[1] Luego de la presentación del informe, Bachelet declaró que los hechos «deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición».
[5] Michelle Bachelet coordinó la actualización del informe, que fue presentado por parte de Marta Valinas en nombre de la ACNUDH[4] y que actualizó la situación de los derechos humanos en el país y que reclamaba elecciones «libres, limpias, transparentes y creíbles».
Se describen violaciones a derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad venezolanas contra opositores políticos, militares y miembros de la sociedad civil y que las autoridades sabían de los asesinatos, torturas y tratos crueles, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que ocurrían desde 2014.
[7] También se describe que «uno de los elementos que contribuyen a las violaciones y delitos determinados por la Misión es la falta de independencia del poder judicial» y se relató cómo algunos jueces y fiscales han sido objeto de persecución penal a raíz de las decisiones que han adoptado.
Denunció, a su vez, que a su equipo ya no le permitían investigar los derechos humanos de los detenidos en las prisiones de El Helicoide y Boleita.