La difamación es una comunicación que daña la reputación de un tercero y causa un daño legalmente reparable. La definición legal precisa de difamación varía de un país a otro. No se limita necesariamente a hacer afirmaciones que sean falsables, y puede extenderse a conceptos que son más abstractos que la reputación, como la dignidad y el honor . En el mundo anglosajón, la ley de difamación tradicionalmente distingue entre difamación (escrita, impresa, publicada en línea, publicada en los medios de comunicación) y calumnia (discurso oral). Se trata como un delito civil ( agravio , delito ), como un delito penal , o ambos. [1] [2] [3] [4] [ cita(s) adicional(es) necesaria(s) ]
La difamación y las leyes relacionadas pueden abarcar una variedad de actos (desde la difamación y el insulto generales, aplicables a todos los ciudadanos, hasta disposiciones especializadas que cubren entidades y estructuras sociales específicas): [5] [ cita(s) adicional(es) necesaria(s) ]
La legislación sobre difamación tiene una larga historia que se remonta a la antigüedad clásica. Si bien la difamación ha sido reconocida como un delito punible en diversas formas en los sistemas jurídicos históricos y en diversas filosofías morales y religiosas, la legislación sobre difamación en los sistemas jurídicos contemporáneos se remonta principalmente al derecho romano y al derecho inglés temprano. [ cita requerida ]
El derecho romano tenía por objeto dar suficiente espacio para la discusión del carácter de un hombre, al tiempo que lo protegía de insultos y dolores innecesarios. El remedio para la difamación verbal se limitó durante mucho tiempo a una acción civil por una pena monetaria, que se calculaba según la importancia del caso y que, aunque punitiva en su carácter, sin duda incluía prácticamente el elemento de la compensación. Pero se introdujo un nuevo remedio con la extensión del derecho penal, en virtud del cual se castigaban con gran severidad muchos tipos de difamación. Al mismo tiempo, aumentó la importancia concedida a la publicación de libros y escritos difamatorios, los libri o libelli famosi , de los que se deriva el uso moderno de la palabra libelo ; y bajo los emperadores posteriores, este último término llegó a aplicarse especialmente a las acusaciones anónimas o pasquils , cuya difusión se consideraba particularmente peligrosa y se castigaba con castigos muy severos, independientemente de que los asuntos contenidos en ellos fueran verdaderos o falsos. [ cita requerida ]
El Edicto Pretoriano, codificado alrededor del año 130 d.C., declaraba que se podía entablar una acción por gritar a alguien contrario a las buenas costumbres: " qui, adversus bonos mores convicium cui fecisse cuiusve opera factum esse dicitur, quo adversus bonos mores convicium fieret, in eum iudicium dabo ” [6] En este caso, la infracción estuvo constituida por el acto innecesario de gritar. Según Ulpian , no todos los gritos eran procesables. Basándose en el argumento de Labeo , afirmó que el delito consistía en gritar contra la moral de la ciudad (" adversus bonos mores huius civitatis ") algo susceptible de provocar descrédito o desprecio (" quae... ad infamiam vel invidiam alicuius"). spectaret ") la persona expuesta al mismo. [7] Cualquier acto capaz de desprestigiar a otra persona daba lugar a una actio injurarum . [8] En tal caso la verdad de las declaraciones no justificaba la forma pública e insultante en que se habían hecho, pero, incluso en asuntos públicos, el acusado tenía la oportunidad de justificar sus acciones al afirmar abiertamente lo que consideraba necesario para la seguridad pública que se denunciara por la difamación y se probara que sus afirmaciones eran verdaderas. [9] El segundo punto incluía las declaraciones difamatorias hechas en privado, y en este caso el delito residía en el contenido de la imputación, no en la forma de Su publicación. La verdad era, por tanto, una defensa suficiente, pues nadie tenía derecho a exigir protección legal por una reputación falsa. [ cita requerida ]
En la Inglaterra anglosajona , cuya tradición legal es la predecesora de las jurisdicciones de derecho consuetudinario contemporáneas, [ cita requerida ] la calumnia se castigaba cortando la lengua. [10] Históricamente, mientras que la difamación de un plebeyo en Inglaterra se conocía como libelo o calumnia, la difamación de un miembro de la aristocracia inglesa se llamaba scandalum magnatum, literalmente "el escándalo de los magnates". [11]
Después de la Segunda Guerra Mundial y con el surgimiento del derecho internacional contemporáneo de los derechos humanos , el derecho a un recurso legal por difamación se incluyó en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de las Naciones Unidas , que establece que:
- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Esto implica un derecho a la protección jurídica contra la difamación; sin embargo, este derecho coexiste con el derecho a la libertad de opinión y expresión en virtud del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos . [12] El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece expresamente que el derecho a la libertad de opinión y expresión puede limitarse en la medida en que sea necesario "para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás". [12] En consecuencia, el derecho internacional de los derechos humanos establece que, si bien las personas deben tener derecho a un recurso legal por difamación, este derecho debe equilibrarse con el derecho igualmente protegido a la libertad de opinión y expresión. En general, garantizar que la legislación nacional sobre difamación equilibre adecuadamente el derecho de las personas a proteger su reputación con la libertad de expresión y de prensa implica: [13]
En la mayor parte de Europa, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos permite restricciones a la libertad de expresión cuando sea necesario para proteger la reputación o los derechos de otros. [14] Además, las restricciones a la libertad de expresión y otros derechos garantizados por las leyes internacionales de derechos humanos (incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)) y por las constituciones de diversos países están sujetas a alguna variación de la prueba de tres partes reconocida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que requiere que las limitaciones sean: 1) "establecidas por una ley clara y accesible para todos", 2) "demostrada como necesarias y legítimas para proteger los derechos o la reputación de otros", y 3) "proporcionadas y lo menos restrictivas posible para lograr el objetivo perseguido". [15] Esta prueba es análoga a la Prueba Oakes aplicada a nivel nacional por la Corte Suprema de Canadá para evaluar si las limitaciones a los derechos constitucionales son "demostrablemente justificables en una sociedad libre y democrática" según la Sección 1 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades , la prueba " necesaria en una sociedad democrática " aplicada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para evaluar las limitaciones a los derechos según el CEDH, la Sección 36 de la Constitución post- apartheid de Sudáfrica , [16] y la Sección 24 de la Constitución de Kenia de 2010. [17] Sin embargo, el uso mundial de la difamación penal [18] y civil , para censurar, intimidar o silenciar a los críticos, ha ido aumentando en los últimos años. [19]
En 2011, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó su Observación general Nº 34 (CCPR/C/GC/34) sobre el artículo 19 del PIDCP. [20]
El párrafo 47 establece:
Las leyes sobre difamación deben elaborarse con cuidado para garantizar que cumplan con el párrafo 3 [del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y que no sirvan, en la práctica, para sofocar la libertad de expresión. Todas esas leyes, en particular las leyes penales sobre difamación, deben incluir defensas como la defensa de la verdad y no deben aplicarse con respecto a aquellas formas de expresión que, por su naturaleza, no están sujetas a verificación. Al menos en lo que respecta a los comentarios sobre figuras públicas , debe considerarse la posibilidad de evitar penalizar o convertir en ilegales de otro modo las declaraciones falsas que se han publicado por error pero sin malicia. En cualquier caso, debe reconocerse como defensa un interés público en el objeto de la crítica. Los Estados partes deben tener cuidado de evitar medidas y sanciones excesivamente punitivas. Cuando sea pertinente, los Estados partes deben establecer límites razonables al requisito de que el acusado reembolse los gastos de la parte vencedora. Los Estados Partes deberían considerar la posibilidad de despenalizar la difamación y, en todo caso, la aplicación de la ley penal sólo debería permitirse en los casos más graves y la prisión nunca es una pena adecuada. Es inadmisible que un Estado Parte procese a una persona por difamación penal y luego no proceda a un juicio expedito; esa práctica tiene un efecto amedrentador que puede restringir indebidamente el ejercicio de la libertad de expresión de la persona en cuestión y de otras personas.
Si bien cada tradición jurídica aborda la difamación de manera diferente, generalmente se la considera un agravio [a] por el cual la parte ofendida puede iniciar una acción civil . La gama de recursos disponibles para los demandantes exitosos en casos de difamación varía entre jurisdicciones y abarca desde daños y perjuicios hasta órdenes judiciales que exigen al demandado que se retracte de la declaración ofensiva o que publique una corrección o una disculpa.
La difamación moderna en las jurisdicciones de derecho consuetudinario se deriva históricamente de la ley de difamación inglesa . La ley inglesa permite que se presenten acciones por difamación ante el Tribunal Superior por cualquier declaración publicada que supuestamente difame a una persona o personas nombradas o identificables (según la ley inglesa, las empresas son personas jurídicas y se les permite presentar una demanda por difamación [22] [23] [24] ) de una manera que les cause pérdidas en su oficio o profesión, o haga que una persona razonable piense mal de ellas.
En las jurisdicciones contemporáneas de derecho consuetudinario , para constituir difamación, una reclamación generalmente debe ser falsa y debe haber sido hecha a alguien que no sea la persona difamada. [25] Algunas jurisdicciones de derecho consuetudinario distinguen entre difamación oral, llamada calumnia , y difamación en otros medios como palabras o imágenes impresas, llamada libelo . [26] La distinción fundamental entre libelo y calumnia radica únicamente en la forma en que se publica el material difamatorio. Si el material ofensivo se publica en alguna forma fugaz, como palabras o sonidos hablados, lenguaje de señas, gestos o similares, entonces es calumnia. Por el contrario, la difamación abarca la difamación por palabras escritas o impresas, imágenes o en cualquier forma que no sean palabras o gestos hablados. [27] [b] La ley de difamación se originó en el siglo XVII en Inglaterra. Con el crecimiento de la publicación vino el crecimiento de la difamación y el desarrollo del agravio de difamación. [28] La indemnización más alta en un caso de difamación estadounidense, de 222,7 millones de dólares, se dictó en 1997 contra Dow Jones a favor de MMAR Group Inc.; [29] sin embargo, el veredicto fue desestimado en 1999 en medio de acusaciones de que MMAR no había revelado cintas de audio hechas por sus empleados. [30]
En las jurisdicciones de derecho consuetudinario, las demandas civiles alegando difamación han sido utilizadas con frecuencia tanto por empresas privadas como por gobiernos para reprimir y censurar las críticas. Un ejemplo notable de tales demandas utilizadas para reprimir las críticas políticas a un gobierno es el uso de demandas por difamación por parte de políticos del gobernante Partido de Acción Popular de Singapur para acosar y reprimir a líderes de la oposición como JB Jeyaretnam . [31] [32] [33] [34] [35] Durante las primeras décadas del siglo XXI, el fenómeno de las demandas estratégicas contra la participación pública ha ganado prominencia en muchas jurisdicciones de derecho consuetudinario fuera de Singapur a medida que activistas, periodistas y críticos de corporaciones, líderes políticos y figuras públicas son cada vez más el blanco de litigios vejatorios por difamación. [36] Como resultado, se han promulgado medidas de reforma de responsabilidad civil en varias jurisdicciones; El Código de Procedimiento Civil de California y la Ley de Protección de la Participación Pública de Ontario lo hacen al permitir que los demandados presenten una moción especial para anular o desestimar durante la cual se suspende el descubrimiento y que, si tiene éxito, pondría fin a la demanda y permitiría a la parte recuperar sus costos legales del demandante. [37] [38]
En las jurisdicciones de derecho consuetudinario, existen diversas defensas contra las demandas por difamación. [39] Las dos defensas más fundamentales surgen de la doctrina de que en las jurisdicciones de derecho consuetudinario sólo una declaración falsa de hechos (en contraposición a una opinión) puede ser difamatoria. Esta doctrina da lugar a dos defensas separadas pero relacionadas: la opinión y la verdad. Las declaraciones de opinión no pueden considerarse difamatorias, ya que son inherentemente no falsificables. [c] Cuando se ha demostrado que una declaración es una declaración de hechos en lugar de una opinión, la defensa más común en las jurisdicciones de derecho consuetudinario es la de la verdad. Probar la verdad de una declaración presuntamente difamatoria es siempre una defensa válida. [41] Cuando una declaración es parcialmente verdadera, ciertas jurisdicciones de la Commonwealth han dispuesto por ley que la defensa "no fracasará por el solo hecho de que no se pruebe la verdad de cada acusación si las palabras cuya veracidad no se haya probado no dañan materialmente la reputación del demandante teniendo en cuenta la verdad de las acusaciones restantes". [42] De manera similar, la doctrina estadounidense de verdad sustancial establece que una declaración no es difamatoria si tiene "ligeras inexactitudes de expresión" pero es verdadera en todo lo demás. [43] Dado que una declaración solo puede ser difamatoria si daña la reputación de otra persona, otra defensa vinculada a la capacidad de una declaración para ser difamatoria es demostrar que, independientemente de si la declaración es verdadera o es una declaración de hechos, en realidad no daña la reputación de alguien.
