La CEDA era la organización política más potente de toda la provincia, junto con su filial, la JAP.
El 14 de julio, el gobernador Manuel Ciges Aparicio ordenó al coronel jefe de la Guardia Civil que le entregara todas las armas requisadas en las semanas anteriores, a lo que éste se negó, siendo destituido.
El día 18, los militares no actuaron, a pesar de que estaban con el golpe, porque el comandante militar no se encontraba en la ciudad y se desconocía la posición del nuevo teniente coronel de la Guardia Civil.
En primer lugar detuvieron al gobernador civil y ocuparon la Casa del Pueblo.
El jefe de la policía municipal detuvo en el ayuntamiento al alcalde, Eustasio Meneses Muñoz, y a los concejales del Frente Popular.
Los militares sublevados temían la llegada del tren minero, y mientras tanto recibieron noticias de la entrada en el territorio abulense de una columna gubernamental dirigida por el teniente coronel Mangada, cuyo avance hacia la capital parecía imparable.