El levantamiento fue rápidamente anulado esa misma noche por la dictadura, que inmediatamente decidió castigar severamente a los rebeldes ordenando el fusilamiento ilegal del propio general Valle y 15 militares sublevados, así como el célebremente infame fusilamiento clandestino de 18 civiles, en las localidades bonaerenses de Lanús y José León Suárez.
Estas ejecuciones permanecieron desconocidas hasta su descubrimiento al año siguiente por parte del periodista Rodolfo Walsh, quien publicó su investigación en la clásica y pionera novela de no-ficción Operación Masacre.
Los sublevados habían previsto leer la «proclama revolucionaria», a las 23:00 del 9 de junio.
La proclama solo se escuchó en la provincia de La Pampa, donde actuaba el coronel Adolfo Philippeaux.
Mientras el general Valle se ocultó en Buenos Aires, en la casa del político mendocino amigo, Adolfo Gabrielli, ante la certeza de que el movimiento había sido delatado y fracasado.
A las 14 de ese día, Valle ingresó con su amigo Gabrielli y Manrique al Regimiento I de Palermo, donde fue interrogado y juzgado por un tribunal que también presidió el general Lorio.
Pero el general Domingo Quaranta (jefe del SIDE), invadió ilegalmente la delegación junto con un grupo de comandos civiles, para secuestrar y detener a los asilados.
Pocas horas después, firmaron el decreto 10.363 que ordenó fusilar a quienes violaren la Ley Marcial.
Estos, con toda razón, se negaban a castigar una falta con una pena dictada con posterioridad.
El tribunal juzgó conforme al Código Militar y aplicó años de cárcel, no la pena capital.
El general Arandía se trasladó a Casa de Gobierno a comunicar la recomendación del auditor, compartida por todos los miembros del tribunal, y la respuesta que recibió fue breve y terminante: “el poder ejecutivo ha resuelto la muerte de esos hombres” (Ferla 2007: 89).
Estando bajo ley marcial en esos momentos de recibir la orden, al tribunal no le quedó otra alternativa que cumplirla.
Aramburu y su gobierno firmaron entonces el decreto 10.364 que detallaba la lista de once militares que debían ser fusilados (única orden de ejecución oficialmente inscrito en la historia argentina).
El director del Museo Penitenciario, en 2005, Horacio Benegas, entonces recién ingresado al servicio, recordó que «el 11 en la madrugada fueron fusilados tres militares» en la vieja penitenciaría de la Av.
Al mismo tiempo que pasaba la responsabilidad estricta de esos fusilamientos a los militares, cerraba el camino en la justicia civil.
Operación Masacre describe con sumo rigor documental la verdadera historia de los hechos, que nunca fueron juzgados oficialmente.
En ese momento, con el decreto 4161 que reprimía al peronismo y a sus símbolos, hacer una denuncia como la que lleva a cabo Livraga, en diciembre de 1956, era realmente un acto de gran coraje y fortaleza.
Estos hombres se habían reunido para escuchar una pelea de boxeo, muchos esperaban las noticias del alzamiento, que terminara la dictadura de Aramburu y Rojas y que volviera Perón.