Comisión de Cultura y Enseñanza

Su mayor prioridad era alcanzar la victoria militar y no tenía prisa en formar un auténtico gobierno.[3]​ La Junta Técnica del Estado se componía de una presidencia y siete comisiones.[8]​ La Comisión de Cultura y Enseñanza era, sin duda, la que tenía una composición más netamente política.Al margen de ellos estaban los también vocales Mariano Puigdollers —tradicionalista— y Alfonso García Valdecasas, que había participado en el mitin inaugural de Falange Española en 1933 pero que luego no había desempeñado un papel relevante en dicho partido.[10]​ El gaditano Pemán pertenecía a una conservadora familia de la alta sociedad.La revista Jerarquía le calificó como «cosa vieja, retórica», y él mismo no tenía mejor opinión de los falangistas, a quienes consideraba un «grupo delicuescente, inconcreto y narcisista».El Gobierno prohibió que las órdenes religiosas continuaran realizando su labor docente, lo que afectaba a cerca de cinco mil escuelas y 295 institutos de secundaria.Aunque la Iglesia católica pudo mantener su influencia en dichos centros a través de personas interpuestas, la medida fue muy polémica.Como «envenenadores del alma popular»[19]​ los definía una conocida circular firmada por José María Pemán aunque redactada por Vegas.[22]​[23]​ Se ha subrayado la especial influencia de Enrique Suñer —persona que merecía pésima opinión a intelectuales poco identificados con el régimen como José Ortega y Gasset— como principal impulsor del proceso de depuración del profesorado.[24]​ Según diría más tarde Vegas Latapie, él mismo planteó una inicial oposición a Suñer, quien fue respaldado en todo momento por Puigdollers.El vicepresidente salió triunfante del pulso ante la pasividad de Pemán, y Vegas acabó abandonando la Comisión.[33]​[34]​ Tuvieron que solicitar la depuración funcionarios, interinos, sustitutos y empleados de fundaciones docentes benéficas.En cambio, podían recuperar sus puestos de trabajo quienes habían sido depurados por las autoridades republicanas.Las posibles sanciones eran inicialmente solo la definitiva separación del servicio y el traslado forzoso.[39]​ El proceso bélico y la propia depuración llegaron a producir una insuficiencia de personal docente, lo que llevó a aplicar con más amplitud las sanciones que permitían seguir contando con los servicios del profesor.Esta era obligatoria para todos los alumnos, incluidos aquellos que estaban en prácticas en el último curso.Al igual que en otros ámbitos, era habitual la existencia de denuncias privadas.Esta era quien tomaba la última decisión, que era publicada en un boletín oficial, si bien también podía considerar necesario solicitar nuevos informes.Cuando se enfrentaban informes favorables y desfavorables, lo habitual era que la comisión depuradora hiciera caso a los últimos, por lo que el expedientado debía buscar avales de personas solventes como principal línea defensiva.La Comisión Superior suavizó en bastantes ocasiones las propuestas de las comisiones inferiores, aunque solo fuera por la necesidad de contar con personal docente suficiente para atender las necesidades del servicio.Adicionalmente, hubo notables diferencias de trato debidas a disparidades regionales.En mayor medida la primera, pues en la segunda hubo muchos sancionados, pero menos separados del servicio debido a que la mayoría de los represaliados eran nacionalistas vascos que fueron castigados con suspensiones de empleo y sueldo y/o traslados forzosos fuera del País Vasco y Navarra.[52]​ Es casi imposible conocer el alcance real del proceso debido a la destrucción documental.Con posterioridad a la desaparición de la Junta Técnica, después de 1938, fue posible practicar revisiones de los expedientes que suavizaron algo la situación —sobre todo debido a que el transcurso del tiempo dio lugar a una mayor permisividad— pero, aun así, el resultado fue una profunda limpieza ideológica y la sustitución del personal purgado por otro adicto al nuevo régimen.Ello supone un 27,48 % del total, un porcentaje algo mayor que el de los maestros.Sin embargo, los separados del servicio tuvieron al menos la oportunidad de trabajar en la enseñanza privada, opción que no tuvieron los profesores interinos que fueron inhabilitados para la enseñanza (4,48 %).En cuanto al traslado forzoso, se aplicó preferentemente a los nacionalistas de derechas, considerados recuperables si se les apartaba del ámbito territorial del que procedían.Una resolución sancionadora podía influir negativamente en otros procedimientos represivos impulsados por las autoridades franquistas.[24]​ Se implantó una fuerte censura que seguía escrupulosamente el Índice de Roma y prohibía todas las obras políticamente opuestas al Movimiento.