Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

En 2021, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela declaró que para entonces el sistema judicial venezolano desempeñaba un papel preponderante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno.Según el artículo 263 constitucional, los Magistrados deben cumplir con los siguientes requisitos: No pueden ser simultáneamente Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes estén unidos entre sí por matrimonio, adopción, parentesco en línea recta o en línea colateral dentro del cuarto (4º) grado de consanguinidad o segundo (2º) de afinidad.El recinto tiene un área de 31.600 m² cuya estructura consolida la arquitectura moderna con elementos artísticos vanguardistas.Se crea la Alta Corte Federal, integrada por cinco miembros electos por el Congreso y propuestos por las legislaturas de los Estados.Mientras el segundo vicepresidente de la Corte, Iván Rincón dijo "Estamos dispuestos a colaborar con las reformas del poder judicial".[16]​ En 2021, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela declaró que para entonces el sistema judicial venezolano desempeñaba un papel preponderante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno.El presidente Hugo Chávez comentó la sentencia de la siguiente manera: "Esos once magistrados no tienen moral para tomar ningún otro tipo de decisión, son unos inmorales y deberían publicar un libro con sus rostros para que el pueblo los conozca.Sin una orden judicial ni investigación formal, Chávez amenazó a Rosales con cárcel.«Tú me andas espiando, vigilando y conspirando contra mí, pero vamos a ver quién dura más en el mapa político venezolano.La oposición venezolana se pronunció declarando a través de su vocero Miguel Ángel Rodríguez que en Venezuela la investigación sería obstruida por los mismos funcionarios públicos por este hecho.Yo estaba cumpliendo instrucciones directas del Presidente Hugo Chávez Frías, quien así me lo ordenó.Luego venía un lapso de hasta ocho días sobre si admitía o no las impugnaciones, otorgando un lapso de tres días para que expusieran cualquier defensa frente a la impugnación.Durante todo el proceso no estuvo presente la Fiscal General Luisa Ortega Diaz parte componente del Poder Ciudadano quien se negó a firmar la resolución del nombramiento de los nuevos magistrados.[62]​ Tras este hecho, Héctor Rodríguez, diputado oficialista por la coalición Gran Polo Patriótico, introdujo una demanda al TSJ el 7 de enero del 2016 para que declarare nulos todos los actos de la Asamblea Nacional.El 11 de enero mediante sentencia N.º 1 el TSJ admitió la demanda y declaró con lugar la solicitud del diputado oficialista, dejando sin efecto todas las actuaciones de la Asamblea Nacional "mientras se mantuviera en desacato".[63]​ La fiscal general Luisa Ortega Díaz luego aseguró que la Asamblea Nacional no está en desacato, ya que el desacato solo puede aplicarse a individuos y no a instituciones.[65]​[66]​[67]​ Iniciando el año 2017, en su primera sesión ordinaria, la Asamblea Nacional, para entonces presidida por Julio Borges, diputado por la MUD, desincorporó oficialmente a los 3 diputados impugnados, cumpliendo la condición del TSJ para salir del desacato.Dicha convocatoria volvió a encender las alarmas de la sociedad venezolana, pues muchos juristas señalan que Maduro ha violado la Constitución al usurpar las funciones del pueblo soberano al convocar una ANC, cuando esta facultad corresponde estrictamente al Pueblo de Venezuela en todo su conjunto y no a personas en particular.Ante este suceso distintos sectores de la sociedad manifestaron su rechazo a la convocatoria por considerarla ilegal, entre estos, juristas, gremios profesionales, aliados al gobierno del fallecido Hugo Chávez e incluso altos funcionarios del gobierno.La sentencia fue calificada por muchos juristas como una grave violación al principio del voto directo, universal y secreto establecido en el Artículo 63 de la Constitución.[88]​ Varios juristas criticaron la sentencia 378 por considerarla violatoria de los principios constitucionales, especialmente lo que se refiere a la soberanía, la cual el Artículo 5 de la Constitución establece que “reside intransferiblemente en el pueblo”.[100]​ Posteriormente María José Marcano, exsecretaria del Consejo Moral Republicano acusó a William Saab de mentir y presentar un documento forjado, pues ni ella ni la Fiscal habían firmado el acta por ser un acto realizado ilegalmente por presiones políticas.[99]​ La demanda fue nuevamente rechazada por el TSJ en su sentencia y no aceptó la petición de inhibición.Tarek William Saab interpuso un recurso ante el TSJ para conocer las competencias de la Defensoría del Pueblo, organismo que preside.En la sentencia 469, el TSJ declaró nula la designación del Vicefiscal General de la República y se tomó la licencia para designar a otro Vicefiscal, violando el artículo 25 ordinal 3 de la Ley del Ministerio Público.Desde que Ramírez estuvo a cargo de PDVSA se hicieron varias denuncias por corrupción, pero la Asamblea Nacional dominada por el chavismo hasta 2015 no procedió con las investigaciones.[123]​ En 2016 la Asamblea Nacional, ahora con mayoría opositora, inició las investigaciones contra Ramírez por presuntos hechos de corrupción que rondaron aproximadamente los US$7000 millones.[145]​ Confesó que lo designaron como magistrado en el proceso exprés de 2015 porque siempre había sido leal al chavismo.Denunció que los magistrados son coaccionados a vivir en un apartamento con sus familiares en la ciudad de Fuerte Tiuna.[166]​ La sentencia es criticada y tachada de “nula” por distintos juristas, pues las auditorías, las cuales no se han cumplido, sobre elecciones son exclusiva competencia del CNE según la Ley Orgánica de Procesos Electorales y de acuerdo al Artículo 139 de la Constitucón venezolana «toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos»; asimismo según los expertos, tanto el "recurso contencioso electoral" como el "peritaje" que realizó el TSJ, son procedimientos inexistentes dentro del ordenamiento jurídico venezolano, por tanto fueron conductos inventados arbitrariamente por el ente judicial para favorecer a Nicolás Maduro.Horas después que saliera del país con un salvoconducto otorgado por el gobierno para continuar sus trámites de asilado en España.