Ortega Díaz aceptó este segundo nombramiento por la mayoría chavista de la Asamblea Nacional, aunque no contó con el voto de las dos terceras (2/3) partes del parlamento, tal como lo que requiere la constitución venezolana.

[4]​ Este hecho fue rechazado por la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), de mayoría opositora, que argumentó que solo esa institución tenía la potestad para destituirla del cargo, según la constitución del país.

[6]​ También pidió prisión preventiva para el presidente de Fedecámaras Carlos Fernández Pérez en 2003.

La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado este arresto por haber sido motivado políticamente, ya que estuvo marcado por graves violaciones del debido proceso y no se aportaron pruebas que vinculen al acusado con ningún delito.

Posteriormente declaró haber sido presionada por Diosdado Cabello para imputar a López.

[24]​ “Yo no participé en ese proceso, yo advertí que ese proceso estaba mal hecho”, afirmó al explicar porque se negó a firmar el acta de designación de estos magistrados y cómo esto “vicia” el proceso en sí.

[31]​ La petición fue rechazada por el TSJ sin dar explicaciones de su decisión.

[43]​[44]​ Ortega Díaz desconoció la sentencia del Tribunal y la decisión de la ANC por considerarlos ilegales.

(…) quieren también [esconder] la corrupción que hay en Venezuela, esconder las pruebas de la violación de los derechos humanos que se ha dado en este país", indicó la fiscal, Luisa Ortega Díaz.Su sucesor, el fiscal general Tarek William Saab, declaró en un informe a la Asamblea Nacional respecto a la gestión de Ortega Díaz: «Recibí una especie de cartel trasnacional del delito, del crimen organizado, totalmente estructurado para delinquir».

[50]​ Ortega Díaz denunció en 2018 que en el país «hay un genocidio, un plan deliberado por parte de Maduro, el heredero de Chávez, de exterminar la población y aquellos que no se sometan, no se subordinen; los persiguen, los aniquilan o los obligan a abandonar el país».

[56]​ En 2014 Delsa Solórzano, diputada al Parlatino, anunció que demandaría a Ortega Díaz por no haber investigado las pérdidas millonarias por el uso de dólares preferenciales del sistema CADIVI.

[60]​ Al día siguiente el máximo tribunal suprimió de las sentencias las medidas cautelares que anulaban a la AN.

[61]​ Posteriormente Pedro Carreño, diputado oficialista por el Gran Polo Patriótico (GPP) solicitó al TSJ antejuicio de mérito contra la Fiscal por la comisión de supuestos delitos graves, a saber: «atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa»; «actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución»; y de «violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución».