A pesar de que se denomina «tribunal», no forma parte del Poder Judicial.
Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en Pleno, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional se encuentra fuera de esa jerarquía y forma una categoría propia, con reconocimiento diferenciado en la Constitución.
Son nombrados por el rey, mediante real decreto, a propuesta: El cargo dura nueve años, y para ser nombrado hace falta tener la ciudadanía española y ser magistrado, fiscal, profesor de Universidad, funcionario público o abogado.
[12] Los miembros del Tribunal Constitucional son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
Previamente, entre 1980 y 1981, fue una Sección ad hoc de la Fiscalía del Tribunal Supremo la que asumió la representación ante el TC.
Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.
[25] En la actualidad, en España, se encuentra abierta una intensa polémica entre civilistas y constitucionalistas [¿quién?]
De hecho, es un legislador negativo, ya que puede excluir leyes y reglamentos del ordenamiento jurídico por considerarlos contrarios a la Constitución.
En 2022, el tribunal bloqueó el proyecto de ley que habría introducido cambios en el Consejo General del Poder Judicial.
La medida de impedir la legislación fue condenada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dijo que utilizaría «todos los medios necesarios» para resolver la crisis.