[6] Fue derogada mediante otra sentencia poco tiempo después,[7] sin embargo, trajo como consecuencia, entre diversos factores, el comienzo de las protestas en Venezuela de 2017.
En enero de 2016, el Tribunal Supremo dictó el desacato a la Asamblea Nacional, en la que la oposición poseía mayoría,[2] debido a la juramentación de tres diputados opositores que había sido prohibida por el TSJ por supuestas irregularidades en diciembre de 2015 y al incumplimiento de varias sentencias del Poder Judicial.
[6]Nicolás Maduro negó la calificación de «autogolpe», asegurando que en Venezuela existían plenas garantías constitucionales.
[7] Posteriormente Luisa Ortega Díaz fue destituida por el Tribunal Supremo, después de haber denunciado que dichas atribuciones del TSJ constituyeron «una ruptura del orden constitucional»[4] abandonando el país después de eso.
El gobierno de Maduro posteriormente propuso una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución, en cuyas elecciones la oposición no se presentó, resultando electos mayoritariamente constituyentes afines al gobierno.