Depuración franquista del magisterio español
Esta primera depuración puede considerarse como una purga militar, no solamente por haber sido decidida por los estamentos militares provinciales, sino porque estaba sujeta a la legislación castrense de urgencia.
A través de este decreto se justifica que el magisterio durante la Segunda República estuvo en manos inapropiadas, por lo cual era necesaria una revisión de la instrucción pública, para poder extirpar las supuestas falsas doctrinas arraigadas durante el periodo republicano (relativismo, laicismo, etc.).
Por otro lado, la Iglesia quedó desbancada del sistema educativo, ya no era considerada como un agente socializador; en la Constitución de 1931 se estableció que España era un país aconfesional y que la escuela sería laica, con lo que se consiguió arrebatar a la Iglesia la hegemonía en el sistema educativo, limitándose en consecuencia su capacidad de influencia social.
En su lugar se proponían implantar una educación reaccionaria, antiliberal, agresivamente nacionalista española y ultracatólica.
[9] La depuración fue un proceso gubernamental, de profundas consecuencias sociales y culturales,[10] para desmantelar la obra educativa republicana, caracterizada por el laicismo, la coeducación y la introducción de nuevos métodos pedagógicos.
En total, los especialistas calculan que «se sancionó aproximadamente entre un 25% y un 30% de los docentes depurados.
El trabajo que desempeñaban las comisiones podría clasificarse, de manera esquemática de la siguiente manera: a todos los funcionarios públicos se les obligaba a pedir su propia depuración, ya que inicialmente, desde el triunfo de la rebelión fueron separados del servicio hasta que pudiesen ser considerados aptos.
Es decir, que se les había otorgado el pleno derecho a investigar sobre las conductas, la ideología, los pensamientos y creencias de cualquier individuo que les interesara.
Otra como la de Burgos era mucho más exhaustiva con preguntas como ¿cantó a los niños la Internacional o algún otro himno parecido?
Los de la Guardia Civil no se quedaban atrás, como el siguiente también sobre un maestro de Segovia: «...por sus ideas muy avanzadas y extremistas deja mucho que desear... organizador de los muchos actos, a los que concurría sin dilación, distinguiéndose en los vivas a Rusia y el Comunismo en las manifestaciones, cuyas ideas como las antirreligiosas propagaba en las clases entre los niños».
Una vez recibidos dichos informes, la Comisión los estudia y formula unos cargos que se les comunica al maestro/a en cuestión.
Una vez que la Comisión Depuradora analizaba los escritos de descargo, la documentación acreditada por el profesor para alegar su defensa, y toda la información recogida, establecía la resolución definitiva del expediente en cuestión.
También se depuraba al resto del profesorado que era considerado no contaminado, no republicano, y tenía que sufrir exámenes y seguir unos cursos de orientación profesional, ya que si estuviera contaminado carecería de las competencias necesarias para inculcar a sus alumnos el espíritu religioso, moral y católico oficial.
«Hasta ahí llegaba la arbitrariedad, el beneficio de la duda se aplicaba en contra de los afectados, pues aunque no hubiera pruebas suficientes para acreditar la "culpabilidad" del maestro, se recomendaba la sanción».
[25] Así pues, las sanciones eran los siguientes, de mayor a menor gravedad: Inicialmente los sancionados no podían solicitar una revisión del castigo, pero la situación cambia a partir de 1938.
En esa fecha, las competencias revisoras se trasladan a la Comisión Superior Dictaminadora.
El número de revisiones concedidas respecto a las solicitadas fue escaso.
Muchas veces, estos aligeramientos se producen cuando ya no pueden reportar ningún beneficio al sancionado, ya que la mayor parte de la sanción, si no su totalidad, se hallaba plenamente cumplida.
La purga fue muy grande, y la mayoría de los maestros de un modo u otro sintieron el miedo, la frustración y la incertidumbre ante este inesperado proceso, que alteró en todos los sentidos a la educación.
Fueron 703 los maestros afectados, de los que 184, es decir un 26,2% del total, fueron sancionados y 518 fueron confirmados en sus cargos.
[27] Las repercusiones más lesivas de la depuración no solo afectaron a los docentes sancionados.
Las principales fuentes documentales que permiten reconstruir el proceso de depuración son variadas y diversas:
