Michel Temer
Michel Miguel Elias Temer Lulia (Tietê, 23 de septiembre de 1940) es un abogado y político brasileño, miembro del Movimiento Democrático Brasileño.
[6] Es el menor de los ocho hijos del matrimonio Temer-Lulia.
Criado como maronita, Temer profesa la religión católica, la más practicada en Brasil.
Fue además director del Instituto Brasileño de Derecho Constitucional y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
En 1981 se afilió al recién fundado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
En 1983, el gobernador paulista Franco Montoro, también miembro del PMDB, lo nombró procurador general del Estado de São Paulo; al año siguiente pasó a ser secretario de Seguridad Pública del mismo estado, cargo que volvió a ocupar en los inicios de los años 90.
[9] Temer describía su estrategia para ganarse la lealtad de las clases bajas brasileñas con el fortalecimiento de programas sociales y su oposición a Lula da Silva.
[10] El informe, de junio de 2006 y «sensible, pero no clasificado», indica que Temer sugirió que Lula da Silva, en caso de obtener un segundo mandato (lo que acabaría ocurriendo), «finalmente podría comenzar a prestar atención a sus amigos de izquierdas y llevaría más lejos las políticas macroeconómicas ortodoxas que han definido su primer mandato».
[24] En mayo de 2017, el fiscal general del Estado acusó a Temer de "corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal" tras unas revelaciones de O Globo sobre las declaraciones del empresario Joesley Batista, dueño de una multinacional cárnica, quien había grabado en secreto a Temer avalando un soborno.
[25][26] La fiscalía autorizó la difusión del audio, que afectaba también a Lula da Silva, Dilma Rousseff y otros políticos.
Temer, en un discurso televisado, respondió que el audio estaba manipulado, acusó a Batista de ser un «exagerador» y pidió un peritaje tecnológico.
Esta lista, rendida pública desde la presidencia de Lula Da Silva en 2003, debía obligar las empresas a pagar sus multas y a conformarse las reglamentaciones en un país dónde la corrupción de la clase política por el sector privado habría arriesgado a comprometer el respeto de la ley.
[34] En política ambiental, bajo la presión del lobby agroalimentario, el gobierno está cancelando algunas leyes sobre la lucha contra la deforestación y la protección de los territorios indígenas.
[43] El juez Marcelo Bretos lo acusa de “ser el líder de una organización criminal” que cobró sobornos, infló presupuestos y blanqueó dinero.
