La difamación es una comunicación que daña la reputación de un tercero y causa un daño jurídicamente reparable. La definición legal precisa de difamación varía de un país a otro. No se limita necesariamente a hacer afirmaciones que sean refutables y puede extenderse a conceptos que son más abstractos que la reputación, como la dignidad y el honor . En el mundo de habla inglesa, la ley de difamación tradicionalmente distingue entre calumnia (escrita, impresa, publicada en línea, publicada en medios de comunicación) y calumnia (discurso oral). Se trata como un mal civil ( agravio , delito ), como un delito penal , o ambos. [1] [2] [3] [4] [ se necesitan citas adicionales ]
La difamación y las leyes relacionadas pueden abarcar una variedad de actos (desde la difamación general y el insulto, según corresponda a cada ciudadano, hasta disposiciones especializadas que cubren entidades y estructuras sociales específicas): [5] [ se necesitan citas adicionales ]
La ley de difamación tiene una larga historia que se remonta a la antigüedad clásica. Si bien la difamación ha sido reconocida como un mal procesable en diversas formas en los sistemas legales históricos y en diversas filosofías morales y religiosas, la ley de difamación en los sistemas legales contemporáneos se remonta principalmente al derecho romano y al derecho inglés temprano. [ cita necesaria ]
El derecho romano tenía como objetivo dar suficiente margen para la discusión sobre el carácter de un hombre, al mismo tiempo que lo protegía de insultos y dolores innecesarios. El remedio por difamación verbal se limitó durante mucho tiempo a una acción civil por una pena monetaria, que se estimaba según la importancia del caso y que, aunque de carácter punitivo, sin duda incluía prácticamente el elemento de indemnización. Pero con la ampliación del derecho penal se introdujo un nuevo remedio, según el cual muchos tipos de difamación eran castigados con gran severidad. Al mismo tiempo aumentó la importancia concedida a la publicación de libros y escritos difamatorios, los libri o libelli famosi , de donde se deriva el uso moderno de la palabra calumnia ; y bajo los emperadores posteriores, este último término llegó a aplicarse especialmente a acusaciones anónimas o pasquiles , cuya difusión se consideraba particularmente peligrosa y castigaba con castigos muy severos, ya fueran verdaderos o falsos los asuntos contenidos en ellas. [ cita necesaria ]
El Edicto Pretoriano, codificado alrededor del año 130 d.C., declaraba que se podía entablar una acción por gritar a alguien contrario a las buenas costumbres: " qui, adversus bonos mores convicium cui fecisse cuiusve opera factum esse dicitur, quo adversus bonos mores convicium fieret, in eum iudicium dabo ” [6] En este caso, la infracción estuvo constituida por el acto innecesario de gritar. Según Ulpian , no todos los gritos eran procesables. Basándose en el argumento de Labeo , afirmó que el delito consistía en gritar contra la moral de la ciudad (" adversus bonos mores huius civitatis ") algo susceptible de provocar descrédito o desprecio (" quae... ad infamiam vel invidiam alicuius"). spectaret ") la persona expuesta al mismo. [7] Cualquier acto capaz de desprestigiar a otra persona daba lugar a una actio injurarum . [8] En tal caso la verdad de las declaraciones no justificaba la manera pública e insultante en que habían sido hechas, pero, incluso en asuntos públicos, el acusado tenía la oportunidad de justificar sus acciones declarando abiertamente lo que consideraba necesario para la seguridad pública ser denunciado por el libelo y demostrar que sus afirmaciones son ciertas. [9] El segundo epígrafe incluía declaraciones difamatorias hechas en privado, y en este caso el delito residía en el contenido de la imputación, no en la forma de su publicación. Por tanto, la verdad era una defensa suficiente, ya que nadie tenía derecho a exigir protección legal por una reputación falsa. [ cita necesaria ]
En la Inglaterra anglosajona , cuya tradición jurídica es predecesora de las jurisdicciones contemporáneas de derecho consuetudinario, [ cita necesaria ] la calumnia se castigaba con el corte de la lengua. [10] Históricamente, mientras que la difamación de un plebeyo en Inglaterra se conocía como injuria o calumnia, la difamación de un miembro de la aristocracia inglesa se llamaba escándalo magnatum, literalmente "el escándalo de los magnates". [11]
Después de la Segunda Guerra Mundial y con el auge del derecho internacional contemporáneo de derechos humanos , el derecho a un recurso legal por difamación se incluyó en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (PIDCP), que establece que:
- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilícitas en su intimidad, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilícitos a su honor y reputación.
- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Esto implica un derecho a protección legal contra la difamación; sin embargo, este derecho coexiste con el derecho a la libertad de opinión y expresión según el artículo 19 del PIDCP, así como el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos . [12] El artículo 19 del PIDCP establece expresamente que el derecho a la libertad de opinión y de expresión puede limitarse en la medida en que sea necesario "para el respeto de los derechos o la reputación de los demás". [12] En consecuencia, el derecho internacional de derechos humanos establece que si bien las personas deben tener derecho a un recurso legal por difamación, este derecho debe equilibrarse con el derecho igualmente protegido a la libertad de opinión y expresión. En general, garantizar que la legislación nacional sobre difamación equilibre adecuadamente el derecho de las personas a proteger su reputación con la libertad de expresión y de prensa implica: [13]
En la mayor parte de Europa, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos permite restricciones a la libertad de expresión cuando sea necesario para proteger la reputación o los derechos de otros. [14] Además, las restricciones a la libertad de expresión y otros derechos garantizados por las leyes internacionales de derechos humanos (incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)) y por las constituciones de una variedad de países están sujetas a algunas variaciones del acuerdo de tres partes. prueba reconocida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que exige que las limitaciones sean: 1) "establecidas por una ley que sea clara y accesible para todos", 2) "demostrado que son necesarias y legítimas para proteger los derechos o la reputación de otros", y 3) "proporcionada y menos restrictiva para lograr el objetivo pretendido". [15] Esta prueba es análoga a la Prueba de Oakes aplicada a nivel nacional por la Corte Suprema de Canadá para evaluar si las limitaciones a los derechos constitucionales son "demostrablemente justificables en una sociedad libre y democrática" según la Sección 1 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades , la Prueba " necesaria en una sociedad democrática " aplicada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al evaluar las limitaciones de los derechos según el CEDH, la Sección 36 de la Constitución de Sudáfrica posterior al Apartheid , [16] y la Sección 24 de la Constitución de Kenia de 2010. [17] Sin embargo, el uso mundial de la difamación penal [18] y civil , para censurar, intimidar o silenciar a los críticos, ha ido aumentando en los últimos años. [19]
En 2011, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó su Observación general No. 34 (CCPR/C/GC/34) – relativa al artículo 19 del PIDCP. [20]
El párrafo 47 establece:
Las leyes sobre difamación deben redactarse con cuidado para garantizar que cumplan con el párrafo 3 [del artículo 19 del PIDCP] y que no sirvan, en la práctica, para reprimir la libertad de expresión. Todas esas leyes, en particular las leyes penales sobre difamación, deberían incluir defensas tales como la defensa de la verdad y no deberían aplicarse con respecto a aquellas formas de expresión que, por su naturaleza, no estén sujetas a verificación. Al menos en lo que respecta a los comentarios sobre figuras públicas , se debe considerar evitar penalizar o convertir en ilegales declaraciones falsas que hayan sido publicadas por error pero sin malicia. En cualquier caso, debe reconocerse como defensa el interés público en el objeto de la crítica. Los Estados partes deben tener cuidado de evitar medidas y sanciones excesivamente punitivas. Cuando proceda, los Estados partes deberían imponer límites razonables al requisito de que el demandado reembolse los gastos de la parte vencedora. Los Estados partes deberían considerar la despenalización de la difamación y, en cualquier caso, la aplicación del derecho penal sólo debería tolerarse en los casos más graves y la pena de prisión nunca es una pena adecuada. Es inadmisible que un Estado parte procese a una persona por difamación y luego no proceda a un juicio con rapidez; tal práctica tiene un efecto paralizador que puede restringir indebidamente el ejercicio de la libertad de expresión de la persona en cuestión y de otros.
Si bien cada tradición legal aborda la difamación de manera diferente, generalmente se la considera un agravio [a] por el cual la parte ofendida puede emprender acciones civiles . La gama de recursos disponibles para los demandantes exitosos en casos de difamación varía entre jurisdicciones y abarca desde daños y perjuicios hasta órdenes judiciales que exigen al acusado que se retracte de la declaración ofensiva o que publique una corrección o una disculpa.
La difamación moderna en las jurisdicciones de derecho consuetudinario se deriva históricamente de la ley de difamación inglesa . La ley inglesa permite que se interpongan acciones por difamación ante el Tribunal Superior por cualquier declaración publicada que supuestamente difame a una persona o personas identificadas o identificadas (según la ley inglesa, las empresas son personas jurídicas y se les permite entablar demandas por difamación [22] [23] [ 24] ) de una manera que les cause pérdida en su oficio o profesión, o haga que una persona razonable piense peor de ellos.
En las jurisdicciones contemporáneas de derecho consuetudinario , para constituir difamación, una reclamación generalmente debe ser falsa y debe haber sido presentada a alguien que no sea la persona difamada. [25] Algunas jurisdicciones de derecho consuetudinario distinguen entre difamación hablada, denominada calumnia , y difamación en otros medios, como palabras o imágenes impresas, denominada injuria . [26] La distinción fundamental entre difamación y calumnia reside únicamente en la forma en que se publica el asunto difamatorio. Si el material ofensivo se publica en alguna forma fugaz, como palabras o sonidos hablados, lenguaje de señas, gestos o similares, entonces se trata de una calumnia. Por el contrario, la calumnia abarca la difamación mediante palabras escritas o impresas, imágenes o cualquier otra forma que no sean palabras o gestos hablados. [27] [b] La ley de difamación se originó en el siglo XVII en Inglaterra. Con el crecimiento de las publicaciones vino el crecimiento de la difamación y el desarrollo del agravio por difamación. [28] La indemnización más alta en un caso de difamación estadounidense, de 222,7 millones de dólares, fue dictada en 1997 contra Dow Jones a favor de MMAR Group Inc; [29] sin embargo, el veredicto fue desestimado en 1999 en medio de acusaciones de que MMAR no reveló las cintas de audio realizadas por sus empleados. [30]
En las jurisdicciones de derecho consuetudinario, tanto las empresas privadas como los gobiernos han utilizado con frecuencia demandas civiles por difamación para reprimir y censurar las críticas. Un ejemplo notable de este tipo de demandas utilizadas para reprimir las críticas políticas a un gobierno es el uso de acusaciones de difamación por parte de políticos del gobernante Partido de Acción Popular de Singapur para acosar y reprimir a líderes de la oposición como JB Jeyaretnam [31] [32] [33] [34 ] [35] Durante las primeras décadas del siglo XXI, el fenómeno de las demandas estratégicas contra la participación pública ha ganado prominencia en muchas jurisdicciones de derecho consuetudinario fuera de Singapur, a medida que activistas, periodistas y críticos de corporaciones, líderes políticos y figuras públicas son cada vez más objeto de vejatorios litigios por difamación. [36] Como resultado, se han promulgado medidas de reforma de daños en varias jurisdicciones; El Código de Procedimiento Civil de California y la Ley de Protección de la Participación Pública de Ontario lo hacen permitiendo a los demandados presentar una moción especial para anular o desestimar durante la cual se suspende el descubrimiento y que, de tener éxito, pondría fin a la demanda y permitiría a la parte recuperar su derecho legal. costas del demandante. [37] [38]
Existe una variedad de defensas ante demandas por difamación en las jurisdicciones de derecho consuetudinario. [39] Las dos defensas más fundamentales surgen de la doctrina en las jurisdicciones de derecho consuetudinario de que sólo una declaración falsa de hecho (a diferencia de una opinión) puede ser difamatoria. Esta doctrina da lugar a dos defensas separadas pero relacionadas: la opinión y la verdad. Las declaraciones de opinión no pueden considerarse difamatorias ya que son inherentemente no falsificables. [c] Cuando se ha demostrado que una declaración es de hecho y no de opinión, la defensa más común en las jurisdicciones de derecho consuetudinario es la de la verdad. Probar la verdad de una declaración supuestamente difamatoria es siempre una defensa válida. [41] Cuando una declaración es parcialmente cierta, ciertas jurisdicciones del Commonwealth han establecido por ley que la defensa "no fallará por la única razón de que la veracidad de cada cargo no está probada si las palabras que no se prueban como verdaderas no dañan materialmente la reputación del demandante teniendo en cuenta la veracidad de los restantes cargos". [42] De manera similar, la doctrina estadounidense de la verdad sustancial establece que una declaración no es difamatoria si tiene "ligeras inexactitudes de expresión" pero por lo demás es cierta. [43] Dado que una declaración sólo puede ser difamatoria si daña la reputación de otra persona, otra defensa ligada a la capacidad de una declaración de ser difamatoria es demostrar que, independientemente de si la declaración es verdadera o es una declaración de hecho, no en realidad no daña la reputación de alguien.
