Etapa de promoción del referéndum presidencial de Venezuela de 2016-2017

[11]​ Tal protesta fue sin embargo rápidamente suspendida por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que sacaron forzosamente a los diputados de la sede del CNE.[12]​ Diferentes corresponsales de medios de comunicación denunciaron ser atacados físicamente por la GNB mientras cubrían los acontecimientos,[13]​[14]​[15]​ mientras que en días posteriores el Defensor del Pueblo y exgobernador por el PSUV del estado Anzuategui Tarek William Saab aseguró, mientras repudiaba las agresiones contra periodistas, que los diputados que protestaban encadenados en el CNE habían agredido a trabajadores de la institución,[16]​ acusaciones por las cuales el CNE aseguró que tomaría acciones legales contra los diputados de la AN acusándolos de formar parte de una "conspiración" dedicada a "deslegitimar a las instituciones del país".[27]​ y que las entregarían al ente comicial el lunes 2 de mayo.[31]​ El diputado por el PSUV y expresidente de la AN Diosdado Cabello desestimó el posible éxito de la recolección emprendida por la MUD y aseguró que su partido no "se calaría" las así llamadas "firmas planas" (firmas invalidadas por tecnicismos que las hagan sospechosas de fraudulencia).[32]​ Desde el portal oficialista Aporrea, el abogado constitucionalista Jesús Silva reconoció como un hecho inevitable la convocatoria de referéndum antes de finalizar el año 2016 y llamó al Gran Polo Patriótico (GPP, coalición de partidos oficialistas) a comenzar la movilización en promoción por el voto del "No" para dicho referéndum.[33]​ Desde el mismo portal el artículo del doctor Silva fue desestimado por el también abogado Carlos Gutiérrez, quien aseguró que los tiempos reglamentarios para la convocatoria del referéndum hacían "imposible" que este pudiese tener lugar antes de la tercera semana del mes de enero de 2016.[57]​ Con respecto a dicha reunión el secretario ejecutivo de la MUD Jesús Torrealba denunció que a él mismo se le negó una reunión con la rectora Lucena mientras esta se encontraba reunida con Rodríguez.[58]​[59]​ Durante la ronda de preguntas de la rueda de prensa, se le preguntó a la rectora Lucena su opinión sobre las declaraciones de Diosdado Cabello, quien aseguró que los empleados públicos que hubiesen firmado para la activación del referéndum "no deberían seguir en sus cargos",[60]​ Lucena se limitó a responder que tales afirmaciones "son parte del juego" político inherente a la consulta pública.[68]​ Tal maniobra sería una preocupación para la oposición dado el extenso debate sobre la posible no-realización de referéndum hasta después del año 2016 dados los tiempos reglamentarios para su convocación, tras lo cual este perdería sentido político.[69]​ En cuanto a tal polémica, dirigentes oficialistas como el gobernador de Carabobo Francisco Ameliach,[70]​ el alcalde Jorge Rodríguez,[71]​ el diputado por PODEMOS Héctor Breña[72]​ y el vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello[73]​ declararon en distintas alocuciones de manera vehemente que los tiempos reglamentarios hacían imposible que el referéndum pudiera tener lugar antes de 2017; mientras líderes de la MUD como Henrique Capriles[74]​ Julio Borges,[75]​ José Ramón Medina,[76]​ el presidente de Copei Roberto Enríquez[77]​ y el periodista experto en temas electorales Eugenio Martínez[78]​ aseguraron que de cumplirse con celeridad los plazos del reglamento del CNE el revocatorio podía tener lugar a finales de 2016.En el caso del legislador por VP Juan Guaidó, este presentó un organigrama según el cual la máxima aplicación de celeridad a los lapsos reglamentarios del CNE harían posible la convocatoria del referéndum para el 24 de julio de 2016.[83]​[84]​ Los enfrentamientos entre manifestantes opositores y guardias nacionales también tuvo lugar en otras capitales del país .