Elecciones parlamentarias de Venezuela de 2020

[6]​ Los políticos Henrique Capriles y Stalin González inicialmente hicieron un llamado a participar en las elecciones, pero se retiraron posteriormente para exigir mejores condiciones electorales.

[7]​ Como respuesta, Juan Guaidó convocó a un pacto unitario junto a los dirigentes de 37 partidos políticos, reiterando «no participar en el fraude del régimen y convocar una consulta popular».

[8]​ El Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, los Estados Unidos y la Unión Europea expresaron su rechazo ante las acciones para convocar a unas elecciones parlamentarias en 2020 sin condiciones libres ni justas.

[9]​ El Grupo Internacional de Contacto, encabezado por Uruguay, lamentó una renovación del CNE que «socava la credibilidad del próximo proceso electoral»,[9]​ y la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó la designación «ilegal» del CNE y recordó que se necesitan unos organismos independientes para celebrar unas elecciones «justas, libres y transparentes» en el país.

Como respuesta, Juan Guaidó convocó a un Pacto Unitario junto a los dirigentes de 37 partidos políticos, reiterando «no participar en el fraude del régimen y convocar una consulta popular en Venezuela».

Entre los puntos acordados se encontraba la confirmación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.

Juan Guaidó rechazó el procedimiento del TSJ y afirmó que la Asamblea Nacional es la única con derecho a escoger la comisión electoral.

Horas antes se entregaron camisas alusivas al partido, la mayoría aparentemente nuevas y varias personas entrevistadas manifestaron desconocer los motivos de la concentración o en qué consistía el recurso presentado.

En algunos casos afirmaron haber sido llevados en autobús y no sabían decir con precisión desde hace cuanto tiempo pertenecían al partido o ignoraban que el diputado Luis Parra no se encontraba en el lugar.

[36]​ En mayo, Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia declarar al partido Voluntad Popular como una «organización terrorista», y por ende la ilegalizacion del partido.

[38]​ El 15 de junio el Tribunal Supremo de Justicia suspendió a la junta directiva del partido Acción Democrática para designar una mesa directiva presidida por José Bernabé Gutiérrez, días después de que su hermano José Luis Gutiérrez fuera designado por el TSJ como rector del Consejo Nacional Electoral.

[41]​ El 7 de julio el TSJ también suspendió la junta directiva del partido Voluntad Popular, convirtiéndose en la tercera organización política intervenida judicialmente en el último mes, designando una junta directiva ad hoc presidida por José Gregorio Noriega, previamente expulsado de Voluntad Popular.

[43]​ La intervención tuvo lugar después de que el partido anunciara una alianza electoral sin el PSUV.

[49]​[50]​[51]​[52]​ Asimismo, el PCV ha denunciado irregularidades en los simulacros electorales como aparición de candidatos que no corresponden a los postulados por la APR.

[53]​ De igual manera, denunciaron censura mediática contra sus candidatos y propuestas.

[57]​ La organización responsabilizó como «presunto autor intelectual» a Michel Duque, exalcalde chavista de Santa Isabel, estado Trujillo.

[66]​ Los diputados nominales se eligieron en circunscripciones uninominales o plurinominales según el nivel poblacional, con tantos votos como cargos haya para elegir; las circunscripciones nominales se mantuvieron en las mismas 87 divisiones del territorio nacional utilizadas para las elecciones anteriores.

Según el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli, los cambios realizados eran ilegales porque no ofrecía una elección directa y secreta como establece la constitución.

[72]​ Entre las organizaciones participantes estuvieron: Para noviembre de 2019, los diputados opositores Juan Guaidó y Stalin González, junto con el ex-rector del CNE Vicente Díaz, declararon que una elección no resolvería la crisis nacional.

[3]​ Los partidos que firmaron el documento fueron Acción Democrática, Alianza del Lápiz, Aprisal, Bandera Roja, Camina, Copei.

Los candidatos se mantuvieron por varias horas sin que ningún directivo de la planta les ofreciera explicaciones sobre la situación.

Esta declaración pública fue acordada por Bolivia, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Reino Unido, la Unión Europea y siete de sus Estados miembros: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España y Suecia.

En dichos debates los candidatos discutieron sobre la hiperinflación, las sanciones, la corrupción, la gestión de la Asamblea Nacional saliente, entre otros.

[49]​[50]​[51]​[52]​ El PCV denunció irregularidades en los simulacros electorales como aparición de candidatos que no corresponden a los postulados por la APR.

[57]​ Esta organización responsabilizó como «presunto autor intelectual» a Michel Duque, exalcalde chavista de Santa Isabel, estado Trujillo.

[106]​[105]​ El diputado Luis Parra no recibió los votos suficientes para que se le asignara un escaño por la lista regional de Yaracuy, donde estaba inscrito.

[109]​ El proceso electoral el 6 de diciembre se caracterizó por un notable ausentismo y abstención a nivel nacional.

[13]​ Por su parte, Maduro Guerra hizo un llamado a las estructuras del PSUV para que fuesen «casa por casa y vereda por vereda» en busca de los electores, expresando: «Vamos a hacer que el remate perfecto, remate de verdad, para compensar lo que tal vez no pudimos lograr en las horas pasadas, necesitamos dar ese mensaje.

[113]​ En el Palacio de los Cóndores, el palacio de gobierno del estado Zulia, personas adeptas al oficialismo ingresaron abrupta y violentamente, insultando, lanzando sillas y otros objetos, para exigir «lo que se les había prometido».

[117]​ Varios países, incluyendo a Canadá, Chile, Colombia y Estados Unidos, anunciaron que no reconocerían los resultados de las elecciones.