También es necesario en estos casos demostrar que existe un interés público fundado en que la información concreta sea ampliamente conocida, y este puede ser el caso incluso de figuras públicas . El interés público generalmente no es "lo que le interesa al público", sino más bien "lo que redunda en interés del público". [44] [45]
Otras defensas reconocidas en una o más jurisdicciones de derecho consuetudinario incluyen: [46] [47]
Muchas jurisdicciones de derecho consuetudinario reconocen que algunas categorías de declaraciones se consideran difamatorias per se , de modo que las personas que presentan un reclamo por difamación por estas declaraciones no necesitan demostrar que la declaración fue difamatoria. [50] En una acción por difamación per se , la ley reconoce que ciertas declaraciones falsas son tan dañinas que crean una presunción de daño a la reputación del demandante, permitiendo que un caso de difamación proceda a un veredicto sin prueba real de daños. Aunque las leyes varían según el estado y no todas las jurisdicciones reconocen la difamación per se , existen cuatro categorías generales de declaraciones falsas que normalmente respaldan una acción per se : [51]
Si el demandante prueba que dicha declaración se hizo y era falsa, para recuperar los daños y perjuicios, el demandante sólo necesita probar que alguien había hecho la declaración a un tercero. No se requiere prueba de daños especiales. Sin embargo, para recuperar una indemnización completa, el demandante debe estar preparado para demostrar los daños reales. [51] Como ocurre con cualquier caso de difamación, la verdad sigue siendo una defensa absoluta contra la difamación per se . Esto significa que incluso si la declaración fuera considerada difamatoria per se si fuera falsa, si el acusado establece que de hecho es cierta, una acción por difamación per se no puede sobrevivir. [52] La concepción de qué tipo de alegación puede sustentar una acción por difamación per se puede evolucionar con la política pública. Por ejemplo, en mayo de 2012 un tribunal de apelaciones de Nueva York, citando cambios en las políticas públicas con respecto a la homosexualidad , dictaminó que describir a alguien como gay no es difamación. [53]
Si bien los agravios por difamación son muy similares en todas las jurisdicciones de derecho consuetudinario; Las diferencias han surgido como resultado de jurisprudencia divergente, estatutos y otras acciones legislativas, y preocupaciones constitucionales [d] específicas de jurisdicciones individuales.
Algunas jurisdicciones tienen un agravio o delito de lesión separado , la imposición intencional de angustia emocional , que implica la realización de una declaración, incluso si es veraz, con la intención de dañar al demandante por malicia; algunos tienen un agravio o delito separado de " invasión de la privacidad " en el que la realización de una declaración verdadera puede dar lugar a responsabilidad: pero ninguno de ellos se incluye bajo el título general de "difamación". El agravio por acoso creado por la Ley de Protección contra el Acoso de Singapur de 2014 es un ejemplo de un agravio de este tipo creado por ley. [42] También existe, en casi todas las jurisdicciones, un agravio o delito de " tergiversación ", que implica la realización de una declaración que es falsa aunque no difamatoria. Por lo tanto, un topógrafo que afirma que una casa está libre de riesgo de inundación no ha difamado a nadie, pero aún así puede ser responsable ante alguien que compre la casa basándose en esta declaración. Otras reclamaciones cada vez más comunes similares a la difamación en la legislación estadounidense son las afirmaciones de que una marca famosa se ha diluido mediante deslustre (véase en general dilución de marca) , " interferencia intencional con el contrato " y "tergiversación negligente". En Estados Unidos, por ejemplo, el singular agravio de la luz falsa protege a los demandantes contra declaraciones que no son técnicamente falsas pero sí engañosas. [54] Tanto la difamación como la calumnia requieren publicación. [55]
Aunque las leyes varían según el estado; En Estados Unidos, una acción por difamación generalmente requiere que el demandante que alega difamación demuestre que el demandado:
Además, los tribunales estadounidenses aplican normas especiales en el caso de declaraciones hechas en la prensa sobre personajes públicos, que pueden utilizarse como defensa. Si bien el demandante que alega difamación en un tribunal estadounidense generalmente debe demostrar que la declaración causó daño y se hizo sin una investigación adecuada sobre la veracidad de la declaración; Cuando el demandante es una celebridad o un funcionario público, debe demostrar además que la declaración se hizo con malicia real (es decir, con la intención de hacer daño o con un desprecio imprudente por la verdad). [56] [57] Una serie de fallos judiciales liderados por New York Times Co. v. Sullivan , 376 US 254 (1964) establecieron que para que un funcionario público (u otra figura pública legítima) gane un caso de difamación en un tribunal estadounidense , la declaración debe haber sido publicada sabiendo que era falsa o con un desprecio imprudente de su verdad (es decir, malicia real ). [58] The Associated Press estima que el 95% de los casos de difamación que involucran noticias no surgen de noticias de alto perfil, sino de historias locales "comunes y corrientes", como la cobertura noticiosa de investigaciones o juicios penales locales, o perfiles comerciales. [59] Los periódicos disponen de un seguro de responsabilidad de los medios para cubrir posibles indemnizaciones por daños derivados de demandas por difamación. Un ejemplo temprano de difamación es el caso de John Peter Zenger en 1735. Zenger fue contratado para publicar el New York Weekly Journal . Cuando imprimió el artículo de otro hombre criticando a William Cosby , el gobernador real de la Nueva York colonial , Zenger fue acusado de difamación sediciosa . [28] El veredicto fue de inocencia por el cargo de difamación sediciosa, porque se demostró que todas las declaraciones que Zenger había publicado sobre Cosby habían sido ciertas, por lo que no había un problema de difamación. Otro ejemplo de difamación es el caso New York Times Co. v. Sullivan (1964). La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló un tribunal estatal de Alabama que había declarado culpable al New York Times de difamación por imprimir un anuncio que criticaba a los funcionarios de Alabama por maltratar a estudiantes activistas de derechos civiles . Aunque parte de lo que publicó The Times era falso, el tribunal falló a su favor, diciendo que la difamación de un funcionario público requiere prueba de malicia real , que se definió como un "desprecio consciente o imprudente de la verdad". [60]
Muchas jurisdicciones dentro de la Commonwealth (por ejemplo, Singapur, [61] Ontario, [62] y el Reino Unido [63] ) han promulgado leyes para:
La ley de difamación en Inglaterra y Gales fue revisada aún más por la Ley de Difamación de 2013 .
La difamación en la legislación india sobre daños se parece en gran medida a la de Inglaterra y Gales . Los tribunales indios han respaldado [64] las defensas de privilegio absoluto [65] y calificado, [66] comentario justo, [67] y justificación. [68] Si bien el derecho escrito en el Reino Unido establece que, si el acusado sólo logra probar la verdad de algunos de los diversos cargos en su contra, la defensa de la justificación aún podría estar disponible si los cargos no probados no perjudican materialmente al reputación, [69] no existe ninguna disposición correspondiente en la India, aunque es probable que los tribunales indios traten este principio como un precedente persuasivo. [70] Recientemente, los incidentes de difamación en relación con figuras públicas han atraído la atención del público. [71]
Los orígenes de la ley de difamación estadounidense son anteriores a la Revolución Americana . [e] Aunque la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense fue diseñada para proteger la libertad de prensa, fue concebida principalmente para evitar la censura por parte del estado en lugar de demandas por difamación; por lo tanto, durante la mayor parte de la historia estadounidense, la Corte Suprema no interpretó que la Primera Enmienda se aplicara a los casos de difamación que involucraban a acusados de medios de comunicación. Esto dejó que las leyes sobre difamación, basadas en el tradicional derecho consuetudinario de difamación heredado del sistema legal inglés, se mezclaran en todos los estados. El caso de 1964 New York Times Co. v. Sullivan alteró dramáticamente la naturaleza de la ley de difamación en el país al elevar el elemento de culpa de los funcionarios públicos a malicia real; es decir, las figuras públicas podrían ganar una demanda por difamación sólo si pudieran demostrar la responsabilidad del editor. "conocimiento de que la información era falsa" o que la información fue publicada "sin tener en cuenta si era falsa o no". [73] Posteriormente, la Corte Suprema sostuvo que las declaraciones que son tan ridículas que claramente no son ciertas están protegidas contra demandas por difamación, [74] al igual que las declaraciones de opinión relacionadas con asuntos de interés público que no contienen una connotación factual demostrablemente falsa. [75] Casos estatales y federales posteriores se han referido a la ley de difamación e Internet. [76]
La ley estadounidense sobre difamación es mucho menos favorable para los demandantes que sus contrapartes en los países europeos y de la Commonwealth . Es difícil realizar un debate exhaustivo sobre lo que es y lo que no es difamación o calumnia según la ley estadounidense, ya que la definición difiere entre los distintos estados y se ve afectada además por la ley federal. [77] Algunos estados codifican lo que constituye calumnia y calumnia juntos, fusionando los conceptos en una sola ley de difamación. [51]
Nueva Zelanda recibió la ley inglesa con la firma del Tratado de Waitangi en febrero de 1840. La ley actual es la Ley de Difamación de 1992 que entró en vigor el 1 de febrero de 1993 y derogó la Ley de Difamación de 1954 . [78] La legislación de Nueva Zelanda permite los siguientes recursos en una acción por difamación: daños compensatorios; una orden judicial para detener futuras publicaciones; una corrección o una retractación; y en ciertos casos, daños punitivos. El artículo 28 de la ley permite indemnizaciones punitivas sólo cuando existe un flagrante desprecio de los derechos de la persona difamada. Como la ley supone que un individuo sufre una pérdida si una declaración es difamatoria, no es necesario probar que se ha producido un daño o pérdida específica. Sin embargo, el artículo 6 de la Ley permite que una acción por difamación iniciada por una persona jurídica proceda sólo cuando la persona jurídica alega y demuestra que la publicación de la difamación ha causado o es probable que cause una pérdida pecuniaria a esa persona jurídica.
Como es el caso de la mayoría de las jurisdicciones de la Commonwealth , Canadá sigue la ley inglesa en cuestiones de difamación (excepto en Quebec , donde el derecho privado se deriva del derecho civil francés). En las provincias y territorios de derecho consuetudinario, la difamación cubre cualquier comunicación que tienda a disminuir la estima del tema en la mente de los miembros comunes del público. [79] No se excluyen las declaraciones probablemente ciertas, ni las opiniones políticas. Siempre se presume la intención y no es necesario probar que el acusado tuvo la intención de difamar. En Hill contra la Iglesia de Scientology de Toronto (1995), la Corte Suprema de Canadá rechazó la prueba de malicia real adoptada en el caso estadounidense New York Times Co. contra Sullivan . Una vez formulada la reclamación, el demandado puede valerse de la defensa de justificación (la verdad), comentario justo, comunicación responsable [80] o privilegio. Los editores de comentarios difamatorios también pueden utilizar la defensa de la difusión inocente cuando no tenían conocimiento de la naturaleza de la declaración, no se les informó sobre ella y no fueron negligentes. [81] [82]
Las jurisdicciones de derecho consuetudinario varían en cuanto a si permiten a demandantes corporativos en acciones por difamación. Según la legislación australiana contemporánea, a las empresas privadas se les niega el derecho a demandar por difamación, con excepción de las pequeñas empresas (corporaciones con menos de 10 empleados y sin filiales); esta regla fue introducida por el estado de Nueva Gales del Sur en 2003 y luego adoptada a nivel nacional en 2006. [83] Por el contrario, la ley canadiense otorga a las corporaciones privadas sustancialmente el mismo derecho a demandar por difamación que los individuos. [83] Desde 2013, la ley inglesa traza un camino intermedio, permitiendo a las corporaciones privadas demandar por difamación, pero exigiéndoles que demuestren que la difamación causó tanto daños graves como pérdidas financieras graves, que los demandantes individuales no están obligados a demostrar. [83]
La difamación en jurisdicciones que aplican el derecho romano holandés (es decir, la mayor parte del sur de África, [f] Indonesia, Surinam y el Caribe holandés) da lugar a una reclamación mediante la " actio iniuriarum ". Para la responsabilidad bajo la actio iniuriarum , los elementos generales del delito deben estar presentes, pero se han desarrollado reglas específicas para cada elemento. La causalidad, por ejemplo, rara vez se discute y se supone que está presente. Los elementos de responsabilidad bajo la actio iniuriarum son los siguientes:
Según la actio iniuriarum , el daño consiste en la infracción de un derecho de la personalidad, ya sea "corpus", "dignitas" o "fama". Dignitas es un término genérico que significa "mérito, dignidad, respeto por uno mismo" y comprende preocupaciones relacionadas como la tranquilidad mental y la privacidad. Por ser un concepto tan amplio, su infracción debe ser grave. No todos los insultos son humillantes; hay que probar la contumelia . Esto incluye insulto ( iniuria en sentido estricto), adulterio, pérdida de consorcio, alienación de afecto, incumplimiento de promesa (pero sólo de manera humillante o degradante), etcétera. "Fama" es un término genérico que se refiere a la reputación y la actio iniuriarum que le corresponde abarca la difamación de manera más amplia. Más allá de simplemente cubrir acciones que caen dentro del concepto más amplio de difamación, la "actio iniuriarum" relacionada con las infracciones del corpus de una persona proporciona recursos civiles para agresiones, actos de naturaleza sexual o indecente, y "arresto y detención injustos".
