Propiedad privada en Venezuela durante la Revolución bolivariana

A partir del comienzo del siglo XXI, tanto Hugo Chávez como su sucesor, Nicolás Maduro, emprendieron una serie de expropiaciones y nacionalizaciones que afectaron a miles de empresas y propiedades.

De estas, solo sobreviven 3000, y la mayoría lucha por mantenerse a flote.

[2]​ En 1998 Hugo Chávez fue electo para la presidencia de su país e impulsó lo que llamaría «Revolución bolivariana», la cual inicialmente tomaría la tercera vía[4]​ y declara no estar en contra de la propiedad privada.

[15]​ Aún cuando en 1998 el Presidente Hugo Chávez declaraba no estar en contra de la propiedad privada, su Gobierno fue criticado por sectores opositores por ser el que menos ha fortalecido la propiedad privada de los venezolanos en la historia reciente.

Igualmente criticó un «doble discurso» del sector privado venezolano, donde consideró que la indemnización favoreció a empresarios cuyas plantas obsoletas tenían varios años cerradas como Invepal, Inveval, Invetex y Cerámicas Sanitarios Maracay.

Álvarez también dijo que el socialismo del siglo XXI no se trata de «destruir el capitalismo privado para sustituirlo por el capitalismo de Estado», sino generar una economía en la cual «los trabajadores, los consumidores y la comunidad dirijan los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo».

[18]​ Para Trino Márquez, sociólogo y director académico de CEDICE —think tank venezolano pro-libre mercado capitalista—, en su artículo de opinión Venezuela: ¿existe la propiedad privada?, en Venezuela ocurre algo muy distinto con respecto a lo que dice la Constitución en lo referente a la propiedad privada.

Márquez asegura que la propiedad privada tiene un «acoso permanente» por parte del Gobierno que ha «reducido gravemente su eficiencia y su importancia» a través de «numerosas y graves restricciones», lo que ha impedido, según él, la disposición de los bienes, como indica el artículo 115 de la Constitución venezolana.

[20]​ José Miguel Pérez Gechele en su artículo Venezuela: la constitución nacional de 1999 es una mierda recordó un texto pasado suyo donde invita a desconocer la constitución y afirmó que el «venezolano es un zombi, sin identidad y sin derecho de propiedad».

Criticó desde unos artículos de la Constitución venezolana del Capítulo VII de «“derechos” económicos» ya que considera «más importante y oportuna dada nuestra crisis económica actual».

[24]​ Para la historiadora Margarita López Maya, la reforma constitucional pretendía debilitar la propiedad privada porque se «había propuesto cambiar el verbo “garantizar” por “reconocer”».

[25]​ Gremios industriales, organizaciones no gubernamentales, académicos y representantes de los sectores afectados han denunciado que las medidas regulatorias tomadas por el Gobierno venezolano durante la Revolución bolivariana no sólo atentan contra la propiedad privada sino que además no han generado los resultados ofrecidos.

[26]​ La campaña en medios fue prohibida días después porque las autoridades consideraron que la misma causaba zozobra en la población.

[28]​ Otros sectores, por el contrario consideraron que en Venezuela se defendía la propiedad privada, y que el gobierno de Hugo Chávez más bien benefició a sectores empresariales con las "indemnizaciones", y que sus medidas económicas lo que habían hecho es buscar regularizar aquellos esquemas más salvajes del capitalismo, la explotación de los trabajadores, las ganancias sin control, la imposición de precios especulativos.

Sostuvieron que lo que se propuso fue regular parcialmente la propiedad privada, darle al propio "Estado burgués" mecanismos para incidir de alguna manera en su dinámica y promover un prometido “desarrollo nacional” con dosis de la llamada “justicia social”: por eso se limitó a controlar –y no del todo– aspectos secundarios del desenvolvimiento del capital, como los precios de algunos productos, el acceso a dólares, estatizar/comprar alguna que otra empresa, etc., mientras se mantenía en pie todo lo fundamental de la explotación capitalista, la propiedad burguesa y su sistema social.

[31]​ Por su parte, el artículo 308 establece que un deber del Estado es proteger y promover la pequeña y mediana industria y microempresas como también a las empresas de trabajo asociado o comunitario bajo régimen de propiedad colectiva como las cooperativas, mutuales, cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, entre otras.

En su propuesta, Chávez elimina todo compromiso del Estado al derecho "a disfrutar, gozar y disponer" que impulsa la iniciativa privada y, por el contrario, se impulsa otras formas de propiedad colectiva o social.

Entre ellas que las empresas que ocupan edificios pertenecientes al Estado como el caso del Hotel Hilton, por prácticas monopólicas e incumplimientos de la legislación local (Caso Café), “violar” las leyes locales.

En 2006 el gobierno venezolano decidió que este tipo de relaciones deberían ser terminadas y migradas a un esquema donde la estatal petrolera venezolana fuese poseedora de la mayoría accionaria.

Diana ha logrado desde entonces producir no sólo aceite, sino también margarina, manteca, jabón, suavizantes y mayonesa a través del control obrero.

[53]​ Sin embargo, según informes del ministerio de Alimentación la empresa tuvo presuntas «irregularidades administrativas», por lo cual el ministro de Alimentación Félix Osorio designó a David Mendoza como gerente de la empresa, el cual fue rechazado por los trabajadores por considerarlo una imposición e ir contra el control obrero.

[54]​ Félix Osorio manifestaría que «el patrimonio del Estado no puede ser manejado por trabajadores».

[55]​ Esta medida fue criticada por el economista Víctor Álvarez como un «burocratismo» que «secuestra la propiedad estatal»[56]​ y también fue criticada por el diputado suplente del Partido Comunista de Venezuela, Pedro Eusse, quien dijo que «en Venezuela no hay socialismo todavía» y afirmó que hay factores dentro del oficialismo que están en contra del poder popular y el socialismo y que la «Asamblea Nacional está en mora con la clase obrera venezolana» por no aprobar todavía la Ley Especial de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras desde 2007.