[1]​ La CVR informó sobre las aproximadamente 70.000 muertes, asesinatos, torturas, desapariciones, desplazamientos, empleo de métodos terroristas y otras violaciones de los derechos humanos ejecutadas por el Estado, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Un estudio posterior, publicado en 2019, desafió las cifras oficiales, estimando un total de 48.000 asesinatos y atribuyendo una mayor responsabilidad al Estado peruano en comparación con Sendero Luminoso.

[13]​ En la norma se le dio los siguientes objetivos: El 6 de junio se nombró a los miembros de la comisión: Salomón Lerner Febres (presidente) Beatriz Alva Hart, Enrique Bernales, Carlos Iván Degregori, Gastón Garatea Yori, Alberto Morote Sánchez y Carlos Tapia García.

En septiembre de 2001 se incluyó a 5 nuevos miembros para la comisión: Monseñor José Antúnez de Mayolo Larragán, Sofía Macher Batanero, Luis Arias Graziani, Rolando Ames Cobián y Humberto Lay Sun.

Este consta de nueve tomos donde se detallan los hechos sucedidos durante los veinte años que cubre el informe.

Consta de tres partes principales: La primera donde se relata el proceso, los hechos y las víctimas.

Las Fuerzas Armadas son responsables del 37% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR.

[22]​ Fueron las zonas rurales y las más pobres las que tuvieron el mayor costo en vidas humanas.

Este representa el inicio del conflicto y se centra esencialmente en el departamento de Ayacucho.

En el Perú este debate se expresó con la división del Partido Comunista Peruano entre Unidad (prosoviético) y Bandera Roja (pro-chino).

Es decir, su estructura organizacional estaba conformada por pequeños núcleos cohesionados ideológicamente, los cuales eran fuertemente dependientes del Partido (Sendero Luminoso).

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (o MRTA) también fue responsable de la violencia sufrida en el Perú durante las últimas décadas del siglo XX.

Esta organización subversiva desató una guerra revolucionaria en 1984, momento en el cual el Perú se encontraba consolidando un proceso democrático que era apoyado por la mayoría de la población.

El Estado respondió organizando patrullas contrasubversivas, comandos especializados en destruir al enemigo antes que en proteger a la población.

Durante este proceso la Policía Nacional se sometió al mando de las Fuerzas Armadas.

Múltiples sectores manifestaron escepticismo y oposición,[33]​[34]​[35]​[36]​[37]​ mientras que el presidente Alejandro Toledo expresó su apoyo a sus miembros.

[45]​ Asimismo, algunas personalidades han formulado también reservas frente a aspectos puntuales del trabajo de la Comisión.

[82]​ Luego de recibir críticas por la organización Human Rights Watch,[83]​ el proyecto fue aprobado.