En el derecho escocés , que está estrechamente relacionado con el derecho romano holandés, el remedio por difamación es igualmente la actio iniuriarium y la defensa más común es la "veritas" (es decir, demostrar la veracidad de una declaración que de otro modo sería difamatoria). La difamación cae dentro del ámbito de los intereses no patrimoniales (es decir, dignatarios). Se dice que la ley escocesa relativa a la protección de intereses no patrimoniales es "una cosa de jirones y parches". [84] A pesar de esto, hay "poca base histórica en el derecho escocés para el tipo de dificultades estructurales que han restringido el derecho inglés" en el desarrollo de mecanismos para proteger los llamados "derechos de la personalidad". [85] La herencia actio iniuriarum del derecho escocés otorga a los tribunales la posibilidad de reconocer y conceder reparación en casos en los que no se ha producido ninguna 'pérdida' patrimonial (o 'cuasi-patrimonial'), pero, no obstante, se ha invadido un interés dignatario reconocido. por la conducta ilícita del defensor. Sin embargo, para que se ofrezca tal reparación, el interés no patrimonial debe ser deliberadamente afrentado: la interferencia negligente con un interés no patrimonial no será suficiente para generar responsabilidad. [86] Una actio iniuriarum requiere que la conducta del defensor sea 'contumelosa' [87] , es decir, debe mostrar tal desprecio arrogante por el interés de personalidad reconocido del perseguidor que pueda imputarse una intención de afrentar ( animus iniuriandi ). [88]
Además del derecho de daños, muchas jurisdicciones tratan la difamación como un delito penal y prevén sanciones como tal. Article 19 , un grupo británico de defensa de la libertad de expresión, ha publicado mapas globales [89] que trazan la existencia de leyes penales sobre difamación en todo el mundo, además de mostrar los países que tienen protecciones especiales para los líderes políticos o funcionarios del estado. [90]
Puede haber estatutos regionales que pueden diferir de la norma nacional. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la difamación criminal generalmente se limita a los vivos. Sin embargo, hay 7 estados ( Idaho , Kansas , Luisiana , Nevada , Dakota del Norte , Oklahoma , Utah ) que cuentan con estatutos penales en materia de difamación de muertos. [91]
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) también ha publicado una base de datos detallada sobre disposiciones penales y civiles sobre difamación en 55 países, incluidos todos los países europeos, todos los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes , Estados Unidos y Canadá. [4]
Las cuestiones de difamación de grupo han estado apareciendo en el derecho consuetudinario durante cientos de años. Uno de los primeros casos conocidos de un acusado juzgado por difamación de un grupo fue el caso de R contra Orme y Nutt (1700). En este caso, el jurado encontró que el acusado era culpable de difamar a varios sujetos, aunque no identificó específicamente quiénes eran esos sujetos. Un informe del caso decía que el jurado creía que "cuando un escrito... arremete contra la humanidad en general, o contra un orden particular de hombres, como por ejemplo, los hombres de toga, esto no es una difamación, sino que debe descender". a particulares e individuos para convertirlo en difamación." [92] Este jurado consideró que sólo las personas que creían que habían sido específicamente difamadas tenían derecho a un reclamo por difamación. Dado que el jurado no pudo identificar a las personas exactas que estaban siendo difamadas, no había motivo para identificar que las declaraciones fueran una difamación.
Otro de los primeros libelos de grupos ingleses que se ha citado con frecuencia es King v. Osborne (1732). En este caso, el acusado estaba siendo juzgado "por imprimir un libelo que afectaba a los judíos portugueses". La impresión en cuestión afirmaba que judíos que habían llegado a Londres desde Portugal quemaron hasta morir a una mujer judía cuando tenía un hijo con un hombre cristiano, y que este acto era común. Tras la publicación antisemita de Osborne, varios judíos fueron atacados. Inicialmente, el juez parecía creer que el tribunal no podía hacer nada ya que los escritos de Osborne no señalaban a ningún individuo. Sin embargo, el tribunal concluyó que "dado que la publicación implicaba que el acto era algo que los judíos hacían con frecuencia, toda la comunidad judía fue difamada". [93] Aunque varios informes de este caso dan diferentes versiones del crimen, este informe muestra claramente un fallo basado en difamación grupal. Dado que las leyes que restringían la difamación fueron aceptadas en ese momento debido a su tendencia a conducir a una alteración de la paz, las leyes de difamación grupal se justificaron porque mostraban un potencial de riesgo igual o quizás mayor de violencia. [94] Por esta razón, los casos de difamación grupal son penales, aunque la mayoría de los casos de difamación son agravios civiles.
En diversas jurisdicciones de derecho consuetudinario, las leyes penales que prohíben las protestas en funerales, la sedición , las declaraciones falsas en relación con las elecciones y el uso de malas palabras en público también se utilizan a menudo en contextos similares a las acciones penales por difamación. Los límites del poder de un tribunal para declarar a individuos por "desacato al tribunal" por lo que equivale a supuestas declaraciones difamatorias sobre los jueces o el proceso judicial por parte de abogados u otras personas involucradas en casos judiciales tampoco están bien establecidos en muchos países de derecho consuetudinario.
Mientras que los agravios por difamación son menos controvertidos ya que aparentemente involucran a demandantes que buscan proteger su derecho a la dignidad y su reputación, la difamación penal es más controvertida ya que involucra al Estado que busca expresamente restringir la libertad de expresión . Las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones como el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa han hecho campaña contra las estrictas leyes de difamación que penalizan la difamación. [95] [96] El grupo de defensa de la libertad de expresión Article 19 se opone a la difamación penal, argumentando que las leyes de difamación civil que brindan defensas para declaraciones sobre asuntos de interés público cumplen mejor con el derecho internacional de derechos humanos. [13] El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha impuesto restricciones a las leyes penales sobre difamación debido a las disposiciones sobre libertad de expresión del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un caso notable fue Lingens contra Austria (1986).
Según el Código Penal de Albania , la difamación es un delito. La calumnia con conocimiento de falsedad está sujeta a multas de desde40 000 ALL (c. $350) a un millón de ALL (c. $8350 ). [102] Si la difamación ocurre en público o daña a varias personas, la multa es de 40.000 ALL a tres millones de ALL (c. $25 100 ). [103] Además, la difamación de autoridades, funcionarios públicos o representantes extranjeros (artículos 227, 239 a 241) son delitos separados con penas máximas que varían de uno a tres años de prisión. [104] [105]
En Argentina , los delitos de calumnia e injuria están previstos en el capítulo "Delitos contra el honor" (artículos 109 a 117-bis) del Código Penal. La calumnia se define como "la imputación falsa a una persona determinada de un delito concreto que da lugar a un proceso" (artículo 109). Sin embargo, no constituyen calumnia las expresiones que se refieran a temas de interés público o que no sean asertivas. La pena es multa de 3.000 a 30.000 pesos . El que intencionalmente deshonre o desacredite a determinada persona, será reprimido con pena de mil quinientos a veinte mil pesos (artículo 110).
El que publique o reproduzca, por cualquier medio, calumnias e injurias hechas ajenas, será castigado como responsable de las calumnias e injurias siempre que su contenido no esté correctamente atribuido a la fuente correspondiente. Se exceptúan las expresiones que se refieran a temas de interés público o que no sean asertivas (ver artículo 113). Cuando la calumnia o injuria se cometa a través de la prensa, una posible pena adicional es la publicación de la decisión judicial a expensas del culpable (artículo 114). El que pase a otra persona información sobre una persona que esté incluida en una base de datos personal y que se sepa que es falsa, será sancionado con prisión de seis meses a tres años. Cuando hay daño a alguien, las penas se agravan en una mitad extra (artículo 117 bis, §§ 2º y 3º). [106]
La ley de difamación en Australia se desarrolló principalmente a partir de la ley inglesa de difamación y sus casos, aunque ahora existen diferencias introducidas por la ley y por la limitación constitucional implícita a los poderes gubernamentales para limitar el discurso de naturaleza política establecida en Lange v Australian Broadcasting Corporation (1997). ). [107]
En 2006, entraron en vigor en toda Australia leyes uniformes sobre difamación. [108] Además de solucionar las problemáticas inconsistencias legales entre Estados y Territorios individuales, las leyes introdujeron una serie de cambios en la posición del derecho consuetudinario, entre ellos:
Las reformas de 2006 también establecieron en todos los estados australianos la disponibilidad de la verdad como defensa incondicional; Anteriormente, varios estados sólo permitían la defensa de la verdad con la condición de que existiera un interés o beneficio público. Sin embargo, el acusado aún debe demostrar que las imputaciones difamatorias son sustancialmente ciertas. [112]
La ley tal como está actualmente en Australia se resumió en el caso de 2015 de Duffy contra Google por el juez Blue en la Corte Suprema de Australia del Sur : [113]
El agravio se puede dividir en los siguientes ingredientes:
- el demandado participa en la publicación para un tercero de una obra;
- el cuerpo del trabajo contiene un pasaje supuestamente difamatorio;
- el pasaje transmite una imputación;
- la imputación es sobre el demandante;
- la imputación perjudica la reputación del demandante.
