La abolición definitiva de la esclavitud en el imperio colonial español llegó sesenta años después.
De esta forma, como ha subrayado Eduardo Galván Rodríguez, «España es la última potencia occidental que abole la esclavitud».
También le influyó el caso del liberto negro Pedro Carmona de Puerto Rico que había sido vuelto a vender como esclavo junto a su esposa y al que ayudó a presentar un recurso ante el Consejo de Indias por esas mismas fechas —y pagó la fianza para que pudiera salir de la prisión al haber sido declarado «esclavo fugitivo»—.
Francisco José de Jaca escribió Resolución sobre la libertad, obra en la que deslegitimaba la esclavitud porque el hombre era libre por naturaleza.
Moirans, por su parte, escribió Servi liberi en la que asimismo defendió la libertad de los esclavos ―«Todos los hombres son libres», afirmó―.
Ambos fueron deportados y llevados ante el Consejo de Indias que les prohibió volver a América.
[14][15] José Antonio Piqueras ha llamado la atención sobre «la práctica inexistencia de un pensamiento antiesclavista en España entre los siglos XVI y XIX», lo que contrasta con lo que sucede en otros países europeos en los empiezan a proliferar, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, las obras que impugnan la esclavitud y la trata atlántica.
Ese plan abolicionista, de extinción gradual, llevaría entre 60 y 70 años verlo reconocido».
En el artículo 3.1. se establecía que «son españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las España», por lo que se reconocía implícitamente la existencia de hombres y mujeres no libres.
Este artículo ha sido calificado por José Antonio Piqueras como «gesto miserable de conmiseración».
Francisco Arango ―que se había quedado a vivir en España y Fernando VII lo había nombrado miembro del Consejo de Indias― consiguió que la entrada en vigor del acuerdo con Inglaterra se retrasara hasta 1820.
Además los esclavos aprehendidos en las expediciones que fueran descubiertas serían declarados libres inmediatamente.
[45] En 1845 las Cortes aprobaron una nueva ley para eliminar la trata que, según José Antonio Piqueras, resultó «tan inútil como la de diez años antes».
[43] Durante esos años se formó en Cuba un grupo contrario a la trata integrado por jóvenes acomodados encabezados por el erudito de origen dominicano Domingo del Monte.
El Ingenio o las delicias del campo, aunque no se publicaría hasta 1880.
La novela se basaba en la autobiografía del esclavo Juan Francisco Manzano, poeta autodidacta, a quien Del Monte había alentado a escribirla tras comprar su libertad, y cuya primera parte fue traducida al inglés por el cónsul británico y publicada en Londres en 1840.
[48] Otra novela antiesclavista que también tardó mucho tiempo en ser publicada ―Nueva York, 1882― fue Cecilia Valdés.
Escrita por Cirilo Villaverde en 1839, está considerada como una obra cumbre de la literatura cubana del siglo XIX.
En cuanto a la esclavitud abogaba por una abolición gradual e indemnizada y acordada con los propietarios, para que tuvieran tiempo para adaptarse al trabajo libre.
En este contexto se produjo la autorización por parte del gobierno español para que pudiera constituirse la Sociedad Abolicionista Española, pero con la prohibición expresa de que pudiera instalarse en las provincias de Ultramar, donde pervivía el sistema esclavista.
[27][52] En 1866 el gobierno moderado del general Narváez promulgó un decreto-ley, convalidado por las Cortes al año siguiente, que pretendía poner fin definitivamente a la trata, hasta entonces tolerada.
Se imponían duras penas a los negreros y, lo que resultó más eficaz, se ordenó levantar un censo de los esclavos y liberar a partir de entonces a los que no figuraran en él, «con lo que la trata recibía un herida certera», según Juan Antonio Piqueras, en un momento en que la intervención y la vigilancia de la flota estadounidense en el Atlántico, unida a la británica, había hecho cada vez más difícil y arriesgado el comercio negrero.
A su vez Estados Unidos presionaba en sentido contrario al gobierno provisional español presidido por el general Prim amenazando con reconocer a los sublevados si no se aprobaba la abolición de la esclavitud.
Previamente había leído un anuncio publicado en Cuba ―reproducido por El Abolicionista― que causó una gran conmoción en la Cámara:[62]
[68] La medida afectaba a 29 335 esclavos, un número muy inferior al de los que existían en Cuba.
Los esclavos quedaron obligados a contratarse con sus antiguos dueños durante un período mínimo de tres años.
[73] En los meses siguientes la República se propuso abolir también la esclavitud en Cuba, pero la medida nunca llegó a aprobarse debido a la inestabilidad del régimen y a su corta duración ―lo intentaron los ministros de Ultramar Santiago Soler y Pla, bajo la presidencia de Emilio Castelar, y Víctor Balaguer, bajo la «dictadura de Serrano»―.
«La disposición resultaba de difícil cumplimiento, pues ni siguiera se había otorgado la libertad a los esclavos que lucharon en el bando realista, tal como lo había determinado el artículo tercero de la ley Moret.
Con todos estos cambios la Unión Constitucional declaró en agosto de 1880 que aceptaba el sistema del «patronato».
Eso fue lo que posibilitó que un nuevo gobierno liberal presidido por Sagasta, formado tras la muerte del rey Alfonso XII en noviembre de 1885, aprobara adelantar en dos años el final del «patronato», previsto para 1888, y cuya pervivencia suponía un lastre para las relaciones internacionales de España, el único país europeo que todavía mantenía la esclavitud en uno de sus dominios.