Abolición de la Inquisición española

Existen discrepancias entre los historiadores a la hora de valorar la actividad inquisitorial en el siglo XVIII d. C. ya que mientras algunos hablan de «declive» del Santo Oficio, sobre todo en su segunda mitad, otros prefieren utilizar términos como «acomodación» y «reconversión».

Como casi habían desaparecido los «herejes» que habían sido su objetivo principal –judaizantes, protestantes y moriscos—, el Santo Oficio se centró ahora en los defensores de las nuevas ideas ilustradas y en los delitos considerados como «menores», como la blasfemia, las beatas, las supersticiones, el curanderismo, la bigamia, y otras prácticas contrarias a la moral católica, de manera muy especial la «solicitación».

La segunda fue la política regalista de la monarquía borbónica que se propuso la reforma de la Inquisición, lo que dio lugar a bastantes conflictos entre el Santo Oficio y la Corona, aunque nunca se planteó su abolición.

La reacción de Felipe V fue destituir inmediatamente al inquisidor general y ordenar el informe a Macanaz.

Poco después, en julio de 1793, Godoy le pidió un informe sobre la Inquisición con «las observaciones que tuviera por conveniente hacer».

Mientras tanto Napoleón convocó en Bayona a ciento cincuenta «notables» para que aprobaran la «Constitución» de la nueva monarquía bonapartista.

Su función había dejado de ser efectiva; era más bien simbólica (representaba el ideal de catolicismo del Antiguo Régimen), pero no servía para sujetar a la población al soberano establecido, que según Napoleón solo podía ser su hermano José I».

[45]​ En conclusión, según La Parra y Casado, «las medidas adoptadas en la España afrancesada supusieron un duro golpe para la Inquisición, del que jamás se recuperaría.

Además no se había resuelto el grave problema derivado de la ausencia del inquisidor general».

Los diputados liberales que la propusieron entendían que la libertad de imprenta debía preceder a las «reformas que se propusiesen hacer las Cortes», porque, como dijo Agustín Argüelles, «un cuerpo representativo sin el apoyo y guía de la opinión pública pronto se hallaría aislado, pronto se vería reducido a sus propias luces».

Entre los llamados «serviles»: Francisco Javier Borrull, el único laico; y los clérigos Pedro Inguanzo, Simón López García, Alonso Cañedo Vigil –miembro de la Comisión que no firmó el dictamen-, Jaime Creus, Blas Ostolaza, Ramón Lázaro Dou y Francisco Riesco.

Como dijo el diputado Agustín Argüelles, en los reglamentos inquisitoriales «están violadas todas las reglas de la justicia universal».

En la actualidad su tesis principal de que la abolición fue una medida antirreligiosa no se sostiene como lo han demostrado las últimas investigaciones.

Y añade a continuación: «Y para tranquilizar al pueblo que consideraba a la Inquisición indispensable para salvaguardarla, los abolicionistas propusieron unos tribunales civiles protectores [comillas del autor] de la Religión, presunta fuente de intromisiones del Estado en la Iglesia».

[71]​ Unas páginas más adelante afirma: «Para los ilustrados anticristianos la Inquisición era anticuada e inútil.

La idea de herejía considerada como mal social, había sido sustituida en el fondo, por la indiferencia religiosa del Estado, por más que se cuidaran aún las apariencias».

«Todo parece indicar que la Inquisición no actuó ahora con la dureza de otro tiempo.

[77]​ Sin embargo, la Inquisición no mostró la misma moderación cuando se trataba de castigar a los masones.

En Madrid, según informó un periódico, «vieron la luz del día y respiraron el aire de la libertad siete individuos que gemían en aquellos lóbregos calabozos».

«Estos actos fueron asimismo una explosión de ira acumulada durante tanto tiempo contra un tribunal odiado por muchos y temido por todos.

En primer lugar, porque la Inquisición restaurada en 1814 había descuidado su objetivo fundamental al dedicarse sobe todo a la persecución de los disidentes políticos –convirtiéndose en una «Inquisición política del Estado», según sus propias palabras—, y, en segundo lugar, porque había actuado sin seguir las directrices del papa, por ejemplo, al «censurar o acusar de herejía obras perfectamente ortodoxas».

Giustiniani concluyó: «La abolición del Santo Oficio no compromete por tanto, al menos aparentemente, por ahora, la pureza de la fe católica».

[93]​ Roma aprobó la política del nuncio[94]​ y una comisión creada al efecto dictaminó: «no hay lugar a lamentarse de la no existencia de la Inquisición en España, porque había grandemente degenerado de su fin, sirviendo sobre todo a objetos políticos y mostrándose en toda ocasión contraria a la Santa Sede».

[91]​ Tampoco se opuso el propio inquisidor general Jerónimo Castillón y Salas, quien abandonó Madrid para marcharse con sus subordinados a su sede episcopal, Tarazona.

Como el propio rey consignó en su diario, ese día «recobré mi libertad y volví a la plenitud de mis derechos que me había usurpado una facción».

Pero cuando ese mismo día promulgó los decretos por los que anulaba todas las disposiciones y actos del Trienio Liberal, no mencionó el restablecimiento de la Inquisición, ni se dieron órdenes al inquisidor general para que acudiera a la corte, ni se reconstituyó el Consejo de la Suprema Inquisición.

La Inquisición era probable que se convirtiera en uno de los bastiones de ese sector ultra, cuyo lema era precisamente «Viva el rey absoluto e Inquisición», por lo que no le interesaba al rey restablecerla.

En el periódico El Restaurador dirigido por fray Manuel Martínez Ferro se decía en referencia al Santo Oficio: «Dicen que quemaba y ¿qué labrador no quema la mala yerba para descastarla?».

Se trataba de unos tribunales eclesiásticos diocesanos que intentaron asemejarse a la Inquisición y que pudieron funcionar gracias a la complicidad de las autoridades civiles locales pues no tenían ningún respaldo legal.

Ese mismo día por la tarde estalló en Madrid, en aquellos momentos una ciudad asolada por el cólera, un motín anticlerical cuyos participantes hacían responsables de la epidemia a las órdenes religiosas, como franciscanos, dominicos y jesuitas, que tanto habían colaborado con la Inquisición a lo largo de su historia.