Etapa de participación del referéndum presidencial de Venezuela de 2016-2017

[9]​ Con respecto a estas y otras declaraciones por parte de la oposición, al rectora principal del CNE y exdiputada por el oficialismo ante la AN Tania D'Amelio criticó en una entrevista que a su juicio la dirigencia opositora generara "falsas expectativas" ante la figura del referendo,[10]​ mientras que la también rectora Socorro Hernández manifestó que el poder electoral acataría cualquier decisión del poder judicial que inhabilitase a la MUD como convocante del referéndum revocatorio,[11]​ postura no compartida por el rector Luis Emilio Rondón[12]​ y rechazada por el exrector Vicente Díaz.[17]​ Como se había dispuesto la presidenta del poder electoral Tibisay Lucena en presencia del resto de la rectoría el CNE con la excepción del rector Luis Emilio Rondón[18]​ y de otras autoridades dirigió un "conversatorio" (en el que ningún asistente tuvo derecho de palabra y en el que los periodistas no tuvieron acceso dentro de la sala de conferencias)[19]​ en la que dedicó una extensa alocución a detallar entre otros temas la historia reciente de los procesos electorales y referendarios dirigidos y organizados por el CNE, y explicó lo que desde su perspectiva serían los "principios que rigen el referéndum revocatorio", basado en su interpretación del texto constitucional y de los reglamentos dictados por el poder electoral.En sus reflexiones, la rectora Lucena denunció reiteradamente un supuesto acoso que a su juicio era víctima constante el CNE, haciendo mención específica al gobierno de los Estados Unidos, cuyos llamados diplomáticos para la ocurrencia del referendo, vistos por la rectora como declaraciones "impertinentes", aludiendo a que dicho país pronunciaba tales llamados "como si tuvieran alguna moral supranacional para opinar, sin límites, sobre los asuntos internos de un país soberano”.[25]​ La alocución tuvo reacciones inmediatas de actores políticos a nivel nacional.[27]​ En contraposición, por el lado del oficialismo las declaraciones de la rectora Lucena fueron ampliamente celebradas entre otros por el alcalde y dirigente del PSUV Jorge Rodríguez, quien incluso aseguró que el CNE habría "reducido al máximo" los tiempos reglamentarios para el proceso de convocatoria,[28]​ y quien sin embargo reiteró su postura de que de hecho el referéndum revocatorio no tendría lugar "ni en 2016 ni en 2017", al tiempo que descalificó contra la posición del rector Rondón como un "vocero de la derecha", retándolo a que le contradijese con los lapsos normativos.[44]​ El rector Rondón destacó que el suyo fue el único voto salvado dentro de la reunión del directorio del CNE por considerar que las condiciones previstas por el poder electoral resultaban restrictivas para la manifestación electoral popular y porque a su juicio la regionalización del cuórum mínimo de manifestaciones de voluntad para la convocatoria del referendo contravenía de manera explícita el contenido textual del artículo 72 de la Constitución.[52]​[53]​ Efectivamente en un acto público en el complejo deportivo del Parque Miranda los principales líderes de la oposición junto a representantes de la sociedad civil anunciaron que la oposición efectivamente participaría en la fecha acordada por el poder electoral en la recolección del 20% del RE electoral en actas de voluntad, pero que lo harían bajo protesta y en reclamo del reconocimiento del cuórum mínimo de la circunscripción electoral nacional, y no por regiones, y que mantendrían un cronograma de protestas para mantener una presión ciudadana para exigir al CNE que una vez cumplida la cuota constitucional de actas de voluntad el referéndum fuese convocado antes del término del año 2016.En respuesta al llamado de la MUD, el dirigente del PSUV Jorge Rodríguez llamó a lo que calificó como una "gran toma de Venezuela", asegurando que los partidarios del oficialismo saldrían a las calles a "defender la paz" al tiempo que dio el ultimátum de que los trabajadores públicos con "cargos de confianza" que hubiesen firmado durante la fase de promoción debían renunciar a sus cargos en un lapso de 48 horas,[67]​ llamado respaldado, entre otros, por el exvicepresidente y expresidente de la AN y vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, quien llamó a los partidarios del oficialismo a denunciar a los "escuálidos" (opositores) que ocupasen altos cargos públicos para forzarlos a rencunciar,[68]​ mientras el diputado del PSUV en la AN Elías Jaua consideró que es "antiético" que los militantes de la oposición ejerzan altos cargos públicos, asegurando que tales funcionarios son los causantes de las deficiencias de las oficinas públicas.