En estos casos también es necesario demostrar que existe un interés público bien fundado en que la información específica sea ampliamente conocida, y esto puede suceder incluso en el caso de personajes públicos . El interés público no suele ser "lo que interesa al público", sino más bien "lo que es de interés público". [44] [45]
Otras defensas reconocidas en una o más jurisdicciones de derecho consuetudinario incluyen: [46] [47]
Muchas jurisdicciones de derecho consuetudinario reconocen que algunas categorías de declaraciones se consideran difamatorias per se , de modo que las personas que presentan una demanda por difamación por estas declaraciones no necesitan probar que la declaración fue difamatoria. [50] En una acción por difamación per se , la ley reconoce que ciertas declaraciones falsas son tan perjudiciales que crean una presunción de daño a la reputación del demandante, lo que permite que un caso de difamación proceda a un veredicto sin una prueba real de los daños. Aunque las leyes varían según el estado y no todas las jurisdicciones reconocen la difamación per se , hay cuatro categorías generales de declaración falsa que normalmente respaldan una acción per se : [51]
Si el demandante prueba que se hizo tal declaración y que era falsa, para recuperar los daños el demandante solo necesita probar que alguien había hecho la declaración a un tercero. No se requiere prueba de daños especiales. Sin embargo, para recuperar la compensación completa, el demandante debe estar preparado para probar los daños reales. [51] Como en cualquier caso de difamación, la verdad sigue siendo una defensa absoluta a la difamación per se . Esto significa que incluso si la declaración se considerara difamatoria per se si fuera falsa, si el demandado demuestra que de hecho es verdadera, una acción por difamación per se no puede sobrevivir. [52] La concepción de qué tipo de alegación puede respaldar una acción por difamación per se puede evolucionar con la política pública. Por ejemplo, en mayo de 2012 un tribunal de apelaciones de Nueva York, citando cambios en la política pública con respecto a la homosexualidad , dictaminó que describir a alguien como gay no es difamación. [53]
Si bien los delitos por difamación son en general similares en las distintas jurisdicciones de derecho consuetudinario, han surgido diferencias como resultado de jurisprudencia, estatutos y otras acciones legislativas divergentes, y preocupaciones constitucionales [d] específicas de cada jurisdicción.
Algunas jurisdicciones tienen un agravio o delito separado de lesión , infligir intencionalmente angustia emocional , que implica hacer una declaración, incluso si es veraz, destinada a dañar al demandante por malicia; algunas tienen un agravio o delito separado de " invasión de la privacidad " en el que hacer una declaración verdadera puede dar lugar a responsabilidad: pero ninguno de estos cae bajo el título general de "difamación". El agravio de acoso creado por la Ley de Protección contra el Acoso de Singapur de 2014 es un ejemplo de un agravio de este tipo creado por ley. [42] También existe, en casi todas las jurisdicciones, un agravio o delito de " tergiversación ", que implica hacer una declaración que es falsa aunque no sea difamatoria. Por lo tanto, un topógrafo que declara que una casa está libre de riesgo de inundación no ha difamado a nadie, pero aún puede ser responsable ante alguien que compre la casa confiando en esta declaración. Otras demandas cada vez más comunes similares a la difamación en la legislación estadounidense son las demandas de que una marca famosa se ha diluido mediante el desprestigio (véase en general dilución de marca registrada ) , " interferencia intencional con el contrato " y "tergiversación negligente". En Estados Unidos, por ejemplo, el agravio único de luz falsa protege a los demandantes contra declaraciones que no son técnicamente falsas pero que son engañosas. [54] Tanto la difamación como la calumnia requieren publicación. [55]
Aunque las leyes varían según el estado, en Estados Unidos, una acción por difamación generalmente requiere que el demandante que reclama difamación demuestre que el demandado:
Además, los tribunales estadounidenses aplican reglas especiales en el caso de declaraciones hechas en la prensa sobre figuras públicas, que pueden usarse como defensa. Mientras que el demandante que alega difamación en un tribunal estadounidense generalmente debe probar que la declaración causó daño y se hizo sin una investigación adecuada sobre la veracidad de la declaración; cuando el demandante es una celebridad o un funcionario público, debe probar además que la declaración se hizo con malicia real (es decir, la intención de hacer daño o con un desprecio temerario por la verdad). [56] [57] Una serie de fallos judiciales encabezados por New York Times Co. v. Sullivan , 376 US 254 (1964) establecieron que para que un funcionario público (u otra figura pública legítima) gane un caso de difamación en un tribunal estadounidense, la declaración debe haber sido publicada sabiendo que era falsa o con un desprecio temerario por su verdad (es decir, malicia real ). [58] Associated Press estima que el 95% de los casos de difamación que involucran noticias no surgen de noticias de alto perfil, sino de historias locales "comunes" como la cobertura de noticias de investigaciones o juicios criminales locales, o perfiles comerciales. [59] Los periódicos tienen a su disposición un seguro de responsabilidad de los medios para cubrir posibles indemnizaciones por daños y perjuicios de demandas por difamación. Un ejemplo temprano de difamación es el caso de John Peter Zenger en 1735. Zenger fue contratado para publicar el New York Weekly Journal . Cuando publicó el artículo de otro hombre criticando a William Cosby , el gobernador real de la Nueva York colonial , Zenger fue acusado de difamación sediciosa . [28] El veredicto fue de no culpable del cargo de difamación sediciosa, porque se demostró que todas las declaraciones que Zenger había publicado sobre Cosby habían sido verdaderas, por lo que no había un problema de difamación. Otro ejemplo de difamación es el caso de New York Times Co. v. Sullivan (1964). La Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la sentencia de un tribunal estatal de Alabama que había declarado culpable de difamación al New York Times por publicar un anuncio que criticaba a funcionarios de Alabama por maltratar a activistas estudiantiles por los derechos civiles . Aunque parte de lo que publicó el Times era falso, el tribunal falló a su favor, diciendo que la difamación de un funcionario público requiere prueba de malicia real , que se definió como un "desprecio consciente o imprudente por la verdad". [60]
Muchas jurisdicciones dentro de la Commonwealth (por ejemplo, Singapur, [61] Ontario, [62] y el Reino Unido [63] ) han promulgado leyes para:
La ley de difamación en Inglaterra y Gales fue revisada aún más por la Ley de Difamación de 2013 .
La difamación en la legislación india sobre responsabilidad civil civil se parece mucho a la de Inglaterra y Gales . Los tribunales indios han respaldado [64] las defensas del privilegio absoluto [65] y calificado, [66] el comentario justo [67] y la justificación. [68] Si bien la legislación del Reino Unido establece que, si el acusado sólo logra probar la veracidad de algunos de los diversos cargos que se le imputan, la defensa de la justificación aún podría estar disponible si los cargos no probados no dañan materialmente la reputación, [69] no existe una disposición correspondiente en la India, aunque es probable que los tribunales indios consideren este principio como un precedente persuasivo. [70] Recientemente, los incidentes de difamación en relación con figuras públicas han atraído la atención pública. [71]
Los orígenes de la ley de difamación en los Estados Unidos son anteriores a la Revolución Americana . [e] Aunque la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense fue diseñada para proteger la libertad de prensa, fue concebida principalmente para evitar la censura por parte del estado en lugar de las demandas por difamación; por lo tanto, durante la mayor parte de la historia estadounidense, la Corte Suprema no interpretó que la Primera Enmienda se aplicara a los casos de difamación que involucraran a acusados de los medios de comunicación. Esto dejó las leyes de difamación, basadas en el derecho consuetudinario tradicional de difamación heredado del sistema legal inglés, mezcladas en los estados. El caso de 1964 New York Times Co. v. Sullivan alteró drásticamente la naturaleza de la ley de difamación en el país al elevar el elemento de culpa de los funcionarios públicos a la malicia real, es decir, las figuras públicas podían ganar una demanda por difamación solo si podían demostrar el "conocimiento del editor de que la información era falsa" o que la información se publicó "con un desprecio temerario de si era falsa o no". [73] Más tarde, la Corte Suprema sostuvo que las declaraciones que son tan ridículas que claramente no son ciertas están protegidas de demandas por difamación, [74] como lo están las declaraciones de opinión relacionadas con asuntos de interés público que no contienen una connotación fáctica demostrablemente falsa. [75] Casos estatales y federales posteriores han abordado la ley de difamación e Internet. [76]
La ley estadounidense sobre difamación es mucho menos favorable para los demandantes que sus contrapartes en los países europeos y de la Commonwealth . Es difícil analizar en profundidad qué es y qué no es difamación o calumnia según la ley estadounidense, ya que la definición difiere entre los distintos estados y se ve afectada además por la ley federal. [77] Algunos estados codifican lo que constituye difamación y calumnia juntos, fusionando los conceptos en una única ley sobre difamación. [51]
Nueva Zelanda recibió la ley inglesa con la firma del Tratado de Waitangi en febrero de 1840. La ley actual es la Ley de difamación de 1992 , que entró en vigor el 1 de febrero de 1993 y derogó la Ley de difamación de 1954. [ 78] La ley de Nueva Zelanda permite los siguientes recursos en una acción por difamación: daños compensatorios; una orden judicial para detener la publicación posterior; una corrección o una retractación; y en ciertos casos, daños punitivos. La sección 28 de la Ley permite daños punitivos solo cuando hay un desprecio flagrante de los derechos de la persona difamada. Como la ley supone que una persona sufre una pérdida si una declaración es difamatoria, no hay necesidad de probar que se ha producido un daño o pérdida específicos. Sin embargo, la Sección 6 de la Ley permite que una acción por difamación interpuesta por una persona jurídica proceda sólo cuando la persona jurídica alega y prueba que la publicación de la difamación ha causado o es probable que cause una pérdida pecuniaria a esa persona jurídica.
