Reforma política de Adolfo Suárez
Forma parte del período conocido como Transición Española, tras el último gobierno presidido por Carlos Arias Navarro y antes de que se desarrollara el período constituyente.
[1] Aunque una parte de la sociedad española exigía un cambio político, el aparato franquista estaba prácticamente intacto y era todavía muy poderoso.
El apoyo de Alfonso Osorio posibilitó que se incorporaran a su gabinete reformistas del llamado Grupo Tácito, no obstante lo cual, el nuevo gobierno tuvo muy mala acogida en la prensa.
Además, Suárez optó por mantener a los ultraconservadores ministros militares del anterior gobierno, encabezados por el general de Santiago.
La medida había sido ya rechazada en junio, pero Suárez consiguió que fuera aprobada gracias a la introducción de una cláusula que parecía encaminada a impedir la legalización del Partido Comunista de España (PCE).
Dicha norma prohibía las asociaciones políticas «sometidas a una disciplina internacional que se propongan implantar un sistema totalitario».
[3][4] Para reducir la presión del PCE y mantener el control del proceso de transición frente a la oposición, Suárez mantuvo en el mes de agosto varias entrevistas con líderes opositores, entre los que se encontraba Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La propuesta fue aceptada con reservas, y solo debido a que el monarca la apoyaba.
La Ley para la Reforma Política fue aprobada por 425 votos a favor y 59 en contra, con 13 abstenciones.
El Rey tuvo que utilizar su ascendiente sobre los militares para apaciguar los ánimos.
[10] Tras la aprobación de la Ley, Suárez se enfrentó a los problemas que le planteaban el terrorismo por un lado, y la difícil legalización del PCE, por otro.
El Gobierno optó por ponerle en libertad, lo que supuso un gran paso hacia la legalización.
El 2 de marzo, en un nuevo paso al reconocimiento legal, el gobierno aceptó la celebración de una cumbre eurocomunista en la que participaron los líderes del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, y del Partido Comunista Francés, Georges Marchais.
El 8 de abril — Viernes Santo— la Junta de Fiscales Generales del Tribunal Supremo emitió un dictamen en el que afirmaba que no había obstáculo para la legalización del PCE.
A Suárez le costó comprender el planteamiento de este sector y lo abordó como un problema de orden público cuyo tratamiento encargó al ministro del Interior Rodolfo Martín Villa.
Tras el acto militar, se celebró una sencilla ceremonia en la que el padre del Rey, don Juan de Borbón, renunciaba expresamente a sus derechos al Trono y reconoció a su hijo como legítimo monarca.
[16] La hostilidad de ciertos mandos militares hizo que Gobierno y oposición fueran prudentes durante el proceso electoral.
AP, pese a su abundancia de recursos económicos, se vio perjudicada por la participación del expresidente Arias, quien expresó una postura inmovilista.
Suárez se negó a debatir con ningún rival, explotó el control gubernamental de muchos medios de comunicación (incluida TVE, la única televisión) y realizó una aplastante campaña propagandística.
