En la isla El Frontón un oficial dio la orden de disparar contra presos que se habían rendido.
[1][2] Los 35 ex marinos que participaron en estas acciones fueron acusados de homicidio calificado,[1] sin embargo, se excluyó de la denuncia al entonces ministro del Interior Agustín Mantilla y a los demás miembros del gabinete.
[1] Según indicó el expresidente Alan García Pérez, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú no halló responsabilidad personal alguna atribuible a su persona.
En muchos casos, como el del pueblo ayacuchano de Lucanamarca, estas masacres aniquilaron prácticamente a toda la comunidad.
[13] Inclusive, en diversas ciudades del interior del país, se llevó a cabo los llamados «paros armados» durante los cuales los militantes senderistas tomaban el control de la ciudad y se suspendían todas las actividades productivas.
[14] Al inicio de su gobierno, el presidente Alan García mostró interés en cambiar la estrategia contrasubversiva ejecutada por su antecesor, el saliente expresidente Fernando Belaúnde Terry, con el fin de reducir las agresiones sufridas por la población rural.
[16] Para los subversivos, las cárceles se habían convertido en las denominadas "Luminosas Trincheras de Combate".
Al fracasar estas negociaciones, Alan García promulgó el Decreto Supremo N.º 006-86-JUS con el propósito de declarar a los centros penales como "zonas militares restringidas".
Tres horas después, finalizada la reunión, el ministro del Interior, Agustín Mantilla, anunció que, de no rendirse los amotinados, los centros penitenciarios serían retomados por la fuerza.
El director del penal, el juez y el fiscal dejaron finalmente sentada su protesta por la presencia de los marinos, a quienes negaron autorización para actuar dentro del penal, declarando que no se responsabilizaban por los resultados de esta intervención.
[3] Para los senderistas, los ajusticiamientos eran un acto mediante el cual "cada bala que atravesaba nuestro cuerpo nos enardecía con más odio de clase.
[16] Ante las graves acusaciones que se hicieron con respecto a la reacción de las Fuerzas Armadas, el Congreso peruano, en sesión conjunta, conformó una comisión que tuvo por objetivo la investigación y el análisis de los sucesos ocurridos en los penales.