Además, algunas televisiones locales emiten parcialmente programación de El Toro TV[cita requerida] y se puede ver por Internet.
Desde enero de 2013, debido a la mala situación económica que estaba atravesando el Grupo Intereconomía desde un tiempo atrás, muchos trabajadores de Intereconomía abandonaron la cadena y, en otros casos, la cadena se vio obligada a prescindir de ellos debido a las deudas que iba arrastrando.
Así, Manuel Torreiglesias abandonó la cadena y, como consecuencia, el programa +Vivir dejó de emitirse en febrero.
[10] Finalmente, Intereconomía tuvo que alquilar su franja de tarde a Canal Català para no cesar definitivamente sus emisiones.
Esto fue debido a que el grupo presidido por Julio Ariza mantuvo negociaciones con Atresmedia para alcanzar un acuerdo en materia cinematográfica.
Esta era la nueva estrategia del Grupo, que consistía en segregar la plantilla en cinco sociedades de nueva creación y todas constituidas de manera unipersonal por Julio Ariza.
Además, la cadena dejó de comercializar su publicidad con ROI Media, empezando a vender sus anuncios por su cuenta.
Así, Intereconomía se quedó sin programación original en verano para trasladarse a su nueva sede en una nave industrial de Leganés, emitiendo reposiciones, productos enlatados y teletienda para acondicionar el inmueble en julio y agosto.
Continuando con sus problemas económicos, Julio Ariza volvió a realizar una gira por distintas empresas, las cuales conforman el Ibex 35, en busca de una financiación.
No obstante, se fichó a nuevos técnicos desde empresas de trabajo temporal (ETT).
Por otro lado, cobraron fuerza los rumores de que Luis Sans (responsable del grupo) y Álvaro Pérez "El Bigotes" (imputado en el Caso Gürtel) estaban preparando la compra de Intereconomía Televisión.
Cabe destacar que, para esta etapa, se preparó el despido de 70 personas.
En ese mismo mes, Melchor Miralles tomó el control del canal como director general editorial de Intereconomía.
Además, decidieron denunciar a Julio Ariza y Luis Sans.
Al mismo tiempo, La Gaceta fue embargada por el impago de una indemnización a la productora del programa España en la memoria.
Por su parte, la Seguridad Social, con la que el grupo tenía una deuda de 365.000 euros, envió cartas a sus principales anunciantes para que el pago de las siguientes mensualidades se hiciera en las arcas del Estado, debido al reiterado fraude en el que se había venido incurriendo tras casi un año de impagos a prácticamente toda su plantilla.
Así, Julio Ariza, Luis Sans, Diego Martínez Perán y Álvaro Pérez "El Bigotes" trasladaron sus despachos a la primera planta de las oficinas de Intereconomía Radio en calle Modesto Lafuente.
No obstante, estas previsiones estaban absolutamente alejadas de la realidad, ya que el club blanco negociaba con otros operadores la concesión de su cadena y había roto las conversaciones con Intereconomía.
Mientras las protestas se intensificaban y se paralizaban las obras del despacho de Julio Ariza en Modesto Lafuente por impagos a los obreros, Intereconomía ingresó una nómina a los trabajadores con sueldos más bajos a través de sociedades "fantasma", es decir, que no eran las empresas en la que los empleados del grupo estaban contratados.
Durante esta huelga, debido a los desacuerdos, se causó una ruptura interna en televisión.
En plenas fiestas navideñas, Intereconomía anunció que presentaría dos EREs: uno para cerrar La Gaceta y otro en el canal de televisión.
Sin embargo, no se cumplió esta promesa, aunque El gato al agua volvió en febrero, programa desde el cual se pidió dinero a los espectadores sin éxito.
Este logotipo resalta "inter" en letras grandes, aunque mantiene "economía", en lugar de retirarlo como se esperaba.
No obstante, por otro lado, contrataron, y sí pagaron, a una Empresa de Trabajo Temporal para mantener las emisiones.
[44] Desde que el grupo entró en concurso de acreedores, muchos periodistas y tertulianos fueron migrando hacia el canal Trece (por aquel entonces conocido como 13 TV), propiedad de la Conferencia Episcopal Española.
Prisa TV recurrió la sentencia, alegando que el contrato había expirado.
Fueron muchas las voces críticas con esta decisión, puesto que, la audiencia media de la cadena son personas mayores, y la dificultad de volver a instalar el receptor TDT para coger la señal y resintonizar el canal insinuaba que podría ser una treta del Gobierno para silenciar a canales de televisión críticos.
Dicho vídeo fue enviado a través de correo electrónico por una fuente anónima.
El moderador del debate, Antonio Jiménez, no pide en ningún momento que se retracte.
Su presidente, el periodista Fernando González Urbaneja (autor de libros como "Ética en la empresa informativa", y articulista en medios de distinta línea editorial), opinó que el caso le parece "lamentable, decepcionante... y, sobre todo, querellable".