Como es el caso de la mayoría de las jurisdicciones de la Commonwealth , Canadá sigue la ley inglesa en cuestiones de difamación (excepto en Quebec, donde el derecho privado se deriva del derecho civil francés). En las provincias y territorios de derecho común, la difamación cubre cualquier comunicación que tienda a reducir la estima del sujeto en las mentes de los miembros ordinarios del público. [79] Las declaraciones probablemente verdaderas no están excluidas, ni tampoco las opiniones políticas. Siempre se presume la intención, y no es necesario probar que el acusado tenía la intención de difamar. En Hill v. Church of Scientology of Toronto (1995), la Corte Suprema de Canadá rechazó la prueba de malicia real adoptada en el caso estadounidense New York Times Co. v. Sullivan . Una vez que se ha presentado una reclamación, el acusado puede valerse de una defensa de justificación (la verdad), comentario justo, comunicación responsable, [80] o privilegio. Los editores de comentarios difamatorios también pueden utilizar la defensa de difusión inocente cuando no tenían conocimiento de la naturaleza de la declaración, no se les informó de ella y no fueron negligentes. [81] [82]
Las jurisdicciones de derecho consuetudinario difieren en cuanto a si permiten o no a las empresas demandantes en acciones por difamación. En virtud del derecho australiano contemporáneo, a las empresas privadas se les niega el derecho a demandar por difamación, con una excepción para las pequeñas empresas (corporaciones con menos de 10 empleados y sin filiales); esta regla fue introducida por el estado de Nueva Gales del Sur en 2003, y luego adoptada a nivel nacional en 2006. [83] En cambio, la ley canadiense otorga a las empresas privadas sustancialmente el mismo derecho a demandar por difamación que poseen los individuos. [83] Desde 2013, la ley inglesa traza un camino intermedio, permitiendo a las empresas privadas demandar por difamación, pero exigiéndoles que demuestren que la difamación causó tanto un daño grave como una pérdida financiera grave, algo que los demandantes individuales no están obligados a demostrar. [83]
La difamación en jurisdicciones que aplican el derecho romano holandés (es decir, la mayor parte de África meridional, Indonesia , Surinam y el Caribe holandés) da lugar a una demanda por vía de " actio iniuriarum ". Para que exista responsabilidad en virtud de la actio iniuriarum , deben estar presentes los elementos generales del delito, pero se han desarrollado reglas específicas para cada elemento. La causalidad, por ejemplo, rara vez se cuestiona y se supone que está presente. Los elementos de responsabilidad en virtud de la actio iniuriarum son los siguientes:
Según la actio iniuriarum , el daño consiste en la infracción de un derecho de la personalidad, ya sea "corpus", "dignitas" o "fama". Dignitas es un término genérico que significa 'dignidad, mérito, respeto por uno mismo' y comprende preocupaciones relacionadas como la tranquilidad mental y la privacidad. Debido a que es un concepto tan amplio, su infracción debe ser grave. No todo insulto es humillante; uno debe probar contumelia . Esto incluye insulto ( iniuria en sentido estricto), adulterio, pérdida de consorcio, alienación de afecto, incumplimiento de promesa (pero solo de manera humillante o degradante), etcétera. "Fama" es un término genérico que se refiere a la reputación y la actio iniuriarum relacionada con ella abarca la difamación de manera más amplia. Más allá de simplemente cubrir acciones que caen dentro del concepto más amplio de difamación, la "actio iniuriarum" relacionada con las infracciones del corpus de una persona proporciona recursos civiles para agresiones, actos de naturaleza sexual o indecente y "arresto y detención injustos".
En el derecho escocés , que está estrechamente relacionado con el derecho romano holandés, el remedio para la difamación es de manera similar la actio iniuriarium y la defensa más común es "veritas" (es decir, probar la verdad de una declaración que de otro modo sería difamatoria). La difamación cae dentro del ámbito de los intereses no patrimoniales (es decir, dignatarios). Se dice que el derecho escocés relativo a la protección de los intereses no patrimoniales es "una cosa de jirones y parches". [84] No obstante, hay "poca base histórica en el derecho escocés para el tipo de dificultades estructurales que han restringido el derecho inglés" en el desarrollo de mecanismos para proteger los llamados "derechos de la personalidad". [85] La herencia de actio iniuriarum del derecho escocés da a los tribunales el alcance para reconocer y otorgar reparación en casos en los que no se ha producido una "pérdida" patrimonial (o "cuasi patrimonial"), pero un interés dignatario reconocido ha sido invadido, no obstante, a través de la conducta ilícita del defensor. Sin embargo, para que se ofrezca dicha reparación, el interés no patrimonial debe ser deliberadamente agraviado: la interferencia negligente con un interés no patrimonial no será suficiente para generar responsabilidad. [86] Una actio iniuriarum requiere que la conducta del defensor sea "contumeliosa" [87] —es decir, debe mostrar tal desprecio arrogante del interés personal reconocido del demandante que pueda imputarse una intención de agraviar ( animus iniuriandi ). [88]
Además de la legislación sobre responsabilidad civil, muchas jurisdicciones tratan la difamación como un delito penal y prevén sanciones como tal. Article 19 , un grupo británico de defensa de la libertad de expresión, ha publicado mapas globales [89] que muestran la existencia de leyes penales sobre difamación en todo el mundo, así como los países que tienen protecciones especiales para líderes políticos o funcionarios del estado. [90]
Puede haber estatutos regionales que difieran de la norma nacional. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la difamación penal generalmente se limita a las personas vivas. Sin embargo, hay 7 estados ( Idaho , Kansas , Luisiana , Nevada , Dakota del Norte , Oklahoma , Utah ) que tienen estatutos penales sobre la difamación de los muertos. [91]
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) también ha publicado una base de datos detallada sobre las disposiciones sobre difamación penal y civil en 55 países, incluidos todos los países europeos, todos los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes , Estados Unidos y Canadá. [4]
Las cuestiones de difamación colectiva se han planteado en el derecho consuetudinario durante cientos de años. Uno de los primeros casos conocidos de un acusado que fue juzgado por difamación de un grupo fue el caso de R v Orme and Nutt (1700). En este caso, el jurado determinó que el acusado era culpable de difamar a varios sujetos, aunque no identificó específicamente quiénes eran esos sujetos. Un informe del caso decía que el jurado creía que "cuando un escrito... arremete contra la humanidad en general, o contra un orden particular de hombres, como por ejemplo los hombres de toga, no se trata de una difamación, pero debe descender a particulares e individuos para que sea una difamación". [92] Este jurado creía que sólo los individuos que creían que habían sido difamados específicamente tenían derecho a un caso de difamación. Dado que el jurado no pudo identificar a las personas exactas que estaban siendo difamadas, no había motivos para identificar las declaraciones como una difamación.
Otro caso de difamación colectiva inglés que se ha citado con frecuencia es King v. Osborne (1732). En este caso, el acusado estaba siendo juzgado "por publicar una difamación que difamaba a los judíos portugueses". La publicación en cuestión afirmaba que los judíos que habían llegado a Londres desde Portugal quemaron viva a una mujer judía cuando tuvo un hijo con un hombre cristiano, y que este acto era común. Después de la publicación antisemita de Osborne, varios judíos fueron atacados. Inicialmente, el juez pareció creer que el tribunal no podía hacer nada ya que los escritos de Osborne no señalaban a ningún individuo en particular. Sin embargo, el tribunal concluyó que "como la publicación implicaba que el acto era algo que los judíos hacían con frecuencia, toda la comunidad judía fue difamada". [93] Aunque varios informes de este caso dan diferentes versiones del delito, este informe muestra claramente una sentencia basada en la difamación colectiva. Dado que las leyes que restringían la difamación fueron aceptadas en esta época debido a su tendencia a conducir a una alteración del orden público, las leyes de difamación colectiva estaban justificadas porque mostraban un potencial de violencia igual o tal vez mayor. [94] Por esta razón, los casos de difamación colectiva son penales, aunque la mayoría de los casos de difamación son agravios civiles.
En diversas jurisdicciones de common law, las leyes penales que prohíben las protestas en los funerales, la sedición , las declaraciones falsas en relación con las elecciones y el uso de blasfemias en público también se utilizan a menudo en contextos similares a las acciones penales por difamación. Los límites del poder de un tribunal para declarar a individuos en "desacato al tribunal" por lo que equivale a supuestas declaraciones difamatorias sobre los jueces o el proceso judicial por parte de abogados u otras personas involucradas en casos judiciales tampoco están bien establecidos en muchos países de common law.
Si bien los delitos por difamación son menos controvertidos, ya que aparentemente involucran a demandantes que buscan proteger su derecho a la dignidad y su reputación, la difamación criminal es más controvertida, ya que implica que el estado busca expresamente restringir la libertad de expresión . Las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones como el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa han hecho campaña contra leyes de difamación estrictas que penalizan la difamación. [95] [96] El grupo de defensa de la libertad de expresión Article 19 se opone a la difamación criminal, argumentando que las leyes de difamación civil que brindan defensas para declaraciones sobre asuntos de interés público son más compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. [13] El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha impuesto restricciones a las leyes de difamación penal debido a las disposiciones de libertad de expresión del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un caso notable fue Lingens v. Austria (1986).
Según el Código Penal de Albania , la difamación es un delito. La calumnia a sabiendas de que se trata de una falsedad está sujeta a multas de entre 10 y 15 euros.40 000 ALL (aproximadamente $350) a un millón ALL (aproximadamente $8350 ). [102] Si la calumnia ocurre en público o daña a varias personas, la multa es de 40.000 ALL a tres millones ALL (aproximadamente $25 100 ). [103] Además, la difamación de autoridades, funcionarios públicos o representantes extranjeros (artículos 227, 239 a 241) son delitos separados con penas máximas que varían de uno a tres años de prisión. [104] [105]
En Argentina , los delitos de calumnia e injuria están previstos en el capítulo “Delitos contra el Honor” (artículos 109 a 117-bis) del Código Penal. La calumnia se define como “la imputación falsa a persona determinada de un delito concreto que dé lugar a un proceso judicial” (artículo 109). Sin embargo, no constituyen calumnia las expresiones referidas a sujetos de interés público o que no sean asertivas. La pena es multa de 3.000 a 30.000 pesos . El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a persona determinada es castigado con pena de 1.500 a 20.000 pesos (artículo 110).
El que publique o reproduzca, por cualquier medio, calumnias e injurias hechas por otros, será castigado como responsable de las calumnias e injurias, siempre que su contenido no se atribuya correctamente a la fuente correspondiente. Se exceptúan las expresiones que se refieran a temas de interés público o que no sean asertivas (véase artículo 113). Cuando la calumnia o la injuria se cometan por medio de la prensa, una posible pena suplementaria es la publicación de la decisión judicial a expensas del culpable (artículo 114). El que transmita a otro información sobre una persona que esté incluida en una base de datos personales y que se sepa que es falsa, será castigado con seis meses a tres años de prisión. Cuando haya daño a alguien, las penas se agravarán en una mitad más (artículo 117 bis, §§ 2º y 3º). [106]
La ley de difamación en Australia se desarrolló principalmente a partir de la ley de difamación inglesa y sus casos, aunque ahora hay diferencias introducidas por la ley y por la limitación constitucional implícita de los poderes gubernamentales para limitar el discurso de naturaleza política establecida en Lange v Australian Broadcasting Corporation (1997). [107]
En 2006, entraron en vigor leyes uniformes sobre difamación en toda Australia. [108] Además de corregir las inconsistencias problemáticas en la legislación entre los distintos estados y territorios, las leyes introdujeron una serie de cambios en la posición del derecho consuetudinario, entre ellos:
Las reformas de 2006 también establecieron en todos los estados australianos la disponibilidad de la verdad como defensa incondicional; anteriormente, varios estados sólo permitían la defensa de la verdad con la condición de que existiera un interés o beneficio público. Sin embargo, el acusado todavía tiene que demostrar que las imputaciones difamatorias son sustancialmente ciertas. [112]
La ley tal como está actualmente en Australia fue resumida en el caso de 2015 de Duffy v Google por el juez Blue en la Corte Suprema de Australia del Sur : [113]
El agravio puede dividirse en los siguientes ingredientes:
- el demandado participa en la publicación a un tercero de un conjunto de obras;
- el cuerpo del trabajo contiene un pasaje presuntamente difamatorio;
- El pasaje transmite una imputación;
- la imputación se refiere al demandante;
- La imputación es perjudicial para la reputación del demandante.
