Desaparición forzada en Chile

Estas desapariciones forzadas se utilizaron tanto para eliminar a individuos de la oposición como para «sembrar el terror en la sociedad».[1]​ Según la Corte Penal Internacional (CPI) «la desaparición forzada de personas constituye un crimen contra la humanidad».En 1990, cuando regresó la democracia a Chile, las autoridades establecieron la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que documentó más de 3.200 víctimas (entre muertos y desaparecidos) que dejó la dictadura.[3]​ En 1991, la comisión presentó el Informe Rettig, que reconocía «más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, dejadas por la dictadura».El gobierno emitió un plan para investigar el paradero del resto de las 1.162 víctimas desaparecidas.