Risanamento de Nápoles
Esta intervención, planteada desde la mitad del siglo XIX, fue realizada tras una gravísima epidemia de cólera producida en 1884.
El encargo se otorgó a cuatro de los grupos participantes, cuyo proyecto estaba condicionado por las peticiones del Consejo Comunal.
El año siguiente se adjudicó al costructor Errico Hetch, pero a causa de cuestiones burocráticas e financieras, su ejecución se prolongó hasta 1868, con un litigio que ganó el constructor.
Tras esto, la junta optó por un proyecto más simple, según el cual la Via Bellini, eje del viejo barrio, permanecería cerrada por un lado por el palacio del barón Tommasi (que se opuso a la expropiación), mientras en el lado opuesto se construyó una galería de hierro y vidrio, la Galleria Principe di Napoli, diseñada por los arquitectos Breglia y De Novellis.
En los últimos años del reino borbónico, como ya se ha dicho, el Consejo Urbanístico había identificado la zona oriental como la más apta para la construcción de un barrio obrero, en función del Puerto y las primeras instalaciones industriales.
Ese mismo año, Luigi Giura presentó un proyecto orientado en la misma dirección; en este se encontraba el trazado del Corso Garibaldi y el diseño de algunos edificios.
La conformación de la zona sugería la construcción dos largas calles longitudinales y numerosas arterias secundarias.
Se presentaron numerosas ofertas de concesiones en los años siguientes: una en 1861, otra en 1862, y cuatro en 1864.
Todas pedían importantes subsidios del Municipio, mientras que las tres últimas modificaban completamente el proyecto base.
Francesco Pianell, a diferencia de sus rivales, aceptaba esto último, aunque proponía algunas modificaciones y se reservaba el derecho de establecer posteriormente la cuantía del subsidio municipal.
Finalizada la construcción del primer núcleo, se inició la prolongación entre la Piazza Amedeo y la chiesa di Santa Teresa a Chiaia.
A partir de 1885, el barrio será ampliado con una calle que, pasando delante de los Palazzo Carafa di Roccella y Palazzo del Vasto, llegará a Via Chiaia.
También en el ámbito de la Legge per il Risanamento ed Ampliamento, la zona verde bajo el Corso Vittorio Emanuele se cedió al barón Treves y a la Società Veneta y fue urbanizada, aunque los nuevos propietarios confirieron a la zona un carácter marcadamente residencial.
En 1869 una comisión municipal propuso de nuevo la remodelación del paseo marítimo, limitando la intervención a la zona entre Santa Lucia y Mergellina.
La calle se llamará posteriormente Via Francesco Caracciolo, y por su belleza es una de las intervenciones más positivas realizadas en la ciudad en el siglo XIX.
Una vez obtenida la concesión, vendió el contrato a los barones belgas Du Mesnil.
La destrucción del célebre ambiente natural suscitó graves críticas y numerosas polémicas.
[4] Por primera vez, debido a la conmoción provocada en la opinión pública nacional por la tragedia, se diseñó una intervención gubernamental que resolviera definitivamente los antiguos males de la ciudad.
Agostino Depretis, Presidente del Consejo, declaró entonces solemnemente que era necesario "sventrare Napoli" (literalmente, "destripar Nápoles"), acuñándo así el neologismo sventramento (inspirado en la lectura de "Il Ventre di Napoli" de Matilde Serao) que significa “demolición” y se aplicó desde ese momento a las principales operaciones de remodelación urbana;[2] y se extendió posteriormente a todas las intervenciones urbanísticas similares realizadas en Italia en estos años.
Este proyecto se elaboró en solo quince días, y, como revela el propio autor, «no se habría podido realizar sin la ayuda de todos los estudios parciales que han preparado las sucesivas administraciones, tanto por concursos públicos como por obra de esta Dirección Técnica».
El proyecto de Giambarba polarizó la atención del Consejo Comunal y la opinión pública: proponía una calle rectilínea (rettifilo) que comenzaba en el cruce de la Vía Medina con la Via San Bartolomeo, donde se creaba una plaza octogonal de la que partía una calle hacia la Via Toledo.
Se preveían intervenciones menores en Borgo Loreto, Santa Brigida y Santa Lucia, donde, con la demolición del arsenal, se proponía una calle en la costa y una ampliación del barrio.
Mi opinión, opinión común a todos vosotros, es que en el modo de realizar las obras debemos preferir el bien de Nápoles; y estaremos felices si en esta ciudad se pueden asociar capitalistas napolitanos lo suficientemente fuertes para asumir la concesión».
Por lo tanto, se encargó a las oficinas municipales analizar los aspectos que suscitaban dudas al gobierno, a los que quizá no se había dado demasiada importancia a causa del breve lapso de tiempo transcurrido entre la propuesta del Municipio y la ley de enero de 1885.
Las oficinas municipales calcularon que el gasto total del catastro parcelar no superaría los 78 millones de liras, y realizaron modificaciones parciales al proyecto original, que sin embargo se mantuvo siempre fiel a los criterios básicos en los que se había creado: demolición de los fondaci (almacenes portuarios) y los peores callejones y creación de una avenida recta (cuyo recorrido había sufrido algunas modificaciones, como la reducción de su anchura a 27 metros, y el proyecto de dos grandes plazas, tras la segunda de las cuales la calle se bifurcaría, por un lado hacia Piazza Municipio, y por otro hacia Vía Medina).
Se necesitaba un único concesionario que asumiera los tres puntos esenciales de la intervención (expropiaciones, propiedad del suelo y nuevas construcciones) con todos los riesgos que conllevaban: las expropiaciones podían superar los cien millones; se necesitaba una actuación rápida, porque el reembolso estaba previsto en diez años; era necesario, evidentemente, ceder al concesionario los suelos de resulta para las nuevas construcciones, con el fin de que pueda obtener un beneficio de las obras.
El concesionario elegido debía ser una sociedad anónima "potente y vigorosa", de la que se esperaba formaran parte inversores locales que poseyeran el capital inicial de 30 millones, necesario para comenzar las expropiaciones.
Para evitar que el concesionario construyera primero en los nuevos barrios, donde los beneficios eran seguros y no había edificios para expropiar (en realidad se haría justo lo contrario), el municipio se comprometía a controlar que se edificaran residencias económicas en el barrio oriental, según lo previsto por Fernando II.