Las defensas disponibles para los acusados de difamación incluyen el privilegio absoluto , el privilegio calificado , la justificación (verdad), la opinión honesta, la publicación de documentos públicos, el informe justo de procedimientos de interés público y la trivialidad. [46]
El 10 de diciembre de 2002, el Tribunal Superior de Australia dictó sentencia en el caso de difamación en Internet de Dow Jones v Gutnick . [114] La sentencia estableció que las publicaciones extranjeras publicadas en Internet que difamaran a un australiano en su reputación australiana podrían ser consideradas responsables en virtud de la ley de difamación australiana. El caso ganó atención mundial y a menudo se dice, incorrectamente, que es el primero de su tipo. Un caso similar que antecede a Dow Jones v Gutnick es Berezovsky v Michaels en Inglaterra. [115]
Se cree que el primer caso de difamación en Twitter que se lleva a juicio en Australia es Mickle v Farley . El acusado, un exalumno de la escuela secundaria Orange, Andrew Farley, recibió la orden de pagar 105.000 dólares a una profesora por escribir comentarios difamatorios sobre ella en la plataforma de redes sociales. [116]
Un caso más reciente en materia de derecho de difamación fue Hockey v Fairfax Media Publications Pty Limited [2015], que se llevó a cabo en el Tribunal Federal de Australia . Esta sentencia fue significativa porque demostró que los tuits, incluso los que constan de tan solo tres palabras, pueden ser difamatorios, como se sostuvo en este caso. [117]
En Austria, el delito de difamación está previsto en el artículo 111 del Código Penal. Entre los delitos penales relacionados figuran la "calumnia y agresión" (artículo 115), que se produce "si una persona insulta, se burla, maltrata o amenaza con maltratar a otra en público", y la "falsedad maliciosa" (artículo 297), definida como una acusación falsa que expone a alguien al riesgo de ser procesado. [118]
En Azerbaiyán , el delito de difamación (artículo 147) puede dar lugar a una multa de hasta "quinientas veces el importe del salario mínimo ", trabajo público de hasta 240 horas, trabajo correccional de hasta un año o prisión de hasta seis meses. Las penas se agravan hasta tres años de prisión si la víctima es falsamente acusada de haber cometido un delito "de naturaleza grave o muy grave" (artículo 147.2). El delito de injuria (artículo 148) puede dar lugar a una multa de hasta mil veces el salario mínimo, o a las mismas penas de difamación para el trabajo público, el trabajo correccional o la prisión. [119] [120]
Según el informe de la OSCE sobre las leyes de difamación, “Azerbaiyán tiene la intención de eliminar los artículos sobre difamación e insultos de la legislación penal y conservarlos en el Código Civil”. [121]
En Bélgica, los delitos contra el honor están previstos en el Capítulo V del Código Penal belga, artículos 443 a 453-bis. Se es culpable de calumnia "cuando la ley admita la prueba del hecho alegado" y de difamación "cuando la ley no admita esta prueba" (artículo 443). La pena es de ocho días a un año de prisión, más una multa (artículo 444). Además, el delito de "delación calumniosa" (artículo 445) se castiga con quince días a seis meses de prisión, más una multa. En cualquiera de los delitos previstos en el Capítulo V del Código Penal, la pena mínima podrá ser duplicada (artículo 453-bis) “cuando una de las motivaciones del delito sea el odio, desprecio u hostilidad hacia una persona por razón de su raza , color de la piel, ascendencia , origen nacional o étnico , nacionalidad , género , orientación sexual , estado civil , lugar de nacimiento, edad, patrimonio , creencia filosófica o religiosa , estado de salud presente o futuro, discapacidad , lengua materna , creencia política, característica física o genética, u origen social ”. [122] [123]
En Brasil , la difamación es un delito que se persigue como "difamación" (de tres meses a un año de prisión, más multa; artículo 139 del Código Penal), "calumnia" (de seis meses a dos años de prisión, más multa; artículo 138 del CP) o "lesión" (de uno a seis meses de prisión, o multa; artículo 140), con penas agravantes cuando el delito se practica en público (artículo 141, inciso III) o contra un funcionario estatal en razón de sus funciones habituales. La incitación al odio y la violencia también está prevista en el Código Penal (incitación a un delito, artículo 286). Además, en situaciones como la intimidación o la coacción moral, los actos de difamación también están cubiertos por los delitos de "coacción ilegal" (artículo 146 del Código Penal) y "ejercicio arbitrario de la discreción" (artículo 345 del CP), definidos como violar la ley como justiciero . [124]
En Bulgaria , la difamación es formalmente un delito penal, pero la pena de prisión fue abolida en 1999. Los artículos 146 (insulto), 147 (difamación criminal) y 148 (insulto público) del Código Penal prescriben una pena de multa. [125]
En Quebec , la difamación se basaba originalmente en el derecho heredado de Francia y actualmente está establecida en el Capítulo III, Título 2 del Libro Primero del Código Civil de Quebec , que dispone que "toda persona tiene derecho al respeto de su reputación y de su vida privada". [126]
Para establecer la responsabilidad civil por difamación, el demandante debe demostrar, sobre la base de un balance de probabilidades, la existencia de un perjuicio (culpa), un acto ilícito (daño) y de una conexión causal (vínculo de causalidad) entre ambos. Una persona que haya hecho comentarios difamatorios no necesariamente será civilmente responsable por ellos. El demandante debe demostrar además que la persona que hizo los comentarios cometió un acto ilícito. La difamación en Quebec se rige por un criterio de razonabilidad, a diferencia de la responsabilidad estricta; un acusado que haya hecho una declaración falsa no sería considerado responsable si fuera razonable creer que la declaración era verdadera. [127]
El Código Penal de Canadá especifica como delitos penales los siguientes:
La parte penal de la ley rara vez se ha aplicado, pero se ha observado que, cuando se la trata como un delito procesable, a menudo parece surgir de declaraciones hechas contra un agente de la Corona, como un oficial de policía , un funcionario de prisiones o un fiscal de la Corona . [131] En el caso más reciente, en 2012, la propietaria de un restaurante de Ottawa fue condenada por acoso continuo en línea a un cliente que se había quejado de la calidad de la comida y el servicio en su restaurante. [132]
Según el informe oficial de la OSCE sobre las leyes de difamación publicado en 2005, en Canadá se acusó a 57 personas de difamación, calumnia e injuria, de las cuales 23 fueron condenadas: 9 a penas de prisión, 19 a libertad condicional y una a una multa. La duración media de la prisión fue de 270 días y la pena máxima de cuatro años de prisión. [133]
El auge de Internet como medio de publicación y expresión de ideas, incluida la aparición de plataformas de redes sociales que trascienden las fronteras nacionales, ha resultado difícil de conciliar con las nociones tradicionales de derecho de difamación. Las cuestiones de jurisdicción y los períodos de prescripción conflictivos en los casos transfronterizos de difamación en línea, la responsabilidad por los hipervínculos a contenido difamatorio, la presentación de demandas contra partes anónimas y la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet y los intermediarios hacen de la difamación en línea un área del derecho singularmente complicada. [134]
En 2011, la Corte Suprema de Canadá sostuvo que una persona que publica hipervínculos en un sitio web que conducen a otro sitio con contenido difamatorio no está publicando ese material difamatorio a los efectos de la ley de difamación y libelo. [135] [136]
En Chile , los delitos de calumnia e injurias están contemplados en los artículos 412 a 431 del Código Penal. La calumnia se define como "la imputación falsa de un delito determinado y que puede dar lugar a una acción pública" (artículo 412). Si la calumnia es escrita y con publicidad, la pena es de presidio menor en su grado medio más multa de once a veinte salarios vitales cuando se refiera a un delito, o de presidio menor en su grado mínimo más multa de seis a diez salarios vitales cuando se refiera a un delito menor (artículo 413). Si no es escrita ni con publicidad, la pena es de presidio menor en su grado mínimo más multa de seis a quince salarios vitales cuando se trate de un delito, o más multa de seis a diez salarios vitales cuando se trate de un delito menor (artículo 414). [137] [138]
Según el artículo 25 del Código Penal, la pena de prisión menor se define como la pena de prisión de 61 días a cinco años. Según el artículo 30, la pena de prisión menor en sus grados medio o mínimo conlleva también la suspensión del ejercicio de un cargo público durante la duración de la prisión. [139]
El artículo 416 define injuria como "toda expresión dicha o acción realizada que deshonre, desacredite o cause desprecio". El artículo 417 define ampliamente las injurias graves (calumnias graves), que incluyen la imputación de un delito o falta que no pueda dar lugar a persecución pública, y la imputación de un vicio o falta de moralidad, que sean capaces de perjudicar considerablemente la reputación, el crédito o los intereses de la persona ofendida. Las "calumnias graves" en forma escrita o con publicidad se castigan con la "pena menor" en sus grados mínimo a medio más multa de once a veinte "sueldos vitales". La calumnia o injuria a una persona fallecida (artículo 424) puede ser perseguida por el cónyuge, los hijos, los nietos, los padres, los abuelos, los hermanos y los herederos de la persona ofendida. Finalmente, según el artículo 425, en el caso de calumnias y calumnias publicadas en periódicos extranjeros, son considerados responsables todos los que desde territorio chileno enviaron artículos o dieron órdenes para su publicación en el extranjero, o contribuyeron a la introducción de dichos periódicos en Chile con el propósito de propagar la calumnia y la calumnia. [140]
Basado en texto de Wikisource: [ se necesita una mejor fuente ] Código Civil de la República Popular China , "Libro Cuatro" ("Derechos de la Personalidad").
“Capítulo I” (“Reglas generales”):
“Capítulo V” (“Derechos a la reputación y derechos al honor”):
El artículo 246 del Código Penal de la República Popular China (中华人民共和国刑法) establece que la difamación grave se castiga con una pena de prisión de no más de tres años o con detención penal mediante denuncia, a menos que sea contra el gobierno. [141]
En Croacia , el delito de injuria se castiga con una pena de hasta tres meses de prisión o una multa de "hasta 100 jornales" (artículo 199 del Código Penal). Si el delito se comete en público, las penas se agravan hasta seis meses de prisión o una multa de "hasta 150 jornales" (artículo 199-2). Además, el delito de difamación se produce cuando alguien afirma o difunde hechos falsos sobre otra persona que pueden dañar su reputación. La pena máxima es un año de prisión o una multa de hasta 150 jornales (artículo 200-1). Si el delito se comete en público, la pena de prisión puede llegar a un año (artículo 200-2). Por otra parte, de acuerdo al artículo 203, existe una excepción para la aplicación de los artículos antes mencionados (injuria y difamación) cuando el contexto específico sea el de una obra científica , obra literaria , obra de arte , información pública realizada por un político o un funcionario público, trabajo periodístico , o la defensa de un derecho o la protección de intereses justificables, en todos los casos siempre que la conducta no haya tenido por objeto dañar la reputación de alguien. [142]
Según el artículo 184 del Código Penal checo, la difamación es un delito. Las penas pueden alcanzar una pena máxima de un año de prisión (artículo 184-1) o, si el delito se comete a través de la prensa, el cine, la radio, la televisión, la red informática de acceso público o por métodos "similarmente eficaces", el infractor puede ser encarcelado hasta dos años o se le puede prohibir ejercer una actividad específica. [143] Sin embargo, solo los casos más graves estarán sujetos a persecución penal. Los casos menos graves pueden resolverse mediante una acción de disculpa, daños y perjuicios o medidas cautelares.
En Dinamarca, la difamación es un delito, tal como se define en el artículo 267 del Código Penal danés, que se castiga con una pena de hasta seis meses de prisión o multa, y la víctima es quien debe iniciar el proceso. Además, el artículo 266-b prescribe una pena máxima de prisión de dos años en caso de difamación pública dirigida a un grupo de personas por su raza, color, origen nacional o étnico, religión o "inclinación sexual". [144] [145]
En Finlandia, la difamación es un delito, según el Código Penal (Capítulo 24, Secciones 9 y 10), punible con multa o, si se agrava, con hasta dos años de prisión o multa. La difamación se define como la difusión de una información falsa o insinuación que pueda causar daño a una persona o denigrarla de otro modo. La difamación de un fallecido también puede constituir un delito si puede causar daño a los seres queridos supervivientes. Además, existe un delito denominado "difusión de información que viole la privacidad personal" (Capítulo 24, Sección 8), que consiste en difundir información, incluso precisa, de una manera que pueda dañar el derecho a la privacidad de una persona. La información que pueda ser relevante con respecto a la conducta de una persona en un cargo público, en los negocios o en una posición comparable, o de otra manera relevante para un asunto de interés público, no está cubierta por esta prohibición. [146] [147] El derecho penal finlandés no contiene disposiciones que penalicen la difamación de entidades corporativas, sino sólo de personas físicas.