[85]​[86]​[87]​ El diputado ante la AN por el PSUV, Saúl Ortega, denunció que a su juicio los manifestantes opositores cometieron "actos de violencia", responsabilizados por el parlamentario a una presunta agenda violenta del partido VP para "crear una matriz de opinión" y "justificar una intervención extranjera".[92]​ El proceso de digitalización de las firmas recogidas por la MUD fue expresamente rechazado por líderes de la oposición y expertos en temas electorales por no formar parte del reglamento vigente del CNE, asumiéndolo como una técnica dilatoria para retrasar la convocatoria del referéndum.[96]​ Expertos juristas denunciaron la presunta ilegalidad que a su juicio incurre en CNE al establecer procesos no establecidos en su propio reglamento referentes a los lapsos para la digitalización e impugnación de las firmas recogidas por la MUD exigidos por el PSUV,[97]​ por lo que el cronograma fue rechazado por exrector del CNE Luis Salamanca[98]​ y por el rector en funciones Luis Emilio Rondón, quien salvó su voto para la aprobación de dicho cronograma[99]​ y exigió al resto de la directiva del ente comicial la publicación del cronograma completo de la convocatoria del referéndum para prevenir nuevos alargamientos del lapso procesal.[107]​ En respuesta a los presuntos retrasos deliberados del CNE, el líder de la MUD Henrique Capriles anunció que la alianza mantendría movilizaciones de calle a nivel nacional como medida de presión para instar a la celeridad al ente comicial, asegurando que las movilizaciones no se detendrían hasta que se lograra garantizar la convocatoria del referéndum revocatorio antes del fin del año 2016.[123]​ El periodista experto en asuntos electorales Eugenio Martínez difundió que entre los excluidos por el CNE se encontrarían 52 mil ciudadanos mayores de edad inscritos en el RE que no habrían sido reconocidos como tales al haberse inscrito de manera posterior al marco del RE asumido por el CNE para la auditoría de las firmas fechado hasta el 1 de enero de 2016, mientras que otros serias ciudadanos habilitados para votar que manifestaron su firma en estados diferentes al estado del país en donde tienen asignado votar.[154]​ Tras el segundo día de jornada la MUD reportó una contabilización acumulada 157 mil firmas emitidas equivalentes al 80 % de la meta nacional del 1 % del RE nacional, y con la cual se tendría completada la meta regional en 5 estados, con una proyección que permitiría anticipar la superación de la meta por estado en al menos otros 15 estados para el día siguiente, nuevamente con una discrepancia con las actas emitidas por el CNE hasta las 4 PM, según las cuales, el total de actas procesadas en los primeros dos días serían iguales a 133 mil;[155]​ Nuevamente la diferencia entre los reportes se explica por el retraso en la emisión de la data tardía por el CNE.[167]​ Luego del cuarto de los cinco días de revalidación la diputada por UNT ante la AN Delsa Solórzano difundió el reporte de la MUD según el cual se contabilizaban 326 mil validaciones transmitidas a nivel nacional,[168]​ representando el cumplimiento de la meta a nivel regional en todas las regiones administrativas del país excepto en Nueva Esparta.[172]​ Tales declaraciones, entre otras semejantes en otras regiones, le valieron a la oposición las críticas por medios públicos de la rectora del CNE Sandra Oblitas, para quien las denuncias de la MUD correspondían a "opiniones de odio" contra funcionarios del ente comicial que incidían en "escarnio público" que, en su opinión, ponían en peligro la seguridad personal de dichos funcionarios.[178]​ Finalmente a horas del mediodía del 24 de junio la oposición notificó haber contabilizado el logro de la meta regional en Nueva Esparta, completando la meta por regiones en todas las regiones administrativas del país,[179]​ anuncio seguido por un discurso del gobernador Capriles en el que felicitaba a la ciudadanía neoespartana por participar en el proceso de validación.