Con la consiguiente se limitan las facultades y prerrogativas del Rey, que estableciéndose un principio de que la soberanía reside esencialmente en la nación y que por tanto pertenece a ella el exclusivo derecho de establecer sus leyes fundamentales, siendo el Rey más bien un jefe de Poder Ejecutivo, aunque con todas sus naturales prerrogativas.
Por otro lado puede decirse que esta carta magna tuvo un carácter positivo en tanto propugnaba las ideas más avanzadas de la naciente burguesía española frente al absolutismo monárquico al proclamar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
Esta constitución creaba un Parlamento Insular bicameral y un autogobierno de amplios poderes, bajo un Gobernador General nombrado por la Corona.
Esta Constitución se mantuvo en vigor hasta la firma del Tratado de París (1898), que puso fin a la Guerra Hispano-Estadounidense, por el cual España renunciaba a su soberanía sobre Cuba, ocupada por los Estados Unidos, y cedía a este país Puerto Rico, Guam y las Filipinas, sin tener en consideración con los deseos de sus habitantes.
Simultáneamente a la vigencia de las Constituciones Españolas en Cuba, se fue gestando un derecho Constitucional propio en Cuba, que tuvo su génesis en las ideas autonomistas desde los criterios y actividades de Arango y Parreño, al proyecto autonómico del Presbítero José Agustín Caballero (1811).
En el período que duró la gesta independentista cubana se elaboraron cuatro constituciones, llamadas a regir las actividades del pueblo en su lucha armada contra el colonialismo español.
Esta Constitución, por su origen revolucionario, era un nuevo documento de solamente 29 artículos destinados a fijar los órganos esenciales del gobierno para el momento.
Además, las facultades de dirigir la guerra se le otorgaba a un general en jefe.
Nuevamente en plena revolución, conociéndose como la Constitución de Jimaguayú, la misma se planteaba regir durante dos años.
Después del cambio político-económico en Cuba en 1959 las Naciones Unidas solo recibe documentación dadas por el gobierno cubano.
La cuarta cláusula refería que todos los actos realizados por los Estados Unidos en Cuba durante su ocupación militar, serían ratificados y tenidos por válidos y todos los derechos legalmente adquiridos en virtud de ellos serán mantenidos protegidos.
La Asamblea Constituyente estuvo integrada por 76 delegados electos entre los candidatos de 9 partidos políticos, que quedaron distribuidos como sigue: Por el Bloque Gubernamental: Por el Bloque de Oposición: Durante sus primeros meses, la Constituyente tuvo a Ramón Grau San Martín del Partido Auténtico como su presidente.
Luego de que este renunciara el cargo, Carlos Márquez Sterling del Partido Acción Republicana lo remplazaría como el presidente.
Otra institución introducida en este texto constitucional resultó ser la del trabajo.
La Comisión redactora del anteproyecto de Constitución estuvo integrada por Blas Roca Calderío, José Santiago Cuba Fernández, Belarmino Castilla Más, Juan Marinello Vidaurreta, Fernando Álvarez Tabío, Francisco Varona y Duque Estrada, Raúl Amaro Salup, Rafael Garrido Manéndez, Aracely Carreaga Hernández, Conrado Hernández García, Armando torres Santrayll, Isidoro Malmierca Peoli, Enrique Hart Ramírez, Héctor Garcini Guerra, Raúl Ruíz Monteagudo, Nicasio Hernández Armas, José Sobrado Cid, Rogelio Garayta González-Quevedo, Roberto Hidalgo Linares, Idalia Romero Lamorut.
Existen las condiciones para conformar el régimen estatal definitivo que habría de asumir el país para concluir una etapa en la historia revolucionaria cubana, que ha sido definida como de la provisionalidad, y en la que a lo largo de 17 años se acumularon experiencias y se maduraron las condiciones para la futura institucionalización del país.
Este período se caracteriza además por la gradual inserción de Cuba al campo socialista, implicando compromisos en el orden económico y político.
Esto trae aparejado además como cuestión lógica la influencia del pensamiento socialista europeo a las distintas esferas de la vida en el país.