Jerusalén Este, también referida como Jerusalén Oriental (Yerushalayim HaMizraji; en árabe: القدس الشرقية, Al Quds al Sharqiya, en hebreo: מזרח ירושלים, Mizraj Yerushalayim o ירושלים המזרחית), es la parte de la ciudad de Jerusalén que quedó bajo control jordano tras la guerra árabe-israelí de 1948, y que incluye la ciudad vieja de Jerusalén, con numerosos lugares sagrados para el judaísmo, el islam y el cristianismo.
En la actualidad, Israel controla de facto toda Jerusalén y considera toda la ciudad como su capital, mientras que el Estado de Palestina ha declarado a Jerusalén Este como su propia capital.
[1][2][3][4][a] Ninguna de estas reivindicaciones ha obtenido un amplio apoyo internacional.
La administración jordana duró hasta 1967, cuando, en la Guerra de los Seis Días, fue conquistada por Israel y anexionada al resto del municipio jerosolimitano, aunque dicha anexión no ha sido reconocida por ningún país del mundo y fue declarada una «violación del derecho internacional» por Naciones Unidas en su resolución 478.
Dos días después, la Sinagoga Hurva, construida originalmente en 1701, fue volada por las tropas árabes.
[10][16] El Esquema Ciudadano Kendall fue encargado por el gobierno de Jordania en 1966 para unir Jerusalén oriental con las poblaciones circundantes, para su integración en un área metropolitana.
Este plan finalmente no se llevó a cabo, ya que la ciudad fue reunificada definitivamente por Israel al año siguiente.
Tres semanas más tarde, la Knéset promulgó la legislación unificadora de la ciudad, extendiendo la soberanía israelí sobre la parte oriental de la misma, aunque no concedió la ciudadanía israelí a sus habitantes, que fueron considerados solamente "residentes permanentes".
El barrio marroquí fue demolido por completo para dejar sitio a la explanada del Muro de las Lamentaciones, y sus habitantes fueron expulsados.
El gobierno de Israel afirma que existe desde entonces tolerancia religiosa, que los miembros de todas las religiones tienen libre acceso a sus sitios sagrados, permitiendo a los judíos a regresar al Muro de las Lamentaciones y otros lugares sagrados, así como también que los musulmanes y los cristianos israelíes pueden visitar sus lugares sagrados en Jerusalén Este, ya que también a ellos se les había prohibido el ingreso desde 1948.
[26][27] Los judíos no ortodoxos y las mujeres, entre otros colectivos, no pueden rezar ni leer la Torah en voz alta frente al Muro de las Lamentaciones, lo que ha llevado a importantes choques y protestas.
[37] Pese a ser considerados como ilegales según el derecho internacional[6] y haber sido condenados reiteradamente por diversas resoluciones de Naciones Unidas,[6] Israel ha ampliado sus asentamientos en Jerusalén Este durante los últimos años a un ritmo constante.
[40] La comunidad internacional no reconoce esta proclama palestina, pues considera que el estatuto final de Jerusalén (incluyendo Jerusalén Este) debe ser establecido como consecuencia de un futuro acuerdo entre Palestina e Israel.
Asimismo, exhorta a todos los Estados a que se abstengan de establecer misiones diplomáticas en la Ciudad Santa de Jerusalén y exige que todos los Estados cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la Ciudad Santa de Jerusalén y no reconozcan actos o medidas que contravengan lo dispuesto en esas resoluciones.
En concreto, dictaminó «la obligación de Israel de devolver la tierra y otros bienes inmuebles, así como todos los bienes confiscados a cualquier persona física o jurídica desde que comenzó su ocupación en 1967, y todos los bienes y activos culturales confiscados a los palestinos y a las instituciones palestinas, incluidos archivos y documentos», tras lo que añadió que «también exige la evacuación de todos los colonos de los asentamientos existentes y el desmantelamiento de las partes del muro construido por Israel que están situadas en el territorio palestino ocupado, así como permitir que todos los palestinos desplazados durante la ocupación regresen a su lugar de residencia original».
[56] Estimar la población palestina de Jerusalén Este es un tema controvertido debido a las implicaciones políticas.
Las Naciones Unidas reafirmaron en su resolución 2334 que los asentamientos judíos en Jerusalén Este "no tienen validez legal" y los califica como una "flagrante violación" del derecho internacional.