Los 50 miembros serán elegidos por representación proporcional plurinominal con listas abiertas en circunscripciones correspondientes a las regiones de Chile.
Los escaños se distribuyen después del recuento de votos según el método d'Hondt, sin umbral electoral.
El sistema también es de paridad, en el que las listas presentadas por los partidos alternan candidatos masculinos y femeninos.
Las listas electorales que se presenten a la elección deberán estar compuestas por un número par de candidatas y candidatos, estando las listas siempre encabezadas por una mujer y alternando entre ambos sexos.
Todas las candidaturas a estos escaños competirán en una lista única a nivel nacional, en donde podrán votar las personas que se encuentren en el padrón especial indígena, elaborado por el Servel, o las personas que se identifiquen y puedan demostrar correctamente que pertenecen a un pueblo indígena.
[12] Para el caso de los pueblos mapuche, aimara y diaguita, las candidaturas pueden ser declaradas alternativamente por:[13] En el caso de los otros pueblos originarios, las candidaturas pueden ser declaradas por cualquiera de las siguientes formas: Para conocer el número de escaños que se tendrán que elegir para los pueblos originarios, se aplicará la siguiente regla:[9] El Partido Demócrata Cristiano (PDC) definió el 21 de enero acordar una alianza electoral con los partidos que componen la coalición Socialismo Democrático para presentar candidaturas al Consejo Constitucional.
[20] Con respecto a la coalición Chile Vamos, el 28 de enero Renovación Nacional (RN) acordó mediante un consejo general extraordinario ratificar un pacto electoral con sus pares de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evolución Política (Evópoli), descartando una alianza con el Partido Republicano.
[26] A continuación se muestra un listado de las candidaturas que fueron inscritas por los respectivos pactos o partidos.
El organismo señaló al respecto que:[40] Tras la publicación de dicho comunicado, el cual fue visado por la presidenta del organismo, Faride Zerán, y en el que se recogía la opinión del Departamento Jurídico del mismo, los parlamentarios manifestaron sus reparos al respecto, señalando que la reforma constitucional siempre consideró la inclusión de una franja de propaganda televisiva.