, y a retrasar la movilización política. Peor aún, se reforzó el componente clientelista de los partidos; es decir, el favor y el amiguismo como criterios básicos en la distribución de los beneficios inherentes al poder, en lugar de principios generales, racionales y universales. Dado, por otra parte, que la justicia también estaba mediatizada por el poder político, “la corrupción y el soborno no tenían otro freno que la moral individual”, como ha señalado Joaquín Romero Maura. La falta de legitimidad moral del sistema acabó pasándose un alto precio”. El propio rey confesó en privado que había fracasado completamente en su ambición de «moralizar la administración pública española» y que «lo peor era que todo esto se veía con la mayor tranquilidad». [316]
Como ha señalado José María Jover, «cualquier análisis histórico de la Constitución de 1876 debe partir del hecho de que la dinámica política prevista en su articulado ―el papel decisivo del cuerpo electoral, de las mayorías parlamentarias que teóricamente comparten con el rey la función de mantener o derrocar gobiernos― no sólo no se va a desarrollar en la práctica conforme a tales previsiones formales, sino que sus mismos artífices cuentan de antemano con ese desajuste entre la letra y la realidad de su aplicación». [317] Partiendo de esa dualidad «constitución formal y funcionamiento real de la vida política», [318] «los partidos podían [desde el poder] desarrollar sus proyectos al mismo tiempo que disponían del presupuesto y de los puestos en la administración para satisfacer a su clientela; es decir, para conceder favores a sus seguidores, que podían compartir ideas comunes, pero también buscaban beneficios materiales», aseveraba Carlos Dardé. [319]
Una de las prioridades del gobierno conservador de Cánovas fue poner fin a las dos guerras que aún continuaban al ser restaurada la monarquía: la guerra de Cuba y la Tercera Guerra Carlista . Respecto a esta última, el objetivo político del gobierno fue tratar de eliminar el apoyo que recibían los carlistas de sectores católicos y de la jerarquía eclesiástica. La revisión de las medidas «antirreligiosas» adoptadas durante el Sexenio iban en esta dirección ―«el carlismo, más que con las armas, será derrotado quitándole la bandera», había dicho Manuel Duran y Bas a Cánovas en febrero de 1875―, así como la presentación en mayo de 1875 de una queja al Vaticano por su falta de cooperación para «la terminación de la guerra civil» y por su apoyo a un clero que «conspira y está en armas contra el Rey». Un logro político del gobierno fue conseguir que el viejo general carlista Ramón Cabrera , entonces residente en Londres, reconociera a Alfonso XII como rey y también que declarara estériles las luchas entre católicos. La reacción del pretendiente carlista Carlos VII fue despojar a Cabrera de todos los honores y empleos que le había concedido. [320] [321] Según Carlos Seco Serrano , la «conversión» del viejo «caudillo» carlista se debió especialmente a la grata impresión que le causó el príncipe Alfonso cuando le visitó en la Academia de Sandhurst. A cambio obtendría el reconocimiento como capitán general y los títulos que ostentaba. [322]
En el plano militar, la primera operación, comandada personalmente por el ministro de la Guerra, el general Jovellar , se dirigió contra la llamada zona «centro» carlista, que comprendía territorios de Aragón , el extremo sur de Cataluña , el norte de Valencia y Castilla , donde actuaban grupos guerrilleros. El éxito fue rotundo, ya que tras la toma de varias plazas fuertes, como Miravet y Cantavieja en junio, el ejército al mando del general Antonio Dorregaray se vio obligado a retroceder hacia las provincias vascas ―decisión que algunos carlistas consideraron una «traición»―. La desaparición de la zona «centro» facilitó las operaciones en Cataluña, segundo feudo carlista, cuyas fuerzas ocupaban dos tercios del territorio. Allí el ejército, comandado por el general Martínez Campos, logró en agosto de 1875 la rendición de La Seu d'Urgell , tras treinta y siete días de asedio, lo que abrió la puerta al control de todo el territorio ―el 19 de mayo había caído Olot― . La tercera y última operación militar se dirigió contra el gran reducto carlista, las Provincias Vascongadas y Navarra, donde habían formado un Estado embrionario con un numeroso ejército regular. Se trató de una acción de pinza del Ejército del Norte ―al que se habían sumado tropas militares del «centro» y de Cataluña― procedentes de Navarra (por la derecha) y de Vizcaya (por la izquierda), que culminó el 19 de febrero de 1876 con la toma de Estella , sede de la corte del pretendiente Carlos VII, después de que las tropas gubernamentales al mando del general Fernando Primo de Rivera ganaran la batalla de Montejurra. A finales de febrero Carlos VII cruzó derrotado la frontera francesa. [323] [324] [325] [326] [327]
Cánovas se encargó de que el mando supremo de los ejércitos que combatían en el «Norte» lo ostentara personalmente el rey, que estaba presente en el teatro de operaciones vasco-navarro. De hecho, entró al frente de las tropas primero en San Sebastián y después en Pamplona (en esta última ciudad el mismo día 28 de febrero en que Carlos VII abandonó España). [328] [329] En su proclama al Ejército con motivo del fin de la guerra, Alfonso XII se presentó como la encarnación del «rey-soldado» (el papel que le había asignado Cánovas): [329] [330]
Soldados: con dolor me despido de vosotros. Nunca olvidaré vuestras hazañas; no olvidéis, en cambio, que me encontraréis siempre dispuesto a abandonar el palacio de mis mayores para ocupar una tienda en vuestros campamentos; a ponerme delante de vosotros y que al servicio de la patria correré, si es necesario, mezclada con la vuestra, la sangre de vuestro Rey.
En el "Pregón de Somorrostro" del 3 de marzo se hacía un llamamiento a la reconciliación: "nadie debe ser humillado por su derrota; al fin y al cabo, el hermano del vencedor es el vencido". [331] Cuando Alfonso XII regresó a Madrid fue aclamado por la multitud. Hizo su entrada en la capital bajo arcos triunfales y recibió el sobrenombre de "El Pacificador". [331] [332]
Las atribuciones del «rey soldado» —una «imagen poco habitual en la España del siglo XIX, fuera del carlismo»— [257] quedaron plasmadas en la Constitución aprobada en junio de 1876 —el Rey «tiene el mando supremo del Ejército y la Marina y dispone de las fuerzas de mar y tierra» (art. 52) y «otorga los grados, ascensos y recompensas militares con arreglo a las leyes» (art. 53)— [333] y fueron confirmadas por la Ley Constitutiva del Ejército de 1878 que otorgaba «exclusivamente» al Rey el mando supremo del Ejército, eximiéndole de la necesidad de que sus órdenes fueran refrendadas por la firma de un ministro responsable cuando asumiera «personalmente» el mando. El monarca tenía también un papel destacado en el nombramiento de todos los jefes militares. [190] [257] [333]
Estos poderes militares del «soldado-rey», en la visión de Cánovas, tenían la función de «civilizar» la vida política, frenando la tendencia de los militares a intervenir (evitando así el pretorianismo y el « caudillismo » de algunos generales). Y este objetivo de apartar al Ejército de la política se conseguiría plenamente como lo demostraría el hecho de la poca trascendencia, y el fracaso, de los pocos pronunciamientos republicanos que tuvieron lugar. [190] [334] [335] El propio rey se atribuyó el mérito del éxito de «excluir al ejército de la vida pública». [336]
Derrotados los carlistas, Cánovas resolvió definitivamente el problema de la reintegración de las provincias vascongadas a la «legalidad común» de la monarquía constitucional, pendiente desde la Ley de Confirmación de Fueros de 1839 [337] [338] aprobada tras la convención de Vergara que puso fin a la Primera Guerra Carlista ―a diferencia de lo que había ocurrido en Navarra donde se había llegado a un acuerdo y se había aprobado la Ley Paccionada de 1841―, [339] [340] si bien un Real Decreto de 1844 ya había introducido algunas modificaciones en el régimen foral de las « vascongadas » [341] (se estableció la unidad judicial, se trasladaron las aduanas a la costa y a la frontera, se suprimió el « paseo foral », etc.). [342]
Cánovas convocó en abril de 1876 a los comisarios de Álava, Gipuzkoa y Vizcaya «para oírles sobre el inmediato cumplimiento del artículo 2 de la ley de 25 de octubre [1839]», pero no se llegó a ningún acuerdo, [343] [344] por lo que promovió la aprobación por las Cortes de la Ley de 21 de julio de 1876 (Gaceta de Madrid, 25 de julio de 1876) que las autoridades vascas calificaron de ley «abolitoria» del régimen foral y que se resistieron a aplicar. [339] [345] La ley no abolía el régimen foral —se mantenían las Juntas y las Diputaciones—, sino que «se limitaba a abolir las dos exenciones de que hasta entonces gozaban Álava , Gipuzkoa y Vizcaya por ser incompatibles con dicho principio [de unidad constitucional]», si bien «las Cortes otorgaron plenos poderes al Gobierno de Cánovas para la ejecución de dicha ley». [346] El artículo 1 de la Ley se refería precisamente al régimen fiscal y al sistema de quintas : [347]
Los deberes que la Constitución política ha impuesto siempre a todos los españoles de concurrir al servicio militar cuando la ley les llame y de contribuir, en proporción a sus haberes, a los gastos del Estado, se extenderán, como se extienden los derechos constitucionales, a los habitantes de las provincias de Vizcaya, Gipuzkoa y Álava, lo mismo que a todo el resto de la nación.
