De acuerdo con Foro Penal y la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, la corta duración de las desapariciones han tenido como objetivo evitar el escrutinio que podía presentarse con detenciones a gran escala y a largo plazo.
En algunos casos, los desaparecidos han muerto en custodia poco después de sus detenciones.
Actualmente se desconoce el paradero del buzo Hugo Marino y del activista Alcedo Mora, quienes tienen más de cuatro y ocho años desaparecidos, respectivamente.
[8]Dentro del grupo se encontraban los diputados José Vicente Rangel, Luis Miquilena y José Herrera Oropeza; los cuales realizaron denuncias de centros de detención clandestinos a donde eran trasladados las personas para ser sometidos a torturas, asesinatos y posteriormente ocultar sus restos.
[7][9]Uno de los casos más destacados fue el del profesor Alberto Lovera, quien fue arrestado en plena vía pública.
[7]Según autores, en una versión se afirmó que supuestamente Soto Rojas fue lanzado desde un helicóptero en la zona El Bachiller del estado Miranda; su cuerpo nunca fue encontrado.
[3][9] Algunos otros ejemplos incluyen a José Camilo Mendoza, Julio César Farías Mejías, Augusto Hidalgo, Bartolomé Vielma, Guillermo Lapp, Ibrahim Villasmil, Jesús Pérez, Aníbal Morales Boada, José del Carmen Chávez, Francisco Lozada, Isabel Acosta Riva, Luis Rafael Tineo Gamboa, César Burguillos, Donato Carmona, Juan Mollejas, Ramón Pasquier, Víctor Tirado y Felipe Malaver, entre otros.
[14][9]El mismo año, la organización no gubernamental Comités Unitarios Pro-Amnistía (CUPA) denunció la desaparición forzada de Argelio José Reina, supuestamente por tener una revista cubana considerada por los oficiales como subversiva.
El cuerpo de Reina fue entregado a sus familiares en una urna sellada y tras la autopsia realizada en el Hospital Central de Maracay se determinó que había sido sometido a torturas.
[18] Según la Revista SIC, durante este tiempo: «Presuntamente funcionarios de la extinta Policía Técnica Judicial dieron muerte a más de 50 personas lanzando posteriormente sus cuerpos a pozos».
Entre los delitos registrados por la corte se encontraban las desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales.
[24] Desde el año 2000 hasta 2013 la organización Provea recopiló 114 casos de desaparición forzada, casi en su totalidad impunes.
[13] Un reporte elaborado entre las organizaciones no gubernamentales Foro Penal y la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights documentó 200 casos de desapariciones forzadas en Venezuela en 2018 y 524 casos en 2019, una mayor cantidad atribuida a un aumento en las protestas en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso en 2005.
Los tribunales terminaron dejando en libertad a los 2 funcionarios de la Disip, quienes fueron señalados como responsables.
Una quinta víctima, una niña de catorce años, sobrevivió al ataque y fue internada a cuidados intensivos.
Después del hallazgo, se expresó temor y sospechas de que hubieran sido asesinados por motivos políticos.
[39][40]Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron y robaron su vivienda en Caracas.
[43] El diputado de Voluntad Popular Gilber Caro también estuvo desaparecido por semanas en varias oportunidades.
[54][55] La ONG Foro Penal calificó la detención de Roberto como una desaparición forzada.
[58][59][60]Después de estar diez días incomunicada y sin que se conociera su paradero, su hija pudo visitarla en El Helicoide.
Algunos de estos casos no son originados por motivos políticos, sino asociados a actividades delictivas.
En esta las víctimas colombianas fueron trasladadas a territorio venezolano, asesinadas y enterradas en fosas comunes.
[71]En otros casos, grupos armados cometen asesinatos en lugares conocidos como «zonas de liberación», lugares cercanos a la frontera venezolana, para arrojar los cuerpos al territorio de este país.
[71]Según la fiscalía colombiana, para el 2018 en la zona fronteriza se registraron 218 casos, de los cuales 32 eran ciudadanos venezolanos.
[9][76]En el 2013 se formó la Comisión por la Justicia y la Verdad encargada de realizar las investigaciones, la cual estaba dirigida por la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
[7][9]La comisión estableció la figura del muerto-desaparecido declarando muerta a la persona desaparecida.
[9]Hasta ese año se habían entregado 10 restos a sus familiares, entre ellos se encontraban Noel Rodríguez, Alberto Rudas Mezones, Santos Martiarena, Gabriel García, Juan Vallejos, Tomás Chirinos, Jesús Antonio Tabares, José Ángel Martínez, Óscar Abelardo Martínez y Roberto Tovar.