Si bien en la mayoría de las jurisdicciones la ley de difamación se centra en la protección de la dignidad o reputación de las personas, en Francia la ley de difamación se basa particularmente en la protección de la privacidad de las personas. [148] Si bien el alcance más amplio de los derechos protegidos hace que los casos de difamación sean más fáciles de probar en Francia que, por ejemplo, en Inglaterra; las indemnizaciones en casos de difamación son significativamente más bajas y es común que los tribunales otorguen daños simbólicos tan bajos como 1 euro. [148] De manera controvertida, los daños en los casos de difamación presentados por funcionarios públicos son más altos que los presentados por ciudadanos comunes, lo que tiene un efecto amedrentador en la crítica de las políticas públicas. [149] Si bien la única defensa legal disponible bajo la ley de difamación francesa es demostrar la verdad de la declaración difamatoria en cuestión, una defensa que no está disponible en casos que involucran la vida personal de un individuo; los tribunales franceses han reconocido tres excepciones adicionales: [150]
Se define como “la alegación o [la] atribución de un hecho que daña el honor o la reputación de la persona o entidad a la que se imputa el hecho”. Una alegación difamatoria se considera un insulto si no incluye ningún hecho o si los hechos alegados no pueden verificarse.
En el derecho alemán no se hace distinción entre difamación y calumnia. A partir de 2006 [update], las demandas por difamación en Alemania están aumentando. [151] Los delitos pertinentes del Código Penal alemán son el §90 (denigración del Presidente Federal), el §90a (denigración del Estado [federal] y sus símbolos), el §90b (denigración inconstitucional de los órganos de la Constitución), el §185 ("insulto"), el §186 (difamación de carácter), el §187 (difamación con falsedades deliberadas), el §188 (difamación política con penas aumentadas por infringir los párrafos 186 y 187), el §189 (denigración de una persona fallecida) y el §192 ("insulto" con declaraciones verdaderas). Otros artículos relevantes para el procesamiento de estos delitos son el §190 (condena penal como prueba de la verdad), el §193 (no hay difamación en la búsqueda de intereses legítimos), el §194 (solicitud de procesamiento penal en virtud de estos párrafos), el §199 (el insulto mutuo puede quedar impune) y el §200 (método de proclamación).
En Grecia, la pena máxima de prisión por difamación, calumnia o insulto era de cinco años, mientras que la multa máxima era de 15.000 euros. [152]
El delito de injuria (artículo 361, § 1, del Código Penal) podía ser castigado con hasta un año de prisión o multa, mientras que el delito de injuria no provocada (artículo 361-A, § 1) se castigaba con al menos tres meses de prisión. Además, la difamación podía ser castigada con hasta dos meses de prisión o multa, mientras que la difamación agravada podía ser castigada con al menos tres meses de prisión, más una posible multa (artículo 363) y la privación de los derechos civiles del infractor . Por último, el menosprecio de la memoria de una persona fallecida se castiga con una pena de prisión de hasta seis meses (Código Penal, artículo 365). [153]
En la India, un caso de difamación puede presentarse en virtud del derecho penal , del derecho civil o de la ley de delitos cibernéticos, en conjunto o en secuencia. [154]
Según la Constitución de la India , [155] el derecho fundamental a la libertad de expresión (artículo 19) está sujeto a "restricciones razonables":
19. Protección de determinados derechos en materia de libertad de expresión, etc.
- (1) Todos los ciudadanos tendrán derecho:
- a) a la libertad de expresión y de palabra;
- [(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of [the sovereignty and integrity of India], the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.]
Accordingly, for the purpose of criminal defamation, "reasonable restrictions" are defined in Section 499 of the Indian Penal Code, 1860.[97][156] This section defines defamation and provides ten valid exceptions when a statement is not considered to be defamation. It says that defamation takes place, when someone "by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representations, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm, the reputation of such person". The punishment is simple imprisonment for up to two years, or a fine, or both (Section 500).
Some other offences related to false allegations: false statements regarding elections (Section 171G), false information (Section 182), false claims in court (Section 209), false criminal charges (Section 211).
Some other offences related to insults: against public servants in judicial proceedings (Section 228), against religion or religious beliefs (Section 295A), against religious feelings (Section 298), against breach of peace (Section 504), against modesty of women (Section 509).
According to the Indian Code of Criminal Procedure, 1973[157] defamation is prosecuted only upon a complaint (within six months from the act) (Section 199), and is a bailable, non-cognisable and compoundable offence (See: The First Schedule, Classification of Offences).
According to the (revised) Defamation Act 2009,[98] the last criminal offences (Sections 36–37, blasphemy) seem to have been repealed. The statute of limitations is one year from the time of first publication (may be extended to two years by the courts) (Section 38).
The 2009 Act repeals the Defamation Act 1961, which had, together with the underlying principles of the common law of tort, governed Irish defamation law for almost half a century. The 2009 Act represents significant changes in Irish law, as many believe that it previously attached insufficient importance to the media's freedom of expression and weighed too heavily in support of the individual's right to a good name.[158]
According to Defamation Prohibition Law[full citation needed] (1965), defamation can constitute either civil or criminal offence.
As a civil offence, defamation is considered a tort case and the court may award a compensation of up to NIS 50,000 to the person targeted by the defamation, while the plaintiff does not have to prove a material damage.
As a criminal offence, defamation is punishable by a year of imprisonment. In order to constitute a felony, defamation must be intentional and target at least two persons.
In Italy, there used to be different crimes against honor. The crime of injury (Article 594 of the Penal Code) referred to the act of offending someone's honor in their presence and was punishable with up to six months in prison or a fine of up to €516. The crime of defamation (Article 595, Penal Code) refers to any other situation involving offending one's reputation before many persons, and is punishable with a penalty of up to a year in prison or up to €1,032 in fine, doubled to up to two years in prison or a fine of €2,065 if the offence consists in the attribution of a determined fact. When the offence happens by the means of the press or by any other means of publicity, or in a public demonstration, the penalty is of imprisonment from six months to three years, or a fine of at least €516. Both of them were a querela di parte crimes, that is, the victim had the right of choosing, in any moment, to stop the criminal prosecution by withdrawing the querela (a formal complaint), or even prosecute the fact only with a civil action with no querela and therefore no criminal prosecution at all. Beginning from 15 January 2016, injury is no longer a crime but a tort, while defamation is still considered a crime like before.[159]
Article 31 of the Penal Code establishes that crimes committed with abuse of power or with abuse of a profession or art, or with the violation of a duty inherent to that profession or art, lead to the additional penalty of a temporary ban in the exercise of that profession or art. Therefore, journalists convicted of libel may be banned from exercising their profession.[160][161] Deliberately false accusations of defamation, as with any other crime, lead to the crime of calunnia ("calumny", Article 368, Penal Code), which, under the Italian legal system, is defined as the crime of falsely accusing, before the authorities, a person of a crime they did not commit. As to the trial, judgment on the legality of the evidence fades into its relevance.[162]
The Constitution of Japan[163] reads:
Article 21. Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed. No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.
Under article 723 of the Japanese Civil Code, a court is empowered to order a tortfeasor in a defamation case to "take suitable measures for the restoration of the [plaintiff's] reputation either in lieu of or together with compensation for damages".[164] An example of a civil defamation case in Japan can be found at Japan civil court finds against ZNTIR President Yositoki (Mitsuo) Hataya and Yoshiaki.
The Penal Code of Japan[99] (translation from government, but still not official text) seems to prescribe these related offences:
Article 92, "Damage to a Foreign National Flag". Seems relevant to the extent that the wording: "... defiles the national flag or other national emblem of a foreign state for the purpose of insulting the foreign state", can be construed to include more abstract defiling; translations of the Japanese term (汚損,[165] oson) include 'defacing'.
Article 172, "False Accusations". That is, false criminal charges (as in complaint, indictment, or information).
Article 188, "Desecrating Places of Worship; Interference with Religious Service". The Japanese term (不敬,[166] fukei) seems to include any act of 'disrespect' and 'blasphemy' – a standard term; as long as it is performed in a place of worship.
Articles 230 and 230-2, "Defamation" (名誉毀損, meiyokison). General defamation provision. Where the truth of the allegations is not a factor in determining guilt; but there is "Special Provision for Matters Concerning Public Interest", whereby proving the allegations is allowed as a defence. See also 232: "prosecuted only upon complaint".
Article 231, "Insults" (侮辱, bujoku). General insult provision. See also 232: "prosecuted only upon complaint".
Article 233, "Damage to Credibility; Obstruction of Business". Special provision for damaging the reputation of, or 'confidence' (信用,[167] shinnyou) in, the business of another.
For a sample penal defamation case, see President of the Yukan Wakayama Jiji v. States, Vol. 23 No. 7 Minshu 1966 (A) 2472, 975 (Supreme Court of Japan 25 June 1969) – also on Wikisource. The defence alleged, among other things, violation of Article 21 of the Constitution. The court found that none of the defence's grounds for appeal amounted to lawful grounds for a final appeal. Nevertheless, the court examined the case ex officio, and found procedural illegalities in the lower courts' judgments (regarding the exclusion of evidence from testimony, as hearsay). As a result, the court quashed the conviction on appeal, and remanded the case to a lower court for further proceedings.
In Malaysia, defamation is both a tort and a criminal offence meant to protect the reputation and good name of a person. The principal statutes relied upon are the Defamation Act 1957 (Revised 1983) and the Penal Code. Following the practice of other common law jurisdictions like the United Kingdom, Singapore, and India, Malaysia relies on case law. In fact, the Defamation Act 1957 is similar with the English Defamaiton Act 1952. The Malaysian Penal Code is pari materia with the Indian and Singaporean Penal Codes.
In Mexico, crimes of calumny, defamation and slanderous allegation (injurias) have been abolished in the Federal Penal Code as well as in fifteen states. These crimes remain in the penal codes of seventeen states, where penalty is, in average, from 1.1 years (for ones convicted for slanderous allegation) to 3.8 years in jail (for those convicted for calumny).[168]
In the Netherlands, defamation is mostly dealt with by lodging a civil complaint at the District Court. Article 167 of book 6 of the Civil Code holds: "When someone is liable towards another person under this Section because of an incorrect or, by its incompleteness, misleading publication of information of factual nature, the court may, upon a right of action (legal claim) of this other person, order the tortfeasor to publish a correction in a way to be set by court." If the court grants an injunction, the defendant is usually ordered to delete the publication or to publish a rectification statement.
In Norway, defamation was a crime punished with imprisonment of up to six months or a fine (Penal Code, Chapter 23, § 246). When the offense is likely to harm one's "good name" and reputation, or exposes him to hatred, contempt or loss of confidence, the maximum prison term went up to one year, and if the defamation happens in print, in broadcasting or through an especially aggravating circumstance, imprisonment may have reached two years (§ 247). When the offender acts "against his better judgment", he was liable to a maximum prison term of three years (§ 248). According to § 251, defamation lawsuits must be initiated by the offended person, unless the defamatory act was directed to an indefinite group or a large number of persons, when it may also have been prosecuted by public authorities.[169][170]
Under the new Penal Code, decided upon by the Parliament in 2005, defamation would cease to exist as a crime. Rather, any person who believes he or she has been subject to defamation will have to press civil lawsuits. The Criminal Code took effect on 1 October 2015.
According to the Revised Penal Code of the Philippines ("Title Thirteen", "Crimes Against Honor"):[100]
ARTICLE 353. Definition of Libel. – A libel is a public and malicious imputation of a crime, or of a vice or defect, real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person, or to blacken the memory of one who is dead.
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In January 2012, The Manila Times published an article on a criminal defamation case. A broadcaster was jailed for more than two years, following conviction on libel charges, by the Regional Trial Court of Davao. The radio broadcast dramatized a newspaper report regarding former speaker Prospero Nograles, who subsequently filed a complaint. Questioned were the conviction's compatibility with freedom of expression, and the trial in absentia. The United Nations Human Rights Committee recalled its General comment No. 34, and ordered the Philippine government to provide remedy, including compensation for time served in prison, and to prevent similar violations in the future.[171]
In 2012, the Philippines enacted Republic Act 10175, titled Cybercrime Prevention Act of 2012. Essentially, this Act provides that libel is criminally punishable and describes it as: "Libel – the unlawful or prohibited act as defined in Article 355 of the Revised Penal Code, as amended, committed through a computer system or any other similar means which may be devised in the future." Professor Harry Roque of the University of the Philippines has written that under this law, electronic libel is punished with imprisonment from six years and one day to up to twelve years.[172][173][174] As of 30 September 2012[update], five petitions claiming the law to be unconstitutional had been filed with the Philippine Supreme Court, one by Senator Teofisto Guingona III. The petitions all claim that the law infringes on freedom of expression, due process, equal protection and privacy of communication.[175]
In Poland, defamation is a crime that consists of accusing someone of a conduct that may degrade him in public opinion or expose him "to the loss of confidence necessary for a given position, occupation or type of activity". Penalties include fine, limitation of liberty and imprisonment for up to a year (Article 212.1 of the Criminal Code). The penalty is more severe when the offence happens through the media (Article 212.2).[176] When the insult is public and aims at offending a group of people or an individual because of his or their nationality, ethnicity, race, religion or lack of religion, the maximum prison term is three years.[177]
In Portugal, defamation crimes are: "defamation" (article 180 of the Penal Code; up to six months in prison, or a fine of up to 240 days), "injuries" (art. 181; up to three months in prison, or a fine up to 120 days), and "offence to the memory of a deceased person" (art. 185; up to 6 months in prison or a fine of up 240 days). Penalties are aggravated in cases with publicity (art. 183; up to two years in prison or at least 120 days of fine) and when the victim is an authority (art.184; all other penalties aggravated by an extra half). There is yet the extra penalty of "public knowledge of the court decision" (costs paid by the defamer) (art. 189 of Penal Code) and also the crime of "incitement of a crime" (article 297; up to three years in prison, or fine).[178][179]
Since 2014, defamation is no longer criminalized in the country.[180]
In Saudi Arabia, defamation of the state, or a past or present ruler, is punishable under terrorism legislation.[181] In a 2015 case, a Saudi writer was arrested for defaming a former ruler of the country. Reportedly, under a [2014] counterterrorism law, "actions that 'threaten Saudi Arabia's unity, disturb public order, or defame the reputation of the state or the king' are considered acts of terrorism. The law decrees that a suspect can be held incommunicado for 90 days without the presence of their lawyer during the initial questioning."[182]
In Singapore, Division 2 of Part 3 of the Protection from Harassment Act 2014 provides for individuals who have been affected by false statements online to seek a variety of court orders under the tort of harassment that are not available under the pre-internet tort of defamation:[42]
This is distinct from and does not affect plaintiffs right of action under the common law torts of libel and slander as modified by the Defamation Act 1957.[61] The Protection of Harassment Act 2014, which provides for criminal penalties in addition to civil remedies, is specifically designed to address a narrower scope of conduct in order to avoid outlawing an overly broad range of speech, and is confined to addressing speech that causes "harassment, alarm, or distress".[42]
In South Korea, both true and false statements can be considered defamation.[183] The penalties increase for false statements. It is also possible for a person to be criminally defamed when they are no longer alive.[184]
Criminal defamation occurs when a public statement damages the subject's reputation, unless the statement was true and presented solely for the public interest.[184] In addition to criminal law, which allows for imprisonment (up to seven years in case the allegations are false) and monetary fines, one can also sue for damages with civil actions. Generally, criminal actions proceed civil ones with South Korean police as judicial investigators.[citation needed]
In October 2008, the Korea JoongAng Daily published an article on online attacks against celebrities, and their potential connection to suicides in the country. Before the death of Choi Jin-sil, there were rumours online of a significant loan to the actor Ahn Jae-hwan, who killed himself earlier due to debts. U;Nee hanged herself, unable to deal with remarks about her physical appearance and surgery. Jeong Da-bin committed suicide while suffering from depression, later linked to personal attacks about her appearance. Na Hoon-a was falsely rumoured to have been castrated by the yakuza. Byun Jung-soo was falsely reported to have died in a car accident. A professor of information and social studies from the Soongsil University, warned how rumours around celebrities can impact their lives, in unexpected and serious ways.[185]
In January 2009, according to an article in The Korea Times, a Seoul court approved the arrest of online financial commentator Minerva, for spreading false information. According to the decision, Minerva's online comments affected national credibility negatively. Lawmakers from the ruling Grand National Party proposed a bill, that would allow imprisonment up to three years for online defamation, and would authorize the police to investigate cyber defamation cases without prior complaint.[186]
In September 2015, according to an article in Hankook Ilbo, submitted complaints for insults during online games were increasing. Complainants aimed for settlement money, wasting the investigative capacity of police departments. One person could end up suing 50 others, or more. This led to the emergence of settlement-money hunters, provoking others to insult them, and then demanding compensation. According to statistics from the Cyber Security Bureau of the National Police Agency, the number of cyber defamation and insult reports was 5,712 in 2010, 8,880 in 2014, and at least 8,488 in 2015. More than half of the complaints for cyber insults were game-related (the article mentions League of Legends specifically). Most of the accused were teenagers. Parents often paid settlement fees, ranging from 300,000 to 2,000,000 South Korean won (US$300–2000 as of 2015), to save their children from getting criminal records.[187]
In the former Soviet Union, defamatory insults can "only constitute a criminal offence, not a civil wrong".[188]
In Spain, the crime of calumny (Article 205 of the Penal Code) consists of accusing someone of a crime knowing the falsity of the accusation, or with a reckless contempt for truth. Penalties for cases with publicity are imprisonment from six months to two years or a fine of 12 to 24 months-fine, and for other cases only a fine of six to twelve months-fine (Article 206). Additionally, the crime of injury (Article 208 of the Penal Code) consists of hurting someone's dignity, depreciating his reputation or injuring his self-esteem, and is only applicable if the offence, by its nature, effects and circumstances, is considered by the general public as strong. Injury has a penalty of fine from three to seven months-fine, or from six to fourteen months-fine when it is strong and with publicity. According to Article 216, an additional penalty to calumny or injury may be imposed by the judge, determining the publication of the judicial decision (in a newspaper) at the expenses of the defamer.[189][190]
In Sweden, denigration (ärekränkning) is criminalised by Chapter 5 of the Criminal Code. Article 1 regulates defamation (förtal) and consists of pointing out someone as a criminal or as "having a reprehensible way of living", or of providing information about them "intended to cause exposure to the disrespect of others". The penalty is a fine.[191] It is generally not a requirement that the statements are untrue; it is enough if they statements are meant to be vilifying.[192][193]
Article 2 regulates gross defamation (grovt förtal) and has a penalty of up to two years in prison or a fine. In judging if the crime is gross, the court should consider whether the information, because of its content or the scope of its dissemination, is calculated to produce "serious damage".[191] For example, if it can be established that the defendant knowingly conveyed untruths.[192] Article 4 makes it a crime to defame a deceased person according to Article 1 or 2.[191] Most obviously, the paragraph is meant to make it illegal to defame someone's parents as a way to bypass the law.[192]
Article 3 regulates other insulting behaviour (förolämpning), not characterised under Article 1 or 2, and is punishable with a fine or, if it is gross, with up to six months of prison or a fine.[191] While an act of defamation involves a third person, it is not a requirement for insulting behaviour.[192]
Under exemptions in the Freedom of the Press Act, Chapter 7, both criminal and civil lawsuits may be brought to court under the laws on denigration.[194]
In Switzerland, the crime of wilful defamation is punished with a maximum term of three years in prison, or with a fine of at least thirty days' worth, according to Article 174-2 of the Swiss Criminal Code. There is wilful defamation when the offender knows the falsity of his/her allegations and intentionally looks to ruin the reputation of one's victim (see Articles 174-1 and 174–2).[195][196]
On the other hand, defamation is punished only with a maximum monetary penalty of 180 daily penalty units (Article 173–1).[197] When it comes to a deceased or absent person, the statute of limitations is 30 years (after the death).[198]
According to the Civil Code of the Republic of China.[199]
"Part I General Principles", "Chapter II Persons", "Section I Natural Persons":
"Part II Obligations", "Chapter I General Provisions"
"Section 1 – Sources of Obligations", "Sub-section 5 Torts":
"Section 3 – Effects Of Obligations", "Sub-section 1 Performance":
The Criminal Code of the Republic of China (中華民國刑法),[101] under "Chapter 27 Offenses Against Reputation and Credit", lists these articles:
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In July 2000, the Justices of the Judicial Yuan (司法院大法官) – the Constitutional Court of Taiwan – delivered the J.Y. Interpretation No. 509 ("The Defamation Case"). They upheld the constitutionality of Art. 310 of the Criminal Code. In the Constitution,[200] Article 11 establishes freedom of speech. Article 23 allows restrictions to freedoms and rights, to prevent infringing on the freedoms and rights of others. The court found that Art. 310 ¶¶ 1-2 were necessary and proportional to protect reputation, privacy, and the public interest. It seemed to extend the defence of truth in ¶ 3, to providing evidence that a perpetrator had reasonable grounds in believing the allegations were true (even if they could not ultimately be proven). Regarding criminal punishments versus civil remedies, it noted that if the law allowed anyone to avoid a penalty for defamation by offering monetary compensation, it would be tantamount to issuing them a licence to defame.[201]
In January 2022, an editorial in the Taipei Times (written by a law student from the National Chengchi University) argued against Articles 309 and 310. Its position was abolishing prison sentences in practice, on the way to full decriminalization. It argued that insulting language should be tackled via education, and not in the courts (with the exception of hate speech). According to the article, 180 prosecutors urged the Legislative Yuan to decriminalize defamation, or at least limit it to private prosecutions (in order to reserve public resources for major crimes, rather than private disputes and quarrels irrelevant to the public interest).[202]
In June 2023, the Constitutional Court delivered its judgment Case on the Criminalization of Defamation II. The court dismissed all the complaints and upheld the constitutionality of the disputed provisions. It emphasized that excluding the application of substantial truth doctrine on defamatory speeches concerning private matters with no public concern, is proportionate in protecting the victim's reputation and privacy. The court reaffirmed J.Y. Interpretation No. 509 and further supplemented its decision. It elaborated on the offender's duty to check the validity of the defamatory statements regarding public matters, and dictated that the offender shall not be punished if there are objective and reasonable grounds for the offender to believe the defamatory statement is true. The court ruled that untrue defamatory statements concerning public matters shall not be punished unless they are issued under actual malice. This includes situations where the offender knowingly or under gross negligence issued said defamatory statement. In terms of the burden of proof for actual malice, the court ruled that it shall be on the prosecutor or the accuser. To prevent fake news from eroding the marketplace of ideas, the court pointed out that the media (including mass media, social media, and self-media) shall be more thorough than the general public in fact-checking.[203]
The Civil and Commercial Code of Thailand provides that:
A person who, contrary to the truth, asserts or circulates as a fact that which injurious to the reputation or the credit of another or his earnings or prosperity in any other manner, shall compensate the other for any damage arising therefrom, even if he does not know of its untruth, provided he ought to know it.
A person who makes a communication the untruth of which is unknown to him, does not thereby render himself liable to make compensation, if he or the receiver of the communication has a rightful interest in it.
The Court, when given judgment as to the liability for wrongful act and the amount of compensation, shall not be bound by the provisions of the criminal law concerning liability to punishment or by the conviction or non-conviction of the wrongdoer for a criminal offence.[204]
In practice, defamation law in Thailand has been found by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to be facilitate hostile and vexatious litigation by business interests seeking to suppress criticism.[205]
The Thai Criminal Code provides that:
Section 326. Defamation
Whoever, imputes anything to the other person before a third person in a manner likely to impair the reputation of such other person or to expose such other person to be hated or scorned, is said to commit defamation, and shall be punished with imprisonment not exceeding one year or fined not exceeding twenty thousand Baht, or both.
Section 327. Defamation to the Family
Whoever, imputing anything the deceased person before the third person, and that imputation to be likely to impair the reputation of the father, mother, spouse or child of the deceased or to expose that person hated or scammed to be said to commit defamation, and shall be punished as prescribed by Section 326.[206]
Criminal defamation charges in Thailand under Section 326 of the Criminal Code are frequently used to censor journalists and activists critical of human rights circumstances for workers in the country.[205]
The United Kingdom abolished criminal libel on 12 January 2010 by section 73 of the Coroners and Justice Act 2009.[207] There were only a few instances of the criminal libel law being applied. Notably, the Italian anarchist Errico Malatesta was convicted of criminal libel for denouncing the Italian state agent Ennio Belelli in 1912.
Under English common law, proving the truth of the allegation was originally a valid defence only in civil libel cases. Criminal libel was construed as an offence against the public at large based on the tendency of the libel to provoke breach of peace, rather than being a crime based upon the actual defamation per se; its veracity was therefore considered irrelevant. Section 6 of the Libel Act 1843 allowed the proven truth of the allegation to be used as a valid defence in criminal libel cases, but only if the defendant also demonstrated that publication was for the "public benefit".[208]
Fewer than half of U.S. states have criminal defamation laws, but the applicability of those laws is limited by the First Amendment to the U.S. Constitution, and the laws are rarely enforced.[209] There are no criminal defamation or insult laws at the federal level. According to the Wikipedia article, on the state level, 23 states and two territories have criminal defamation laws on the books: Alabama, Florida, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, Texas, Utah, Virginia, Wisconsin, Puerto Rico and Virgin Islands. In addition, Iowa criminalizes defamation through case law without statutorily defining it as a crime.
Noonan v. Staples[210] is sometimes cited as precedent that truth is not always a defence to libel in the U.S., but the case is actually not valid precedent on that issue because Staples did not argue First Amendment protection, which is one theory for truth as complete defence, for its statements.[211] The court assumed in this case that the Massachusetts law was constitutional under the First Amendment without it being argued by the parties.
In response to the expansion of other jurisdictions' attempts to enforce judgements in cases of trans-border defamation and to a rise in domestic strategic lawsuits against public participation (SLAPPs) following the rise of the internet, the federal and many state governments have adopted statutes limiting the enforceability of offshore defamation judgments and expediting the dismissal of defamation claims. American writers and publishers are shielded from the enforcement of offshore libel judgments not compliant under the SPEECH Act, which was passed by the 111th United States Congress and signed into law by President Barack Obama in 2010.[212] It is based on the New York State 2008 Libel Terrorism Protection Act (also known as "Rachel's Law", after Rachel Ehrenfeld who initiated the state and federal laws).[213] Both the New York state law and the federal law were passed unanimously.
In March 2016, a civil action for defamation led to imposition of a four-year prison sentence on a newspaper publisher.[214]
As of 2012, defamation, slander, insult and lese-majesty laws, existed across the world. According to ARTICLE 19, 174 countries retained criminal penalties for defamation, with full decriminalization in 21 countries. The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) had an ongoing decriminalization campaign. UNESCO also provided technical assistance to governments on revising legislation, to align with international standards and best practices.[215]
The use of civil defamation increased, often in lieu of criminal cases, resulting in disproportionate fines and damages, particularly against media and journalists critical of governments. Libel tourism enabled powerful individuals to limit critical and dissenting voices by shopping around the world for the jurisdictions most likely to approve their defamation suits.[215]
As of 2011, 47% of countries had laws against blasphemy, apostasy or defamation of religion. According to the Pew Research Center, 32 had laws or policies prohibiting blasphemy, and 87 had defamation of religion laws.[215]
The legal liability of internet intermediaries gained increasing importance. Private companies could be held responsible for user-generated content that was made accessible through their servers or services, if it was deemed illegal or harmful. Due to uncertain takedown procedures and the lack of legal resources, intermediaries sometimes were excessively compliant with takedown notices, often outside the legal system and with little recourse for the affected content producer. Intermediaries were at times held criminally liable for content posted by a user, when others perceived it violated privacy or defamation laws. Such cases indicated an emerging trend of preventive censorship, where companies conducted their own monitoring and filtering to avoid possible repercussions. This contributed to a process of privatized censorship, where some governments may rely on private-sector companies to regulate online content, outside of electoral accountability and without due process.[215]
Debate around defamation of religions, and how this impacts the right to free expression, continued to be an issue at a global level. In 2006, UNESCO's executive board adopted a decision on "Respect for freedom of expression and respect for sacred beliefs and values and religious and cultural symbols". In 2011, the United Nations Human Rights Council made further calls for strengthening religious tolerance and preventing hate speech. Similar resolutions were made in 2012 and 2013. In 2013, 87 governments agreed on the Rabat Plan of Action, for the prohibition of incitement to hatred.[215]
By 2013, at least 19% of the region had decriminalized defamation. In 2010, the African Commission on Human and Peoples' Rights adopted a resolution, calling on African Union (AU) member countries to repeal criminal defamation or insult laws. In 2012, the Pan-African Parliament passed a resolution encouraging AU heads of state to sign the Declaration of Table Mountain, calling for the abolition of insult and criminal defamation laws. Such laws frequently led to the arrest and imprisonment of journalists across the continent. It was signed by two countries. In most cases – criminal or civil – the burden of proof continued to be on the defendant, and it was rare to have public interest recognized as a defence. Members of government continued to initiate most such cases. There was a trend towards using civil defamation in lieu of criminal defamation, but with demands for extremely high damages and the potential to bankrupt media outlets – although the courts often dismissed such cases. According to an analysis by the Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life, laws against defamation of religion remained on the books in 13 countries (27%), four countries had laws penalizing apostasy, and two had anti-blasphemy laws.[216]
All Arab States retained criminal penalties for defamation. Truth was rarely a defence to defamation and libel charges. In 2012, Algeria and Tunisia partially decriminalized defamation by eliminating prison terms. According to an analysis by the Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life, sixteen countries (84%) had laws penalizing blasphemy, apostasy and/or defamation of religion. Lese-majesty laws existed in some parts of the region. There were vaguely worded concepts and terms, interpreted narrowly by the judiciary. The number of bloggers imprisoned was rising. Among some Gulf States in particular, citizen journalists and social media users reporting on political matters were arrested. The charges were defamation or insult, typically with respect to heads of state. There was a trend towards trying journalists and bloggers in military courts, particularly during and following the Arab Spring; although this was not limited to countries where such uprisings occurred.[217]
The majority of countries (86%) had laws imposing criminal penalties for defamation. Six countries decriminalized defamation. Both criminal and civil defamation charges against journalists and media organizations continued. Other legal trends included using charges of terrorism, blasphemy, inciting subversion of state power, acting against the state, and conducting activities to overthrow the state. In 2011, the Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life found that anti-blasphemy laws existed in eight countries (18%), while 15 (34%) had laws against defamation of religion.[218]
Four countries in Central and Eastern Europe fully decriminalized defamation. An additional four abolished prison sentences for defamation convictions, although the offence remained in the criminal code.[219]
At the same time, an emerging trend was using fines and sanctions. Civil defamation cases were increasingly used, as evidenced by the number of civil lawsuits and disproportionate fines against journalists and media critical of governments. In at least four countries, defamation laws were used by public officials, including heads of state, to restrict critical media across all platforms. Media and civil society increased pressure on authorities, to stop granting public officials a higher degree of protection against defamation in the media.[219]
Blasphemy was not a widespread phenomenon in Central and Eastern Europe, where only one[clarification needed] country still had such a provision. According to the Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life, 17 countries had laws penalizing religious hate speech.[219]
The Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) of the Organization of American States (OAS), recommended repealing or amending laws that criminalize desacato, defamation, slander, and libel. Some countries proposed reforming the IACHR, which could have weakened the office of the special rapporteur, but the proposal was not adopted by the OAS General Assembly.[220]
Seven countries, three of which in the Caribbean, fully or partially decriminalized defamation. Another trend was abolishing desacato laws, which refer specifically to defamation of public officials. The OAS Special Rapporteur expressed concern over the use of terrorism or treason offences against those who criticize governments.[220]
Defamation, copyright, and political issues were identified as the principal motives for content removal.[220]
Defamation was a criminal offence in the vast majority of countries, occasionally leading to imprisonment or elevated fines. Criminal penalties for defamation remained, but there was a trend towards their repeal. Between 2007 and 2012, 23 of the 27 countries in Western Europe and North America imposed criminal penalties for various exercises of expression (including criminal libel, defamation, slander, insult, and lese-majesty laws – but excluding incitement to violence).[221]
Two countries decriminalized defamation in 2009, followed by another in 2010. In another case, there was no criminal libel at the federal level, and a minority of states still had criminal defamation laws. In general, criminal penalties for libel were imposed rarely, with two notable exceptions.[221]
According to the Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life, eight countries had blasphemy legislation, though these laws were used infrequently.[221]
The range of defences available to those accused of invasion of privacy or defamation expanded, with growing recognition of the public-interest value of journalism. In at least 21 countries, defences to charges of defamation included truth and public interest. This included countries that had at least one truth or public interest defence to criminal or civil defamation (including countries where defence of truth was qualified or limited – for example, to statements of fact as opposed to opinions, or to libel as opposed to insult).[221]
Civil defamation continued, particularly about content related to the rich and powerful, including public officials and celebrities. There were a high number of claims, prohibitive legal costs, and disproportionate damages. This prompted a campaign against what was seen by some as plaintiff-friendly libel laws in the United Kingdom; and that led to reforming the country's defamation law, resulting in the Defamation Act 2013.[221]
Due to legal protection of speech, and practical and jurisdictional limits on effectiveness of controls, censorship was increasingly carried out by private bodies. Privatized censorship by internet intermediaries involved: (i) the widening range of content considered harmful and justified to block or filter; (ii) inadequate due process and judicial oversight of decisions to exclude content or to conduct surveillance; and (iii) a lack of transparency regarding blocking and filtering processes (including the relationship between the state and private bodies, in the setting of filters and the exchange of personal data).[221]
As of 2017, at least 130 UNESCO member states retained criminal defamation laws. In 2017, the OSCE Representative on Freedom of the Media issued a report[3] on criminal defamation and anti-blasphemy laws among its member states, which found that defamation was criminalized in nearly three-quarters (42) of the 57 OSCE participating states. Many of the laws pertaining to defamation included specific provisions with harsher punishments for speech or publications critical of heads of state, public officials, state bodies, and the state itself. The report noted that blasphemy and religious insult laws existed in around one third of OSCE participating states; many of these combined blasphemy and/or religious insult with elements of hate speech legislation. A number of countries continued to include harsh punishments for blasphemy and religious insult.[222]
Countries in every region extended criminal defamation legislation to online content. Cybercrime and anti-terrorism laws passed throughout the world; bloggers appeared before courts, with some serving time in prison. Technological advancements strengthened governments' abilities to monitor online content.[222]
Between 2012 and 2017, four AU member states decriminalized defamation. Other national courts defended criminal defamation's place in their constitution [sic]. Regional courts pressured countries to decriminalize defamation. The ECOWAS Court of Justice, which had jurisdiction over cases pertaining to human rights violations since 2005, set a precedent with two rulings in favour of cases challenging the criminalization of defamation.[223]
In the landmark case of Lohé Issa Konaté v. the Republic of Burkina Faso, the African Court on Human and Peoples' Rights overturned the conviction of a journalist, characterizing it as a violation of the African Charter on Human and Peoples' Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the treaty of the Economic Community of West African States (ECOWAS). The journalist was subjected to censorship, excessive fines, and a lengthy imprisonment for defamation. Following this legally binding decision, the country in question proceeded to amend its laws and pay the journalist compensation.[222][223]
In 2016, the Constitutional Court of Zimbabwe declared its criminal defamation laws unconstitutional. In 2017, the High Court of Kenya declared Section 194 (criminal defamation) of the Penal Code unconstitutional.[223]