Las defensas disponibles para los acusados de difamación incluyen privilegio absoluto , privilegio calificado , justificación (verdad), opinión honesta, publicación de documentos públicos, informe imparcial de procedimientos de interés público y trivialidad. [46]
El 10 de diciembre de 2002, el Tribunal Superior de Australia dictó sentencia en el caso de difamación en Internet Dow Jones contra Gutnick . [114] La sentencia estableció que las publicaciones extranjeras publicadas en Internet que difamaran a un australiano en su reputación australiana podrían ser consideradas responsables en virtud de la ley de difamación australiana. El caso ganó atención mundial y a menudo se dice, erróneamente, que es el primero de su tipo. Un caso similar anterior al Dow Jones v Gutnick es el Berezovsky v Michaels en Inglaterra. [115]
Se cree que el primer caso de difamación en Twitter en Australia que llega a juicio es el de Mickle contra Farley . Al acusado, el ex estudiante de Orange High School, Andrew Farley, se le ordenó pagar 105.000 dólares a una maestra por escribir comentarios difamatorios sobre ella en la plataforma de redes sociales. [116]
Un caso más reciente sobre la ley de difamación fue Hockey v Fairfax Media Publications Pty Limited [2015], escuchado en el Tribunal Federal de Australia . Esta sentencia fue significativa porque demostró que los tweets, que consten incluso de tan solo tres palabras, pueden ser difamatorios, como se sostuvo en este caso. [117]
En Austria, el delito de difamación está previsto en el artículo 111 del Código Penal. Los delitos penales conexos incluyen la "calumnia y agresión" (artículo 115), que se produce "si una persona insulta, se burla, maltrata o amenaza con malos tratos a otra en público", y, sin embargo, la "falsedad maliciosa" (artículo 297), definida como una acusación falsa que expone a alguien al riesgo de ser procesado. [118]
En Azerbaiyán , el delito de difamación (artículo 147) puede acarrear una multa de hasta "quinientas veces el salario mínimo ", trabajos públicos de hasta 240 horas, trabajo penitenciario de hasta un año o prisión de hasta seis meses. Las penas se agravan hasta los tres años de prisión si se acusa falsamente a la víctima de haber cometido un delito "de carácter grave o muy grave" (artículo 147.2). El delito de injuria (artículo 148) puede acarrear una multa de hasta 1.000 salarios mínimos, o las mismas penas de difamación para obras públicas, trabajos penitenciarios o prisión. [119] [120]
Según el informe de la OSCE sobre las leyes sobre difamación, "Azerbaiyán tiene intención de eliminar de la legislación penal los artículos sobre difamación e injurias y conservarlos en el Código Civil". [121]
En Bélgica, los delitos contra el honor están previstos en el capítulo V del Código Penal belga, artículos 443 a 453-bis. Alguien es culpable de calumnia "cuando la ley admite prueba del hecho alegado" y de difamación "cuando la ley no admite esta prueba" (artículo 443). La pena es de ocho días a un año de prisión, más multa (artículo 444). Además, el delito de “denuncia calumniosa” (artículo 445) se castiga con 15 días a seis meses de prisión, más multa. En cualquiera de los delitos previstos en el Capítulo V del Código Penal, la pena mínima podrá duplicarse (artículo 453-bis) "cuando una de las motivaciones del delito sea el odio, el desprecio o la hostilidad hacia una persona por su intención ". raza , color de la piel, ascendencia , origen nacional o etnia , nacionalidad , género , orientación sexual , estado civil , lugar de nacimiento, edad, patrimonio , creencia filosófica o religiosa , condición de salud presente o futura, discapacidad , lengua materna , creencia política , característica física o genética, u origen social ". [122] [123]
En Brasil , la difamación es un delito, que se persigue ya sea como "difamación" (de tres meses a un año de prisión, más multa; artículo 139 del Código Penal), "calumnia" (de seis meses a dos años de prisión, más multa). 138 del CP) o "lesiones" (de uno a seis meses de prisión, o multa; artículo 140), con penas agravantes cuando el delito se cometa en público (artículo 141, fracción III) o contra un empleado estatal por causa de; sus deberes habituales. La incitación al odio y la violencia también está prevista en el Código Penal (incitación a cometer un delito, artículo 286). Además, en situaciones como el acoso o la coacción moral, los actos de difamación también están cubiertos por los delitos de "coacción ilegal" (artículo 146 del Código Penal) y "ejercicio arbitrario de la facultad discrecional" (artículo 345 del CP), definidos como infracción de la ley. como vigilante . [124]
En Bulgaria , la difamación es formalmente un delito penal, pero la pena de prisión fue abolida en 1999. Los artículos 146 (insulto), 147 (difamación penal) y 148 (insulto público) del Código Penal prescriben una pena de multa. [125]
En Quebec , la difamación se fundamentó originalmente en la ley heredada de Francia y actualmente está establecida por el Capítulo III, Título 2 del Libro Primero del Código Civil de Quebec , que establece que "toda persona tiene derecho al respeto de su reputación y de su intimidad". ". [126]
Para establecer responsabilidad civil por difamación, el demandante debe establecer, sobre un equilibrio de probabilidades, la existencia de un daño (culpa), un acto ilícito (daño) y de una conexión causal (vínculo de causalidad) entre los dos. Una persona que haya hecho comentarios difamatorios no necesariamente será civilmente responsable de los mismos. El demandante debe demostrar además que la persona que hizo los comentarios cometió un acto ilícito. La difamación en Quebec se rige por un estándar de razonabilidad, a diferencia de la responsabilidad estricta; un acusado que hizo una declaración falsa no sería considerado responsable si fuera razonable creer que la declaración era verdadera. [127]
El Código Penal de Canadá especifica los siguientes delitos penales:
La parte penal de la ley rara vez se ha aplicado, pero se ha observado que, cuando se la trata como un delito procesable, a menudo parece surgir de declaraciones hechas contra un agente de la Corona, como un oficial de policía , un funcionario penitenciario , o un abogado de la Corona . [131] En el caso más reciente, en 2012, la propietaria de un restaurante de Ottawa fue condenada por acoso continuo en línea a un cliente que se había quejado de la calidad de la comida y el servicio en su restaurante. [132]
Según el informe oficial de la OSCE sobre las leyes de difamación publicado en 2005, 57 personas en Canadá fueron acusadas de difamación, calumnia e insulto, de las cuales 23 fueron condenadas: 9 a penas de prisión, 19 a libertad condicional y una a una multa. El período promedio de prisión fue de 270 días y la pena máxima fue de cuatro años de prisión. [133]
El auge de Internet como medio para la publicación y expresión de ideas, incluido el surgimiento de plataformas de redes sociales que trascienden las fronteras nacionales, ha resultado difícil de conciliar con las nociones tradicionales de la ley de difamación. Las cuestiones de jurisdicción y los períodos de prescripción contradictorios en casos transfronterizos de difamación en línea, la responsabilidad por hipervínculos a contenido difamatorio, la presentación de demandas contra partes anónimas y la responsabilidad de los proveedores e intermediarios de servicios de Internet hacen de la difamación en línea un área del derecho singularmente complicada. [134]
En 2011, la Corte Suprema de Canadá sostuvo que una persona que publica hipervínculos en un sitio web que conduce a otro sitio con contenido difamatorio no está publicando ese material difamatorio a los efectos de la ley de difamación y libelo. [135] [136]
En Chile , los delitos de calumnia y acusación injuria ( injurias ) están cubiertos por los artículos 412 al 431 del Código Penal. La calumnia se define como "la imputación falsa de un delito determinado y que puede dar lugar a un proceso público" (artículo 412). Si la calumnia es escrita y con publicidad, la pena es "pena menor" en su grado medio más multa de 11 a 20 "salarios vitales" cuando se trate de delito, o "pena menor" en su grado mínimo más multa de de seis a diez "salarios vitales" cuando se trata de falta (artículo 413). Si no se hace por escrito o con publicidad, la pena es "pena inferior de prisión" en su grado mínimo más multa de seis a quince "salarios vitales" cuando se trate de delito, o más multa de seis a diez "salarios vitales" cuando se trata de un delito menor (artículo 414). [137] [138]
Según el artículo 25 del Código Penal, se entiende por "pena de prisión inferior" una pena de prisión de entre 61 días y cinco años. Según el artículo 30, la pena de "reclusión menor" en sus grados medio o mínimo conlleva también la suspensión del ejercicio de un cargo público durante la pena de prisión. [139]
El artículo 416 define injuria como "toda expresión dicha o acción realizada que deshonre, desacredite o cause desprecio". El artículo 417 define de manera amplia las injurias graves (calumnias graves), incluidas la imputación de un delito o falta que no puede dar lugar a persecución pública, y la imputación de un vicio o falta de moralidad, que sean capaces de dañar considerablemente la reputación, el crédito o los intereses de la persona ofendida. Las "calumnias graves" en forma escrita o con publicidad se sancionan con "pena de prisión inferior" en sus grados mínimo a medio más multa de once a veinte "salarios vitales". La calumnia o calumnia de una persona fallecida (artículo 424) puede ser perseguida por el cónyuge, hijos, nietos, padres, abuelos, hermanos y herederos de la persona ofendida. Finalmente, según el artículo 425, en el caso de calumnias y calumnias publicadas en periódicos extranjeros, se consideran responsables todos aquellos que desde territorio chileno enviaron artículos o ordenaron su publicación en el extranjero, o contribuyeron a la introducción de dichos periódicos en Chile con la intención de de propagar la calumnia y la calumnia. [140]
Basado en texto de Wikisource: [ se necesita mejor fuente ] Código Civil de la República Popular China , "Libro Cuarto" ("Derechos de la Personalidad").
"Capítulo I" ("Reglas generales"):
“Capítulo V” (“Derechos a la Reputación y Derechos al Honor”):
El artículo 246 de la Ley Penal de la República Popular China (中华人民共和国刑法) castiga la difamación grave con una pena de prisión de no más de tres años o detención penal previa denuncia, a menos que sea contra el gobierno. [141]
En Croacia , el delito de injuria prescribe una pena de hasta tres meses de prisión o una multa de "hasta 100 ingresos diarios" (Código Penal, artículo 199). Si el delito se comete en público, las penas se agravan hasta seis meses de prisión o una multa de "hasta 150 rentas diarias" (artículo 199-2). Además, el delito de difamación se produce cuando alguien afirma o difunde hechos falsos sobre otra persona que pueden dañar su reputación. La pena máxima es un año de prisión o una multa de hasta 150 ingresos diarios (artículo 200-1). Si el delito se comete en público, la pena de prisión puede alcanzar un año (artículo 200-2). Por otra parte, según el artículo 203, existe una exención para la aplicación de los artículos antes mencionados (insulto y difamación) cuando el contexto específico sea el de una obra científica , obra literaria , obra de arte , información pública realizada por un político. o un funcionario gubernamental, el trabajo periodístico , o la defensa de un derecho o la protección de intereses justificables, en todos los casos siempre que la conducta no tenga como objetivo dañar la reputación de alguien. [142]
Según el artículo 184 del Código Penal checo, la difamación es un delito. Las penas pueden alcanzar una pena máxima de prisión de un año (artículo 184-1) o, si el delito se comete a través de la prensa, el cine, la radio, la televisión, una red informática de acceso público o mediante métodos "similarmente eficaces", el delincuente puede permanecer en prisión. prisión de hasta dos años o se le prohibirá ejercer una actividad específica. [143] Sin embargo, sólo los casos más graves estarán sujetos a procesamiento penal. Los casos menos graves pueden resolverse mediante una acción de disculpa, indemnización o medidas cautelares.
En Dinamarca, la difamación es un delito, según lo define el artículo 267 del Código Penal danés, con una pena de hasta seis meses de prisión o una multa, y el proceso lo inicia la víctima. Además, el artículo 266-b prescribe una pena máxima de prisión de dos años en caso de difamación pública dirigida a un grupo de personas por su raza, color, origen nacional o étnico, religión o "inclinación sexual". [144] [145]
En Finlandia, la difamación es un delito, según el Código Penal (capítulo 24, artículos 9 y 10), punible con una multa o, si es agravado, con hasta dos años de prisión o una multa. La difamación se define como la difusión de un informe o insinuación falsa que pueda causar daño a una persona o menospreciar a alguien. La difamación del difunto también puede constituir un delito si puede causar daño a los seres queridos supervivientes. Además, existe un delito llamado "difusión de información que viola la privacidad personal" (Capítulo 24, Sección 8), que consiste en difundir información, incluso exacta, de manera que pueda lesionar el derecho de una persona a la privacidad. Esta prohibición no cubre la información que pueda ser relevante con respecto a la conducta de una persona en un cargo público, en un negocio o en una posición comparable, o de información relevante para un asunto de interés público. [146] [147] El derecho penal finlandés no contiene disposiciones que penalicen la difamación de entidades corporativas, sólo de personas físicas.
Mientras que la ley de difamación en la mayoría de las jurisdicciones se centra en la protección de la dignidad o reputación de las personas, la ley de difamación en Francia está particularmente arraigada en la protección de la privacidad de las personas. [148] Si bien el alcance más amplio de los derechos protegidos hace que los casos de difamación sean más fáciles de probar en Francia que, por ejemplo, en Inglaterra; Las indemnizaciones en casos de difamación son significativamente inferiores y es común que los tribunales concedan indemnizaciones simbólicas de tan solo 1 euro. [148] De manera controvertida, las indemnizaciones en los casos de difamación presentados por funcionarios públicos son mayores que las presentadas por ciudadanos comunes, lo que tiene un efecto paralizador en las críticas a las políticas públicas [149] Si bien la única defensa legal disponible bajo la ley francesa de difamación es demostrar la verdad de la declaración difamatoria en cuestión, defensa que no está disponible en casos que involucran la vida personal de un individuo; Los tribunales franceses han reconocido tres excepciones adicionales: [150]
Definido como "la alegación o [la] imputación de un hecho que daña el honor o la reputación de la persona u organismo a quien se imputa el hecho". Una acusación difamatoria se considera un insulto si no incluye ningún hecho o si los hechos reclamados no pueden verificarse.
En el derecho alemán no existe distinción entre calumnia y calumnia. A partir de 2006 [update], las demandas por difamación en Alemania aumentan. [151] Los delitos pertinentes del Código Penal de Alemania son los artículos 90 (denigración del Presidente federal), 90a (denigración del Estado [federal] y sus símbolos), 90b (denigración inconstitucional de los órganos de la Constitución), 185 ("insulto"), §186 (difamación del carácter), §187 (difamación con falsedades deliberadas), §188 (difamación política con penas aumentadas por infringir los párrafos 186 y 187), §189 (denigración de una persona fallecida) , §192 ("insulto" con declaraciones verdaderas). Otras secciones relevantes para el enjuiciamiento de estos delitos son §190 (condena penal como prueba de la verdad), §193 (no difamación en la búsqueda de intereses legítimos), §194 (solicitud de enjuiciamiento penal conforme a estos párrafos), §199 (mutuo insulto que se permite dejar impune), y §200 (método de proclamación).
En Grecia, la pena máxima de prisión por difamación, calumnia o insulto era de cinco años, mientras que la multa máxima era de 15.000 euros. [152]
El delito de injuria (artículo 361, § 1, del Código Penal) podía conllevar hasta un año de prisión o una multa, mientras que el delito de injuria no provocada (artículo 361-A, § 1) se castigaba con al menos tres meses de prisión. prisión. Además, la difamación podría haber acarreado hasta dos meses de prisión o una multa, mientras que la difamación agravada podría haber acarreado al menos tres meses de prisión, más una posible multa (artículo 363) y la privación de los derechos civiles del infractor . Por último, el menosprecio de la memoria de una persona fallecida se castiga con pena privativa de libertad de hasta seis meses (Código Penal, artículo 365). [153]
En la India, un caso de difamación puede presentarse bajo el derecho penal , el derecho civil o la ley de delitos cibernéticos, juntos o en secuencia. [154]
Según la Constitución de la India , [155] el derecho fundamental a la libertad de expresión (artículo 19) está sujeto a "restricciones razonables":
19. Protección de determinados derechos en materia de libertad de expresión, etc.
- (1) Todos los ciudadanos tendrán derecho a:
- (a) a la libertad de expresión;
- [(2) Nada de lo dispuesto en el inciso (a) de la cláusula (1) afectará el funcionamiento de cualquier ley existente, ni impedirá al Estado dictar ninguna ley, en la medida en que dicha ley imponga restricciones razonables al ejercicio del derecho. conferido por dicha subcláusula en interés de [la soberanía e integridad de la India], la seguridad del Estado, las relaciones amistosas con Estados extranjeros, el orden público, la decencia o la moralidad, o en relación con el desacato al tribunal, la difamación o la incitación. a un delito.]
En consecuencia, a los efectos de la difamación penal , las "restricciones razonables" se definen en el artículo 499 del Código Penal de la India de 1860 . [97] [156] Esta sección define la difamación y proporciona diez excepciones válidas cuando una declaración no se considera difamación. Dice que se produce difamación cuando alguien "mediante palabras habladas o destinadas a ser leídas, o mediante signos o representaciones visibles, hace o publica cualquier imputación relativa a cualquier persona con la intención de causar daño, o sabiendo o teniendo razones para creer que tal imputación dañará la reputación de dicha persona". La pena es pena de prisión simple de hasta dos años, multa o ambas (artículo 500).
Algunos otros delitos relacionados con acusaciones falsas: declaraciones falsas sobre elecciones (artículo 171G), información falsa (artículo 182), reclamaciones falsas ante los tribunales (artículo 209), acusaciones penales falsas (artículo 211).
Algunos otros delitos relacionados con injurias: contra servidores públicos en procedimientos judiciales (artículo 228), contra religión o creencias religiosas ( artículo 295A ), contra sentimientos religiosos (artículo 298), contra la alteración del orden público (artículo 504), contra el pudor de las mujeres ( Artículo 509).
Según el Código de Procedimiento Penal de la India, la difamación de 1973 [157] se procesa únicamente previa denuncia (dentro de los seis meses siguientes al acto) (artículo 199), y es un delito sujeto a fianza , no reconocible y agravable (Ver: El Primer Anexo , Clasificación de Infracciones).
Según la Ley de Difamación (revisada) de 2009, [98] los últimos delitos penales (artículos 36–37, blasfemia) parecen haber sido derogados. El plazo de prescripción es de un año a partir del momento de la primera publicación (los tribunales pueden ampliarlo a dos años) (artículo 38).
La Ley de 2009 deroga la Ley de Difamación de 1961, que, junto con los principios subyacentes del common law sobre daños, había regido la ley de difamación irlandesa durante casi medio siglo. La Ley de 2009 representa cambios significativos en la legislación irlandesa, ya que muchos creen que antes no concedía suficiente importancia a la libertad de expresión de los medios de comunicación y pesaba demasiado en apoyo del derecho del individuo a un buen nombre. [158]
Según la Ley de Prohibición de Difamación [ cita completa necesaria ] (1965), la difamación puede constituir un delito civil o penal.
Como delito civil, la difamación se considera un caso de agravio y el tribunal puede conceder una indemnización de hasta 50.000 NIS a la persona objeto de la difamación, mientras que el demandante no tiene que demostrar un daño material.
Como delito penal, la difamación se castiga con un año de prisión. Para constituir un delito grave, la difamación debe ser intencional y estar dirigida a al menos dos personas.
En Italia se cometían distintos delitos contra el honor. El delito de lesiones (artículo 594 del Código Penal) se refería al acto de ofender el honor de alguien en su presencia y se castigaba con hasta seis meses de prisión o multa de hasta 516 euros. El delito de difamación (artículo 595 del Código Penal) se refiere a cualquier otra situación que implique ofender la propia reputación ante muchas personas, y se castiga con una pena de hasta un año de prisión o hasta 1.032 euros de multa, duplicada hasta dos años de prisión o multa de 2.065 euros si el delito consiste en la atribución de un hecho determinado. Cuando el delito se produzca por medio de la prensa o de cualquier otro medio publicitario, o en manifestación pública, la pena será de prisión de seis meses a tres años, o multa de al menos 516 euros. Ambos eran delitos a querela di parte , es decir, la víctima tenía derecho a elegir, en cualquier momento, detener la persecución penal retirando la querela (una denuncia formal), o incluso perseguir el hecho sólo con una acción civil. sin querela y por lo tanto sin ningún proceso penal. A partir del 15 de enero de 2016, las lesiones ya no son un delito sino un agravio, mientras que la difamación sigue siendo considerada un delito como antes. [159]
El artículo 31 del Código Penal establece que los delitos cometidos con abuso de poder o con abuso de profesión o arte , o con violación de un deber inherente a esa profesión o arte, conllevan la pena adicional de inhabilitación temporal en el ejercicio de esa profesión o arte. Por lo tanto, a los periodistas condenados por difamación se les puede prohibir ejercer su profesión. [160] [161] Las acusaciones de difamación deliberadamente falsas, como ocurre con cualquier otro delito, dan lugar al delito de calunnia (" calumnia ", artículo 368 del Código Penal), que, según el ordenamiento jurídico italiano, se define como el delito de acusar falsamente, ante las autoridades, a una persona de un delito que no cometió. En cuanto al juicio, el juicio sobre la legalidad de las pruebas pierde relevancia. [162]
La Constitución de Japón [163] dice:
Artículo 21. Se garantiza la libertad de reunión y asociación, así como la de expresión, prensa y todas las demás formas de expresión. No se mantendrá ninguna censura ni se violará el secreto de ningún medio de comunicación.
Según el artículo 723 del Código Civil japonés, un tribunal está facultado para ordenar al infractor en un caso de difamación que "tome las medidas adecuadas para restablecer la reputación [del demandante], ya sea en lugar de una indemnización por daños o junto con ella". [164] Un ejemplo de un caso de difamación civil en Japón se puede encontrar en los fallos de un tribunal civil de Japón contra el presidente de ZNTIR, Yositoki (Mitsuo) Hataya y Yoshiaki.
El Código Penal de Japón [99] (traducción del gobierno, pero aún no es un texto oficial) parece prescribir estos delitos relacionados:
Artículo 92, "Daños a una Bandera Nacional Extranjera". Parece relevante en la medida en que la redacción: "... profana la bandera nacional u otro emblema nacional de un estado extranjero con el propósito de insultar al estado extranjero", puede interpretarse como que incluye una profanación más abstracta; Las traducciones del término japonés (汚損, [165] oson ) incluyen "desfiguración".
Artículo 172, "Acusaciones falsas". Es decir, acusaciones penales falsas (como en denuncia , acusación o información ).
Artículo 188, "Profanación de lugares de culto; injerencia en el servicio religioso". El término japonés (不敬, [166] fukei ) parece incluir cualquier acto de "falta de respeto" y "blasfemia", un término estándar; siempre y cuando se realice en un lugar de culto.
Artículos 230 y 230-2, "Difamación" (名誉毀損, meiyokison ). Disposición general sobre difamación. Cuando la verdad de las acusaciones no sea un factor para determinar la culpabilidad; pero existe una "Disposición especial para cuestiones de interés público", según la cual se permite como defensa probar las acusaciones. Véase también 232: "procesado sólo tras denuncia".
Artículo 231, "Insultos" (侮辱, bujoku ). Disposición general sobre insultos. Véase también 232: "procesado sólo tras denuncia".
Artículo 233, "Daño a la Credibilidad; Obstrucción de Negocios". Disposición especial para dañar la reputación o la 'confianza' (信用, [167] shinnyou ) en el negocio de otro.
Para ver un ejemplo de caso penal por difamación, véase President of the Yukan Wakayama Jiji v. States , vol. 23 No. 7 Minshu 1966 (A) 2472, 975 ( Tribunal Supremo de Japón 25 de junio de 1969) - también en Wikisource. La defensa alegó, entre otras cosas, la violación del artículo 21 de la Constitución. El tribunal consideró que ninguno de los motivos de apelación de la defensa equivalía a motivos legales para una apelación final. Sin embargo, el tribunal examinó el caso de oficio y encontró ilegalidades procesales en las sentencias de los tribunales inferiores (en cuanto a la exclusión de pruebas del testimonio, como rumores). Como resultado, el tribunal anuló la condena en apelación y devolvió el caso a un tribunal inferior para continuar con los procedimientos.
En Malasia, la difamación es a la vez un agravio y un delito penal destinado a proteger la reputación y el buen nombre de una persona. Las principales leyes invocadas son la Ley de Difamación de 1957 (revisada en 1983) y el Código Penal. Siguiendo la práctica de otras jurisdicciones de derecho consuetudinario como el Reino Unido, Singapur y la India, Malasia se basa en la jurisprudencia. De hecho, la Ley de Difamación de 1957 es similar a la Ley de Difamación inglesa de 1952. El Código Penal de Malasia es pari materia con los Códigos Penales de la India y Singapur.
En México, los delitos de calumnia, difamación y acusación calumniosa ( injurias ) han sido abolidos en el Código Penal Federal así como en quince estados. Estos delitos permanecen en los códigos penales de diecisiete estados, donde la pena es, en promedio, de 1,1 años (para los condenados por acusaciones de difamación) a 3,8 años de cárcel (para los condenados por calumnia). [168]
En los Países Bajos, la difamación se aborda principalmente mediante la presentación de una demanda civil ante el Tribunal de Distrito. El artículo 167 del libro 6 del Código Civil establece: "Cuando alguien es responsable frente a otro en virtud de este artículo por una publicación incorrecta o, por su incompletitud, engañosa de información de carácter fáctico, el tribunal puede, en ejercicio de la acción ( reclamación legal) de esta otra persona, ordenar al causante del daño que publique una corrección en la forma que determine el tribunal." Si el tribunal concede una orden judicial, normalmente se ordena al demandado que elimine la publicación o publique una declaración de rectificación.
En Noruega, la difamación era un delito castigado con penas de prisión de hasta seis meses o una multa (Código Penal, capítulo 23, artículo 246). Cuando el delito pueda dañar el "buen nombre" y la reputación de una persona, o la exponga al odio, al desprecio o a la pérdida de confianza, la pena máxima de prisión aumenta a un año, y si la difamación se produce en forma impresa, televisiva o a través de un circunstancia especialmente agravante, la pena de prisión puede alcanzar los dos años (§ 247). Cuando el delincuente actúa "contra su mejor juicio", puede ser castigado con una pena máxima de prisión de tres años (§ 248). Según el artículo 251, la demanda por difamación debe ser iniciada por la persona ofendida, a menos que el acto difamatorio estuviera dirigido a un grupo indefinido o a un gran número de personas, cuando también pudo haber sido perseguido por autoridades públicas. [169] [170]
Según el nuevo Código Penal, aprobado por el Parlamento en 2005, la difamación dejaría de existir como delito. Más bien, cualquier persona que crea que ha sido objeto de difamación tendrá que presentar demandas civiles. El Código Penal entró en vigor el 1 de octubre de 2015.
Según el Código Penal Revisado de Filipinas ("Título Trece", "Crímenes contra el Honor"): [100]
ARTÍCULO 353. Definición de Calumnia. – La calumnia es la imputación pública y maliciosa de un delito, o de un vicio o defecto, real o imaginario, o de cualquier acto, omisión, condición, estatus o circunstancia tendiente a causar el deshonor, el descrédito o el desprecio de una persona natural o persona jurídica, o para mancillar la memoria de alguien que ha fallecido.