[180]​ Durante las últimas horas del proceso de validación, el periodista especializado en la fuente electoral Eugenio Martínez difundió que "la presión de los técnicos de la MUD" había conseguido que se actualizase la data emitida por las actas oficiales del CNE, haciendo que la diferencia entre el conteo de validaciones del CNE y al MUD se redujesen "considerablemente".[187]​ El gobernador del estado Lara y líder del partido Avanzada Progresista (AP) Henri Falcón se reunió de manera unipersonal con la presidenta del poder electoral Tibisay Lucena para discutir los pasos subsiguientes para la realización del referéndum, y divulgó en los medios públicos que según sus "análisis técnicos y legales" el CNE podía prefijar la fecha tentativa para el referendo presidencial el 6 de noviembre;[188]​ Falcón también aseguró que había aprovechado la reunión para exigir al ente comicial la publicación del cronograma de actividades para las elecciones regionales que estaban previstas originalmente para fines de 2016,[189]​ que hasta aquella fecha no había sido anunciado ni formalizado por el poder electoral a pesar de su obligatoriedad constitucional.[193]​ Efectivamente el alcalde Rodríguez formalizó su denuncia en contra del proceso de convocatoria de referéndum ante la sala constitucional del TSJ, al juzgar que al ser 600 mil firmas dadas por "falsificadas" la MUD habría incurrido en un "fraude contra la constitución",[194]​ demanda formalmente aceptada por el TSJ bajo la condición de demandante de Jorge Rodríguez bajo asistencia del abogado oficialista Héctor Andrés Obregón Pérez y asignó como ponente al magistrado Luis Damiani Bustillos.El presidente del parlamento nacional unicameral y líder de AD Henry Ramos Allup denunció públicamente por redes sociales desde el viernes 1 de julio que fuentes internas del TSJ le tendrían informando que la Sala Constitucional tenía redactada una sentencia que en vista de las denuncias de "fraude" ejercidas por el PSUV, declararía la nulidad del proceso de promoción emprendido por la MUD desde el 27 de abril y ordenaría que el mismo se repitiera desde el principio, recolectando nuevamente un mínimo del 1% del RE nacional en actas de voluntad.Este último punto fue argumentado por el expresidente de la AN, de manera textual, ya que a su juicio el oficialismo no debía "ponérsela fácil" a la oposición.La rectora Lucena comentó durante su entrevista que el CNE no podía "retrasar ni apurar" la convocatoria del plebiscito porque a su juicio el poder electoral debía velar por los derechos de los votantes que habían electo al presidente de la república cumpliendo a cabalidad todos los lapsos establecidos en la norma para la convocatoria de la consulta.[218]​ A las 16:00 y antes de que se tuviese noticia del pronunciamiento oficial del CNE sobre el informe de la auditoría programado para ese día, una comitiva del Gran Polo Patriótico (GPP) encabezada por el alcalde Jorge Rodríguez interpuso una solicitud formal ante el CNE en su oficina principal en Caracas para que se anulase la inscripción formal de la coalición Mesa de la Unidad Democrática que reconoce a tal organización como partido político, inhabilitando a tal formación como solicitante del referéndum revocatorio, según palabras del alcalde, en virtud de lo contenido en el artículo 27 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (LPPRPM), dado que, a juicio de los dirigentes del oficialismo venezolano, la oposición habría incurrido en "el fraude más grande que haya conocido la historia venezolana" en referencia directa a las 600 mil actas de manifestación de voluntad inhabilitadas por el CNE para el proceso de validación, que desde el punto de vista del GPP y el PSUV constituirían actas falsificadas deliberadamente por la MUD constituyendo un acto de "fraude a la Constitución".[225]​ De acuerdo a expertos en la normativa electoral no existiría ninguna justificación técnica para el aplazamiento de la entrega del aval administrativo que reconociese a la MUD como convocante del referéndum revocatorio (proceso con el que culmina la fase de promoción) hasta el 1 de agosto, por lo que el CNE incurriría en un retardo en la convocatoria del referendo.