Como ha señalado Luis Castells, "la conmoción fue terrible en el País Vasco, donde se extendió la opinión de que con esta ley se suprimía el régimen foral", aunque no se eliminaron ni las Asambleas Generales ni las Diputaciones forales. De hecho, fueron estas instituciones las que encabezaron el movimiento de resistencia a la aplicación de la ley "suprimiendo los fueros, buenos usos y costumbres del País Vasco", como declararon conjuntamente las tres diputaciones. Por su parte, las respectivas Asambleas Generales también consideraron que la ley era "derogatoria de sus Fueros, instituciones y libertades". [349] En realidad, según Castells, "la voluntad de Cánovas no era la de suprimir el régimen foral en su totalidad; sí quería aplicar la unidad constitucional en el sentido ya mencionado (fiscalidad, servicio de las armas), reforzar la unidad política, pero dejando subsistir el régimen administrativo. Como manifestó en varias ocasiones, su idea era implantar en las provincias vascas el modelo navarro surgido en 1841, suprimiendo lo que entendía como privilegios caducos...". [350] De hecho, Cánovas había elogiado años antes los fueros vascos en el prólogo que escribió al libro Los vascongados de Miguel Rodríguez Ferrer. [351]
El gobierno exigió el cumplimiento de la ley, es decir, que se empezara a contribuir con dinero y hombres, pero las instituciones forales manifestaron públicamente que no iban a «cooperar directa o indirectamente a la ejecución de dicha ley» porque implicaba «la pérdida de nuestras libertades sin las cuales no es posible concebir la existencia del País». [352] Se inició entonces una lucha constante entre el gobierno y las autoridades forales que duraría dos años (por ejemplo, a principios de 1877 las diputaciones y ayuntamientos vascos pusieron todos los obstáculos posibles para impedir el alistamiento de jóvenes para el servicio militar y por la misma época el gobierno llegó incluso a prohibir la publicación de artículos en la prensa vasca contrarios a la ley). [353]
Durante esta época las posiciones transigentes de los vascos dispuestos a negociar con el gobierno, para encontrar «la forma de conciliar los derechos de la provincia con los intereses generales de la nación», fueron ganando terreno en Gipuzkoa y Álava, mientras que en Vizcaya, con su Diputado General Fidel Sagarmínaga a la cabeza, seguían predominando los intransigentes opuestos a cualquier «arreglo foral». La respuesta del gobierno fue sustituir en mayo de 1877 la Diputación Foral de Vizcaya por una Diputación Provincial como las existentes en el resto de España. Por su parte, las Diputaciones de Gipuzkoa y Álava estaban dispuestas a negociar, pero como seguían insistiendo en no reconocer la ley de 1876, el gobierno también las disolvió seis meses después, sustituyéndolas por diputaciones forales ordinarias. [348] «Ahora sí que podríamos hablar de abolición foral, aunque su legado seguirá estando presente en el País Vasco», comentó Luis Castells. [354]
Cánovas negoció entonces con los representantes de las tres diputaciones provinciales, dominadas ahora por los transigentes , [351] llegándose a un acuerdo que se plasmó en el real decreto de 28 de febrero de 1878, que establecía la entrada de las tres provincias vascas en el « concierto económico de la nación ». Según el decreto, las diputaciones recaudarían los impuestos y entregarían una parte de ellos ―el «cuota»― al Estado ―esta misma solución se había aplicado en Navarra un año antes, mediante un procedimiento distinto―. [339] [351] [355] [356] "La fórmula del acuerdo económico era, pues, una solución de compromiso acorde con el conjunto del funcionamiento político canovista. De hecho, parece que los citados conciertos no fueron excesivamente contestados por el momento por la población y las autoridades forales, aunque el agravamiento del sentimiento foralista quedaría potencialmente como fuente del futuro movimiento nacionalista ", ha señalado Feliciano Montero. [347] Según José Luis de la Granja, "el Acuerdo, al igual que el de Navarra, fue bien recibido por la burguesía vasca, especialmente por la vizcaína, que iniciaba entonces el proceso de revolución industrial, ya que resultaba muy ventajoso para sus negocios al basarse en la imposición indirecta y apenas tributaba con impuestos directos". [351] Según Luis Castells, el "acuerdo económico" implicaba "que persistiera la especificidad administrativa de las provincias vascas, aunque asentada sobre un fundamento distinto". «Fue casi unánime el criterio de los beneficios que generaba al País Vasco, empezando por el hecho de que ya desde este primer momento «esas provincias estaban mucho menos cargadas de impuestos que las demás», como reconoció el propio Cánovas», añade Castells. [357] De hecho, en las elecciones generales españolas de 1879 ganaron los transigentes y «desde entonces las provincias vascas quedaron integradas en la Monarquía de la Restauración, sin los Fueros pero con los Conciertos, lo que supuso una importante autonomía económica y administrativa, pero no una autonomía política». [351]
Aprobada la Constitución de 1876, a la que los sectores católicos mostraron su oposición porque no reconocía la unidad católica, el conflicto se trasladó a la aplicación y desarrollo del artículo 11, que concedía cierta tolerancia, reducida al ámbito privado, a las confesiones no católicas ("Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio del culto respectivo, salvo el respeto debido a la moral cristiana. Sin embargo, no se permitirán ceremonias ni manifestaciones públicas distintas de las de la religión del Estado"). Cánovas intentó tranquilizar a la jerarquía católica restringiendo el alcance del artículo 11 mediante una circular que envió el 23 de octubre de 1876 a todos los gobernadores civiles dándoles instrucciones para su aplicación. [358] En las instrucciones, disentidas por los ministros menos conservadores del gobierno como Manuel Alonso Martínez o José Luis Albareda y también por los embajadores extranjeros, particularmente el británico, se afirmaba: [359]
Es manifestación pública (y por tanto constitucionalmente sujeto a prohibición) todo acto ejecutado en la vía pública o en los muros exteriores del templo o cementerio que dé a conocer ceremonias, ritos, usos y costumbres del culto disidente. La apertura de un templo o escuela disidente debe ser comunicada a la autoridad local o al gobernador. Las escuelas deben funcionar independientemente del templo.
En relación con el alcance del artículo 11, surgió un nuevo conflicto con la jerarquía católica cuando el gobierno presentó a las Cortes en diciembre de 1876 su proyecto de ley sobre Instrucción Pública. Las presiones de los obispos y de sectores católicos, apoyados por el Vaticano, lograron finalmente que el proyecto fuera retirado, posponiéndose su posible aprobación hasta la siguiente legislatura (en realidad hubo que esperar a 1885). Los obispos se opusieron al proyecto de ley porque establecía el principio de la enseñanza primaria obligatoria, lo que entendían que consagraba el monopolio del Estado sobre la educación en detrimento de la Iglesia y de las familias. Además, no garantizaba el derecho de los obispos a inspeccionar y censurar el contenido de la educación (tal y como reconocía el Concordato de 1851 , todavía vigente) porque estaba subordinado a la alta inspección del Estado. [360] En 1885, durante el segundo gobierno conservador de Cánovas, el ministro de Obras Públicas neocatólico , Alejandro Pidal y Mon, aprobó un decreto que favorecía la educación religiosa privada, que a partir de entonces cobró enorme impulso. [360]
Otra fuente de conflicto fue la cuestión del matrimonio canónico . Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Cánovas había sido restablecer la plena validez civil del matrimonio canónico mediante un Decreto de 9 de febrero de 1875, que modificaba la Ley Provisional de Matrimonio Civil de 1870, aprobada a principios del Sexenio Democrático . Los problemas surgieron cuando en mayo de 1880 se presentó un proyecto de ley sobre los efectos civiles del matrimonio, que la jerarquía católica rechazó porque negaba al Estado la facultad de regular un sacramento , como el matrimonio, y por tanto sujeto únicamente al derecho canónico . Sólo tras siete años de negociaciones la Santa Sede reconoció la facultad del Estado para regular los efectos civiles del matrimonio religioso, y el acuerdo alcanzado en marzo de 1887 fue incluido en la base 3ª del Código Civil de 1889. [ 361]
Por otra parte, el gobierno de Cánovas intentó que la Santa Sede descalificara a los católicos más integristas , que seguían sin aceptar la nueva monarquía restaurada porque ésta no había reconocido el principio de unidad católica, rechazando cualquier tipo de colaboración con ella, y entre ellos se encontraban un buen número de obispos que abrazaban los postulados tradicionalistas - carlistas . La llegada de León XIII al pontificado en febrero de 1878 facilitó el acercamiento porque el nuevo papa mantenía una posición posibilista respecto a los regímenes liberales y no de completo rechazo como su predecesor Pío IX , autor del Syllabus . Fruto de este nuevo posibilismo vaticano fue la fundación en 1881 de la Unión Católica encabezada por Alejandro Pidal y Mon, pero impulsada por la jerarquía, y cuyo nombre respondía al propósito de unir a todos los católicos, tanto carlistas como alfonsinos. Pero la Unión Católica posibilista seguiría siendo minoritaria frente al sector tradicionalista encabezado por Cándido Nocedal, fundador del influyente periódico integrista El Siglo Futuro , como demostraría la peregrinación a Roma en 1882 para "hacer las paces" con el anterior Papa Pío IX, que Nocedal intentaría aprovechar para descalificar a la Unión Católica y a los defensores del posibilismo, y que finalmente fue desautorizada por el Vaticano. El propio Papa se vio obligado a intervenir e hizo pública la carta encíclica Cum Multa dirigida exclusivamente a los católicos españoles, pero que no logró su propósito de acabar con la división entre ellos. [362] [363] León XIII indicó en Cum Multa la necesidad de «huir de la opinión equivocada de quienes mezclan [e] identifican la religión con algún partido político, hasta el punto de tener casi separados del catolicismo a los que pertenecen a otro partido. Esto, en verdad, es introducir erróneamente partidos en el augusto campo de la religión, querer romper la concordia fraterna y abrir la puerta a una multitud de inconvenientes». [363]
Tras la victoria en la Tercera Guerra Carlista, el gobierno de Cánovas se propuso acabar con la otra guerra que quedaba pendiente: la de Cuba . Iniciada en octubre de 1868, había causado ya cerca de cien mil muertos, de los que más del 90% habían sido provocados por enfermedades. [355] [364] Entre 42.000 [365] y 70.000 soldados [366] fueron enviados a la isla como refuerzos ―para hacer frente a 7.000 insurgentes― [367] y se suscribió un préstamo de 200 millones de pesetas con el recién creado Banco Hispano Colonial para financiar la campaña. [368] El general Martínez Campos fue enviado a la isla para comandar las operaciones y desembarcó en noviembre de 1876. En un intento de reducir el apoyo de la población a los rebeldes ―sobre todo la población rural― introdujo normas humanitarias en la actuación de los soldados españoles que empezaron a dar resultados, aprovechando la creciente división interna de los rebeldes. [355] [366] [369] [370]
En el otoño de 1877, Martínez Campos inició conversaciones con los rebeldes que culminaron con la firma del acuerdo o convención del Zanjón el 10 de febrero de 1878. En ella se concedían a Cuba las "mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas de que gozaba la isla de Puerto Rico ". [369] [371] [372] [373] [374] La "paz del Zanjón" era vista como el inicio de una nueva era para la isla, "en la que muchas de las libertades formales de un Estado liberal estaban al alcance de los cubanos". [375] [376] Sin embargo, muchos plantadores y propietarios de esclavos no la veían del mismo modo "porque les parecía demasiado lo que se concedía a los enemigos" y uno de sus representantes la calificó como "la mil veces maldita paz del Zanjón". [377]
