Expoliación de bienes culturales peruanos durante la guerra del Pacífico

Fueron requisas ordenadas por altos oficiales del ejército ocupante, anunciadas con anticipación y realizadas públicamente de las cuales se debió hacer un registro.Solo en 2007 el gobierno chileno devolvió al Perú 3788 libros que se encontraron en la Biblioteca Nacional de Chile.El gobierno en Santiago deseaba acabar la guerra con un tratado que estipulase la cesión de Tarapacá a Chile.297 Como era usual a fines del siglo XIX, un tono racista en la sociedad chilena dio pie a una actitud de desdén para con los vencidos que dejó de lado un pensamiento crítico sobre lo que ocurriría.[1]​: 1 En 1847 Andrés Bello publicó sus Principios de Derecho Internacional según los cuales (pág.En particular, el Código Lieber establecía en su artículo 31 que los bienes estatales pasaban a manos del ocupante.El artículo 35 ordenaba que los bienes culturales del país ocupado debían ser protegidos durante y después de la batalla.Sin embargo, el artículo 36 expresamente permitía que los bienes culturales pudieran ser parte de las reparaciones de guerra, es decir sustraídos del país ocupado y llevados por el ejército vencedor.La Convención de Bruselas fue acordada 11 años después y era mucho más avanzada pero nunca fue ratificada porque ningún estado firmante la consideró vinculante.Otras requisiciones son conocidas por informes en periódicos de la época, cartas personales, etc.Otros objetos fueron rematados 'a vil precio' en Lima tras la apelación al ministro del interior chileno en la Cámara de diputados.[1]​: pág.316 Dos leones fueron embarcados a Chile, donde debieron permanecer en pequeñas jaulas hasta la remodelación del Zoológico de Santiago.[1]​: pág.[8]​[9]​[10]​ En Lima, bajo gobierno militar chileno, con sus estructuras estatales colapsadas, poco se podía hacer para proteger sus bienes culturales.313  o el Parque de la Exposición que las llevó a depósitos municipales y particulares.[1]​: pág.UU., Isaac P. Christiancy, en que se solicita su intervención, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito.En 1884, solicitó a Chile la devolución del material requisado, lo cual tuvo eco en Santiago y, por orden del presidente Domingo Santa María, recibió la devolución de 10.000 libros para la Biblioteca de Lima.Cuando comenzaron a aparecer las estatuas en las plazas y paseos de Chile, la prensa primero informó sobre el asunto sin criticar.De ella, y otros documentos se desprende que el intendente de Valparaíso, Eulogio Altamirano Aracena, el presidente de Chile Domingo Santa María y el ministro del interior José Manuel Balmaceda estaban al tanto del desvalijamiento.El diputado Augusto Matte Pérez inquirió al ministro del Interior José Manuel Balmaceda sobre los "oprobiosos y humillantes" cargamentos de bienes culturales peruanos[1]​: 314 : Balmaceda intentó aplacar los ánimos aduciendo que Lynch al parecer había encontrado los bienes en una bodega y que pensó que no habría reparos en enviarlos a Chile.Cuando se vio contradicho por la evidencia, Balmaceda apeló "a la discreción de los diputados" y “el giro que se ha dado a este negocio no es conveniente ni para la Cámara ni para el país”.Los historiadores chilenos Diego Barros Arana y Benjamín Vicuña Mackenna no relatan los hechos en sus voluminosas historias de la Guerra a pesar de la cercanía temporal y su acceso a las fuentes.[1]​: pág.