[3]​[4]​ Este comportamiento negativo se ha intensificado desde inicios del mandato de Nicolás Maduro en el año 2013.

La práctica frecuente es acusar de traición a la patria a cualquier manifestante, quienes en detrimento de sus derechos constitucionales, son enjuiciados en tribunales militares, aunque estos tribunales existen solo para procesar militares, no civiles.

Igualmente denuncia el escrito que las personas detenidas con frecuencia eran sometidas a torturas y tratos crueles.

[14]​ Posteriormente en 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuso su informe oral en donde denunciaba los actos delictivos cometidos por los colectivos armados pro-gubernamentales, destacando también las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el FAES y la negativa expresa del Ministerio Público a iniciar investigaciones sobre estos hechos.

[15]​ La oposición también ha denunciado que Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario, ha liberado reos en diversas ocasiones para arremeter contra los participantes de las distintas marchas opositoras.

[20]​ Incluso el propio Nicolás Maduro en 2018 amenazó con aplicar ejecuciones extrajudiciales a cualquier opositor que considerara "terrorista", esto en alusión al asesinato del exfuncionario Óscar Alberto Pérez en manos de efectivos de seguridad del Estado.

La resolución también prorroga el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que tiene presencia en Caracas.

De 49 estados que conforman el Consejo en la votación quedaron 19 a favor, 5 en contra y 23 abstenciones.

Describió la operación denominada “Tun Tun” aplicada en los Barrios, así como «Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos; golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales.» Finalmente la Misión expresó que «Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo».