Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio

Los magistrados se encuentran residiendo en cinco países: Panamá, Chile, Colombia, España y Estados Unidos, y se reúnen cada semana a través de Internet, mientras que las diferentes salas trabajan a diario en las solicitudes que reciben a través del correo electrónico y de su página web.[9]​[10]​ La Fiscal general Luisa Ortega Díaz criticó esta designación, pues a su juicio esto creaba desorden en el Estado.[19]​ El 24 febrero el magistrado Ramsis Ghazzaoui se reunió con miembros del Congreso de la Nación Argentina, quienes acordaron solicitar la colaboración del máximo tribunal venezolano una acción ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Maduro.[22]​ El documento también expresa una solicitud de apoyo al senador para abrir una investigación en Estados Unidos sustentada en la Ley de Chantaje Influenciado y Organización Corrupta en Estados Unidos.El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Monagas, Juan Pablo García, describió el allanamiento como “abuso de poder que deriva del juicio aperturado a Nicolás (Maduro)”, expresando solidaridad con los afectados.En el resto del país se realizaron procedimientos similares contra propiedades de al menos otros cuatro magistrados, incluyendo a Miguel Ángel Martín, quien funge como presidente del Tribunal Supremo, y los magistrados Cioly Zambrano, Tony Marval, y Pedro Troconis.[30]​ Los magistrados se encuentran exiliados en cuatro países: Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, y se reúnen cada semana a través de Internet, mientras que las diferentes Salas trabajan a diario en las solicitudes que reciben a través del correo electrónico y de una página web aún en construcción.[33]​ El 18 de noviembre la Sala Político Administrativa dictó y declaró procedente una medida cautelar en la que se ordena la suspensión de los efectos del decreto que crea el Arco Minero del Orinoco.", advirtiendo que todos aquellos militares o componentes de la FAN cuyos actos en el ejercicio del poder público menoscaben los derechos garantizados por la constitución, además de resultar nulos, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa.La sentencia declara igualmente la inconsistencia del Registro Electoral y como consecuencia, ordena al CNE, inicie un proceso de depuración y actualización del mismo con la veeduría de la sociedad civil.Ortega Díaz señaló que en una investigación realizada por su despacho se pudo constatar que en 2012 la campaña presidencial de Hugo Chávez fue pagada por Odebrecht y el dinero era recibido por Maduro, quien se desempeñaba como canciller.[48]​ Ante su incomparecencia el Tribunal Supremo procedió al nombramiento del abogado procesalista Andrés Felipe Lindo como defensor de oficio, para garantizar el derecho a la defensa.La votación se realizó nominalmente y la directiva de la asamblea decidió aprobar el juicio con la mayoría simple; es decir, 84 votos, basándose en el artículo 89 del Reglamento de Interior y Debates del Parlamento.[60]​ Yvett Lugo, la presidenta del Colegio de Abogados del Distrito Capital, declaró que desde el punto de vista jurídico la Asamblea Nacional estaba facultada para nombrar estos a los magistrados, señalando que quienes estaban usurpando funciones eran aquellos designados en 2015.[14]​ Sin embargo, el gobierno y el presidente del Tribunal Supremo en Venezuela, Maikel Moreno, desconocen el nombramiento.Debido a la persecución contra los magistrados, se acordó que no habrían magistrados principales ni suplentes, y que su función se limitaría a generar opiniones jurídicas.