Artículos relacionados:
En enero de 2012, The Manila Times publicó un artículo sobre un caso penal de difamación. Un locutor fue condenado a más de dos años de prisión tras ser declarado culpable de difamación por el Tribunal Regional de Primera Instancia de Davao . La transmisión radial dramatizó un reportaje periodístico sobre el ex portavoz Próspero Nograles , quien posteriormente presentó una denuncia. Se cuestionó la compatibilidad de la condena con la libertad de expresión y el juicio en rebeldía . El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recordó su Observación general No. 34 y ordenó al gobierno filipino proporcionar reparación, incluida una compensación por el tiempo cumplido en prisión, y prevenir violaciones similares en el futuro. [171]
En 2012, Filipinas promulgó la Ley de la República 10175, titulada Ley de Prevención de Delitos Cibernéticos de 2012 . Esencialmente, esta Ley establece que la calumnia es punible penalmente y la describe como: "Calumnia - el acto ilegal o prohibido según se define en el artículo 355 del Código Penal Revisado, según enmendado, cometido a través de un sistema informático o cualquier otro medio similar que pueda ser ideado en el futuro." El profesor Harry Roque de la Universidad de Filipinas ha escrito que, según esta ley, la difamación electrónica se castiga con penas de prisión de seis años y un día hasta doce años. [172] [173] [174] Hasta el 30 de septiembre de 2012 [update], se habían presentado ante la Corte Suprema de Filipinas cinco peticiones alegando que la ley era inconstitucional, una de ellas presentada por el senador Teofisto Guingona III . Todas las peticiones afirman que la ley infringe la libertad de expresión, el debido proceso, la igualdad de protección y la privacidad de la comunicación. [175]
En Polonia, la difamación es un delito que consiste en acusar a alguien de una conducta que puede degradarlo ante la opinión pública o exponerlo "a la pérdida de confianza necesaria para un determinado puesto, ocupación o tipo de actividad". Las penas incluyen multa, limitación de libertad y prisión de hasta un año (artículo 212.1 del Código Penal). La pena es más severa cuando la infracción se produce a través de los medios de comunicación (artículo 212.2). [176] Cuando el insulto es público y tiene como objetivo ofender a un grupo de personas o a un individuo por su nacionalidad , etnia, raza, religión o falta de religión, la pena máxima de prisión es de tres años. [177]
En Portugal, los delitos de difamación son: "difamación" (artículo 180 del Código Penal ; hasta seis meses de prisión, o multa de hasta 240 días), "lesiones" (art. 181; hasta tres meses de prisión, o multa de hasta 120 días), y "ofensa a la memoria del fallecido" (art. 185; hasta 6 meses de prisión o multa de hasta 240 días). Las penas se agravan en los casos con publicidad (art. 183; hasta dos años de prisión o al menos 120 días multa) y cuando la víctima es una autoridad (art. 184; las demás penas se agravan en una mitad extra). Existe aún la pena suplementaria de "conocimiento público de la decisión judicial" (costas a cargo del difamador) (art. 189 del Código Penal) y también el delito de "incitación al delito" (artículo 297; hasta tres años de prisión). prisión o multa). [178] [179]
Desde 2014, Rumanía ya no tiene leyes de difamación activas. [180]
En Arabia Saudita , la difamación del Estado, o de un gobernante pasado o presente, es punible según la legislación sobre terrorismo . [181] En un caso de 2015, un escritor saudita fue arrestado por difamar a un ex gobernante del país. Según se informa, según una ley antiterrorista [de 2014], "las acciones que 'amenacen la unidad de Arabia Saudita, perturben el orden público o difamen la reputación del Estado o del rey' se consideran actos de terrorismo. La ley decreta que un sospechoso puede ser mantenido incomunicado durante 90 días sin la presencia de su abogado durante el interrogatorio inicial". [182]
En Singapur , la División 2 de la Parte 3 de la Ley de Protección contra el Acoso de 2014 establece que las personas que se han visto afectadas por declaraciones falsas en línea pueden solicitar una variedad de órdenes judiciales bajo el agravio de acoso que no están disponibles bajo el agravio de difamación anterior a Internet. : [42]
Esto es distinto y no afecta el derecho de acción de los demandantes en virtud del derecho consuetudinario sobre agravios por calumnia y calumnia modificado por la Ley de Difamación de 1957. [61] La Ley de Protección contra el Acoso de 2014, que establece sanciones penales además de recursos civiles, está diseñado específicamente para abordar un ámbito más limitado de conducta a fin de evitar prohibir una gama demasiado amplia de expresiones, y se limita a abordar las expresiones que causan "acoso, alarma o angustia". [42]
En Corea del Sur , tanto las declaraciones verdaderas como las falsas pueden considerarse difamación. [183] Las penas aumentan por declaraciones falsas. También es posible que una persona sea difamada penalmente cuando ya no está viva. [184]
La difamación penal ocurre cuando una declaración pública daña la reputación del sujeto, a menos que la declaración sea cierta y se presente únicamente por el interés público . [184] Además del derecho penal, que permite penas de prisión (hasta siete años en caso de que las acusaciones sean falsas) y multas monetarias, también se puede demandar por daños y perjuicios mediante acciones civiles. Generalmente, las acciones penales proceden de las civiles con la policía surcoreana como investigadores judiciales. [ cita necesaria ]
En octubre de 2008, el JoongAng Daily de Corea publicó un artículo sobre ataques en línea contra celebridades y su posible conexión con los suicidios en el país . Antes de la muerte de Choi Jin-sil , hubo rumores en línea sobre un importante préstamo al actor Ahn Jae-hwan , quien se suicidó anteriormente debido a deudas. U;Nee se ahorcó, incapaz de soportar los comentarios sobre su apariencia física y su cirugía. Jeong Da-bin se suicidó mientras padecía depresión, lo que luego se relacionó con ataques personales sobre su apariencia. Se rumoreaba falsamente que Na Hoon-a había sido castrado por la yakuza . Se informó falsamente que Byun Jung-soo había muerto en un accidente automovilístico. Un profesor de información y estudios sociales de la Universidad de Soongsil , advirtió cómo los rumores en torno a las celebridades pueden impactar sus vidas, de maneras inesperadas y graves. [185]
En enero de 2009, según un artículo del Korea Times , un tribunal de Seúl aprobó el arresto de la comentarista financiera en línea Minerva , por difundir información falsa. Según la decisión, los comentarios de Minerva en línea afectaron negativamente la credibilidad nacional. Los legisladores del gobernante Gran Partido Nacional propusieron un proyecto de ley que permitiría penas de prisión de hasta tres años por difamación en línea y autorizaría a la policía a investigar casos de difamación cibernética sin denuncia previa . [186]
En septiembre de 2015, según un artículo de Hankook Ilbo , las quejas presentadas por insultos durante los juegos online iban en aumento. Los denunciantes pretendían obtener dinero del acuerdo , desperdiciando la capacidad de investigación de los departamentos de policía. Una persona podría terminar demandando a otras 50 personas o más. Esto llevó al surgimiento de cazadores de dinero de acuerdos, que provocaron que otros los insultaran y luego exigieron una compensación. Según estadísticas de la Oficina de Seguridad Cibernética de la Agencia Nacional de Policía , el número de denuncias de difamación e insultos cibernéticos fue de 5.712 en 2010, 8.880 en 2014 y al menos 8.488 en 2015. Más de la mitad de las denuncias por insultos cibernéticos fueron juegos. relacionado (el artículo menciona League of Legends específicamente). La mayoría de los acusados eran adolescentes. Los padres a menudo pagaban tasas de liquidación, que oscilaban entre 300.000 y 2.000.000 de wones surcoreanos (entre 300 y 2000 dólares estadounidenses en 2015), para evitar que sus hijos tuvieran antecedentes penales . [187]
En la antigua Unión Soviética , los insultos difamatorios "sólo pueden constituir un delito penal, no un agravio civil". [188]
En España, el delito de calumnia (artículo 205 del Código Penal ) consiste en acusar a alguien de un delito a sabiendas de la falsedad de la acusación, o con un temerario desprecio de la verdad. Las penas para los casos con publicidad son prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses-multa, y para los demás casos sólo multa de seis a doce meses-multa (artículo 206). Además, el delito de lesión (artículo 208 del Código Penal) consiste en lesionar la dignidad de alguien , despreciar su reputación o lesionar su autoestima , y sólo procede si el delito, por su naturaleza, efectos y circunstancias, es considerado por el público en general tan fuerte. La lesión tiene pena de multa de tres a siete meses-multa, o de seis a catorce meses-multa cuando sea fuerte y con publicidad. Según el artículo 216, el juez puede imponer una pena adicional a la calumnia o injuria, determinando la publicación de la decisión judicial (en un periódico) a expensas del difamador. [189] [190]
En Suecia, la denigración ( ärekränkning ) está tipificada como delito en el capítulo 5 del Código Penal. El artículo 1 regula la difamación ( förtal ) y consiste en señalar a alguien como un delincuente o como "que tiene un modo de vida reprobable", o en proporcionar información sobre él "con la intención de exponerlo a la falta de respeto de los demás". La pena es una multa. [191] Por lo general, no es un requisito que las declaraciones sean falsas; basta con que las declaraciones pretendan ser difamatorias. [192] [193]
El artículo 2 regula la difamación grave ( grovt förtal ) y prevé una pena de hasta dos años de prisión o una multa. Al juzgar si el delito es grave, el tribunal debe considerar si la información, debido a su contenido o al alcance de su difusión, está calculada para producir "daños graves". [191] Por ejemplo, si se puede establecer que el acusado, a sabiendas, transmitió falsedades. [192] El artículo 4 tipifica como delito difamar a una persona fallecida según el artículo 1 o 2. [191] Lo más obvio es que el párrafo pretende declarar ilegal difamar a los padres de alguien como una forma de eludir la ley. [192]
Article 3 regulates other insulting behaviour (förolämpning), not characterised under Article 1 or 2, and is punishable with a fine or, if it is gross, with up to six months of prison or a fine.[191] While an act of defamation involves a third person, it is not a requirement for insulting behaviour.[192]
Under exemptions in the Freedom of the Press Act, Chapter 7, both criminal and civil lawsuits may be brought to court under the laws on denigration.[194]
In Switzerland, the crime of wilful defamation is punished with a maximum term of three years in prison, or with a fine of at least thirty days' worth, according to Article 174-2 of the Swiss Criminal Code. There is wilful defamation when the offender knows the falsity of his/her allegations and intentionally looks to ruin the reputation of one's victim (see Articles 174-1 and 174–2).[195][196]
On the other hand, defamation is punished only with a maximum monetary penalty of 180 daily penalty units (Article 173–1).[197] When it comes to a deceased or absent person, the statute of limitations is 30 years (after the death).[198]
According to the Civil Code of the Republic of China.[199]
"Part I General Principles", "Chapter II Persons", "Section I Natural Persons":
"Part II Obligations", "Chapter I General Provisions"
"Section 1 – Sources of Obligations", "Sub-section 5 Torts":
"Section 3 – Effects Of Obligations", "Sub-section 1 Performance":
The Criminal Code of the Republic of China (中華民國刑法),[101] under "Chapter 27 Offenses Against Reputation and Credit", lists these articles:
Other related articles:
In July 2000, the Justices of the Judicial Yuan (司法院大法官) – the Constitutional Court of Taiwan – delivered the J.Y. Interpretation No. 509 ("The Defamation Case"). They upheld the constitutionality of Art. 310 of the Criminal Code. In the Constitution,[200] Article 11 establishes freedom of speech. Article 23 allows restrictions to freedoms and rights, to prevent infringing on the freedoms and rights of others. The court found that Art. 310 ¶¶ 1-2 were necessary and proportional to protect reputation, privacy, and the public interest. It seemed to extend the defence of truth in ¶ 3, to providing evidence that a perpetrator had reasonable grounds in believing the allegations were true (even if they could not ultimately be proven). Regarding criminal punishments versus civil remedies, it noted that if the law allowed anyone to avoid a penalty for defamation by offering monetary compensation, it would be tantamount to issuing them a licence to defame.[201]
In January 2022, an editorial in the Taipei Times (written by a law student from the National Chengchi University) argued against Articles 309 and 310. Its position was abolishing prison sentences in practice, on the way to full decriminalization. It argued that insulting language should be tackled via education, and not in the courts (with the exception of hate speech). According to the article, 180 prosecutors urged the Legislative Yuan to decriminalize defamation, or at least limit it to private prosecutions (in order to reserve public resources for major crimes, rather than private disputes and quarrels irrelevant to the public interest).[202]
In June 2023, the Constitutional Court delivered its judgment Case on the Criminalization of Defamation II. The court dismissed all the complaints and upheld the constitutionality of the disputed provisions. It emphasized that excluding the application of substantial truth doctrine on defamatory speeches concerning private matters with no public concern, is proportionate in protecting the victim's reputation and privacy. The court reaffirmed J.Y. Interpretation No. 509 and further supplemented its decision. It elaborated on the offender's duty to check the validity of the defamatory statements regarding public matters, and dictated that the offender shall not be punished if there are objective and reasonable grounds for the offender to believe the defamatory statement is true. The court ruled that untrue defamatory statements concerning public matters shall not be punished unless they are issued under actual malice. This includes situations where the offender knowingly or under gross negligence issued said defamatory statement. In terms of the burden of proof for actual malice, the court ruled that it shall be on the prosecutor or the accuser. To prevent fake news from eroding the marketplace of ideas, the court pointed out that the media (including mass media, social media, and self-media) shall be more thorough than the general public in fact-checking.[203]
The Civil and Commercial Code of Thailand provides that:
A person who, contrary to the truth, asserts or circulates as a fact that which injurious to the reputation or the credit of another or his earnings or prosperity in any other manner, shall compensate the other for any damage arising therefrom, even if he does not know of its untruth, provided he ought to know it.
A person who makes a communication the untruth of which is unknown to him, does not thereby render himself liable to make compensation, if he or the receiver of the communication has a rightful interest in it.
The Court, when given judgment as to the liability for wrongful act and the amount of compensation, shall not be bound by the provisions of the criminal law concerning liability to punishment or by the conviction or non-conviction of the wrongdoer for a criminal offence.[204]
In practice, defamation law in Thailand has been found by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to be facilitate hostile and vexatious litigation by business interests seeking to suppress criticism.[205]
The Thai Criminal Code provides that:
Section 326. Defamation
Whoever, imputes anything to the other person before a third person in a manner likely to impair the reputation of such other person or to expose such other person to be hated or scorned, is said to commit defamation, and shall be punished with imprisonment not exceeding one year or fined not exceeding twenty thousand Baht, or both.
