[8] La red caminera al interior de la Isla Grande, en tanto, era extremadamente limitada: no había caminos pavimentados y los pocos tramos para vehículos motorizados se encontraban en las afueras de Ancud, Castro y Quellón.El servicio originalmente se demoraba cuatro horas —al momento de su inauguración la carretera solo estaba lista hasta el empalme a Calbuco— y utilizaba dos máquinas: la primera llegaba hasta Pargua y la segunda esperaba a los pasajeros en Chacao, quienes debían cruzar el canal de Chacao en lancha.Contando la máxima extensión suspendida (1100 m), obtendría el décimo lugar global.[cita requerida] A fines de 2002 el proyecto fue aprobado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente.[cita requerida] El alza de los costos se debía al aumento en el valor del acero en más de un 128 % y al desplazamiento del suelo marino que obligaría a ubicar el pilar en otro lugar, ampliando el tramo principal del puente a 1200 m. La decisión provocó una fuerte molestia en parte importante de la población de Chiloé y en autoridades locales, ligadas tanto al oficialismo como a la oposición.Diversas manifestaciones se realizaron en las principales urbes de la provincia, e incluso el alcalde de Castro, el democratacristiano Nelson Águila, enarboló una bandera española, acusando un total abandono del gobierno chileno desde que los españoles fueron derrotados y Chiloé anexado a Chile en 1826.Luego de triunfar en la segunda vuelta de la elección presidencial, realizada en enero, se contactó con el exministro Bitran y con el ministro Bitar para conocer la viabilidad del puente, y después instruyó a su futuro ministro en la cartera, Hernán de Solminihać, a que se abocara en el tema.[39][40] Finalmente, en febrero de 2014 la Contraloría autorizó el contrato del MOP con el consorcio, y con ello se dio «luz verde» para la construcción definitiva del puente: las obras comenzarían en 2015 y estarían listas en 2019.En el lado norte habrá un edificio menor donde se replicarán las labores del centro de operaciones.[48] En noviembre de 2016, la firma Bentley Systems le otorgó al proyecto el premio internacional «Be Inspired», como el mejor diseño ingenieril del mundo.[52][53] El MOP aprobó la extensión de plazo solicitada, por lo que la entrega del puente se postergó hasta 2023.[54][51] Por otro lado, en 2015 la brasileña OAS, que tenía un 49 % de participación, cerró sus oficinas en Chile debido a una investigación por corrupción en Brasil —conocida como operación Lava Jato—, por lo que en octubre de ese año anunció su salida del proyecto,[55] lo que atrasó el desarrollo de la iniciativa debido a las negociaciones para su retiro del consorcio.[60] Al día siguiente, el ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno afirmó que Hyundai estaba obligada a continuar con los trabajos y que solo había una «diferencia de opinión» con respecto a quién financiaba los sobrecostos del proyecto —218 000 millones de pesos según la compañía— monto que, a juicio de la autoridad, le correspondía desembolsar a Hyundai.[73][74] Las principales críticas, por otro lado, han apuntado principalmente al alto costo y escaso beneficio social que tendría el proyecto, a la existencia de otras prioridades en Chiloé —como salud y educación—, a los posibles impactos ambientales de nuevas industrias que podrían llegar a la Isla Grande y a la pérdida de identidad cultural que traería la conexión definitiva del archipiélago con el continente.[5][6] Comunidades huilliches también han manifestado su rechazo a la construcción del puente.[78][79] Durante su campaña para la elección presidencial de 2013, la expresidenta Michelle Bachelet planteó en Castro la posibilidad de realizar una consulta ciudadana en la isla si regresaba a La Moneda en marzo de 2014, para que fuesen sus habitantes quienes decidieran sobre este tema y, en su defecto, reemplazarlo por el Plan Chiloé, el cual había sido diseñado por su gobierno anterior, pero que no había sido ejecutado en su totalidad.«La voz de los habitantes de esta provincia tiene que ser escuchada, tiene que expresarse, porque todavía eso no ha sucedido, como debería ocurrir en democracia», dijo en esa ocasión.[83] A raíz del caso Lava Jato en la que se vio involucrada la empresa OAS, en 2019 el Ministerio Público de Chile ordenó diligencias para determinar si la compañía brasileña fue favorecida por la primera administración de Piñera en 2013 en la construcción del puente Chacao.El gobierno, en palabras del entonces ministro del Interior Andrés Chadwick, afirmó tener «la mejor disposición e interés en que se esclarezca y se investigue a fondo».[84] En octubre de 2018 el presidente Sebastián Piñera ya se había referido a la situación, diciendo en aquella ocasión que la licitación había sido «transparente, abierta», y también «ajustada a las normas de probidad que corresponden».
Vista aérea del canal de Chacao, con los tres pilares del nuevo puente en construcción, en abril de 2024.
Mapa del proyecto del Puente Bicentenario, muy similar al proyecto anunciado en 2012.
