Desaparición forzada en México
La estrategia usada durante la guerra sucia también se relaciona con múltiples momentos históricos, tales como las desapariciones más recientes de activistas que son fundadores de organizaciones y movimientos sociales.
[10] Según Rosas Villicaña (2020), el académico Juan Carlos Gutiérrez ha propuesto cuatro perfiles de personas desaparecidas en México: «Las mujeres desaparecidas y los feminicidios que obedecen a un patrón sistemático de discriminación estructural», «Los migrantes desaparecidos, que se enlaza con la colusión y corrupción», «Las desapariciones forzadas por parte del Estado» y «Las desapariciones realizadas por el crimen organizado».
[16] La desaparición forzada se usa como mecanismo de control social, imponiendo terror e incertidumbre en las personas ante las posibles acciones que se puedan ejercer contra la misma persona o algún conocido que haya desaparecido.
Además, se asocia con el extractivismo, ya que el Estado mexicano lo emplea para desplazar población en oposición ante los proyectos extractivos en un cierto lugar.
Algunos ejemplos que mencionar son la Cuenca de Burgos y la Cuenca de Sabines, debido a su riqueza en gas natural, asimismo estados como Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa por su riqueza en minerales.
Otro recurso natural que también se ve dentro de la problemática del extractivismo es el agua potable.
La delincuencia organizada aparece como una nueva categoría que pretende dar una nueva causa y denominación de la desaparición forzada, sin embargo esta solo da lugar a la confusión y distribuye la culpabilidad de manera parcial entre los responsables.
Por tanto, entre 1968 y 1985 fue una estrategia gubernamental de contrainsurgencia «para eliminar personas consideradas enemigas directas del Estado, sobre todo por su posicionamiento político».
En este sentido, añade:[24] El concepto “narcofosa” tiene relación en este sentido, pues es donde se relaciona a los cuerpos encontrados con algún grupo del crimen organizado, aunque en realidad no se conocen sus identidades ni sus nexos con este, excluyendo la posible participación de fuerzas estatales o funcionarios públicos y retirando las responsabilidades que estos pudieron haber tenido, y se justifica la respuesta represiva por parte del Estado contra los “enemigos comunes del Estado” o al narcotráfico, al que con estos factores se le atribuyen todos las condiciones de producción de violencia.
[27] Según Robledo (2016), algunos de los criterios principales para este delito son «1) el sujeto que comete el delito, 2) los derechos violados y 3) los elementos del contexto que cuentan para definirlo como un crimen de lesa humanidad y como una violación a los derechos humanos.»[10]Sin embargo, estos criterios no son suficientes para la consideración del delito como desaparición forzada, ya que pueden llegar a categorizarse como privación de la libertad, secuestro, entre otros tipos de crimen, por lo que en México no se cuenta con cifras confiables para saber cuántas desapariciones forzadas se han perpetrado ni con un tratamiento debido a la problemática en la investigación penal.