Civil society and press freedom organizations lobbied for changes to the penal codes in their respective countries – sometimes successfully. However, even in countries where libel or defamation were explicitly decriminalized, there were often other laws whose broad provisions allowed governments to imprison journalists for a wide range of reasons (cybercrime, anti-terrorism, incitement to violence, national security).[223]
The majority of countries had defamation laws, that were used to charge and imprison journalists. Media outlets were suspended after publishing reports critical of the government or other political elites.[223]
Libel, defamation, slander, as well as emergency laws and anti-terrorism laws, were frequently used as tools of government control on media. Emergency laws often superseded the general law. Defamation laws tended to favour those who could afford costly legal expenses.[224]
Google transparency reports[225] showed that several governments in the Arab region made requests to remove content (such as YouTube videos), based on allegations of insulting religion and defaming powerful figures.[224]
Journalists were predominantly jailed under anti-state laws, with charges ranging from spreading chaos, promoting terrorism, and inciting dissidence, to incitement against the ruling government. Charges for publishing or spreading false news were the next most frequent. Other defamation or religious insult laws were laid against journalists in several cases.[224]
Most countries in South, Southeast, and East Asia, had civil and/or criminal defamation laws. Various cases indicated that such laws were used by political interests and powerful elites (individuals and corporations). Cases of online defamation were on the rise.[226]
One recently enacted defamation law received condemnation, including from the United Nations. The law allowed journalists to be jailed if they were found questioning Sharia law or the affairs of the state. From 2014, criminal defamation laws were challenged, both in South and East Asian countries.[226]
Since 2014, use of criminal defamation and insult laws increased. New legal obligations were imposed on ISPs to monitor content, as a matter of national security – particularly in the Commonwealth of Independent States (CIS) sub-region.[227]
Since 2012, more countries in the South-East Europe sub-region decriminalized defamation. Of the eight countries[clarification needed], three repealed all general provisions on criminal defamation and insult, four[clarification needed] retained criminal defamation offences but without the possibility of imprisonment, and one[clarification needed] retained imprisonment as a possibility. Defamation of public officials, state bodies, or state institutions was criminalized in one[clarification needed] country. Other forms of criminal offences existed in some countries: insulting public officials, harming the reputation and honour of the head of state, insulting or defaming the state.[227]
Civil laws to protect the reputation of individuals or their privacy were increasingly used. There was an increase in the number of cases where politicians turned to the courts, seeking relief for reputational injuries. Civil defamation lawsuits by politicians limited press freedom, in at least one country of the CIS sub-region.[227]
There were attempts to pass legislation allowing content removal based on different claims, including defamation and hate speech. Draft bills were proposed, criminalizing online publication of content deemed as hate speech, and allowing the executive to order take downs of such content. Several states tried to pass legislation creating special criminal offences for online content that could damage the reputation and/or honour of a person. As of 2017, none of these bills were approved.[228]
Public officials throughout the region initiated criminal proceedings against internet users, predominantly against those opposing the ruling party. Claims were based on defamation laws, including charges against memes parodying political personalities.[228]
Antigua and Barbuda (in 2015), Jamaica (in 2013), and Grenada (in 2012), abolished criminal libel. Trinidad and Tobago partially repealed criminal libel in 2014. The Dominican Republic removed prison sentences for defamation of government bodies and public officials.[228]
New cybercrime laws were passed in two Caribbean countries. In 2017, one country passed an anti-hate law that was criticized for stifling political debate.[228]
Legal developments varied across the region. While criminal defamation and insult laws were repealed in some countries, stronger defamation laws were produced or reintroduced in other countries.[229]
In common law countries, criminal defamation laws mostly fell into disuse. In contrast, most civil law countries in Western Europe retained criminal defamation laws. In several Western European countries, defamation was sanctioned more harshly if it involved a public official. In some instances, heads of state were provided more protection to their reputation and punishments were more severe. Some governments strengthened criminal defamation laws to counter online hate speech or cyberbullying.[229]
The European Court of Human Rights had limited influence in legal reforms according to the court's standards, where (suspended) prison sentences for defamation were considered a violation of Article 10 of the European Convention on Human Rights. Other high courts had a mixed record when evaluating criminal defamation and freedom of expression.[229]
According to the 2017 OSCE report,[3] criminal defamation laws were in place in at least 21 of the 27 countries in Western Europe and North America. At least 13 states retained statutes penalizing blasphemy or religious insult.[229]
As of 2022, at least 160 countries had criminal defamation laws on the books, down from 166 in 2015. At least 57 laws and regulations across 44 countries were adopted or amended since 2016, containing vague language or disproportionate punishments, threatening online freedom of expression and press freedom.[230]
According to reports provided by Meta, Google, and Twitter, the number of content removal requests received by those platforms from court orders, law enforcement, and executive branches of governments worldwide doubled in the last five years – to a total of approximately 117,000 requests in 2020. Of these companies, only Google published data on the rationale for content removal requests made by governments; that data showed "defamation" and "privacy and security" as the leading justifications.[230]
Christian religious texts (such as the Epistle of James – full text on Wikisource), catechisms (like the one commissioned by the Council of Trent – see "The Eighth Commandment" from its Roman Catechism), and preachers (like Jean-Baptiste Massillon – see his sermon titled "On evil-speaking"), have argued against expressions (true and false) that can offend others.
Theologian and catechist Joseph Deharbe, in his interpretation of the Eighth Commandment, gives practical advice to the faithful: The commandment above all forbids giving false evidence in court. It is never lawful to tell a lie. In general, forbidden are lies, hypocrisy, detraction, calumny, slander, false suspicion, rash judgment; anything that can injure the honour or character of another. With two exceptions: for the good of the guilty, or when necessary to prevent a greater evil – and then, only with charitable intentions and without exaggerations.
The Catholic Encyclopedia has entries for two related concepts, detraction[231] and slander.[232]
Defamation and calumny seem to be used as synonyms for slander.
The mortal sin of damaging another's good name, by revealing their faults or crimes (honestly believed real by the detractor). Contrasted with calumny, where the assertions are knowingly false.
The degree of sinfulness depends on the harm done, based on three things:
A relatively small defect alleged against a person of eminent station (a bishop is given as example) might be a mortal sin. While an offence of considerable magnitude (drunkenness is given as example), attributed to a member of a social class in which such things frequently happen (a sailor is given as example), might constitute only a venial sin.
If the victim has been publicly sentenced, or their misdeeds are already notorious, it is lawful to refer to them – unless the accused have reformed, or their deeds have been forgotten. But this does not apply to particular communities (a college or monastery are given as examples), where it would be unlawful to publish the fact outside said community. But even if the sin is not public, it may be revealed for the common good, or for the benefit of the narrator, listener, or culprit.
The damage from failing to reveal another's sin must be balanced against the evil of defamation [sic]. No more than necessary should be exposed, and fraternal correction is preferable. Journalists are allowed to criticize public officials. Historians must be able to document the causes and connections of events, and strengthen public conscience.
Those who abet the principal's defamation, are also guilty. Detractors (or their heirs) must provide restitution. They must restore the victim's fame and pay them damages. According to the text, allegations cannot be taken back, reparation methods proposed by theologians are unsatisfactory, and the only way is finding the right occasion for a favourable characterization of the defamed.
Defined as attributing fault to another, when the slanderer knows they are innocent. It combines damaging another's reputation and lying.
According to the text, theologians say that the act of lying might not be grievous in itself, but advise mentioning it in confession to determine reparation methods. The important act is injuring a reputation (hence moralists do not consider slander distinct from detraction). The method of injury is negligible.
In a somewhat contradictory opinion, it is stated that there are circumstances where misdeeds can be lawfully exposed, but a lie is intrinsically evil and can never be justified.
Slander violates commutative justice, so the perpetrator must make restitution. Atonement seems achievable by retracting the false statement, which undoes the injury (even if this requires exposing the perpetrator as a liar). Compensation for the victim's losses may also be required.
In a 2018 academic paper,[233] the author (a law student from the International Islamic University of Malaysia) argued for harmonization between Malaysian laws and Islamic legal principles. Article 3 of the Constitution declares Islam as the state religion. Article 10 provides for freedom of speech, with expressly permitted restrictions for defamation-related offences.
First, definitions of defamation from Malaysian and Islamic law are listed. According to the paper, definitions by Muslim scholars can include: mislead, accuse of adultery, and embarrass or discredit the dignity or honour of another. In the Quran, many more concepts might be included. The author concludes that Islamic definitions are better for classifying defamatory actions.
Second, freedom of speech is compared with teachings of Muhammad. Mentioned among others are: fragmentation of society, divine retribution by the angels in the afterlife, secrecy, loyalty, and treachery; dignity and honour are again mentioned. The author concludes that freedom of speech should be practised for the sake of justice, and can be lifted if it causes discomfort or unhealthy relationships in society.
Third, Malaysian laws related to defamation are enumerated. According to the author, there were cases with exorbitant monetary awards, interference by third parties, and selective actions against political opposition; having a negative impact on society.
Fourth, the proposal of harmonization is discussed. The author proposes amending Malaysian laws to conform with Islamic legal principles, under the supervision of a specific department. Mentioned are: Islamic customary law (Adat), secondary sources of Islamic law (such as Urf), and "other laws" practised by people in various countries; provided that they are in line with Islamic divine law (Maqasid). The author concludes that in the Malaysian context, this proposed harmonization would be justified by Article 3 of the Constitution (with a passing reference to the "supremacy of the Constitution", apparently guaranteed in Article 4).
Finally, the author enumerates proposed steps to bring about this legal reform. Defamation would include:
There would be three types of punishment for defamation:
Other proposed measures include: right of reply, order of retraction, mediation via an ombudsman, empowering the Human Rights Commission of Malaysia, finding ways for people to express their views and opinions, education.
The Jewish Encyclopedia has two articles on the topic: calumny[234] and slander.[235]
The two terms seem to be conflated. It is not clear which, if any, corresponds to harmful and true speech, and which to harmful and false speech. Combined with Wikipedia's entry on lashon hara (terms are spelled somewhat differently), it might be deduced that:
The Wikipedia article on lashon hara equates it to detraction. And classifies all of slander, defamation, and calumny, as the same – and equal to hotzaat shem ra.
It is described as a sin, based on both the Bible ("gossip") and rabbinic literature (leshon hara, "the evil tongue"). Intentionally false accusations and also injurious gossip. Both forbidden in the Torah. Of the Ten Commandments, relevant is the ninth (in Judaism): Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
According to the article, the slanderous [sic] tongue ruins the slanderer, the listener, and the maligned. The divine presence will be denied to liars, hypocrites, scoffers, and slanderers. Slander is morally equated to idolatry, adultery, and murder.
According to the authors, some rabbis saw quinsy, leprosy (related to Miriam speaking ill of Moses), stoning, as deserved punishments. And the Midrash attributes hardships of various figures (such as Joseph, Moses, Elijah, Isaiah) to sins of the tongue.
As for legal remedies, the article refers to ethical and religious sanctions from the Bible and the Talmud, arguing that the law cannot repair subtle damage to reputation – with two exceptions. Bringing an evil name upon one's wife (punished with a fine and by disallowing divorce). Perjury, which would result in the perpetrator receiving same punishment, as the one their false testimony would have brought upon the falsely accused.
The authors conclude that calumny was met with righteous indignation and penal severity in Jewish thought, and this was in accordance with the ethical principle of treating the honour of others as one's own.
Defined as "false and malicious defamation" (circular definition) of another's reputation and character, disgracing them in their community. Here, it is distinguished from leshon hara by being deliberately false. Punishments include fines and damages.
According to the authors, the Law of Moses prescribed flagellation and monetary compensation for a husband who, without reasonable cause, questioned the virginity of his newly married wife; and divorce was disallowed (similarly with calumny). The article notes that after the destruction of the Temple in Jerusalem, these laws prescribing fines and capital punishment ceased.
Rabbinical enactments against slander are described as very stringent. Abusive language might have been exempt from any legal liability, unless it was considered slander (against both the living and the deceased). Fines and excommunication were a possibility. But fasting and apology also seemed to be acceptable atonements.
english law individual corporation defamation.
{{cite news}}: CS1 maint: unfit URL (link){{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)public benefit.
... defamation of a businessman connected to government-owned iron miner Ferrominera Orinoco ...
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