[2] Se les considera «el brazo armado del Partido Comunista de España (reconstituido)»,[3][4] tal como sentenciaría en el año 2006 la Audiencia Nacional.
En su momento se especuló con la posibilidad de que la formación pudiera haber estado «manipulada» por la extrema derecha española o por elementos parapoliciales.
[10] Aunque nunca ha llegado a disolverse públicamente, la ausencia de atentados y acciones armadas, así como su residual membresía, hacen que esté considerada como desarticulada por las fuerzas de seguridad españolas.
Las víctimas fueron Joaquín Alonso Bajo, Agustín Ginés Navarro, Antonio Fernández Ferreiro y Miguel Castilla Martín.
Al que estaba en la avenida del Mediterráneo lo asesinaron Enrique/Fernando (según el diario ABC y Pío Moa, respectivamente) Cerdán Calixto (alias "Costa", autor del disparo y jefe del comando), Pío Moa Rodríguez (alias "Verdú", el que, supuestamente, le fracturó el cráneo con un martillo, hecho que Moa niega)[17] y un estudiante perteneciente a la Organización Democrática de Estudiantes Antifascistas (ODEA), Francisco Brotons Beneyto, más tarde miembro del Comité Central del PCE(r), que actuó como conductor; al que estaba en la calle Marqués de Corbera lo asesinaron Eugenio Jesús Bueno de Pablos (autor de los disparos), José María Sánchez Casas y Juan Carlos Delgado de Codes, alias "Herrera" y jefe del comando; el que fue asesinado en la calle Agustín de Foxà, junto a la plaza de Castilla, lo fue por el comando dirigido por Abelardo Collazo Araújo (alias "Alfonso", autor de los disparos), José Balmón Castell y otro miembro que actuaba como conductor; el que estuviera en la calle Valmojado, fue asesinado por Manuel Gil Araújo (alias "José") y por Fernando Hierro Chomón, autor de los disparos de escopeta de cañón recortado que acabaron con su vida.
[14] Este cuádruple asesinato fue en respuesta a los cinco últimos fusilamientos en España durante la dictadura franquista (tres miembros del FRAP (José Humberto Baena José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz) y dos miembros de ETA político-militar (Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui) que se llevaron a cabo el 27 de septiembre de 1975.
En esos primeros años de la Transición, los GRAPO cometieron secuestros y atentados con una fuerte repercusión social.
Solo unos pocos militantes siguieron colocando explosivos, cometiendo atracos y extorsionando a empresarios, contando con un prácticamente nulo apoyo social.
[24] Los dirigentes de los GRAPO José María Sánchez Casas y Alfonso Rodríguez García fueron condenados en 1981 por la Audiencia Nacional a doscientos setenta años de cárcel por llevar a cabo dicho atentado.
[25] No obstante, los GRAPO nunca reconocieron la autoría del atentado, afirmando que fue perpetrado por grupos de extrema derecha y parapoliciales.
[26] En 1982 los GRAPO propusieron un alto al fuego al gobierno socialista de Felipe González, y tras las negociaciones con el Ministerio del Interior en 1983, los GRAPO perdieron aún más apoyo, ya que parte de sus miembros abandonó las armas.
En 1999 los GRAPO volvieron a confirmar su permanencia asaltando una sucursal bancaria en Valladolid y colocando una bomba en una sede del PSOE en Madrid.
Ese mismo año el juez Baltasar Garzón suspendió las actividades del PCE(r) por considerarlo el "brazo político de los GRAPO".
La investigación policial apuntó que los atracadores fueron Israel Clemente y Xurxo García Vidal.