Narcoestado

El término narcoestado o narcoeconomía (con la partícula narco-: "droga";[1]​ y más específicamente: "asociado con el tráfico ilegal de drogas"),[2]​ es un neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.

También clasificó a los países según su papel en el narcotráfico en: fuente, de transporte e híbrido.

[6]​ Pierre-Arnaud Chouvy dice en su artículo El mito del narco-estado que el uso reciente del término "narcoestado" ha sido cuestionado por ser aplicado de manera demasiado amplia y sin un criterio claro, en particular luego de la atención mediática hacia Guinea-Bisáu, catalogado como "el primer narcoestado del mundo" en 2008,[7]​ y más bien el término debería referirse solo a aquellos países en los que el comercio de narcóticos está patrocinado por el estado y constituye la mayoría del PIB general de un país.

[8]​ Instituciones, organizaciones, funcionarios, analistas y comentaristas nacionales o extranjeros han usado el término «narcoestado» para referirse a la situación de un país, o para alertar sobre la posibilidad de que el mismo se convierta en uno.

Los traficantes ghaneses se ocupan del suministro de las semillas, compran las cosechas y organizan el transporte.

[29]​ Colombia ha sido llamada narcoestado por figuras mediáticas[30]​[31]​ y analistas políticos nacionales e internacionales.

[33]​ El término fue utilizado por el narcotraficante peruano Demetrio Chávez Peñaherrera para refererise al Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori.

También se han utilizado helicópteros del estado para mover pasta básica en el VRAE y la cuenca del Alto Huallaga, y más de 350 militares han sido procesados por participar en actividades de narcotráfico.

[38]​[39]​[40]​ Posteriormente, en 2014, el entonces ministro del Interior Daniel Urresti señalo que la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) identificó a 115 candidatos a la alcaldía de gobiernos locales que tendrían antecedentes relacionados al narcotráfico.

[41]​[42]​[43]​ Se cree que existen clanes familiares vinculados al narcotráfico y al lavado de activos que buscan posicionarse y se posicionan en puestos públicos para subvertir las instituciones políticas de Perú.

Según el informe, esto se incentivó por los altos niveles de corrupción en el gobierno y las fuerzas del orden, sobre todo de las Fuerzas Armadas venezolanas y sus estrechos lazos con la guerrilla colombiana, muy involucrada en el narcotráfico.

[53]​ Ese año dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores fueron condenados en Estados Unidos por conspirar para traficar droga,[54]​ según la fiscalía, con la autorización del presidente Nicolás Maduro.

[55]​ Además se hallan imputados por la justicia estadounidense: Néstor Reverol, actual ministro del Poder Popular, acusado de haberse convertido en uno de los principales actores del narcotráfico en Venezuela desde que encabezaba la ONA;[56]​ y Tareck El Aissami, ministro y vicepresidente del área económica, y uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro.

También el actual ministro de Defensa, Luis Miguel Ralda, dijo que Guatemala está próximo a ser un narcoestado y reconoció que el dinero del narconegocio invade las instituciones estatales y financia a candidatos.

[69]​[70]​ Entre 2014 y 2017 se extraditaron a ese país del norte importantes cabecillas de carteles hondureños, entre ellos los jefes de los Cachiros —los hermanos Javier Eriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga—,[71]​ cuyas declaraciones[72]​ involucraron a Tony Hernández, hermano del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y declarado culpable en Estados Unidos por cargos de narcotráfico,[73]​ al presidente anterior Porfirio Lobo (2012-2014), investigado en Honduras por nexos con el narcotráfico,[74]​ y a su hijo, Fabio Lobo, condenado por actividades ligadas al narcotráfico.

En documentos presentados contra narcotraficantes hondureños en Estados Unidos se reveló que el presidente Hernández fue investigado por narcotráfico,[76]​ en uno de los cuales se asegura que Hernández usó «el tráfico de drogas para ayudar a hacerse con el poder y el control en Honduras».

[78]​ Algunas de estas situaciones merecen, según analistas salvadoreños, que Honduras sea considerado un narcoestado.

[79]​[80]​ Lo considera también un narcoestado la Organización Fraternal Negra Hondureña[81]​ y la congresista estadounidense Norma Torres.

[82]​ Debido al poder que ejerce el narcotráfico en México, en años recientes comentaristas y periodistas lo han llegado a calificar como un narcoestado,[83]​[84]​[85]​[86]​[32]​[87]​[88]​ o han alertado de la posibilidad de que se convierta en uno.

[89]​[90]​[91]​ En agosto de 2020, al ser cuestionado sobre si México puede definirse como narcoestado, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que «sí se puede hablar de un narcoestado porque estaba tomado el gobierno».

[103]​ The Guardian mencionó el reporte en su nota "'Un negocio sucio': Cómo una droga está convirtiendo a Siria en narcoestado".

[108]​ En mayo de 2021, las autoridades libanesas confiscaron cocaína escondida en Makdous, con destino a Australia.

[113]​ En 2017, un reporte de la Open Society Fundation sobre Albania decía que las organizaciones criminales del país «controlan territorios, producen inversiones sustanciales y activamente influencias la política albanesa».