En España el término "imputado" ha sido sustituido del lenguaje jurídico por "investigado",[1] considerado más respetuoso con la presunción de inocencia al no relacionarse necesariamente con la culpabilidad.
Por ello, desde el momento de la imputación, las autoridades deben extremar las garantías del debido proceso de la persona imputada, particularmente el derecho a no declarar contra sí misma y el derecho a la defensa.
Aunque no todos los sistemas y países son iguales, la "imputación" es el primer escalón en una escalera acusatoria del procedimiento penal, que se inicia durante la investigación, con la simple sospecha sin pruebas y finaliza en la demostración acabada de la culpabilidad de una persona, luego de que se realice el juicio y se agoten las revisiones: La imputación no cancela la presunción de inocencia del acusado, cuestión que solo se resuelve al finalizar el juicio y agotar los recursos.
Todo imputado podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los derechos y garantías que le confieren las leyes.
El artículo 93 del Código Procesal Penal de Chile se señala que el imputado tiene el derecho de hacer valer, durante todo el proceso, los derechos y garantías que le confieren las leyes.