La diversidad sexual en Costa Rica no ha tenido un tratamiento uniforme y se ha adaptado en cada época a las condiciones reinantes.
Mientras en 2002 se eliminó del Código Penal toda alusión a «sodomía».
Costa Rica, al igual que Panamá, también se ha convertido en un destino receptor de refugiados LGBT provenientes del "triángulo norte" de Centroamérica (El Salvador, Belice, Guatemala y Honduras), países que no tienen los mismos derechos hacia la comunidad LGBT+ y donde ocurren persecuciones y delitos de odio.
[5] El fallo de la Corte IDH fue sostenido posteriormente por la Sala Constitucional del país.
Costa Rica a la fecha solo ha tenido dos diputados de la Asamblea Legislativa abiertamente homosexuales, la diputada Carmen Muñoz Quesada,[7] quien es abiertamente lesbiana y que fue diputada en el período 2010-2014 e inclusive Jefa de Fracción, y Enrique Sánchez Carballo en el período 2018-2022, ambos del Partido Acción Ciudadana.
[13] En sondeo realizado por el diario La República publicado en noviembre de 2016 el 45% de los consultados se mostró a favor del matrimonio entre parejas el mismo sexo y el 55% con una diferencia del 10% entre ambas posturas.
La «sodomía escandalosa» fue ilegal desde 1971 (probablemente refiriéndose a sodomía pública), siendo un crimen penable hasta por 4 años de prisión, aunque no hubo casos conocidos al respecto en donde se haya aplicado.
Fue hasta el año 2002 que esta figura fue eliminada del Código Penal.
Por lo tanto, los principios de igualdad, libertad y fraternidad están presentes en la Constitución Política.
En 1990 nace la Asociación Triángulo Rosa pero no es hasta 1995 que adquiere su personería jurídica como la primera organización legalmente constituida de gais y lesbianas en Costa Rica y en adelante se crearon otras organizaciones como la organización "Agua Buena" que se enfoca en los derechos humanos y las situaciones de salud que más afectaban a la comunidad LGBT community.
En el año 2007 se eliminó la prohibición para los homosexuales de donar sangre, esto mediante un decreto firmado por la ministra de salud María Luisa Ávila y el presidente Óscar Arias Sánchez.
El 6 de agosto del 2008 el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica admite realizar un referéndum en Costa Rica (si se logran recolectar 135.000 firmas o 5% del padrón electoral) para determinar si se aprueban en Costa Rica las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
La moción fue objetada por los diputados de partidos cristianos y conservadores como Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Accesibilidad Sin Exclusión que incluso intentaron sin éxito romper el cuórum.
También se establece que los funcionarios transgénero podrán ser referidos por el nombre de su preferencia aún si éste no es el legal.
Entre los razonamientos para dictar esta resolución, la jueza consideró: «En ese hogar el niño encontró el amor y la protección que le negaron sus progenitores».
La presidenta ejecutiva en ese momento del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Rosalía Gil, manifiesta que en este caso la entidad siempre estuvo de acuerdo en que Mairena se hiciera cargo del niño.
[35] Porras fue descrito por Castillo como un «activista ultraconservador» y se reportó que en sus redes sociales compartía posiciones políticas de oposición a la Norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo, al Matrimonio entre parejas del mismo sexo y compartía videos del político español ultraderechista Santiago Abascal Conde.
Pero no existe aún un cuerpo normativo que regule a las uniones del mismo sexo de forma específica.
De la farándula la modelo Nazareth Cascante y la presentadora Maricruz Leiva.
Organizaciones como el Movimiento Diversidad, la Iglesia Luterana y la Defensoría de los Habitantes.