Este decreto le permitió a la Asamblea Nacional Constituyente legislar en el país con algunos poderes de la Asamblea Nacional hasta 2020, cuando fue disuelta.
En enero de 2016, el Tribunal Supremo dictó el desacato a la Asamblea Nacional, en la que la oposición poseía mayoría,[5] debido a la juramentación de tres diputados opositores que había sido prohibida por el TSJ en diciembre de 2015 y al incumplimiento de varias sentencias del Poder Judicial.
Nicolás Maduro negó todo eso, asegurando que en Venezuela existían plenas garantías constitucionales.
[10] La entonces fiscal Luisa Ortega Díaz fue destituida por el Tribunal Supremo, después de haber denunciado que dichas atribuciones del TSJ constituyeron «una ruptura del orden Constitucional»,[11] abandonando el país después de eso.
El gobierno de Maduro posteriormente propuso una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución, en cuyas elecciones la oposición no se presentó, resultando electos mayoritariamente constituyentistas afines al gobierno.