La buena noticia del fin de la guerra en Cuba se vio ensombrecida por la enfermedad y muerte de la reina María de las Mercedes de Orleans . Los médicos le diagnosticaron «fiebre tóxica esencial» para no utilizar la palabra « tifus ». Murió el 26 de junio de 1878, dos días después de cumplir 18 años. [378] [379] Alfonso XII quedó conmocionado por la muerte de su esposa, con la que se había casado por amor sólo cinco meses y tres días antes. [380] [381] Cuatro meses después, el 23 de octubre, el rey sufrió un atentado cuando pasaba a caballo por la calle Mayor. Un individuo escondido entre la gente que se agolpaba en las aceras sacó una pistola y disparó dos tiros contra el rey, que salió ileso. Falló porque uno de los espectadores desvió la mano en la que sostenía la pistola. El autor del intento de regicidio, Juan Oliva Moncusí, que declaró pertenecer a la AIT, fue detenido en el lugar. Sería ejecutado mediante estrangulamiento el 4 de enero de 1879. [382] El atentado activó los planes de Cánovas para que el rey volviera a casarse y asegurara así la continuidad de la dinastía. «Don Alfonso aceptó resignado su obligación: le dijo a Cánovas que debía elegir». [383] [384] La elegida sería la archiduquesa austriaca María Cristina de Habsburgo-Lorena , de veintiún años, católica y sobrina del emperador Francisco José I de Austria . [385] [386] La boda se celebró el 29 de noviembre de 1879 en la basílica de Atocha , a la que asistió la ex reina Isabel II , que había venido expresamente desde París. [387] [388]
A principios de 1879 Martínez Campos regresó a España, convencido de que sólo la introducción de reformas políticas y económicas podría evitar una nueva insurrección en Cuba. [389] El 7 de marzo asumió la presidencia del Gobierno debido al prestigio que se había ganado como pacificador de la Mayor de las Antillas y dadas las dificultades que estaba teniendo el gobierno de Cánovas para aplicar lo pactado en la « paz del Zanjón » ―en realidad Cánovas prefería en realidad eludir las cláusulas de las que no estaba del todo de acuerdo―. [390] [391] [392] [393] Los constitucionalistas de Sagasta protestaron porque no estaban llamados a gobernar, pero, según Carlos Dardé, «parece claro que ese partido era todavía demasiado débil y, sobre todo, que algunos elementos militares importantes del mismo, como el general Serrano , duque de la Torre, no habían aceptado aún plenamente la nueva monarquía y estaban enfrascados en proyectos republicanos». [394] Según José Varela Ortega, ésta fue una de las razones que llevaron a Cánovas a aconsejar al rey un cambio de gobierno: frenar las «amenazas revolucionarias» poniendo a la cabeza del gabinete a un «general victorioso y prestigioso como Martínez Campos». [395] Por otra parte, Cánovas mantenía las palancas del poder como se demostraría en las elecciones del 20 de abril y del 3 de mayo, durante esas elecciones, los canovistas mantuvieron una amplia mayoría. [396]
Las elecciones se celebraron por sufragio censitario (sólo 847.000 hombres tenían derecho a voto), en aplicación de la nueva Ley Electoral de 1878, aprobada en diciembre de ese año bajo el gobierno de Cánovas, que sólo reconocía el derecho a voto a los «capacidades», entre los que no sólo se incluían los varones mayores de 25 años que tuvieran una determinada capacidad económica (contribuyentes a Hacienda con una cuota mínima de 25 pesetas anuales por rentas territoriales o de 50 pesetas anuales por rentas industriales), sino también los que tuvieran capacidad intelectual para votar libremente (miembros de las reales academias y cabildos catedralicios , párrocos y coadjutores ); párrocos y coadjutores; altos funcionarios —con sueldo anual superior a dos mil pesetas—; oficiales del Ejército y de la Marina exentos del servicio militar o retirados, etc.). [397] Las «maniobras» electorales dieron como resultado que el Partido Liberal-Conservador , cuyo líder seguía siendo Cánovas, obtuviera, como en las de 1876 , una mayoría aplastante: 293 diputados frente a los 56 del Partido Constitucional de Sagasta . [398] Con este resultado Martínez Campos «quedaba a merced» de Cánovas, advirtió José Varela Ortega. [399] Tras la apertura de las nuevas Cortes, el presidente del Congreso de los Diputados dio la bienvenida a los representantes de la «Gran Antilla» (Cuba) —«era la primera vez que lo hacían [tomando asiento en las Cortes] desde su expulsión en 1837»— [400] animándoles a intervenir «con sus hermanos de la península en todos los negocios de la monarquía». [401]
El proyecto de ley para la abolición de la esclavitud en Cuba —había entonces unos doscientos mil esclavos en la isla— [402] presentado a las Cortes por Martínez Campos preveía la liberación de los esclavos, pero con una fórmula transitoria, pues se concedía a los antiguos propietarios el «patronato» de sus esclavos durante ocho años, lo que significaba que conservaban el derecho a seguir utilizándolos, aunque obligados a pagarles un salario, vestirlos, alimentarlos, atender sus enfermedades y proporcionar a los niños una educación primaria. A pesar de la fórmula del «patronato» propuesta, los propietarios de plantaciones e ingenios, y sus apoyos políticos en la península, se opusieron al proyecto de ley. El debate parlamentario se aplazó hasta el 5 de diciembre con el fin de preparar la segunda boda del rey, que debía celebrarse el 29 de noviembre. [403] [404]
La situación se complicó más para Martínez Campos cuando en agosto se produjo un recrudecimiento de la guerra en Cuba con el inicio de lo que se conocería como la « Guerra Chiquita » (que finalizaría en diciembre del año siguiente). [391] [405] [406] Una nueva preocupación para el gobierno fueron las terribles inundaciones ocurridas en octubre en las provincias de Almería , Alicante y, sobre todo, Murcia , lo que sería conocido como la riada de Santa Teresa . El rey Alfonso XII acudió inmediatamente a las zonas afectadas, ganándose el cariño de la población. [407]
Una vez celebrada la boda real, se hicieron evidentes las discrepancias en el seno del gobierno por el proyecto de reforma fiscal y desgravación arancelaria propuesto para Cuba por el ministro de Ultramar Salvador Albacete y por el proyecto de ley de abolición de la esclavitud que las Cortes estaban a punto de comenzar a debatir. Esto obligó a Martínez Campos a presentar su dimisión a Alfonso XII el 9 de diciembre. Tras intentar otras opciones para evitar el «secuestro de la prerrogativa real» ―que Martínez Campos continuase al frente del gobierno, a lo que se negó; nombrar presidente del gobierno a José de Posada Herrera , al que se opusieron firmemente los conservadores de Cánovas y también los constitucionalistas de Sagasta, que reivindicaban el poder para sí; o nombrar presidente del Congreso de los Diputados, Adelardo López de Ayala , pero éste se encontraba muy enfermo: moriría el 30 de ese mismo mes de diciembre―, al rey no le quedó más remedio que llamar de nuevo a Cánovas para formar gobierno. [401] [408] [409]
Cánovas se esforzó por restablecer la unidad del partido conservador y finalmente, consciente de que ya no era posible retirarlo, hizo suyo el proyecto de Martínez Campos para la abolición de la esclavitud, en el que al parecer contaba con el apoyo del rey —el capitán general de Cuba le había escrito pidiendo que la abolición fuera lo más «amplia y liberal posible en favor del esclavo»— [410] y a pesar de la oposición que encontró por parte de los esclavistas cubanos de la Unión Constitucional . Tras introducir varias modificaciones al proyecto de Martínez Campos favorables a los esclavistas (como el mantenimiento de los castigos corporales, al que se opusieron los constitucionalistas de Sagasta ), [411] logró que fuera aprobado en febrero del año siguiente. [391] [412] Los esclavistas lograron que el reglamento de aplicación de la ley introdujera restricciones aún mayores, como la aplicación del castigo de “ cepos y grilletes ” a los “esclavos patrocinados” que se negaran a trabajar, abandonaran la plantación sin autorización, promovieran huelgas o desobedecieran las órdenes de los capataces. Con todos estos cambios, la Unión Constitucional declaró en agosto de 1880 que aceptaba el sistema de “patrocinio”. [410]
La sustitución de Martínez Campos por Cánovas al frente del Gobierno provocó el enfrentamiento entre ambos personajes ―como ha señalado Feliciano Montero, en realidad «el breve gabinete presidido por el general Martínez Campos (marzo a diciembre de 1879) [fue] un Gobierno cautivo de las directrices y del estado mayor político y administrativo de Cánovas»― y finalmente la salida del Partido Conservador del grupo que apoyaba al general, muchos de ellos militares amigos suyos, [413] y su acercamiento a los Constitucionalistas de Sagasta , lo que constituiría un paso decisivo para el nacimiento del Partido Liberal-Fusionista , el otro gran partido del régimen político de la Restauración. [414] [415] Seis meses después de la salida del gobierno, el 11 de junio de 1880, Martínez Campos y Cánovas mantuvieron un agrio debate en el Senado, durante el cual el primero destacó el papel del pronunciamiento de Sagunto en el advenimiento de la monarquía y el segundo lo despreció. "¿Es serio, tratándose de un acontecimiento tan grande como la restauración de una monarquía, pretender que todo se ha hecho levantando dos batallones sin disparar un solo tiro y negando la cooperación de grandes elementos, de inmensas fuerzas, cuando casi todo estaba hecho...?", decía Cánovas. [416] [417]
El 30 de diciembre, el rey, esta vez acompañado de la reina, sufrió un segundo atentado. Se produjo cuando se disponían a entrar en Palacio tras un paseo en un faetón conducido por el propio monarca. El autor del atentado, Francisco Otero González, de profesión pastelero, disparó dos tiros, pero falló y el rey y la reina resultaron ilesos. [418] Poco después se hizo público que la reina estaba embarazada. Se trataba de una niña, que nacería el 11 de septiembre de 1880. [419]
A diferencia del Partido Conservador , que en 1876 estaba ya casi completamente configurado bajo la dirección de Cánovas, [391] [420] aunque el proceso había sido «arduo y traumático», [421] el Partido Liberal no se constituyó definitivamente hasta la primavera de 1880. Fue entonces cuando la mayoría de los miembros del Partido Constitucional del Sexenio , siguiendo la línea trazada por los «centralistas» de Manuel Alonso Martínez ―que se habían escindido del partido en mayo de 1875 para «entrar» en el sistema, [422] y en diciembre de 1878 habían vuelto al partido―, [423] dejaron de reivindicar definitivamente la vigencia de la Constitución española de 1869 y rompieron por completo sus contactos con los republicanos de Manuel Ruiz Zorrilla y Emilio Castelar . El líder de los constitucionalistas, Práxedes Mateo Sagasta , era un político pragmático como Cánovas, que estaba convencido de que «en política no siempre se puede hacer lo que se quiere, ni siempre conviene hacer lo que es más justo». [414] [424] [425] [426] [427]
El cambio de postura de los constitucionalistas se confirmó con su «fusión» con el grupo de políticos (y militares de alto rango, como el general Pavía) procedentes del Partido Conservador encabezado por el general Martínez Campos, enfrentado con Cánovas tras el fracaso de su experiencia de gobierno. [414] [428] [429] [430] [431] [432] Así, en mayo de 1880 se creó el Partido Liberal-Fusionista , fruto de la «fusión» de los constitucionalistas de Sagasta, los conservadores de Martínez Campos y los «centralistas» de Manuel Alonso Martínez, todos ellos bajo el liderazgo del primero. [414] [423] [428] [429] [430] [433] En la gestación final del nuevo partido no fue ajeno el rey Alfonso XII. [434] [435] «Era un partido heterogéneo, poco cohesionado, en opinión de Cánovas y de los conservadores, que se resistían a ceder el poder», afirmaba Feliciano Montero. [436] De hecho, Cánovas había confesado dos años antes al embajador británico que «tenía intención de permanecer en su puesto [de presidente del Gobierno] tanto tiempo como pudiera» porque «los partidos de la oposición estaban tan divididos en facciones que, si su gobierno fracasaba, no había ningún partido liberal en cuyas manos pudiera dejar el poder con la confianza de que llevaría adelante la Restauración». [437]
Sagasta presentó el nuevo partido "fusionista" ante las Cortes el 14 de junio de 1880. En su discurso mostró su adhesión a la Constitución de 1876, condición imprescindible para poder acceder al gobierno: [438]
Este partido, el más liberal dentro de la Monarquía, pretende ajustar sus principios políticos y moldear sus procedimientos de gobierno a la interpretación más liberal, expansiva y liberal de la Constitución del Estado.
Al mismo tiempo, el diputado liberal Fernando León y Castillo denunció la identificación entre Cánovas del Castillo y el régimen de la Restauración (la "dictadura ministerial") en una intervención parlamentaria en la que dijo lo siguiente: [439]
El señor Cánovas del Castillo ha construido con tal arte el mecanismo que sólo para él puede funcionar. Dueño del Ministerio del Interior es dueño de las elecciones, dueño de las elecciones es dueño de las Cortes y dueño de las Cortes pide al monarca que le mantenga en su puesto, porque si no le mantiene las instituciones corren peligro; y con un procedimiento tan sencillo, el señor Cánovas reina y gobierna a la vez, aunque muestre más cariño por lo primero que por lo segundo.
Desde su creación, el nuevo partido liberal-fusionista presionó al rey Alfonso XII para que "en un acto de energía personal" le entregara el gobierno, amenazando incluso con la revolución. Lo cierto era, como ha señalado Carlos Seco Serrano , que «el partido canovista llevaba ya cinco años en el poder ―desde la Restauración―. Según este historiador, el rey «prefirió por el momento evitar una nueva disolución de las Cortes y la convocatoria de otras nuevas ―que hubiera sido necesaria si se hubiera convocado a Sagasta― cuando las últimas elecciones eran tan recientes». [440] Según Varela Ortega, en una entrevista que Sagasta, Martínez Campos y otros dirigentes fusionistas se reunieron con el rey en junio, quien les aseguró que les llamaría a gobernar «cuando estuviera seguro de encontrar un gobierno liberal organizado dispuesto a sustituir a los conservadores». [441] El 19 de enero de 1881, en medio de un intenso debate parlamentario, Sagasta reivindicó de la «prerrogativa real» su derecho a gobernar, advirtiendo de que sin su concurrencia no se consolidaría la Monarquía Alfonsina y lanzando una velada amenaza: [442] [443] [444]
Si mis esfuerzos y mis sacrificios fueron estériles por vuestra obstinación y vuestra tenacidad, lo veré con el alma dolorida, pero con la conciencia tranquila; porque cualesquiera que sean las vicisitudes, cualquiera que sea el destino que a todos nos prepare, como yo debo caer siempre del lado de la libertad, diré entonces con la frente levantada: estoy donde estaba; ni entonces obedecí a las inspiraciones del patriotismo, ni hoy cedo a los impulsos del deber y a los sentimientos del corazón.
Poco después, el rey recibió en Palacio a los más altos cargos del partido con motivo de su cumpleaños (23 de enero) y finalmente forzó la dimisión de Cánovas el 6 de febrero al negarse éste a firmar un decreto que le presentó, y encomendar entonces la formación de gobierno a Sagasta. «El 8 de febrero de 1881 juró el primer gabinete liberal en la Restauración». [445] Según Carlos Seco Serrano , fue el propio Cánovas quien «provocó la crisis» al incluir en el preámbulo del decreto de conversión de la deuda «la necesidad de prolongar varios años la vida del propio Gobierno, para que la operación surtiera todos sus efectos». [446] Sin embargo, según Carlos Dardé, «fue una decisión personal de Alfonso XII, que tomó sin realizar consultas y, por lo que se puede presumir, en contra del parecer de Cánovas». [447] Ángeles Lario coincide con Dardé ―«Cánovas había caído porque carecía de la confianza real»― y destaca que Cánovas debía hacer «constitucional» la decisión del rey presentando el decreto con el preámbulo con el que el monarca mostraría su disconformidad, lo que obligaba al gobierno a dimitir. [448] Lo mismo afirma José Ramón Milán García: «la crisis la provocó el propio monarca en febrero de 1881 para forzar la llegada de los liberales al poder». «Don Alfonso supo apreciar el indudable cambio experimentado por una oposición liberal que, aunque aún mantenía pulsiones revolucionarias heredadas del viejo progresismo , se había mostrado capaz de admitir entre sus filas a elementos de probada lealtad dinástica y había rebajado algunos de sus leitmotivs históricos [como la soberanía nacional], por lo que a principios de 1881 envió claros mensajes a Cánovas de que debía dejar vía libre a los liberales, lo que forzó la consiguiente crisis de gobierno que acabó con el encargo de Sagasta de formar un nuevo gabinete». [449] José Varela Ortega también considera que fue una decisión del rey. «Los motivos; los mismos que ya se apuntaron en crisis anteriores: división en el partido gobernante [sobre si ceder el paso a los liberales] y amenazas de la oposición dinástica de sumarse a una coalición revolucionaria». [450]
Los conservadores recordaron a los liberales cómo habían llegado al gobierno, como explica el periódico de esa tendencia, La Época : el partido liberal-fusionista «no debe su elevación a ninguna victoria parlamentaria sino a la libre iniciativa y voluntad del Rey». El conservador Romero Robledo, por su parte, declaró: «Hemos caído. Teníamos mayoría en las Cámaras..., pero una sabiduría superior a la nuestra... cree en sus altos designios que ha llegado el momento de cambiar de política. No queda, pues, más remedio que acatar respetuosamente esos designios y morir dignamente». [451] [452] [453] [454] Como ha señalado Carlos Dardé, «lo que quedó claro en febrero de 1881 fue que el intérprete último del estado de cosas, y quien tenía el poder de decisión ―por encima de la mayoría parlamentaria y del presidente del gobierno― era el monarca». [455]
Con la llegada al gobierno de los liberales en febrero de 1881 ―lo que causó honda impresión entre ciertos sectores que no olvidaban los antecedentes «revolucionarios» de algunos de ellos, empezando por su líder Sagasta― [456] se produjo el « giro » entre éstos y los conservadores que habría de caracterizar al régimen político de la Restauración. «En aquel momento significó el fin del exclusivismo, el cumplimiento de uno de los principios básicos del nuevo régimen, la garantía de su consolidación o, en sentido amplio, el fin de la transición política», apuntaba Feliciano Montero. [452] Lo mismo ha afirmado José Varela Ortega. [457] «La llamada al poder en febrero de 1881 abrió una nueva fase en la Restauración, rompiendo con los planteamientos restrictivos que habían dominado el quinquenio canovista», indicaba Manuel Suárez Cortina. [438] «En aquella época, para las clases conservadoras, Sagasta y sus seguidores no eran más que ese sector que había hecho la revolución , que mantenía contactos con la barricada y que señalaba permanentemente su lealtad a los ideales liberales más que a la Corona», añadía Suárez Cortina. [458] Y lo cierto era, como apuntaba Carlos Dardé, que «los «tradicionales obstáculos» que, en frase de Salustiano Olózaga , se oponían a que los progresistas gobernaran, habían desaparecido». [459]
Así, como ha señalado José Ramón Milán García, «la llegada de los fusionistas al gobierno en febrero de 1881 fue sin duda uno de los hitos fundamentales del reinado cuya relevancia no escapó a sus protagonistas, conscientes de que la iniciativa del monarca abría las puertas a la superación del enquistado enfrentamiento entre el liberalismo de izquierdas y la dinastía borbónica, y por tanto de las luchas cainitas sostenidas durante décadas entre las diversas familias del liberalismo hispánico». [460]
El Gobierno formado por Sagasta y presentado al rey el 8 de febrero estaba integrado por miembros de los tres sectores que habían formado el partido liberal-fusionista el año anterior: los constitucionalistas, los centralistas de Alonso Martínez, y el sector procedente del partido conservador encabezado por el general Martínez Campos ―el otro miembro destacado de este último grupo, José Posada Herrera , antiguo unionista , presidiría el Congreso de los Diputados―. [452] [461] [462] Los constitucionalistas formaban la izquierda del partido y defendían el principio de soberanía nacional, los centralistas y campistas constituían la derecha y defendían el principio doctrinal de la «soberanía compartida». [ 463 ] [ 464] «Las rivalidades y dificultades entre todas estas familias [políticas] se pusieron de manifiesto enseguida a la hora de repartirse los puestos administrativos y los cargos políticos en las elecciones municipales y generales», ha señalado Feliciano Montero. [452] [465]
Sagasta debía mantener el equilibrio entre todos ellos, [452] [465] teniendo en cuenta además que los liberales, al igual que los conservadores, «estaban organizados, como cualquier partido «de notables» de la época, en densas redes clientelares que se extendían desde Madrid por toda la geografía peninsular y cuya lealtad dependía, más que de grandes programas ideológicos o amistades personales, de su capacidad para dispensar toda clase de favores a sus correligionarios que presuponían el uso discrecional, arbitrario y, por tanto, fraudulento de los mecanismos administrativos». [466] [467] Sagasta era consciente de que «su poder dependía de su capacidad para preservar la unidad [del partido]», pues ésa era la condición impuesta por el rey para entregarle el gobierno, como le recordaba constantemente la prensa conservadora. [468]
Las primeras decisiones del gobierno mostraron su nueva actitud hacia las libertades públicas, [459] [469] [470] recuperando «una parte considerable de los principios del 68», [471] y corrigiendo «aquellos extremos en que la política de la Restauración había sido, de hecho, una política de reacción». [472] Así, a la autorización de las manifestaciones y banquetes con motivo del aniversario de la proclamación de la República , el 11 de febrero de 1873, siguió un real decreto que, tras anunciar que el gobierno presentaría una nueva «ley de imprenta», ponía fin a la suspensión que afectaba a varios periódicos y ordenaba la retirada de las denuncias ante los tribunales especiales y el sobreseimiento de los casos pendientes ante los tribunales ordinarios. Una circular del ministro de Gracia y Justicia Manuel Alonso Martínez levantó la censura previa en cuestiones políticas porque «no es lícito confundir la viva polémica, la censura acre y apasionada, con la calumnia y la injuria, siempre que estén implicados los poderes responsables». A esta circular le siguió otra del ministro de Fomento José Luis Albareda derogando el decreto Orovio de 1875, lo que supuso que los profesores que habían sido destituidos ―Emilio Castelar , Eugenio Montero Ríos , Segismundo Moret , Nicolás Salmerón , Gumersindo de Azcárate y Francisco Giner de los Ríos , entre otros― pudieran volver a sus puestos. [470] [473] [474] [475]
Como ha señalado Feliciano Montero, «la ampliación del marco legal de expresión, reunión y asociación, impulsada por el gobierno fusionista, posibilitó la organización de algunas movilizaciones, expresiones y manifestaciones públicas, como respuesta a determinadas políticas (fiscales) o situaciones de crisis social (Andalucía). La propaganda republicana, liberal-laicista, y, en general, de los grupos políticos e ideológicos opuestos al sistema, encontraron más posibilidades de reunirse y expresarse». [476] Por su parte, Miguel Martínez Cuadrado, citado por Seco Serrano, ha destacado que «permitió un resurgimiento muy floreciente de la vida política y de la opinión pública». [472]
El posibilista republicano Emilio Castelar valoró muy positivamente el nuevo gobierno en una carta pública dirigida a un periodista francés: [477] [474] [472]
Hemos entrado en un nuevo período político. Cánovas había prestado servicios relevantes poniendo fin a la guerra civil en España y en Cuba, pero no había sabido coronar el orden alcanzado con los sacrificios de todos, con la libertad para todos. La nación, a pesar de sus desgracias históricas, ama los principios liberales. Y debo decirles que el señor Sagasta los aplica con sinceridad y con deseo de no amedrentarse por los inconvenientes que traen. Ha colgado la ley de imprenta [de 1879] en el Museo Arqueológico de leyes inútiles; ha abierto la universidad a todas las ideas y a todas las escuelas; ha dejado un amplio derecho de reunión, que usa de la democracia a su antojo, y ha entrado en un período tal de libertades prácticas y tangibles, que nada podemos envidiar a los pueblos más liberales de la tierra.
El gobierno convocó las elecciones generales españolas de 1881 , que supusieron una victoria aplastante del Partido Liberal-Fusionista gracias a las «maniobras» del ministro de Gobernación Venancio González y Fernández. En las candidaturas liberales Sagasta favoreció a los «centralistas» y exconservadores en detrimento de los constitucionalistas ―que en algunos casos se vieron obligados a retirarse― [478] con el fin de fortalecer la unidad del partido. Esta línea más derechista se manifestó también en el programa de gobierno que Sagasta presentó ante las nuevas Cortes, pretendiendo demostrar, en palabras del propio Sagasta, «que los partidos liberales pueden gobernar España sin convulsiones, sin temores y sin disturbios». «Que los partidos liberales vayan despacio y durarán tanto como los partidos conservadores. A eso aspiro», añadió. [479] [480]
En cuanto a la labor del gobierno liberal, se suele distinguir entre medidas políticas y medidas económicas. Entre las primeras, la ley orgánica provincial, que establecía un censo electoral próximo al sufragio universal ―en cambio, los proyectos de ley sobre administración local , derecho de asociación , jurisdicción contencioso-administrativa y juicio por jurados no fueron debatidos en las Cortes― y entre las segundas, el tratado comercial con Francia de febrero de 1882, que pretendía abrir el mercado francés a los vinos españoles a cambio de concesiones arancelarias a los productos industriales franceses, que fue contestado por los sectores proteccionistas , especialmente en Cataluña, [481] y la reforma de la Hacienda, llevada a cabo por el ministro de Hacienda Juan Francisco Camacho de Alcorta ―que incluía una ley de conversión de la deuda pública, que con notable éxito permitió aligerar la carga de ésta en los presupuestos y recuperar el crédito en los mercados internacionales―, si bien los cambios en el terreno fiscal fueron mínimos (el impuesto al consumo , recayendo sobre las clases populares, siguió siendo el más importante después del impuesto aduanero ). [470] [482] [483] [484] [485] [486]
En el ámbito judicial, el mayor logro del gobierno fue la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y la institucionalización del juicio oral y público , por iniciativa del ministro de Gracia y Justicia Alonso Martínez, si bien no pudo sacar adelante el proyecto del nuevo Código Civil español debido a los problemas surgidos con el Vaticano por el régimen jurídico del matrimonio canónico y la dificultad de acomodación de los regímenes forales y el derecho civil catalán . [487] En el terreno educativo, el ministro de Obras Públicas Albareda, tras la derogación del decreto Orovio, se propuso dignificar la enseñanza primaria pública , aunque sin frenar el creciente papel de las escuelas regentadas por las órdenes religiosas , y en 1882, influido por los hombres de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), creó el Museo Pedagógico, bajo la dirección de uno de ellos ―además, el institucionista Juan Francisco Riaño ocupaba la Dirección General de Instrucción, y el propio Albareda estuvo presente en la colocación de la primera piedra del edificio de la ILE―. Su preocupación por la educación popular le llevó a impulsar las bibliotecas populares y las Escuelas de Artes y Oficios. [484] [488] Sobre estas últimas Albareda dijo: «Esta especie de escuelas de Artes y Oficios, que son nocturnas y gratuitas, son generalmente concurridas sólo por obreros, que encuentran en ellas motivos para ilustrarse y al mismo tiempo mejorar su posición social». [488]
En enero de 1883, Sagasta reorganizó su gobierno, [489] «que ya sufría demasiada presión por parte de las distintas familias políticas que habían integrado el partido fusionista», [490] entre ellas el más numeroso y destacado grupo del ala derecha encabezado por Carlos Navarro Rodrigo (sus seguidores eran conocidos como los « tercios navarros »), que aspiraba a sustituir a Sagasta. [491] Este último aprovechó el enfrentamiento que se produjo en el seno del gabinete entre el ministro de Hacienda Juan Camacho y el de Fomento José Luis Albareda con motivo del proyecto del primero de poner en venta montes y pastos públicos para aumentar los ingresos de Hacienda, al que este último se opuso porque obstaculizaba diversas iniciativas para mejorar la agricultura, entonces competencia del Ministerio de Fomento. Tanto Camacho como Albareda abandonaron el gobierno y fueron sustituidos respectivamente por Justo Pelayo de la Cuesta Núñez y por Germán Gamazo , este último hombre de los « tercios navarros », primer paso para que Navarro Rodrigo acabase aceptando el liderazgo de Sagasta en el partido. [492] [493]
Según José Varela Ortega, el cambio de gobierno fue la respuesta de Sagasta a la ofensiva del nuevo partido Izquierda Dinástica , fundado unos meses antes, cuyo objetivo era «acelerar la descomposición de la mayoría, desarticular la coalición en el poder y, eventualmente, hacer caer al gobierno de Sagasta». [494] [495] Así, Sagasta se deshizo de los hombres más significativos del ala derecha del partido, particularmente de Manuel Alonso Martínez , quien fue reemplazado al frente del Ministerio de Gracia y Justicia por Vicente Romero Girón —un político de la izquierdista Izquierda Dinástica a quien Sagasta había atraído a sus filas—. [463] [496] Sin embargo, Sagasta no pudo cumplir plenamente su objetivo debido a la resistencia que ofrecieron campistas y centralistas a abandonar el gobierno, por lo que finalmente tuvo que incluir en el gabinete a varios ministros de derecha, «una solución temporal e insatisfactoria para todos», lo que explicaría que el nuevo gobierno solo durara diez meses. [497] De hecho, el general Martínez Campos se negó a ser relevado al frente del Ministerio de la Guerra y exigió además que Vega de Armijo continuara como ministro de Estado —debía ser sustituido por el marqués de Sardoal, otro político que como Romero Girón provenía de la izquierda dinástica— y Sagasta no tuvo más remedio que transigir. [498]
El principal logro del nuevo gobierno fue probablemente la aprobación de la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883, también conocida como Ley Gullón, por el nombre del ministro de Gobernación, Pío Gullón Iglesias , que la impulsó. Se trató de una ley que permanecería vigente durante mucho tiempo. Su principal novedad fue que liberaba a la prensa de cualquier legislación especial y la devolvía al fuero común, además de poner fin definitivamente a la censura previa. Se superaba así la restrictiva ley de prensa de 1879 aprobada durante el primer gobierno de Cánovas , ya que ponía fin al control e intervencionismo de los periódicos por parte de los gobiernos. Otra novedad de la ley fue que otorgaba garantías a las empresas periodísticas al hacer responsable legal del periódico al director y no al propietario, lo que suponía que en numerosas ocasiones el director era un mero testaferro que, en caso de interponerse una demanda por lo publicado por el periódico, era el que debía enfrentarse a los tribunales e ir a la cárcel si era condenado. [499] [470] [500]
El nuevo gobierno tuvo que hacer frente a tres situaciones críticas que finalmente, especialmente las dos últimas, provocarían su caída. La primera se produjo en mayo-junio con motivo del juicio a La Mano Negra celebrado en Jerez de la Frontera . Se trataba de una supuesta organización anarquista secreta que pretendía asociarse a la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), fundada en septiembre de 1881, aprovechando el clima de libertad propiciado por el nuevo gobierno liberal de Sagasta, y que a finales de 1882 contaba ya con 60.000 afiliados, la mayoría de ellos en Andalucía y Cataluña. La Mano Negra había sido creada en un contexto de fuerte tensión social en Andalucía acrecentada por la crisis de subsistencia iniciada en el verano de 1882 y sirvió de pretexto para la represión indiscriminada del movimiento anarquista , pese a que la FTRE afirmaba no tener nada que ver con él. El tribunal dictó ocho condenas a muerte y siete penas de trabajos forzados. [501] [502]
La siguiente crisis se produjo a principios de agosto con motivo del fallido pronunciamiento de 1883 en España. El día 5 se produjo un alzamiento republicano en Badajoz seguido de otro el día 8 en Santo Domingo de la Calzada y un tercero el día 10 en La Seo de Urgel . Formaban parte de un movimiento militar mayor que no triunfó y que había sido planeado por la Asociación Militar Republicana (ARM), una organización militar clandestina promovida y financiada desde París por el líder republicano exiliado Manuel Ruiz Zorrilla . [503] Ninguno de los tres alzamientos encontró apoyo popular y los conspiradores huyeron al extranjero. Ruiz Zorrilla, bajo la presión del gobierno español al gobierno francés, se vio obligado a trasladar su residencia de París a Londres. [504] [505] [506] [507] [508]
La tercera (y última) crisis fue el incidente diplomático entre España y Francia provocado por el viaje en septiembre del rey Alfonso XII al Imperio alemán , durante el cual había vestido el uniforme de coronel de un regimiento de hulanes, del que el káiser Guillermo I le había conferido el mando honorario, y que estaba destinado en Alsacia (arrebatado por Alemania a Francia tras su victoria en la guerra franco-prusiana ). Además, en el banquete celebrado en Homburg , Alfonso XII hizo un brindis muy entusiasta en el que «en perfecto alemán» brindó «por el glorioso emperador de Alemania, tan amado de su pueblo, y por el admirable Ejército alemán». [509] [510] [511] [512] También ofreció el apoyo de España a Alemania en una futura guerra, lo que excedía de sus competencias constitucionales, ya que se trataba de una iniciativa personal no respaldada por el gobierno. [511] [513] [514] [515] Carlos Dardé ha aclarado que "esa iniciativa personal del monarca, de la que ni siquiera informó a su ministro de Estado presente en Alemania ni, ya en Madrid, a Sagasta, Posada Herrera o Cánovas, constituye la única excepción importante del respeto del monarca a la Constitución ". [513]
En la tarde del 29 de septiembre, cuando Alfonso XII llegó a París, en su viaje de regreso a España, se encontró con una gran manifestación popular de rechazo frente a la estación del Norte donde había sido recibido de forma fría por el presidente de la República Jules Grévy . Las protestas y disturbios continuaron frente a la embajada española donde se alojaba el rey. Las disculpas del presidente de la República Grévy, que acudió personalmente a la embajada española, hicieron posible que el rey participara en el banquete oficial ofrecido en su honor en el Palacio del Elíseo y no anticipara el viaje de regreso a España como había decidido inicialmente. [516] [517] [518] El rey regresó a Madrid el 3 de octubre, siendo recibido por una multitud que mostraba su apoyo y al mismo tiempo su rechazo a Francia. [519] [520] El Ministro de Estado, el Marqués de la Vega de Armijo , llegó a proponer la ruptura de relaciones con la República Francesa , pero ni Sagasta ni el resto de ministros lo aprobaron. [521]
La sublevación republicana de agosto y la crisis diplomática con Francia en septiembre debilitaron al gobierno, especialmente a los dos principales ministros implicados, Arsenio Martínez Campos en la Guerra, [522] y el marqués de la Vega de Armijo , en el de Estado, [523] lo que fue aprovechado por el Partido Conservador y la Izquierda Dinástica para presionar a Sagasta y conseguir que dimitiera. [489] [524] [525] En declaraciones al diario francés Le Figaro , publicadas a mediados de septiembre, Cánovas acusó al gobierno de negligencia por lo ocurrido en Badajoz y denunció que se permitiera a los periódicos republicanos abrir suscripciones en apoyo a los militares sublevados. Además, la prensa conservadora utilizó el episodio de La Mano Negra como «prueba» de la supuesta incapacidad del gobierno para garantizar el orden público. [526]
Sagasta propuso formar un nuevo gobierno más a la izquierda, aprovechando la marcha de Martínez Campos y Vega de Armijo, los dos ministros más derechistas de su gabinete, e intentó, como ya hizo en enero, atraer a algún miembro destacado de la Izquierda Dinástica . Pero esta vez no lo consiguió y tuvo que aceptar la oferta que le hizo Cristino Martos para formar un gobierno de «conciliación» liberal (con ministros mitad fusionistas y mitad izquierdistas ) presidido por José Posada Herrera , pasando Sagasta a presidir el Congreso de los Diputados. [527] José Varela Ortega explica por qué Sagasta transigió con la propuesta de la Izquierda Dinástica: "Sagasta estaba acorralado, y no se sentía con fuerzas suficientes para contrarrestar el ataque de la izquierda unida en las Cámaras... Si se atrincheraba en el gobierno corría el riesgo de que las oposiciones pidieran, y el Rey concediera, el decreto de disolución a Posada Herrera, o a cualquier otro líder liberal, como única forma de acabar con las divisiones entre los liberales. En otras palabras, estaba en juego el liderazgo. Sagasta decidió una retirada estratégica. Como no querían dejarle demostrar que la unidad con él era posible, él demostraría que era imposible sin él". [528]
Tras la dimisión de Sagasta el 11 de octubre, el rey, sin mediar consulta alguna, [529] ofreció la presidencia del gobierno, tal y como se había pactado entre los liberales y la Izquierda Dinástica , a José Posada de Herrera , que se había unido a los izquierdistas unos meses antes. [530] [531] [532] El gabinete que formó, de «conciliación» liberal, [533] estaba formado a partes iguales por liberales e izquierdistas , entre los que se encontraban los miembros más destacados del nuevo partido, con Segismundo Moret en el Gobierno; el marqués de Sardoal en Fomento; y Cristino Martos , actuando como «una especie de jefe de gobierno en la sombra». [463] [534] [535] El rey impuso al general José López Domínguez , también de la Izquierda Dinástica, como ministro de la Guerra. [536] De acuerdo con el acuerdo Sagasta ocupó la presidencia del Congreso de los Diputados, puesto desde el que «no dudó en confundir a sus rivales [de la Izquierda Dinástica] con vagas promesas de estar dispuesto a asumir su programa democrático...». [537] La presidencia del Senado recayó en el general Serrano . [536]
El gobierno planteó un programa político reformista muy ambicioso, que incluía la creación de la Comisión de Reformas Sociales, por iniciativa del ministro del Interior Segismundo Moret , [538] [539] [540] y la prohibición de los castigos corporales a los "patrocinados" (los antiguos esclavos que en Cuba siguieron trabajando obligatoriamente para sus amos durante ocho años, después de haberse aprobado la abolición de la esclavitud en Cuba en 1880). [541] Sin embargo, el gobierno no pudo sacar adelante la mayoría de sus propuestas —como la ley de regionalización del país— [542] porque, al no contar con el decreto de disolución de las Cortes que le hubiera permitido "fabricar" una mayoría en la Cámara, [543] [544] tenía que ser a costa de la benevolencia del partido de Sagasta, que era el que la tenía. El propio Sagasta definió la situación con la frase: “lo que tenemos aquí es un Gobierno sin mayoría y una mayoría sin gobierno”. [545]
El choque entre fusionistas e izquierdistas se produjo cuando el Gobierno en el discurso de la Corona propuso la recuperación del sufragio universal (masculino) y la reforma de la Constitución de 1876. En el debate que siguió, Sagasta hizo una férrea defensa, «para gran regocijo de Cánovas», [546] [547] del principio de soberanía compartida entre Rey y Cortes, pilar fundamental del régimen político de la Restauración, abandonando así definitivamente el principio de soberanía nacional, una de las señas de identidad del liberalismo progresista. [548] Como ha señalado José Varela Ortega, en aquella época el partido liberal se hizo canovista [549] y de esta forma, según Feliciano Montero, «se consolidó el régimen político». [546] Además, como ha señalado Carlos Dardé, Sagasta quería demostrar que la unidad de los liberales sin él era imposible. Una apreciación compartida por Manuel Suárez Cortina. [531] [537] [550]
Dos diputados fusionistas presentaron entonces una moción proponiendo el aplazamiento de la implantación del sufragio universal [551] y el gobierno perdió la votación, pues sólo logró que 126 diputados rechazaran la propuesta, mientras que 221 diputados, todos ellos fusionistas , la apoyaron. Posada Herrera tuvo que dimitir. [552] «Sagasta estaba radiante». [553] Entonces el rey Alfonso XII llamó al líder del Partido Conservador, Cánovas de Castillo , [531] para formar gobierno «como castigo a la desunión» de las familias liberales. [537] [554] «Los liberales aprendieron la lección: para gobernar tenían que unirse». [555]
Casi la totalidad de los miembros de la Izquierda Dinástica acabarían uniéndose al partido de Sagasta. Las elecciones de 1884 fueron claves, ya que los fusionistas obtuvieron más de cuarenta diputados y la Izquierda Dinástica doce menos. «El desastre electoral precipitó el desenlace. Una tras otra, las facciones de la izquierda rindieron pleitesía a la dirección sagastina», apuntaba José Varela Ortega. [556] En junio de 1885, año y medio después del fin de su brevísimo gobierno ―había durado 90 días―, [524] la mayoría de la Izquierda Dinástica se integraba en el Partido Liberal de Sagasta, debido a la aprobación de una llamada «ley de garantías» redactada por Manuel Alonso Martínez y Eugenio Montero Ríos . La «ley de garantías» era el nuevo programa del partido liberal que incluía la protección de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, la extensión del sufragio a toda la población masculina y el juicio por jurados . Sin embargo, el aspecto más importante de la «ley de garantías» consistió en la renuncia al principio de soberanía nacional, que los «revolucionarios de 1868» siempre habían defendido, y en la aceptación de la soberanía compartida «de las Cortes con el Rey», principio doctrinal sobre el que se basó el régimen político de la Restauración. [557] [558] [559] [560] Una minoría de la izquierda dinástica, encabezada por el general José López Domínguez , no se unió al partido de Sagasta porque no logró que las propuestas de la «ley de garantías» se incluyeran en la Constitución. [561] [562] Pero, «el Partido Liberal unido estaba de nuevo en condiciones de reclamar el poder». [563] [564]
En enero de 1884 Cánovas del Castillo ―quien no logró conseguir de manos de Romero Robledo ni de ningún otro dirigente conservador la presidencia para poder retirarse temporalmente de la política, debido a la oposición de su partido y del propio monarca― formó gobierno. Romero Robledo volvería a ocupar el Ministerio de la Gobernación, mientras que su «enemigo» Francisco Silvela se hizo cargo del Ministerio de Gracia y Justicia . [565] [566]
El nuevo gobierno formado por Cánovas presentaba una novedad muy importante: la presencia en él del neocatólico Alejandro Pidal y Mon, como ministro de Fomento , [565] al parecer «por expreso deseo del rey». [567] Pidal y Mon había destacado durante el debate de la Constitución de 1876 por su férrea defensa de la unidad católica, pero en 1880 había aceptado la legalidad vigente y había hecho un rotundo llamamiento a «las masas honradas que, arrojadas al campo por los excesos de la revolución, formaron el partido carlista » para que se unieran al campo conservador. Para lograr este objetivo, Pidal y Mon había fundado en 1881 el partido Unión Católica, que seguía la posición más posibilista respecto del Estado liberal del nuevo papa León XIII ―este último había aconsejado a los neocatólicos españoles someterse «respetuosamente a los poderes constituidos... para trabajar juntos... por la reforma en el sentido católico» y para «engrosar el partido más afín»―. Por su parte, la jerarquía eclesiástica española estaba dividida entre los obispos que seguían condenando el liberalismo ―« El liberalismo es pecado », era el título del opúsculo del sacerdote Félix Sardá y Salvany― [546] y continuaban alineándose con el carlismo, y aquellos que aceptaban la nueva orientación pontificia y seguían las directrices del recién nombrado nuncio papal en España, Mariano Rampolla del Tindaro . [565] [568] [569] [570]
Entre los liberales y republicanos, la entrada de Pidal y Mon en el Gobierno causó honda preocupación porque temían una aplicación restrictiva del artículo 11 de la Constitución. [546] [571] Lo cierto fue que Pidal y Mon aprobó en 1885 un real decreto que reconocía oficialmente las enseñanzas impartidas por los colegios religiosos privados (calificados de «asimilados» si cumplían unas condiciones mínimas), lo que provocó que a partir de entonces estos colegios cobraran un enorme impulso, mientras el Estado seguía sin invertir en la enseñanza pública. [360] Por su parte, los carlistas y los integristas de El Siglo Futuro se indignaban: «¡Ahí tenéis en qué ha acabado la Unión Católica! ¡Pidal, para ser ministro, se ha entregado al liberalismo canovista!». [571]
Feliciano Montero señaló que para Cánovas la entrada en el gobierno de Pidal y Mon “supuso la ampliación de la base del partido [conservador] por la derecha y la integración en el régimen de una parte del electorado carlista” y “para una parte de los católicos supuso poner en práctica la táctica posibilista del mal menor”. [567] [572] [573]
El 27 de abril de 1884 ―ese día tuvo lugar el grave accidente ferroviario conocido como la catástrofe del Puente de Alcudia en el que murieron 53 personas― [574] se celebraron elecciones , de nuevo por sufragio censitario , que previsiblemente dieron una amplia mayoría al Partido Liberal-Conservador (318 diputados) debido al «buen hacer» de Romero Robledo desde el Ministerio de la Gobernación. El Partido Republicano Progresista de Manuel Ruiz Zorrilla , exiliado en Londres, optó por la retirada y no se presentó a los comicios previendo las «maniobras» de Romero Robledo. En cambio, los republicanos posibilistas de Emilio Castelar sí se presentaron y fueron premiados con cinco escaños. [575] La arbitraria política electoral de Romero Robledo a favor de los conservadores, que obligó incluso a intervenir al propio Cánovas, provocaría su salida del Gobierno al año siguiente. De hecho, sus «maniobras» electorales habían provocado que los liberales, a los que se habían sumado las facciones de la Izquierda Dinástica encabezadas por Moret y por Montero Ríos , [576] se unieran a los republicanos para formar candidaturas conjuntas para las elecciones municipales de mayo de 1885, en las que el gobierno fue derrotado en Madrid y en otras 27 ciudades. [561] [577] [578] Sagasta había calificado a las Cortes surgidas de las elecciones de abril de 1884 como «deshonradas antes de nacer». [575] La razón inmediata de la dimisión forzada de Romero Robledo fue su controvertida actuación ante la epidemia de cólera del verano de 1885. [579]
La alianza de los conservadores con los católicos, sellada con la entrada en el gobierno de Pidal y Mon, no estuvo exenta de tensiones. En el verano de 1884 unas declaraciones parlamentarias de éste sobre el Reino de Italia , no reconocido por la Santa Sede , y que fueron aprovechadas por los liberales, provocaron un grave problema diplomático de difícil solución, pues una negación al gobierno italiano provocaría una gran indignación en el Vaticano y la movilización de los católicos contra el Gobierno. Unos meses después, el 1 de octubre, se produjo un nuevo incidente con motivo del discurso inaugural del curso académico 84-85 en la Universidad Central de Madrid , pronunciado por el profesor masónico y republicano Miguel Morayta en presencia del ministro Pidal y Mon, que presidía el acto. [477] [580] [581] El discurso de Morayta versó sobre el Antiguo Egipto , pero en él puso en duda la fiabilidad histórica de la Biblia y realizó una apasionada defensa de la libertad académica . Pidal y Mon respondió en su discurso de clausura que la libertad académica debe ejercerse "dentro de las leyes y en la órbita que la Constitución de la Monarquía católica y constitucional señala a la enseñanza". [582]
La reacción de la jerarquía católica más ultramontana al discurso de Morayta no se hizo esperar y varios obispos publicaron pastorales condenando el liberalismo, la masonería y las escuelas laicas. Por su parte, la prensa católica integrista pidió la salida de Pidal y Mon del gobierno. El Siglo Futuro le acusó de haber autorizado y aplaudió un discurso anticristiano. Quien fue más lejos en su ataque fue el obispo de Palencia , ya que en una pastoral hecha pública en enero de 1885 llegó a cuestionar la legitimidad del régimen constitucional, lo que provocó que el Gobierno presentara una protesta formal ante el Vaticano, consiguiendo que éste rectificara los criterios defendidos por el prelado. [477] [580] [581] [583] La mayoría de los estudiantes de la Universidad Central se pusieron del lado del profesor Morayta y sus protestas fueron duramente reprimidas por las fuerzas de orden público. [584]
La crisis provocada por el discurso de Morayta acentuó la división de los católicos españoles hasta el punto de que el sector integrista llegó a discutir la autoridad del Nuncio Rampolla, que había intervenido en el conflicto apoyando las posiciones posibilistas. [585] Como ha señalado Feliciano Montero, «la ofensiva integrista, al cuestionar la autoridad del nuncio sobre los obispos, atacaba los fundamentos de la política conciliadora que el Gobierno de Cánovas y la Santa Sede estaban desarrollando por vía diplomática. Era, pues, necesaria una reacción urgente y enérgica por parte de esta última. El 15 de abril, el secretario de Estado, Jacobini, desautorizó expresamente un artículo del órgano integrista El Siglo Futuro (del 9 de marzo de 1885), y exigió una rectificación pública». [586]
En la Navidad de 1884, un terremoto con epicentro en Granada asoló esta provincia y la de Málaga y también, aunque en menor medida, las de Jaén, Córdoba y Sevilla. Cientos de muertos, miles de afectados y escenas de pánico tras las réplicas del seísmo ―el 31 de diciembre unas 10.000 personas huyeron de la ciudad de Granada―, todo ello agravado por una intensa ola de frío y las inclemencias del tiempo. El rey visitó la zona en enero de 1885, pese a su precario estado de salud ―en el otoño de 1883 había padecido «fiebres intermitentes» que se habían repetido doce meses después―. El 10 de enero llegó a Granada. [587] [588] Por las cartas que escribió a su hermana Paz se conocen las duras condiciones de su estancia allí. [588] Tras su regreso a Madrid desde Málaga el 22 de enero, Alfonso XII comentó: "la administración de aquellas regiones es aún peor que los terremotos". [589]
En marzo de 1885 se abrió un nuevo frente al gobierno en Cataluña. El día 15 de ese mes se presentó directamente al rey Alfonso XII un Memorial de greuges ('Memorial de agravios') ―sin contar ni al Parlamento ni al Gobierno― en el que se denunciaban los tratados comerciales que se iban a firmar ―especialmente el de Gran Bretaña, que amenazaba la industria catalana― y las propuestas de unificación del Código civil , que ponían en peligro la existencia del derecho civil catalán . El primer paso para su elaboración había sido la celebración en enero en la Llotja de Mar de Barcelona de una gran reunión convocada por el Centre Catalá, la primera entidad claramente reivindicativa catalanista que había surgido en 1882 tras la celebración el año anterior del Primer Congreso Catalanista. [590] [591] [592] Su impulsor fue Valentí Almirall , un antiguo republicano federal que, tras el fracaso de la Primera República , había dado un «giro catalanista» y había roto con la mayoría del Partido Federal, liderado por Pi y Margall . [593] [594] [595] De hecho, Almirall había participado en la redacción del Memorial (al año siguiente publicaría Lo catalanisme , obra clave en la historia del catalanismo político). [595] [596]
Aunque el rey se mostró cordial y receptivo con la delegación catalana que había viajado a Madrid para entregar el manifiesto, presidida por Mariano Maspons y Labrós, la recepción en la capital por parte de la clase política y la prensa fue bastante hostil. [595] Todo lo contrario de lo que ocurrió a su regreso a Barcelona , donde los miembros de la delegación fueron aclamados y se imprimieron miles de ejemplares del Memorial , lo que ayudó a difundir las ideas catalanistas entre la población. [596] En la conclusión del documento se declaraba: [597]
¿Cómo salir de semejante estado? No hay más que un camino justo y conveniente a la vez. El que se desprende de todas las páginas de esta Memoria: abandonar el camino de la absorción y entrar de lleno en el de la verdadera libertad. Dejar de aspirar a la uniformidad para buscar la armonía de la igualdad con la variedad, es decir, la unión perfecta entre las diversas regiones españolas [...]. Cuando existen en el país grupos o razas de distinto carácter, cuya variedad se demuestra casualmente en la existencia de legislaciones distintas y hasta diversas, la unificación, lejos de ser útil, resulta perjudicial a la misión civilizadora del Estado.
In addition to the problems with the Catholics and the "Catalanists", there was the crisis in the Carolinas in the summer of 1885. Within the framework of the Berlin Conference, which sealed the colonial division of Africa by the European powers, the German Empire contested on August 11 the Spanish sovereignty over the Caroline Islands, located in the Pacific, applying one of the criteria agreed upon in Berlin: that Spain had not occupied the archipelago.[581][598][599] In fact, no Spanish authority resided in the archipelago. Its affairs were handled by the Spanish consul in Hong Kong, located thousands of kilometers away. The response of the Canovas government was to establish on the island of Yap a political-military government headed by Lieutenant Enrique Capriles, who arrived on the island on August 21. But only six days later a German gunboat appeared in Yap with landing forces that raised there the flag of the empire. The Spanish government presented an energetic protest accompanied by a memorandum in which it referred to "the titles and reasons of all kinds that support and sustain the sovereignty of Spain".[600]
The German action provoked a strong popular reaction and there were protest demonstrations in several cities ―in Barcelona, Valencia, Seville, Granada― culminating on September 4 with a large rally in front of the German embassy in Madrid, which was in danger of being assaulted ―the coat of arms and the flagpole were torn from the façade and burned in the Puerta del Sol, very close to the diplomatic headquarters―. Some generals and colonialist societies asked for the rupture of diplomatic relations with the German Empire, which endangered the negotiations that Cánovas had already initiated ―with the full support of the king who ratified his confidence― with the German Chancellor Otto von Bismarck.[599] The latter, aware of the seriousness of the king's illness, whose death could destabilize Spain,[599] proposed on October 2 that Pope Leo XIII act as mediator in the conflict, which the Spanish government accepted. On October 22 his resolution was made public, recognizing Spanish sovereignty over the archipelago provided that it proceeded to its military and administrative occupation and recognized the freedom of trade and agricultural exploitation for Germany.[581][598][601]
1.º. The sovereignty of Spain over the Caroline and Palau Islands is affirmed. 2nd. The Spanish Government, in order to make sovereignty effective, undertakes to establish, as soon as possible, in the said archipelago, a regular administration, with sufficient force to guarantee order and acquired rights. 3.º. Spain offers Germany full and complete freedom of trade, navigation and fishing in the same islands, as well as the right to establish a naval station and a coal depot in them. 4.º. Germany is also assured the freedom to make plantations on the said islands and to establish agricultural establishments on them in the same way as Spanish subjects.[602]
Coinciding with the crisis in the Carolinas, a cholera epidemic spread, which arrived through France and initially affected the east of the country and then spread to the rest.[589] It would end up causing the forced resignation of the Minister of the Interior, Francisco Romero Robledo, due to the mistaken policy he applied to control the epidemic based almost exclusively on isolation and quarantine, resisting the use of Dr. Ferrán's vaccine.[603] The trigger was his hasty official declaration of cholera in Madrid when there had only been five cases, which caused general alarm and the absence of customers in the stores.[563][604]
Despite the fact that his state of health was worsening ―"as a courageous man, he resists well and hides the progress of the ailment from the Queen and the doctors, but he loses strength every day", commented Cánovas del Castillo privately―, the king made an incognito trip to Aranjuez to visit the local cholera patients, which caused a constitutional crisis, since he did so against the express prohibition of the government. The king was aware of what he was doing, since before taking the train at the Estación del Mediodía at dawn on July 2, he had written a letter to Cánovas ―another to the queen― in which he said: "Forgive me, dear Don Antonio, if for once I fail in the consideration I owe you...". However, upon hearing the news, popular enthusiasm overflowed and even the Congress of Deputies and the Senate adjourned their sessions, cheering the king so that the members of the two chambers could come to receive him upon his return that same afternoon.[579][605][606]
The cholera epidemic revealed Spain's sanitary and hygienic deficiencies ―many cities still lacked sewage systems and drinking water supply―, its low scientific level ―as demonstrated by the resistance shown to apply the Ferrán vaccine―, the enormous social inequalities that existed in the country, ―the mortality rate was much higher among the lower classes than among the upper classes, since the latter, among other things, were able to flee to the north where there was no epidemic― and the weight maintained by Catholicism in Spain ―in a negative sense, because of the preaching that presented the epidemic as a moral punishment; in a positive sense, because of the performance of Catholic charitable institutions that made up for the deficiencies of the public ones, which were practically nonexistent―.[603][607]
From August 1885 onwards, the king's health was a recurring topic of conversation in all circles of the capital. Alfonso XII suffered from tuberculosis ―"with a focus of infection in his childhood, with ephemeral manifestations and in a latent state until his youth", which would not manifest itself clearly until the end of 1883―[608] and he was becoming weaker and weaker.[609] His "hectic night life ―coupled with intense daytime work"― had aggravated his illness.[610]
