Incidentes de xenofobia por la crisis en Venezuela

[3]​ En Perú, Bolívar estableció una constitución dictatorial que fue repelida en 1827, desatando una guerra contra la Gran Colombia al año siguiente, poco después de que los peruanos intervinieran en Bolivia para derrocar el gobierno del venezolano Antonio José de Sucre.

Lo anterior provocó que los venezolanos fuesen estereotipados como opulentos o arrogantes, en parte debido a la alta cantidad de extranjeros que ya no pudieron ingresar al país por los controles migratorios impuestos en los años posteriores a 1986, creando entre los latinoamericanos un sentimiento de resentimiento hacia los que sí pudieron ingresar por vías legales, y hacia los venezolanos en general.

Sin embargo, las fronteras se mantuvieron abiertas por décadas, entre controles y periodos de paso libre, el último ocurrido durante el gobierno de Hugo Chávez Frías, donde estos controles no ocurrieron y por años ingresaron migrantes sin restricciones.

En primera instancia, un juez ordenó suspender el ingreso terrestre de venezolanos, pero posteriormente la medida fue revocada por el Tribunal Supremo, que consideró que la prohibición era contraria a la Constitución y a los pactos internacionales suscritos por Brasil.

Los hechos se produjeron como represalia por el supuesto ataque a un comerciante brasileño por parte de cuatro venezolanos.

[23]​ Algunos meses después, venezolanos que protestaban en el mismo sitio fueron golpeados y robados por comunistas chilenos.

Al menos 200 ciudadanos participaron en el linchamiento haciendo uso de piedras, palos y machetes.

Posteriormente, dos venezolanos estuvieron a punto de ser linchados en el mismo lugar y otros dos migrantes fueron golpeados en Transmilenio.

[46]​[47]​ Durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2018, una acusación común entre los candidatos fue que querían convertir a Colombia en una segunda Venezuela.

[51]​ En enero de 2019 aparecieron panfletos amenazantes contra los venezolanos residentes en Ipiales, cerca a la frontera con Ecuador.

[52]​ En febrero el alcalde Rodolfo Hernández señaló que las venezolanas eran fábricas de hacer chinitos (niños) pobres.

[54]​ En julio fueron encontrados cinco cuerpos descuartizados en Bogotá, tres de ellos pertenecientes a ciudadanos venezolanos.

[59]​ En agosto de 2018, el gobierno ecuatoriano emitió un decreto exigiendo la presentación del pasaporte como requisito para aquellos venezolanos que quisieran ingresar al país.

[60]​ Sin embargo, un juez suspendió la aplicación el decreto, aduciendo que contradecía los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador.

[61]​ En octubre del mismo año, una marcha de venezolanos en Quito se enfrentó a un grupo de ciudadanos que amenazaban con quemar vivos a los inmigrantes, al mismo tiempo que reclamaba al gobierno por mayores controles migratorios.

[65]​ Todas estas acciones xenófobas, que en algunos casos iban acompañadas de expresiones racistas y aporofóbicas, provocaron a su vez la salida del país de ciudadanos venezolanos que temían por su vida, especialmente hacia los países vecinos, Perú y Colombia.

[66]​ Algunas horas después del homicidio se determinó que el homicida tenía doble nacionalidad colombiana y venezolana.

[66]​ Días después, Ecuador empezó a exigir la presentación de los antecedentes judiciales para todos los venezolanos que ingresaran al país, en tanto unos 250 migrantes retornaron a Venezuela como parte de un corredor humanitario creado por el mismo gobierno venezolano.

[73]​ A nivel diplomático, las relaciones bilaterales entre Ecuador y Venezuela se vieron tensionadas por estas situaciones de violencia.

Los organizadores de la marcha argumentaban que los migrantes venezolanos perjudicaban la economía del país, desplazando a los trabajadores locales y aumentando la delincuencia.

La marcha generó alarma entre algunos sectores, pero al final solo reunió a algunas decenas de personas.

[86]​ En agosto de 2018, el gobierno peruano empezó a exigir pasaporte a aquellos venezolanos que pretendían entrar al país, sin embargo la medida fue suspendida en octubre, cuando el Poder Judicial consideró que esa exigencia era incompatible con los compromisos adquiridos dentro de Mercosur.

También se critican en dichos medios los controles de identidad en la frontera, la irregularidad con la que se ingresa al país y la aparente poca importancia que le da el gobierno de Martín Vizcarra a la inseguridad ciudadana, aunados al bajo presupuesto para las policías y el elevado desempleo, porque la pobreza y la parálisis económica aumentan la delincuencia afectando a los ciudadanos peruanos.