El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respondió poco después, declarando que la OEA entendía el debido proceso y que tenía «el máximo respeto» por la Corte Penal Internacional, pero que tres años era demasiado tiempo "no para la OEA", pero si para las víctimas en Venezuela.

[21]​[22]​ En mayo de 2021, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que Fernando Albán Salazar, concejal de Caracas que había muerto en 2018 mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), no se había suicidado, como había sido reportado inicialmente por funcionarios gubernamentales, sino que había sido asesinado y que, durante las protestas en Venezuela de 2017, el estudiante Juan Pablo Pernalete había sido asesinado con una bomba lacrimógena por fuerzas de seguridad, algo que inicialmente había sido negado por funcionarios del gobierno.

[24]​ La vicepresidenta del gobierno, Delcy Rodríguez, calificó el caso contra Venezuela de la CPI como una "gran farsa".

[27]​ La decisión fue criticada por Amnistía Internacional y la Asamblea Nacional de Venezuela presidida por Juan Guaidó.

[28]​[29]​ Human Rights Watch declaró que la decisión no influiría en el proceso de la Corte Penal.

[17]​ A pocas horas de que culminara su periodo como fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en junio, informó haber llegado a una decisión final sobre el examen preliminar de Venezuela y que se había preparado para anunciar sus conclusiones a los Estados miembros remitentes del caso.

[38]​ En febrero la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés), presidida por Amal Clooney, abogada y también esposa del actor George Clooney, inició un programa bautizado como The Docket para reunir evidencias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y apoyar a la investigación de la CPI.

[39]​ En marzo de 2022, durante la segunda visita del fiscal Karim Khan a Venezuela, se suscribe un acuerdo con el gobierno venezolano para abrir una oficina de la Corte en Caracas.

[45]​ En octubre el exdiputado Walter Márquez sostuvo que existía un retardo procesal en la Sala 1 de Asuntos Preliminares, presidida por la magistrada mexicana Socorro Flores Liera, después de transcurrir un plazo razonable para decidir sobre el recurso.

[51]​ En respuesta a la solicitud de la fiscal, el Estado venezolano envió el 10 de noviembre un documento en el que se opone a la participación directa de las víctimas y sus representantes y solicita que la investigación se limita a los resúmenes preparados por la Oficina del Defensor Público para las Víctimas de la CPI y sólo a los casos presentados por la Fiscalía.

[65]​ El 20 de abril la Corte anunció que el proceso de consulta contó con una «amplia participación» y que las solicitudes incluyeron 8.900 víctimas, 630 familias y a dos organizaciones.

La Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones recibió 1.875 solicitudes con sus opiniones e inquietudes, que incluyeron 1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos.

Además, Maduro pidió la liberación de Alex Saab, la eliminación de sanciones y que EE UU le depositen los 3,200 millones incautados en cuentas del exterior que le prometieron en México.

[70]​ El jefe de la delegación oficialista en las negociaciones en México, Jorge Rodríguez, pidió que se detuviera la investigación en la Corte Penal Internacional, declarando que uno de los objetivos que tenía el diálogo con la oposición era solicitar la detención de los procesos judiciales contra el país.

[71]​ La información compartida por las víctimas fue recopilada por la Sección en un reporte de 57 páginas y publicado al día siguiente.

La Sala rechazó la solicitud el 8 de mayo, sentenciando que no era el momento procesal para ello y que en la etapa actual de la investigación ninguna víctima había sido admitida para participar todavía.

La reunión se sostuvo en la sede del Ministerio Público, en Caracas, y la prensa local no tuvo acceso a la misma.

Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la opacidad en torno a la visita.

[76]​ Durante la visita también se confirmó el acuerdo para abrir una oficina de la CPI en Caracas.

[78]​ Organizaciones no gubernamentales solicitaron que el acuerdo de la instalación se hiciera público.

[82]​[83]​[84]​ Mientras el 31 de julio el Fiscal Tarek William Saab insiste en que en Venezuela no se necesita la CPI,[85]​ el exfiscal venezolano del Ministerio Público Zair Mundaray indicó la falta de justicia, al denunciar que los dos efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Keiberth Cibelli Moreno y Miguel Dos Santos Rodríguez acusados por el asesinato del concejal de Primero Justicia Fernando Albán Salazar se encuentran en libertad desde febrero de 2022, caso emblemático presentado ante la CPI.

Ben Emmerson, representante del Estado venezolano, argumentó que los aspectos referentes al principio de complementariedad en el Estatuto de Roma no han sido respetados y que las comunicaciones enviadas a Venezuela no incluyen suficiente información detallada.

Venezuela presentó 124 incidentes de los cuales 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay 3 en fase intermedia, es decir con una acusación formal; 3 en fase de juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados», dijo el abogado por Venezuela Aitor Martínez Jiménez.

Explicó que de la información suministrada por el régimen, solo había un caso referido a violación y no se calificaba como un delito sexual en el procedimiento nacional, sino como tratamiento cruel.

[89]​ La Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional concluyó que Venezuela “no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, durante la audiencia.

Rechaza las apelaciones y confirma la decisión impugnada", dijo el juez Marc Perrin de Brichambaut al tribunal con sede en La Haya.

[1] El 22 de abril el Fiscal de la CPI Karim Khan llega en su cuarta visita a Cracas, Venezuela para aperturar la oficina que fue anunciada durante su tercera visita y seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en apego a respetarse el principio de complementariedad a la justicia venezolana, que no la sustituye y solo puede intervenir si el Estado no investiga.

En términos de estas decisiones, estamos abriendo una oficina por el apoyo y acuerdo con Venezuela", dijo.

[109]​[110]​ Khan ha solicitado a la Sala de Apelaciones que declare inadmisible la recusación exponiendo diferentes argumentos.