Disolución de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela

Mientras que la disolución de la Corte fue apoyada por el senado de la República, encabezado por Luis Alfonso Dávila, leal al presidente Hugo Chávez, la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente, el diputado Henrique Capriles no se pronunció al respecto.[1]​[2]​ La corte permaneció funcionando, fuertemente regulada por el organismo constituyente, hasta noviembre de 1999.Este suceso es identificado, junto al cierre del Congreso de la República en 1999 también, como el primero de los atropellos contra la institucionalidad venezolana democráticamente establecida, desde el inicio de la Revolución bolivariana, significando por primera vez el pleno control del chavismo sobre las instituciones.[10]​ La comisión fue aprobada por la mayoría de los constituyentes y sus atribuciones, entre otras, consistían en: Aristóbulo Iztúriz, para ese entonces primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente justificó la intromisión del organismo en el poder judicial venezolano, con el argumento de que la constituyente era «soberana y originaria» y que por consiguiente la misma podría pasar por encima de los poderes establecidos y no sería una acción ilegal.[12]​ El caso de la comisión judicial fue llevado a la Corte Suprema de Justicia, para que la misma decidiera si el organismo constituyente tenía las atribuciones para controlar libremente el poder judicial.