[1] Al haber ocupado cargos políticos al igual que otros magistrados electos, su nombramiento constituyó una violación al numeral 5 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
El alegato de Cartaya fue descartado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo por considerar que «el recusante de forma genérica denuncia un supuesto interés por parte del magistrado en la resolución del asunto, sin embargo, no señala de manera específica la conducta o actuación que evidencie el interés de éste o detalla en qué forma le afectaría la resolución del caso», basándose en los argumentos presentados por Zerpa para defender su objetividad.
«Niego que me encuentre incurso en la causal invocada por el recusante, por cuanto en fecha 23 de octubre de 2015 presenté juramento de no poseer ni ejercer ninguna actividad que pueda significar militancia política partidista y manifesté mi voluntad de renunciar a cualquier organización política o grupo de electores».
[6][7] Según el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, Zerpa huyó del país por estar siendo investigado por presuntos delitos de acoso sexual, actos lascivos y violencia psicológica, cuyo expediente fue enviado al Consejo Moral Republicano desde el 23 de noviembre del 2018.
[8] Zerpa se defendió de las acusaciones detallando que en los tres años como magistrado, entre 2015 y 2018, estuvo alrededor de año y medio sin secretaria debido a la recusación de dos mujeres por no poder cumplir con el trabajo inherente a su cargo, y que fue en julio de 2018 que autorizaron a dos secretarias para que trabajaran con él, declarando que no pensaba que se prestarían para la acusación ni que las otras dos presentaran denuncias al respecto; agregó que el comunicado emitido por el Tribunal Supremo deja en evidencia la presión de Maikel Moreno sobre el resto de los magistrados, que es acusado de delitos sin el debido proceso y que no ha habido ninguna citación ni expediente de los hechos mencionados.