[69]​ Daniel Apote, jefe de gobierno del Distrito Capital (cargo no electoral) aseguró que la movilización no entraría en el municipio Libertador por carecer de permisos y que en contraste la "toma de Venezuela" sería realizada por el oficialismo en todo el país.[71]​ Por su parte, el politólogo Nicmer Evans, líder y fundador del partido disidente del oficialismo Marea Socialista, quien por medios de comunicación había declarado su respaldo al referéndum revocatorio considerando que el mismo "no le pertenece a la MUD",[72]​ manifestó junto a otros líderes de su organización que no apoyarían ni acompañarían la manifestación convocada por la MUD al considerarla un intento por "repolarizar" a la población,[73]​ en congruencia con su postura de que la mayoría de los venezolanos, a su juicio, ya no simpatizaba no con el PSUV ni con la MUD,[74]​ llegando a alegar que la movilización pretendía ser un antecedente a supuestas negociaciones encubiertas que, según Evans, estarían teniendo los líderes del gobierno y la oposición para la eventual entrega del poder.[86]​[87]​ En una concentración oficialista en el estado Monagas el dirigente del PSUV Diosdado Cabello confirmó la detención, justificándola al asegurar que los efectivos del SEBIN habrían requisado "cordones detonantes" que según Cabello Goicoechea planeaba utilizar para acciones violentas durante la "toma de Caracas".[92]​[93]​ Adicionalmente en días previos a la movilización cuerpos administrativos del estado impidieron el acceso al país de corresponsales de medios de comunicación internacionales que viajaron por rutas aéreas a cubrir la manifestación opositora, generalmente argumentando que los mismos no cubrían con las normativas correspondientes para actuar como tales, pero los mismos periodistas denunciaron que tales permisos deliberadamente habían sido rechazados por los funcionarios venezolanos.[101]​ Alcabalas policiales cerraron la autopista Caracas-La Guaira para impedir el acceso a manifestantes Varguenses,[102]​ mientras que manifestantes del resto de la llamada "Gran Caracas" vieron bloqueado su acceso a la capital por contingentes de la GNB en la Carretera Panamericana.[113]​ El presidente Maduro durante su intervención ante la multitud aseguró que durante el curso de la jornada las fuerzas del orden público habían frustrado un intento de golpe de Estado orquestado por dirigentes de VP, asegurando que días antes operativos militares habían desmantelado un supuesto campamento paramilitar presuntamente instalado a 500 metros del palacio presidencial, capturando a 92 paramilitares colombianos (tal supuesto procedimiento no había sido difundido a la opinión pública hasta ese momento) y a líderes de la oposición en posesión de aparatos explosivos.Maduro cerró su intervención asegurando que había redactado un decreto presidencial en el marco del estado de excepción que había decretado meses antes sin la autorización de la AN para allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la MUD en la AN, y que había pedido consultas a la sala constitucional del TSJ para certificar su validez legal, por considerar que diputados opositores como el presidente del parlamento Henry Ramos Allup habrían incurrido en delitos de instigación a la violencia al convocar la "toma de Caracas",[114]​ y que su denuncia contra el parlamentario presidente de AD sería llevado a instancias internacionales.[116]​ También en San Cristóbal la policía estadal se enfrentó a grupos de manifestantes que se concentraban en el "Obelisco de los Italianos"[117]​ bajo las órdenes del gobernador del Táchira José Vielma Mora quien argumentó que la plaza sancristobalence estaban teniendo lugar "acciones terroristas".Néstor Reverol presentó fotografías y armamento militar como evidencia de los supuestos campamentos paramilitares que el gobierno denunció haber desmantelado en las inmediaciones de Miraflores como parte de los supuestos "planes conspirativos" que según Reverol habían sido impedidos por acción del ejecutivo nacional, al tiempo que confirmó las detenciones del alcalde Delson Guarate y los dirigentes Lester Toledo y Carlos Melo, supuestos cómplices de la conspiración junto al ya encarcelado Daniel Cebballos, asegurando que por su intervención las manifestaciones del 1 de septiembre habían sido pacíficas, y que el gobierno había "derrotado" el presunto golpe de Estado.[120]​ Reverol no presentó las identidades ni los rostros de los supuestos 92 paramilitares capturados, pero adelantó que serían deportados a Colombia.