Section 327. Defamation to the Family
Whoever, imputing anything the deceased person before the third person, and that imputation to be likely to impair the reputation of the father, mother, spouse or child of the deceased or to expose that person hated or scammed to be said to commit defamation, and shall be punished as prescribed by Section 326.[206]
Criminal defamation charges in Thailand under Section 326 of the Criminal Code are frequently used to censor journalists and activists critical of human rights circumstances for workers in the country.[205]
The United Kingdom abolished criminal libel on 12 January 2010 by section 73 of the Coroners and Justice Act 2009.[207] There were only a few instances of the criminal libel law being applied. Notably, the Italian anarchist Errico Malatesta was convicted of criminal libel for denouncing the Italian state agent Ennio Belelli in 1912.
Under English common law, proving the truth of the allegation was originally a valid defence only in civil libel cases. Criminal libel was construed as an offence against the public at large based on the tendency of the libel to provoke breach of peace, rather than being a crime based upon the actual defamation per se; its veracity was therefore considered irrelevant. Section 6 of the Libel Act 1843 allowed the proven truth of the allegation to be used as a valid defence in criminal libel cases, but only if the defendant also demonstrated that publication was for the "public benefit".[208]
Less than half of U.S. states have criminal defamation laws, but the applicability of those laws is limited by the First Amendment to the U.S. Constitution, and the laws are rarely enforced.[209] There are no criminal defamation or insult laws at the federal level. According to the Wikipedia article, on the state level, 23 states and two territories have criminal defamation laws on the books: Alabama, Florida, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, Texas, Utah, Virginia, Wisconsin, Puerto Rico and Virgin Islands. In addition, Iowa criminalizes defamation through case law without statutorily defining it as a crime.
Noonan v. Staples[210] is sometimes cited as precedent that truth is not always a defence to libel in the U.S., but the case is actually not valid precedent on that issue because Staples did not argue First Amendment protection, which is one theory for truth as complete defence, for its statements.[211] The court assumed in this case that the Massachusetts law was constitutional under the First Amendment without it being argued by the parties.
In response to the expansion of other jurisdictions' attempts to enforce judgements in cases of trans-border defamation and to a rise in domestic strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) following the rise of the internet, the federal and many state governments have adopted statutes limiting the enforceability of offshore defamation judgments and expediting the dismissal of defamation claims. American writers and publishers are shielded from the enforcement of offshore libel judgments not compliant under the SPEECH Act, which was passed by the 111th United States Congress and signed into law by President Barack Obama in 2010.[212] It is based on the New York State 2008 Libel Terrorism Protection Act (also known as "Rachel's Law", after Rachel Ehrenfeld who initiated the state and federal laws).[213] Both the New York state law and the federal law were passed unanimously.
In March 2016, a civil action for defamation led to imposition of a four-year prison sentence on a newspaper publisher.[214]
As of 2012, defamation, slander, insult and lese-majesty laws, existed across the world. According to ARTICLE 19, 174 countries retained criminal penalties for defamation, with full decriminalization in 21 countries. The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) had an ongoing decriminalization campaign. UNESCO also provided technical assistance to governments on revising legislation, to align with international standards and best practices.[215]
The use of civil defamation increased, often in lieu of criminal cases, resulting in disproportionate fines and damages, particularly against media and journalists critical of governments. Libel tourism enabled powerful individuals to limit critical and dissenting voices by shopping around the world for the jurisdictions most likely to approve their defamation suits.[215]
As of 2011, 47% of countries had laws against blasphemy, apostasy or defamation of religion. According to the Pew Research Center, 32 had laws or policies prohibiting blasphemy, and 87 had defamation of religion laws.[215]
The legal liability of internet intermediaries gained increasing importance. Private companies could be held responsible for user-generated content that was made accessible through their servers or services, if it was deemed illegal or harmful. Due to uncertain takedown procedures and the lack of legal resources, intermediaries sometimes were excessively compliant with takedown notices, often outside the legal system and with little recourse for the affected content producer. Intermediaries were at times held criminally liable for content posted by a user, when others perceived it violated privacy or defamation laws. Such cases indicated an emerging trend of preventive censorship, where companies conducted their own monitoring and filtering to avoid possible repercussions. This contributed to a process of privatized censorship, where some governments may rely on private-sector companies to regulate online content, outside of electoral accountability and without due process.[215]
Debate around defamation of religions, and how this impacts the right to free expression, continued to be an issue at a global level. In 2006, UNESCO's executive board adopted a decision on "Respect for freedom of expression and respect for sacred beliefs and values and religious and cultural symbols". In 2011, the United Nations Human Rights Council made further calls for strengthening religious tolerance and preventing hate speech. Similar resolutions were made in 2012 and 2013. In 2013, 87 governments agreed on the Rabat Plan of Action, for the prohibition of incitement to hatred.[215]
By 2013, at least 19% of the region had decriminalized defamation. In 2010, the African Commission on Human and Peoples' Rights adopted a resolution, calling on African Union (AU) member countries to repeal criminal defamation or insult laws. In 2012, the Pan-African Parliament passed a resolution encouraging AU heads of state to sign the Declaration of Table Mountain, calling for the abolition of insult and criminal defamation laws. Such laws frequently led to the arrest and imprisonment of journalists across the continent. It was signed by two countries. In most cases – criminal or civil – the burden of proof continued to be on the defendant, and it was rare to have public interest recognized as a defence. Members of government continued to initiate most such cases. There was a trend towards using civil defamation in lieu of criminal defamation, but with demands for extremely high damages and the potential to bankrupt media outlets – although the courts often dismissed such cases. According to an analysis by the Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life, laws against defamation of religion remained on the books in 13 countries (27%), four countries had laws penalizing apostasy, and two had anti-blasphemy laws.[216]
All Arab States retained criminal penalties for defamation. Truth was rarely a defence to defamation and libel charges. In 2012, Algeria and Tunisia partially decriminalized defamation by eliminating prison terms. According to an analysis by the Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life, sixteen countries (84%) had laws penalizing blasphemy, apostasy and/or defamation of religion. Lese-majesty laws existed in some parts of the region. There were vaguely worded concepts and terms, interpreted narrowly by the judiciary. The number of bloggers imprisoned was rising. Among some Gulf States in particular, citizen journalists and social media users reporting on political matters were arrested. The charges were defamation or insult, typically with respect to heads of state. There was a trend towards trying journalists and bloggers in military courts, particularly during and following the Arab Spring; although this was not limited to countries where such uprisings occurred.[217]
The majority of countries (86%) had laws imposing criminal penalties for defamation. Six countries decriminalized defamation. Both criminal and civil defamation charges against journalists and media organizations continued. Other legal trends included using charges of terrorism, blasphemy, inciting subversion of state power, acting against the state, and conducting activities to overthrow the state. In 2011, the Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life found that anti-blasphemy laws existed in eight countries (18%), while 15 (34%) had laws against defamation of religion.[218]
Four countries in Central and Eastern Europe fully decriminalized defamation. An additional four abolished prison sentences for defamation convictions, although the offence remained in the criminal code.[219]
At the same time, an emerging trend was using fines and sanctions. Civil defamation cases were increasingly used, as evidenced by the number of civil lawsuits and disproportionate fines against journalists and media critical of governments. In at least four countries, defamation laws were used by public officials, including heads of state, to restrict critical media across all platforms. Media and civil society increased pressure on authorities, to stop granting public officials a higher degree of protection against defamation in the media.[219]
Blasphemy was not a widespread phenomenon in Central and Eastern Europe, where only one[clarification needed] country still had such a provision. According to the Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life, 17 countries had laws penalizing religious hate speech.[219]
The Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) of the Organization of American States (OAS), recommended repealing or amending laws that criminalize desacato, defamation, slander, and libel. Some countries proposed reforming the IACHR, which could have weakened the office of the special rapporteur, but the proposal was not adopted by the OAS General Assembly.[220]
Seven countries, three of which in the Caribbean, fully or partially decriminalized defamation. Another trend was abolishing desacato laws, which refer specifically to defamation of public officials. The OAS Special Rapporteur expressed concern over the use of terrorism or treason offences against those who criticize governments.[220]
Defamation, copyright, and political issues were identified as the principal motives for content removal.[220]
Defamation was a criminal offence in the vast majority of countries, occasionally leading to imprisonment or elevated fines. Criminal penalties for defamation remained, but there was a trend towards their repeal. Between 2007 and 2012, 23 of the 27 countries in Western Europe and North America imposed criminal penalties for various exercises of expression (including criminal libel, defamation, slander, insult, and lese-majesty laws – but excluding incitement to violence).[221]
Two countries decriminalized defamation in 2009, followed by another in 2010. In another case, there was no criminal libel at the federal level, and a minority of states still had criminal defamation laws. In general, criminal penalties for libel were imposed rarely, with two notable exceptions.[221]
According to the Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life, eight countries had blasphemy legislation, though these laws were used infrequently.[221]
The range of defences available to those accused of invasion of privacy or defamation expanded, with growing recognition of the public-interest value of journalism. In at least 21 countries, defences to charges of defamation included truth and public interest. This included countries that had at least one truth or public interest defence to criminal or civil defamation (including countries where defence of truth was qualified or limited – for example, to statements of fact as opposed to opinions, or to libel as opposed to insult).[221]
Civil defamation continued, particularly about content related to the rich and powerful, including public officials and celebrities. There were a high number of claims, prohibitive legal costs, and disproportionate damages. This prompted a campaign against what was seen by some as plaintiff-friendly libel laws in the United Kingdom; and that led to reforming the country's defamation law, resulting in the Defamation Act 2013.[221]
Due to legal protection of speech, and practical and jurisdictional limits on effectiveness of controls, censorship was increasingly carried out by private bodies. Privatized censorship by internet intermediaries involved: (i) the widening range of content considered harmful and justified to block or filter; (ii) inadequate due process and judicial oversight of decisions to exclude content or to conduct surveillance; and (iii) a lack of transparency regarding blocking and filtering processes (including the relationship between the state and private bodies, in the setting of filters and the exchange of personal data).[221]
As of 2017, at least 130 UNESCO member states retained criminal defamation laws. In 2017, the OSCE Representative on Freedom of the Media issued a report[3] on criminal defamation and anti-blasphemy laws among its member states, which found that defamation was criminalized in nearly three-quarters (42) of the 57 OSCE participating states. Many of the laws pertaining to defamation included specific provisions with harsher punishments for speech or publications critical of heads of state, public officials, state bodies, and the state itself. The report noted that blasphemy and religious insult laws existed in around one third of OSCE participating states; many of these combined blasphemy and/or religious insult with elements of hate speech legislation. A number of countries continued to include harsh punishments for blasphemy and religious insult.[222]
Countries in every region extended criminal defamation legislation to online content. Cybercrime and anti-terrorism laws passed throughout the world; bloggers appeared before courts, with some serving time in prison. Technological advancements strengthened governments' abilities to monitor online content.[222]
Between 2012 and 2017, four AU member states decriminalized defamation. Other national courts defended criminal defamation's place in their constitution [sic]. Regional courts pressured countries to decriminalize defamation. The ECOWAS Court of Justice, which had jurisdiction over cases pertaining to human rights violations since 2005, set a precedent with two rulings in favour of cases challenging the criminalization of defamation.[223]
In the landmark case of Lohé Issa Konaté v. the Republic of Burkina Faso, the African Court on Human and Peoples' Rights overturned the conviction of a journalist, characterizing it as a violation of the African Charter on Human and Peoples' Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the treaty of the Economic Community of West African States (ECOWAS). The journalist was subjected to censorship, excessive fines, and a lengthy imprisonment for defamation. Following this legally binding decision, the country in question proceeded to amend its laws and pay the journalist compensation.[222][223]
In 2016, the Constitutional Court of Zimbabwe declared its criminal defamation laws unconstitutional. In 2017, the High Court of Kenya declared Section 194 (criminal defamation) of the Penal Code unconstitutional.[223]
Civil society and press freedom organizations lobbied for changes to the penal codes in their respective countries – sometimes successfully. However, even in countries where libel or defamation were explicitly decriminalized, there were often other laws whose broad provisions allowed governments to imprison journalists for a wide range of reasons (cybercrime, anti-terrorism, incitement to violence, national security).[223]
The majority of countries had defamation laws, that were used to charge and imprison journalists. Media outlets were suspended after publishing reports critical of the government or other political elites.[223]
Libel, defamation, slander, as well as emergency laws and anti-terrorism laws, were frequently used as tools of government control on media. Emergency laws often superseded the general law. Defamation laws tended to favour those who could afford costly legal expenses.[224]
Google transparency reports[225] showed that several governments in the Arab region made requests to remove content (such as YouTube videos), based on allegations of insulting religion and defaming powerful figures.[224]
Journalists were predominantly jailed under anti-state laws, with charges ranging from spreading chaos, promoting terrorism, and inciting dissidence, to incitement against the ruling government. Charges for publishing or spreading false news were the next most frequent. Other defamation or religious insult laws were laid against journalists in several cases.[224]
