En 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.
[11] El Arco Minero ha sido denunciado como una actividad de extracción ilegal que no tiene regulación ambiental ni social.
[5] Igualmente el decreto incluyó certificar y cuantificar las reservas mineras de esta zona.
[36][37][38][39][40][41][42] El mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones afirmó que los «contratos del Arco Minero son un engaño», denunciando la asociación con Gold Reserve que anteriormente «depredó desde los tiempos de Carlos Andrés Pérez la zona sur del país»; igualmente criticó disposición de recursos del Estado venezolano en empresas mixtas en medio de la actual crisis económica, recursos que según su criterio podrían ser usados para los diversos sectores que sufren de esta crisis.
[43] Liborio Guarulla, exgobernador del estado Amazonas, dijo que «no queremos el Arco Minero» y denunció que «el Gobierno venezolano entregó a la Citigroup de China parte de nuestro territorio.
[46] Por su parte, Víctor Álvarez, exministro Industrias Básicas y Minería entre 2005 y 2006, dijo que «debido al colapso de los precios del petróleo, el gobierno de Venezuela se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas que permitan compensar el descalabro de la renta petrolera» y que «los principales beneficiarios suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la explotación, mientras que los costos sociales y ambientales suelen ser transferidos a toda la sociedad».
[4] Julimar Mora Silva y Fidel Rodriguez Velasquez, a partir del análisis de las movilizaciones indigenas y los resultados de los comisios electorales en los municipios de la región amazonica con mayor poblacion indigena, señalaron que el Arco Minero del Orinoco «representó una ruptura en la relación del Estado con las organizaciones indígenas y sus aliados en los movimientos sociales pro indigenistas y pro ambientalistas (E-OI-MS)».
[48] Para estos autores, esta ruptura trajo consigo una fragmentación en las posturas de las organizaciones indígenas de la región que pueden resumirse la siguiente manera: [1] organizaciones indígenas que optaron por mantener sus lazos con los poderes del Estado, aunque oponiéndose a la política económica del AMO; [2] organizaciones que fueron cooptadas por sectores de poder dentro del chavismo y que, contrario a sus intereses, apoyaron irrestrictamente la puesta en marcha del AMO, [3] organizaciones indígenas que establecieron alianzas coyunturales con los partidos criollos de oposición al chavismo y; [4] organizaciones indígenas que mantuvieron una postura de independencia y se desmarcaron tanto del chavismo, como de su oposición por considerar que ambas propuestas eran contrarias a sus intereses.
[49] En 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.