On September 28, 1885, Laureano García Camisón, the monarch's family doctor, informed the president of the government, Cánovas del Castillo, that the king had only a few weeks to live and that he advised him to move to the Palace of El Pardo in the hope that he would get better there. However, the king continued to fulfill his obligations and did not leave for El Pardo until October 31.[609][611][612] On November 23, he was visited there by the German ambassador who found him with his face "completely white and without blood, his lips blue, his mouth half closed and his eyes without any life, the same as his voice and all his appearance". The king told him, "I thought you were physically very strong... I have burned the candle at both ends. I have discovered too late that it is not possible to work all day and have fun all night. I will not do it again in the future".[613] That same day he had an attack of dyspnea. The next day, November 24, the doctors diagnosed him as suffering from "acute tuberculosis, which puts the patient in grave danger". At a quarter to nine in the morning of November 25, he died. Queen Maria Cristina, the ex-queen Isabella II, who had traveled from Paris as soon as she knew the seriousness of her son's illness, and his sisters Isabel and Eulalia were with him.[611] Dr. García Camisón specified the immediate cause of death in an article published in El Liberal: Don Alfonso "died of an acute capillary bronchitis, developed in the course of a slow tuberculosis; the king has not died, therefore, of tuberculosis; this developed slowly and could have prolonged the life of the monarch still many months, and perhaps years".[614]
The death of King Alfonso XII caused a deep commotion in the country. "The streets [of Madrid] were impassable... Thousands of carriages crossed in all directions taking the road to El Pardo", a contemporary chronicle recounted. The coffin was taken to the Royal Palace where the funeral chapel was installed and visited by thousands of people. On the 29th it was taken to the Monastery of El Escorial, "again in the midst of a great crowd", where he was buried.[615]
The king's death caused great concern —"an apocalyptic terror," according to José Varela Ortega—[616] among the political elites at the prospect of the regency of the king's young and inexperienced wife María Cristina de Habsburgo, who was pregnant (their child, a son, would be born in May 1886).[617] "The death of the king has produced here a singular stupor and uncertainty. No one can guess what will happen", Marcelino Menéndez Pelayo wrote to Juan Valera, then Spanish ambassador to the United States.[561] The government feared a republican pronunciamiento or a Carlist uprising, or both at the same time, so the troops were put on alert. The stock market plummeted.[618]
Faced with this situation, Cánovas, who spoke of the need for a "second Restoration" which would be "more difficult than the first" and fearing that the liberals would join the Republicans if they did not accede to power (the crisis of fear, as the conservative Francisco Silvela called it), decided to resign and advised the regent to call Sagasta to the government. Cánovas communicated his decision to the liberal leader and the latter accepted in a meeting that they held in the Presidency of the Government through the mediation of General Martínez Campos and which would be mistakenly known as the "Pact of El Pardo".[561][619][620] On the evening of November 27 in the Royal Palace, the regent María Cristina received the oath of the new government presided over by Sagasta and before him she swore the Constitution. This is how Cánovas would explain his decision in the Congress of Deputies, some time later:[561]
The conviction was born in me that it was necessary that the fierce struggle in which we monarchist parties found ourselves at the time... should cease in any case and cease for quite some time. I thought that a truce was indispensable and that all monarchists should gather around the Monarchy... And once I had thought of this... what was it up to me to do? After having been in government for almost two years and having governed most of the reign of Alfonso XII, it was up to me to address the parties and tell them: 'because the country is in this crisis, do not fight me any more; let us make peace around the throne; let me be able to defend and support myself? That would have been absurd and, besides being ungenerous and dishonest, it would have been ridiculous. Since I stood up to propose concord and to ask for a truce, there was no other way to make people believe my sincerity but to remove myself from power.
As Ramón Villares has pointed out, "the death of King Alfonso XII and the agreement or pact of 1885 (improperly called the Pacto del Pardo) definitively marked the consolidation of the regime" of the Restoration.[621] For his part, Feliciano Montero has pointed out that "the political vacuum caused by the death of Alfonso XII put the solidity of the Canovist structure to test. The access to power of the liberal party, definitively constituted, and its long governmental management ("the long Parliament") contributed to consolidate the political system".[622]
A good part of the Catholic ecclesiastical hierarchy, with the nuncio Rampolla at the head, also played an important role in the consolidation of the regime by making public on December 14, 1855, a declaration of support for the Regency, applying the principles of the encyclical Immortale Dei on the relations between Church and State that Pope Leo XIII had just published. The declaration defended a certain political relativism ("on the best kind of government, on this or that form of constituting States, there can be an honest diversity of opinions") and a certain freedom of expression ("honest freedom to write with the amplitude that suits the respective aims and purposes"), which was a clear disqualification of fundamentalist postulates.[623]
Ángeles Lario has pointed out that the political agreement reached after the death of the king "turned the two great parties into the true directors of political life, controlling the royal prerogative upwards and the construction of the necessary parliamentary majorities downwards, thus defining the life of this important period of our liberalism and at the same time being the origin of its most serious limitations. It is possible to diagnose ―allow me to use this expression― that the political system of the Restoration suffered from the disease produced by its own success".[624][625]
For the political system to work, the two great parties (the Liberal-Conservative Party, headed by Cánovas himself; and the Liberal-Fusionist Party, headed by Sagasta)[626] needed to gather all the political tendencies that existed in society, being "self-excluded" those that did not accept the form of State of the Constitutional Monarchy (Carlists and Republicans) and those that also rejected the principles of freedom and property on which the "bourgeois society" was based (socialists and anarchists).[627][628]
As for the Carlists, the pretender Carlos VII, in exile after his defeat in the war like many other leaders, decided in 1878 to abandon the insurrectionary path and named Cándido Nocedal his representative in Spain ―his press organ would be El Siglo Futuro―, who imposed the identification between Carlism and Catholicism. Soon, internal confrontations arose between supporters and opponents of integration into the system of the Restoration, which also affected the ecclesiastical hierarchy, as could be seen in the pilgrimage to Rome in 1882. In this sense the Vatican dissociated itself from Carlism, because, as a cardinal wrote in January 1882 to the nuncio in Spain, "the interest of Religion in Spain demands that the fate of the Church not be identified with that of any party", also pointing out that Carlism had been characterized by "exploiting the national Catholic sentiment for the benefit of its political cause".[629][630] Although Nocedal encountered growing opposition from the sector of Carlism headed by the Marquis of Cerralbo, the pretender maintained his support until his death in July 1885. Three years later, Cándido Nocedal's son, Ramón Nocedal, who succeeded his father as director of El Siglo Futuro, headed the fundamentalist split by founding the party of the same name. The Marquis of Cerralbo became the pretender's representative in Spain.[631][632]
For their part, the republicans were divided into three political parties that disagreed not only on the republican regime (federal or unitary), but also on how to achieve the return of the Republic. These were the Federal Republican Party with Francisco Pi y Margall and Estanislao Figueras at the head (the latter died in 1882); the Progressive Republican Party of Manuel Ruiz Zorrilla, which was initially joined by Nicolás Salmerón; and the Posibilist Republican Party of Emilio Castelar. As for the strategy to follow against the Restoration regime, the greatest divergences were between Emilio Castelar, who was in favor of collaborating with Sagasta's Liberal-Fusionist Party if it assumed the democratic postulates (trial by jury, universal suffrage,...), a position close to that of Nicolás Salmerón who defended the legal procedures and the strengthening of the parliamentary regime (and would end up founding the Centralist Republican Party which would run in the elections), and Manuel Ruiz Zorrilla, the main advocate, from his exile in Paris, of the electoral withdrawal and the insurrectional path, for which he promoted the clandestine Republican Military Association.[633][634]
Between 1875 and 1881 there were numerous republican conspiracies, but none of them achieved their objectives. All of them ended with the arrest of the civilians and military personnel involved, most of whom were deported to African islands or abroad. After the arrival to power of Sagasta's liberals in 1881, republican activism changed course, and some of its most prominent politicians were integrated into the Canovist regime, so that the prominence of the military increased. Thus, in the summer of 1883 the most important attempt to gain power by insurrection took place with the uprising of the garrisons of Badajoz, Santo Domingo de la Calzada and La Seo de Urgel, which did not prosper due to the lack of military support among the rest of the army.[635]
As for the anarchists, until the political opening that brought with it the arrival to power of Sagasta's liberals in 1881, the Spanish Regional Federation of the IWA developed clandestinely.[636][637] In that year it was replaced by the Federation of Workers of the Spanish Region (FTRE) founded in the Workers' Congress of Barcelona in 1881 and prepared to act legally. The FTRE reached 60,000 members, with the vast majority of them concentrated in Andalusia and, to a lesser extent, in Catalonia. Its decline began after the trial of the clandestine, and presumably anarchist, La Mano Negra, dissolving in 1888 (being replaced by the Anarchist Organization of the Spanish Region).[638][639]
For its part, the reduced Spanish Marxist socialist nucleus expelled from the IWA had founded in May 1879, in a Madrid tavern, the Spanish Socialist Workers Party, but after coming out of hiding in 1881 —then the first Central Committee of the party was constituted— its first Congress would not be held until August 23–25, 1888 in Barcelona. A few days earlier, the Workers' Congress of Barcelona of 1888 had met, from which the related trade union Unión General de Trabajadores (UGT) was formed.[640][641][642] At the Congress it was agreed that "the ideal of the Socialist Workers Party is the complete emancipation of the working class; that is, the abolition of all social classes and their conversion into a single class of workers, owners of the fruits of their labor, free, equal, honest and intelligent".[643] However, the socialist movement was still very much in the minority. At the time of its foundation, the UGT had only 3355 members.[644]