Most countries in South, Southeast, and East Asia, had civil and/or criminal defamation laws. Various cases indicated that such laws were used by political interests and powerful elites (individuals and corporations). Cases of online defamation were on the rise.[226]
One recently enacted defamation law received condemnation, including from the United Nations. The law allowed journalists to be jailed if they were found questioning Sharia law or the affairs of the state. From 2014, criminal defamation laws were challenged, both in South and East Asian countries.[226]
Since 2014, use of criminal defamation and insult laws increased. New legal obligations were imposed on ISPs to monitor content, as a matter of national security – particularly in the Commonwealth of Independent States (CIS) sub-region.[227]
Since 2012, more countries in the South-East Europe sub-region decriminalized defamation. Of the eight countries[clarification needed], three repealed all general provisions on criminal defamation and insult, four[clarification needed] retained criminal defamation offences but without the possibility of imprisonment, and one[clarification needed] retained imprisonment as a possibility. Defamation of public officials, state bodies, or state institutions was criminalized in one[clarification needed] country. Other forms of criminal offences existed in some countries: insulting public officials, harming the reputation and honour of the head of state, insulting or defaming the state.[227]
Civil laws to protect the reputation of individuals or their privacy were increasingly used. There was an increase in the number of cases where politicians turned to the courts, seeking relief for reputational injuries. Civil defamation lawsuits by politicians limited press freedom, in at least one country of the CIS sub-region.[227]
There were attempts to pass legislation allowing content removal based on different claims, including defamation and hate speech. Draft bills were proposed, criminalizing online publication of content deemed as hate speech, and allowing the executive to order take downs of such content. Several states tried to pass legislation creating special criminal offences for online content that could damage the reputation and/or honour of a person. As of 2017, none of these bills were approved.[228]
Public officials throughout the region initiated criminal proceedings against internet users, predominantly against those opposing the ruling party. Claims were based on defamation laws, including charges against memes parodying political personalities.[228]
Antigua and Barbuda (in 2015), Jamaica (in 2013), and Grenada (in 2012), abolished criminal libel. Trinidad and Tobago partially repealed criminal libel in 2014. The Dominican Republic removed prison sentences for defamation of government bodies and public officials.[228]
New cybercrime laws were passed in two Caribbean countries. In 2017, one country passed an anti-hate law that was criticized for stifling political debate.[228]
Legal developments varied across the region. While criminal defamation and insult laws were repealed in some countries, stronger defamation laws were produced or reintroduced in other countries.[229]
In common law countries, criminal defamation laws mostly fell into disuse. In contrast, most civil law countries in Western Europe retained criminal defamation laws. In several Western European countries, defamation was sanctioned more harshly if it involved a public official. In some instances, heads of state were provided more protection to their reputation and punishments were more severe. Some governments strengthened criminal defamation laws to counter online hate speech or cyberbullying.[229]
The European Court of Human Rights had limited influence in legal reforms according to the court's standards, where (suspended) prison sentences for defamation were considered a violation of Article 10 of the European Convention on Human Rights. Other high courts had a mixed record when evaluating criminal defamation and freedom of expression.[229]
According to the 2017 OSCE report,[3] criminal defamation laws were in place in at least 21 of the 27 countries in Western Europe and North America. At least 13 states retained statutes penalizing blasphemy or religious insult.[229]
As of 2022, at least 160 countries had criminal defamation laws on the books, down from 166 in 2015. At least 57 laws and regulations across 44 countries were adopted or amended since 2016, containing vague language or disproportionate punishments, threatening online freedom of expression and press freedom.[230]
According to reports provided by Meta, Google, and Twitter, the number of content removal requests received by those platforms from court orders, law enforcement, and executive branches of governments worldwide doubled in the last five years – to a total of approximately 117,000 requests in 2020. Of these companies, only Google published data on the rationale for content removal requests made by governments; that data showed "defamation" and "privacy and security" as the leading justifications.[230]
Christian religious texts (such as the Epistle of James – full text on Wikisource), catechisms (like the one commissioned by the Council of Trent – see "The Eighth Commandment" from its Roman Catechism), and preachers (like Jean-Baptiste Massillon – see his sermon titled "On evil-speaking"), have argued against expressions (true and false) that can offend others.
Theologian and catechist Joseph Deharbe, in his interpretation of the Eighth Commandment, gives practical advice to the faithful: The commandment above all forbids giving false evidence in court. It is never lawful to tell a lie. In general, forbidden are lies, hypocrisy, detraction, calumny, slander, false suspicion, rash judgment; anything that can injure the honour or character of another. With two exceptions: for the good of the guilty, or when necessary to prevent a greater evil – and then, only with charitable intentions and without exaggerations.
The Catholic Encyclopedia has entries for two related concepts, detraction[231] and slander.[232]
Defamation and calumny seem to be used as synonyms for slander.
The mortal sin of damaging another's good name, by revealing their faults or crimes (honestly believed real by the detractor). Contrasted with calumny, where the assertions are knowingly false.
The degree of sinfulness depends on the harm done, based on three things:
A relatively small defect alleged against a person of eminent station (a bishop is given as example) might be a mortal sin. While an offence of considerable magnitude (drunkenness is given as example), attributed to a member of a social class in which such things frequently happen (a sailor is given as example), might constitute only a venial sin.
If the victim has been publicly sentenced, or their misdeeds are already notorious, it is lawful to refer to them – unless the accused have reformed, or their deeds have been forgotten. But this does not apply to particular communities (a college or monastery are given as examples), where it would be unlawful to publish the fact outside said community. But even if the sin is not public, it may be revealed for the common good, or for the benefit of the narrator, listener, or culprit.
The damage from failing to reveal another's sin must be balanced against the evil of defamation [sic]. No more than necessary should be exposed, and fraternal correction is preferable. Journalists are allowed to criticize public officials. Historians must be able to document the causes and connections of events, and strengthen public conscience.
Those who abet the principal's defamation, are also guilty. Detractors (or their heirs) must provide restitution. They must restore the victim's fame and pay them damages. According to the text, allegations cannot be taken back, reparation methods proposed by theologians are unsatisfactory, and the only way is finding the right occasion for a favourable characterization of the defamed.
Defined as attributing fault to another, when the slanderer knows they are innocent. It combines damaging another's reputation and lying.
According to the text, theologians say that the act of lying might not be grievous in itself, but advise mentioning it in confession to determine reparation methods. The important act is injuring a reputation (hence moralists do not consider slander distinct from detraction). The method of injury is negligible.
In a somewhat contradictory opinion, it is stated that there are circumstances where misdeeds can be lawfully exposed, but a lie is intrinsically evil and can never be justified.
Slander violates commutative justice, so the perpetrator must make restitution. Atonement seems achievable by retracting the false statement, which undoes the injury (even if this requires exposing the perpetrator as a liar). Compensation for the victim's losses may also be required.
In a 2018 academic paper,[233] the author (a law student from the International Islamic University of Malaysia) argued for harmonization between Malaysian laws and Islamic legal principles. Article 3 of the Constitution declares Islam as the state religion. Article 10 provides for freedom of speech, with expressly permitted restrictions for defamation-related offences.
First, definitions of defamation from Malaysian and Islamic law are listed. According to the paper, definitions by Muslim scholars can include: mislead, accuse of adultery, and embarrass or discredit the dignity or honour of another. In the Quran, many more concepts might be included. The author concludes that Islamic definitions are better for classifying defamatory actions.
Second, freedom of speech is compared with teachings of Muhammad. Mentioned among others are: fragmentation of society, divine retribution by the angels in the afterlife, secrecy, loyalty, and treachery; dignity and honour are again mentioned. The author concludes that freedom of speech should be practised for the sake of justice, and can be lifted if it causes discomfort or unhealthy relationships in society.
Third, Malaysian laws related to defamation are enumerated. According to the author, there were cases with exorbitant monetary awards, interference by third parties, and selective actions against political opposition; having a negative impact on society.
Fourth, the proposal of harmonization is discussed. The author proposes amending Malaysian laws to conform with Islamic legal principles, under the supervision of a specific department. Mentioned are: Islamic customary law (Adat), secondary sources of Islamic law (such as Urf), and "other laws" practised by people in various countries; provided that they are in line with Islamic divine law (Maqasid). The author concludes that in the Malaysian context, this proposed harmonization would be justified by Article 3 of the Constitution (with a passing reference to the "supremacy of the Constitution", apparently guaranteed in Article 4).
Finally, the author enumerates proposed steps to bring about this legal reform. Defamation would include:
There would be three types of punishment for defamation:
Other proposed measures include: right of reply, order of retraction, mediation via an ombudsman, empowering the Human Rights Commission of Malaysia, finding ways for people to express their views and opinions, education.
The Jewish Encyclopedia has two articles on the topic: calumny[234] and slander.[235]
The two terms seem to be conflated. It is not clear which, if any, corresponds to harmful and true speech, and which to harmful and false speech. Combined with Wikipedia's entry on lashon hara (terms are spelled somewhat differently), it might be deduced that:
The Wikipedia article on lashon hara equates it to detraction. And classifies all of slander, defamation, and calumny, as the same – and equal to hotzaat shem ra.
It is described as a sin, based on both the Bible ("gossip") and rabbinic literature (leshon hara, "the evil tongue"). Intentionally false accusations and also injurious gossip. Both forbidden in the Torah. Of the Ten Commandments, relevant is the ninth (in Judaism): Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
According to the article, the slanderous [sic] tongue ruins the slanderer, the listener, and the maligned. The divine presence will be denied to liars, hypocrites, scoffers, and slanderers. Slander is morally equated to idolatry, adultery, and murder.
According to the authors, some rabbis saw quinsy, leprosy (related to Miriam speaking ill of Moses), stoning, as deserved punishments. And the Midrash attributes hardships of various figures (such as Joseph, Moses, Elijah, Isaiah) to sins of the tongue.
As for legal remedies, the article refers to ethical and religious sanctions from the Bible and the Talmud, arguing that the law cannot repair subtle damage to reputation – with two exceptions. Bringing an evil name upon one's wife (punished with a fine and by disallowing divorce). Perjury, which would result in the perpetrator receiving same punishment, as the one their false testimony would have brought upon the falsely accused.
The authors conclude that calumny was met with righteous indignation and penal severity in Jewish thought, and this was in accordance with the ethical principle of treating the honour of others as one's own.
Defined as "false and malicious defamation" (circular definition) of another's reputation and character, disgracing them in their community. Here, it is distinguished from leshon hara by being deliberately false. Punishments include fines and damages.
According to the authors, the Law of Moses prescribed flagellation and monetary compensation for a husband who, without reasonable cause, questioned the virginity of his newly married wife; and divorce was disallowed (similarly with calumny). The article notes that after the destruction of the Temple in Jerusalem, these laws prescribing fines and capital punishment ceased.
Rabbinical enactments against slander are described as very stringent. Abusive language might have been exempt from any legal liability, unless it was considered slander (against both the living and the deceased). Fines and excommunication were a possibility. But fasting and apology also seemed to be acceptable atonements.
english law individual corporation defamation.
{{cite news}}: CS1 maint: unfit URL (link){{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)public benefit.
... defamation of a businessman connected to government-owned iron miner Ferrominera Orinoco ...
This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World Trends in Freedom of Expression and Media Development (2014), 29,31,33,39, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World trends in freedom of expression and media development: regional overview of Africa (2014), 7,8,24, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World trends in freedom of expression and media development: regional overview of Asia and the Pacific (2014), 8,9, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World trends in freedom of expression and media development: regional overview of the Arab region (2014), 8,9,30,31, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World trends in freedom of expression and media development: regional overview of Central and Eastern Europe (2014), 8,9, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World trends in freedom of expression and media development: regional overview of Latin America and the Caribbean (2014), 7,8, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World trends in freedom of expression and media development: regional overview of Western Europe and North America (2014), 7,10,29, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report, 38,39, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World trends in freedom of expression and media development: regional overview of Africa 2017/2018, 9,11,12,51, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World trends in freedom of expression and media development: regional overview of Asia Pacific, 2017/2018, 7,8, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World trends in freedom of expression and media development: regional overview of Arab States, 2017/2018, 10,43, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World trends in freedom of expression and media development: regional overview of Central and Eastern Europe 2017/2018, 5,8, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World trends in freedom of expression and media development: regional overview of Latin America and the Caribbean 2017/2018, 7,9,34,39, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from World trends in freedom of expression and media development: regional overview of Western Europe and North America 2017/2018, 6,7,40, UNESCO. This article incorporates text from a free content work. Licensed under CC BY-SA 3.0 IGO (license statement/permission). Text taken from Journalism Is a Public Good: World Trends in Freedom of Expression and Media Development, Global Report 2021/2022, 48,49,52, UNESCO.
