Su actividad en las Juntas está dominada por su papel de jurista, experto en cuestiones forales.
Blas Domingo López era habitual en las reuniones que congregaban a las “tres hermanas”, por lo general la delegación alavesa estaba compuesta por el diputado general y el primer consultor.
Estos cargos se conferían con carácter vitalicio y su misión consistía en asesorar en materia legal a los altos cargos públicos de la provincia y a las Juntas Generales de Álava.
A partir de ese año y hasta 1857 consta su presencia en casi todas las reuniones celebradas por las tres Diputaciones vascas.
Durante la Primera Guerra Carlista López surtió de numerosos escritos que eran dirigidos por Fausto Otazu a los lugares más adecuados: la prensa, procuradores que deberían tratar en el seno de comisiones parlamentarias sobre temas que afectaban a la provincia, el Marqués de Amarillas, etc.
En 1834 la Diputación alavesa envió a Fausto Otazu como comisionado en Cortes, para la defensa de los intereses de la provincia, y Blas López se convirtió en su principal corresponsal en todas las cuestiones técnicas para dicha comisión y quien da todos los argumentos jurídicos para la defensa del mantenimiento foral, notas que sirvieron de base para la publicación del folleto ya citado.
[3] En junio de 1835 abandonó temporalmente Vitoria y regresó con las tropas que desde Madrid se dirigían al frente norte bajo las órdenes de Luis Fernández de Córdova, quien estaba auxiliado por Antonio Ramón Zarco del Valle y por Juan Antonio Aldama.
El nuevo diputado había llegado a Madrid el 18 de agosto, justo en el momento en que estalló la sublevación en la capital.
A pesar de perder su condición de diputado se mantuvo en Madrid un largo período, durante el cual no permaneció inactivo, ya que sus visitas a altos cargos y sus escritos fueron bastante frecuentes.
Durante su permanencia en el Congreso de los Diputados, la corporación alavesa le encomendó realizase gestiones destinadas al “posible alivio de los acerbos males que oprimen a ese país desgraciado”.
Se trataba fundamentalmente de conseguir una disminución en la presión fiscal, ya que estaba basada en datos fijados en 1821 y que Blas Domingo López consideraba que resultaban “funestas porque perjudicaban a esa Provincia en más de un ciento por ciento”.
Junto con Pedro Egaña y Fausto Otazu se afanaron en el mantenimiento, lo más amplio posible, de la normativa foral.
Se mantuvo en la capital hasta finales de agosto, fecha en que casi todos los delegados vascos desplazados a Madrid dieron por terminada la ronda de sesiones.
En 1841 formó parte de la delegación alavesa que acudió a Vergara a elevar una exposición al gobierno en defensa del mantenimiento del pase foral.
Su mandato fue un período en el que no se produjeron graves problemas en la ciudad, que luchaba por acomodarse a la nueva situación de eliminación de los fueros.
Según Vicente Palacio Atard, en su artículo “El problema del foralismo en el siglo XIX” (ABC, 10 de julio de 1996): “Las Conferencias conjuntas fueron muy frecuentes entre 1840 y 1876, para unificar criterios y aunar esfuerzos; pero las decisiones no eran vinculantes y se perdió la ocasión de desarrollar un primer organismo común al Señorío de Vizcaya y a las otras dos provincias".
Precisamente en 1845, cuando los comisionados de las Diputaciones forales pretendieron negociar «conjuntamente» con el gobierno, el ministro Pidal lo rechazó porque no existía ninguna «mancomunidad» o «federación» entre ellas.
El momento crítico fue en 1850, cuando Vizcaya rechazó las «bases de negociación» redactadas por el alavés Blas López, que Álava y Guipúzcoa habían aprobado.
Durante estas últimas legislaturas, no remitió las actas hasta el segundo período de sesiones, que se inició en noviembre de dicho año.
Su papel más importante en este periodo lo desempeñó en las reuniones mantenidas por las tres Diputaciones con el gobierno durante el año 1852, en el curso de las cuales los representantes alaveses (Pedro de Egaña y Blas López) redactaron una memoria en la que se mantenía el principio de que no había contradicción entre el sistema foral y la constitución.